Viviana Rosas Chávez
Expediente 524/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Viviana Rosas Chávez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. HA CAUSADO ESTADO NO PRESENTADA. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Viviana Rosas Chávez, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de tres de junio del año en curso, por el que SE TUVO POR NO PRESENTADA la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales correspondientes. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfredo Montoya Revilla, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, del diecinueve de julio al dos de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/1784/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.*lsm.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de junio de dos mil veintiuno. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta que suscribe Viviana Rosas Chávez, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y otras autoridades. Regístrese bajo el número I-524/2021, en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS DE LA DMEANDA. La parte quejosa hace diversas manifestaciones en la presente vía de amparo de las que se advierte entre otras las siguientes: "VIVIANA ROSAS CHAVEZ POR MI PROPIO DERECHO MANIFIESTO Y EXPONGO: Inminentemente voy a ser víctima del delito de feminicidio si este juzgado no adopta de manera inmediata las medidas suficiente y necesarias para evitar mi muerte y el que continué siendo víctima de violencia feminicida, también moriré si este juzgado no se asegura de que estás medidas se implementen de manera oportuna por parte de las autoridades que tengan la obligación de implementarlas con motivo de la suspensión de oficio y de plano que usted me otorgue para que entre otras cosas no sea privada de la vida o desaparecida". NO PRESENTADA Respecto a lo antes transcrito, debe manifestarse que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo, o el diverso 22 de la Constitución Federal, dado que no se advierte que la quejosa se ubique en el supuesto de actos que importen directamente peligro a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición o desaparición forzada de personas; de ahí que no se dispensa el uso de la firma electrónica en términos del artículo 3°, párrafo octavo de la Ley de Amparo y se requiera de la firma electrónica de la aquí quejosa. Toda vez que si bien, reclama actos relativos a omisiones por parte de las autoridades que señala como responsables, en cuanto a hechos que considera delictivos en contra de su persona y en su condición de mujer, no puede considerarse de índole vital, es decir, no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en numeral de mérito; por ende resulta indispensable que la quejosa, en el estricto sentido, exprese su voluntad a través de un signo distintivo. Al respecto, es menester señalar que los artículos 5°, fracción I, 6º, todos de la Ley de Amparo, prevén que: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". De una interpretación sistemática de los dispositivos legales transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse por la persona que sea titular de un derecho subjetivo el cual haya sido afectado por una norma, acto u omisión de autoridad; o bien, por quien se encuentre legitimado para representarlo. En esa misma tesitura, el artículo 3º de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales prevé lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Del numeral reproducido con antelación se obtiene que, por regla general, en el juicio de amparo las promociones deberán formularse por escrito y únicamente aquellas que se realicen en las audiencias podrán realizarse en forma oral; además, podrá promoverse en forma electrónica siempre y cuando se haga en los términos establecidos por el Consejo de la Judicatura y cada promoción sea firmada electrónicamente; ello porque la firma electrónica genera los mismos efectos que la firma autógrafa. Por esa razón, resulta indispensable que cada una de las promociones cuenten con un signo distintivo como puede ser la firma (autógrafa o electrónica) del promovente, el cual demuestre de manera fehaciente que el contenido del documento respectivo refleja la voluntad del signante; pues sólo de esta manera se tendrá certeza en torno a la persona que formula determinada solicitud o gestiona determinado acto. Establecido lo anterior, cabe destacar que el escrito de demanda que nos ocupa, fue presentado en línea, por tanto, debió ser firmada electrónicamente por la quejosa; empero, la misma no contiene la firma electrónica de la peticionaria del amparo, circunstancia que de ninguna manera puede evidenciar la voluntad de quien aparece como promovente, o en su caso, por su verdadero representante o apoderado, aunado a que no se anexa documento con el cual se pueda presumir dicha circunstancia, es decir no hay instancia de parte, de ahí que la misma carezca de firma, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, y 6, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I, del artículo 107, de la Constitución General de la República, el juicio de control constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general, acto u omisión y sólo puede seguirse por el agraviado, por su representante o por su defensor. De modo que, si la firma electrónica no se encuentra inserta, dado que en el libelo que se analiza, no contiene firma electrónica de la promovente, ello conduce a considerar que no se encuentra plasmada su voluntad de promover el juicio de amparo. En ese sentido se insiste, del análisis integral de la demanda, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes mencionados, se considera que la misma resulta inatendible, toda vez que si bien en la demanda de amparo se manifestó que la promovente es Viviana Rosas Chávez, y que ésta fue recibida mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo cierto es que, como se indicó, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, y la firma en un escrito de demanda es un requisito fundamental para darle validez a la petición que en el mismo se hace, esto es, la manifestación expresa de la voluntad; sin embargo, en el caso, la misma carece de la firma electrónica de la quejosa, por lo cual no se satisface dicho principio. Ahora bien, de acuerdo con los Acuerdos Generales Conjuntos número 1/2013 y 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013 y 9 de diciembre de 2015, respectivamente, los que desarrollan los requisitos para su obtención y uso, y entre los aspectos relevantes que de éstos se destaca que: a) para acceder a los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, es indispensable que las personas interesadas cuenten con firma electrónica; b) su obtención constituye un trámite personal que, en ningún caso, podrá hacerse a nombre de otro; y, c) cada documento electrónico que se envíe haciendo uso de la firma electrónica certificada contendrá, en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma que mostrará el nombre de su titular; de ahí que cuando el quejoso promueve el juicio de amparo por su propio derecho, vía electrónica es necesario que de la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió le pertenece, para estimar satisfecho el principio señalado con antelación. Por tanto, al inadvertirse la voluntad expresa de la promovente, no puede entenderse que existe certeza respecto de su intención de iniciar la acción constitucional, ya que al ser considerada la signatura como una formalidad esencial que denota la pretensión de promover el juicio de amparo, su ausencia implica que éste no se instó, conforme a lo dispuesto por el artículo 6 de la ley de la materia. Además, no debe considerarse que el desatender la presente demanda, por no estar firmada electrónicamente por la parte promovente, implique soslayar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que no se advierte que esto constituya un obstáculo para ejercer el derecho de acción, pues la ley prevé diversos mecanismos para la presentación de la demanda de amparo, los cuales tienen como finalidad dar plenitud al ejercicio de dicha prerrogativa fundamental. En suma, la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica dentro de los juicios de amparo, no implican que se deba soslayar el principio de instancia de parte agraviada, contenido en la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica con los mismos efectos jurídicos que las comunicaciones oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, al presentarse una demanda de amparo en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin firma electrónica por parte del quejoso, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el artículo 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte. Robustece lo anterior, en lo conducente, las tesis que se insertan en seguida: "Época: Décima Época Registro: 2017524 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.39 K (10a.) Página: 2679 "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. PARA ESTIMAR SATISFECHO EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CUANDO EL QUEJOSO PROMUEVE EL JUICIO POR SU PROPIO DERECHO, ES NECESARIO QUE DE LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA GENERADA CON MOTIVO DE SU ENVÍO SE ADVIERTA INDUBITABLEMENTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) CON LA QUE SE SUSCRIBIÓ AQUÉLLA LE PERTENECE. Acorde con el principio de instancia de parte agraviada, la acción de amparo constituye un derecho personalísimo que, por regla general, debe ejercerse directamente por los quejosos o por quienes legalmente los representen. Por su parte, el artículo 3o. de la Ley de Amparo prevé que es optativo para el promovente formular su escrito en forma impresa o electrónica y que, en el segundo supuesto, deberá realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica que, por disposición del propio precepto, produce los mismos efectos que la firma autógrafa. En lo que corresponde a esta herramienta tecnológica, son los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013 y 9 de diciembre de 2015, respectivamente, los que desarrollan los requisitos para su obtención y uso, y entre los aspectos relevantes que de éstos se obtienen destaca que: a) para acceder a los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, es indispensable que las personas interesadas cuenten con firma electrónica; b) su obtención constituye un trámite personal que, en ningún caso, podrá hacerse a nombre de otro; y, c) cada documento electrónico que se envíe haciendo uso de la firma electrónica certificada contendrá, en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, así como si se encuentra vigente; datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito para acordar lo que en derecho proceda. Derivado de lo anterior, cuando el quejoso promueve el juicio de amparo indirecto por su propio derecho, vía electrónica, es necesario que de la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió le pertenece, para estimar satisfecho el principio señalado; de lo contrario, deberá sobreseerse en el juicio." PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 3/2018. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y otro. 15 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Juan Velarde Bernal. Nota: Los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; y 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal citados, aparecen publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 2, julio de 2013, página 1667 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo II, diciembre de 2015, página 1393, respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 10 de agosto de 2018 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Sin embargo, no es el caso de que se genere la presunción que sugiere el citado criterio, es decir, que la demanda se presentó en original; pues la misma fue presentada directamente en línea, motivo por el cual, ni el Jefe de la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado, residentes en esta ciudad, o alguno de los técnicos de enlace de esa oficialía, estuvieron en aptitud de denegar la promoción que no cumple con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa, ello en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, así como del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, y hasta el momento de sujetar a revisión los documentos fue que se asentó en la papeleta la circunstancia de que carecía de firma; de ahí que, no cobre el citado criterio y se presuma una omisión de la parte quejosa en exhibir la demanda con la signatura original, o bien, con la certificación de la versión digital de la firma electrónica. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 112, 113 y 114 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por Viviana Rosas Chávez, contra actos reclamados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y otras autoridades. Ahora, por lo que respecta a lo manifestado en el presente libelo, consistente en la omisión de pronunciarse por parte de las responsables sobre las medidas de seguridad solicitadas para salvaguardar su integridad física y el derecho a la vida; no obstante que por su naturaleza se pudiera estimar que tal omisión podría poner eventualmente en grave riesgo a la quejosa y por ende, debiese darse la oportunidad de que la quejosa subsane la falta de la firma, tampoco es precedente tal opción ya que, como se desprende de la certificación precedente a este acuerdo, existe radicado en este juzgado el diverso juicio de amparo II-505/2021 en el cual por acuerdo de uno de junio del año en curso, se tuvo por presentada la misma demanda que la que se turna con el oficio de cuenta, por lo que respecta al acto que obviamente la misma quejosa reclama de las responsables, consistente en: "La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de ordenar, adoptar y establecer las medidas inmediatas, idóneas y suficientes para salvaguardar mi integridad física y preservar mi vida, ante las agresiones que recibo". Por tanto, al encontrarse atendido dicho acto en diverso juicio (II-505/2020), ya no puede considerarse en el libelo que ahora se analiza como un acto de eminente peligro para la quejosa y por ello deba dispensarse la falta de firma; consecuentemente a ello, respecto de dicho acto también procede tener por no presentado el libelo al carecer de firma electrónica de la quejosa, por los motivos y fundamentos anteriormente vertidos respecto de los demás actos que se reclaman en la demanda que se analiza. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene que la peticionaria del amparo no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio; en tal virtud, con apoyo en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor, practíquese a la parte quejosa las notificaciones relativas, así como las subsecuentes que deban ser personales mediante lista que se publique en los estrados de este juzgado, hasta en tanto comparezca ante este juzgado a señalar domicilio para tal efecto. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. SE ORDENA GIRAR OFICIO. Toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que la aquí quejosa tiene un juicio promovido ante este órgano jurisdiccional registrad en el número de amparo II-505/2021, mediante atento oficio que al efecto gire, remítase copia del presente asunto, para que sea agregado al juicio antes mencionado y se provea lo conducente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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