Walter Cruz Cortes
Expediente 600/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 17/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Walter Cruz Cortes
- Berenice Olivo Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, primer párrafo, del mencionado acuerdo, en razón de que se concedió la suspensión provisional; así como la definitiva. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase el mismo en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe. El licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, certifica: Que la presente foja corresponde a la última parte de la determinación emitida en esta propia fecha dentro del juicio de amparo 600/2019, del índice de este juzgado; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Morelia, Michoacán, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Doy fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 600/2019; promovido por Salvador Patiño García, en su carácter de defensor particular de Walter Cruz Cortes; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Salvador Patiño García, en su carácter de defensor particular de Walter Cruz Cortes, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control de la Región de esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, tocó conocer a este Juzgado la demanda de amparo, se registró con el número 600/2019, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve se admitió a trámite (foja 5), se requirió a la autoridad responsable su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. El doce de junio de dos mil diecinueve se reconoció el carácter de terceros interesados a Berenice Olivo Chávez y Arturo Romero García, en razón de que son víctimas indirectas en la causa penal 641/2018; y seguido el juicio en sus trámites legales se verificó la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio señalado con antelación, el acto reclamado al Juez de Control del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán, consiste en: La resolución dictada en la audiencia intermedia celebrada el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 641/2018, instruido en contra de Walter Cruz Cortes, en la parte específica donde admite la prueba testimonial a cargo de Yindirel Romero Olivo. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. El Juez de Control del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con el disco versátil digital (DVD), en donde obra la audiencia intermedia llevada a cabo por el Juez de Control, probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tienen por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este órgano de control constitucional estima que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, dado que la resolución reclamada no constituye un acto de imposible reparación. Para evidenciar dicho aserto, es necesario tener presente el contenido de los numerales invocados, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De lo transcrito se tiene que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en el juicio, únicamente cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, el juicio de amparo indirecto no puede promoverse contra cualquier resolución o actuación que se dicte en un procedimiento, sino sólo contra aquéllas cuyos efectos causen un gravamen irreparable al peticionario del amparo, definido éste por la propia ley, como aquél que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Esta concepción de "actos de imposible reparación", resulta contundente y limitativa, a diferencia de aquélla concebida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, pues en esa norma reglamentaria, el legislador no había definido qué debía entenderse por ese tipo de actos: "Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: [.] IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; [.]". Con la interpretación dada por la Suprema Corte a la norma recién transcrita, se produjeron criterios como los que a continuación se citan: Época: Novena Época Registro: 180415 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Octubre de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. LVII/2004 Página: 9 "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Época: Novena Época Registro: 190368 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 4/2001 Página: 11 "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.", para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo." Es decir, ante el limitado contenido de la fracción IV del artículo 114, de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que debían entenderse por "actos de imposible reparación" aquéllos que afectaran materialmente derechos sustantivos, y además, de manera excepcional, aquéllos actos que afectaran a las partes en grado predominante o superior, afectación que debía determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que estuviera en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; circunstancias que se estimaron actualizadas por ejemplo, respecto al reclamo del desechamiento de la excepción de falta de personalidad. Sin embargo, como se estableció en los párrafos que anteceden, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la anterior legislación, ya es clara y precisa al definir qué deben entenderse por "actos de imposible reparación", y limita éstos a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Por su parte, en cuanto a la irreparabilidad que produce la admisión de pruebas en la etapa intermedia del juicio oral, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 907/2016 en sesión de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, determinó que ello no generan una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva procesal y que por lo mismo no puede ser analizado en el amparo indirecto: Lo anterior pues señaló que los medios de prueba admitidos y que se estimaran ilegales e impertinentes, aún no repercutían negativamente en su esfera jurídica, pues su valoración, una vez desahogadas, se encontraba supeditada a la apreciación que sobre la mismas realizara el juez oral en audiencia de juicio, quien en uso de su arbitrio judicial podía determinar su eficacia probatoria, una vez que las partes hubiesen formulado los interrogatorios y contra interrogatorios respectivos, tendentes a demostrar su teoría del caso. De igual forma señaló, que en modo alguno podría estimarse que se "contaminaría" el criterio del juez oral, con el desahogo de medios de prueba que se calificaran como ilícitas, en principio porque lo que la legislación local del Estado de México prohibía, por constituir contaminación del criterio del juez o tribunal oral, es que el juzgador hubiere conocido de una de las etapas previas a la de juicio, circunstancia que de manera evidente afectaría su imparcialidad, por ello exigía que quien habría de conocer de la etapa de juicio oral debía ser alguien que no hubiese conocido y resuelto alguna de las etapas previas del caso, a fin de que su decisión se apoyara solamente en lo que se aportara a la audiencia de juicio oral por los órganos de prueba ofrecidos por las partes en apoyo a su teoría del caso. Lo que consideró encontraba sustento en que, de conformidad con el ordinal 173, fracción III, de la Ley de Amparo (anterior a la reforma publicada el dieciséis de junio del dos mil dieciséis), se consideraba una violación a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando interviniere en el juicio un juez que hubiese conocido previamente del asunto. De igual forma nuestro más Alto Tribunal señaló que no se debía confundir el término contaminación del criterio del juez o tribunal oral, con su legal facultad de selección de la información que recibiera durante la celebración de la audiencia de juicio y su ejercicio de valoración de las pruebas desahogadas ante él, pues esta última siempre estaría presente al momento de resolver con imparcialidad y conforme a lo ocurrido en la audiencia, facultad que indudablemente le permitiría conocer si alguna de las pruebas desahogadas en esa etapa tenían un origen ilícito, puesto que así se lo harían ver las partes durante el debate respectivo y a través de la demostración de su correspondiente teoría del caso. Que además, la admisión de los medios de prueba que el quejoso considerara ilícitos, no implicaba la violación en su perjuicio del derecho a no ser juzgado con pruebas ilícitas, puesto que no era en la etapa intermedia donde se llevaba a cabo la labor de enjuiciamiento, sino que esa actividad era propia de la etapa de juicio oral, en la que como puntualizó y conforme a lo que dispuesto en el artículo 21 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, el juez que la presidía tendría siempre intocada su facultad de no otorgar valor probatorio a pruebas que, derivado de lo acontecido durante su desahogo, advirtiera que tenían un origen ilícito por haberse obtenido a través de la violación de derechos fundamentales de las partes. También estimó oportuno señalar, que de considerar declarar procedente el amparo indirecto contra actos que no causaban una afectación irreparable, conllevaba una afectación a los principios rectores del juicio oral. Esto pues de la exposición de motivos que dio génesis a la reforma constitucional penal publicada en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de junio de dos mil ocho, se desprendía que la pretensión del creador de la norma fue, entre otras, que con la implementación de los llamados "juicios orales", se tendrían las siguientes bondades: se trata de un sistema en el que se vela por la salvaguarda de las garantías y derechos de las víctimas, del ofendido y del imputado; la nota distintiva se halla en la tutela máxima del principio de presunción de inocencia; aunado a ello, el nuevo sistema penal se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; todo ello, bajo la oralidad y acusatoriedad. Esta última debía comprenderse como la trilogía procesal en la que el representante social formula la acusación; el imputado se encontraba en posibilidades de defenderse y el juzgador determinaría la solución al conflicto sometido a su potestad. Que por su parte, la oralidad abonaría a fomentar la transparencia en los procesos de naturaleza penal; a más, garantizará una relación directa entre el Juez y las partes procesales, lo que evidentemente, se obtenía de la exposición de motivos en comento, propiciaría procedimientos penales más ágiles y sencillos. Con lo cual, se buscaría resolver las controversias en un menor lapso evitando con ello, procedimientos penales que dilataban años en etapa de instrucción o bien, en los que no se dictaba una sentencia definitiva, muchas veces por la interposición de medios ordinarios y extraordinarios que suspendían su trámite. Se pretendió agilizar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, razón por la cual, incluso, se establecieron medidas alternas de solución de conflictos; y que era precisamente en la etapa de juicio y ante la potestad jurisdiccional respectiva, el momento en donde se podrán dilucidar las posiciones contrarias que en su caso existieran, lo que se haría por medio del interrogatorio y contrainterrogatorios. Bajo la óptica jurídica anterior se obtiene, que si en la especie la parte quejosa reclamó la resolución dictada en la audiencia intermedia celebrada el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 641/2018, en la parte específica en donde se admite la prueba testimonial a cargo de Yindirel Romero Olivo, debe decirse que ello no genera una afectación irreparable que amerite análisis constitucional inmediato, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. Lo anterior, toda vez que la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como a que efectivamente el medio de prueba se desahogue, la forma en que dicho desahogo se verifique, el contenido del deposado al tenor del interrogatorio y contra interrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes, y desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento lo considere como prueba de cargo en contra del procesado al emitir la sentencia en la audiencia del juicio oral. De lo que se colige que no es factible hablar de una afectación inmediata y actual que conlleve a considerar que la admisión de dicho medio de convicción constituya un acto de imposible reparación en contra del quejoso, dado que no afecta derechos sustantivos, como lo serían la vida, la libertad etc. No pasa desapercibido por este órgano Constitucional, la ejecutoria dictada en el amparo directo en revisión 669/2015, se hubiese determinado que uno de los objetivos de la etapa intermedia del proceso penal acusatorio es depurar el materia probatorio en el juicio oral, excluyendo aquéllas que se hubiesen obtenido con vulneración a derechos fundamentales y que ello no es susceptible de analizarse en el amparo directo cuando ocurren en etapas previas al juicio oral. Esto, en razón de que no obstante de que se determinó que no son materia de análisis en el amparo directo, tampoco se estimó que lo sería del biistancial, lo que sí fue materia de análisis de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 907/2016 citada en párrafos precedentes, la que incluso se resolvió en la misma sesión -de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete-. Por todo lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de un acto que afecte derechos sustantivos de las quejosas, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee el juicio de amparo. Finalmente, no se analizarán las causas de improcedencia hechas valer por la Agente del Ministerio Público Federal de la Adscripción, ya que al quedar demostradas las causales de improcedencia en estudio, sería ocioso analizarlas, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 37, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Salvador Patiño García, en su carácter de defensor particular de Walter Cruz Cortes, contra el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el cuarto considerando. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en su considerando último. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la tercera interesada Berenice Olivo Chávez, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, asi como en el sistema del sise, la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
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