Vladimir Gómez Gutiérrez
Expediente 101/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Vladimir Gómez Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Morelia, con el que se dio vista en auto de veinticinco de febrero del presente año. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Morelia.. Hágase nueva relación de dicho informe en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, quince de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, mediante el cual informa que en proveído de nueve de febrero actual, hizo efectivo el apercibimiento decretado el veinticinco de enero del presente año, en el sentido que empezó a operar la caducidad en su contra; asimismo, en mismo proveído requirió a la parte actora para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, informara de diverso domicilio donde pudiera ser emplazada la parte demandada, con el apercibimiento que de no hacerlo se acordará en términos del artículo 773 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, se le tendrá desistiéndose de la demanda y acciones intentadas. En ese sentido, a efecto de tener certeza de las nuevas gestiones que la autoridad responsable realice dentro del juicio natural, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación que se realice del presente proveído, informe el estado procesal que guarda el expediente laboral de origen y haga del conocimiento a este juzgado, si ya feneció el término que otorgó a la parte actora para señalar el domicilio requerido y que fue lo que proveyó al respecto. Se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir con lo anterior sin causa justificada, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 237, fracción I y 258, todos del ordenamiento legal en cita. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas con cincuenta minutos del diez de febrero de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 101/2022, sin la comparecencia de las partes. Asimismo, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos se hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Ya que las partes no formularon alegatos precluye su derecho para hacerlo y se declara cerrado dicho periodo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señaló como autoridad responsable al Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Morelia, y como acto reclamado la omisión de dar contestación a su petición formulada el veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno. Segunda. La autoridad responsable mencionada en la primera consideración al momento de rendir su informe previo manifestó que no es cierto el acto que se le reclama. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión provisional del acto reclamado de naturaleza negativa. No obstante, si bien es cierto el acto reclamado constituye una conducta negativa contra la cual era común negar la medida cautelar, en virtud de diversos criterios emitidos por el máximo tribunal de nuestro país; verbigracia, la tesis Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 19, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "ACTOS NEGATIVOS, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. Si se tiene en cuenta que la suspensión definitiva tiene por objeto mantener las cosas en el estado en que se encontraban al promoverse el amparo y que por tanto, la suspensión no produce efectos restitutorios, es claro que si se concediera respecto de los efectos de la resolución que niega la revocación del auto que declara que no es apelable una sentencia, se dejaría sin materia el amparo, ya que el fin de éste es, precisamente, determinar si debe o no tramitarse la apelación, de acuerdo con las garantías constitucionales." Sin embargo, en la actualidad la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, contiene el artículo 147, que en su segundo párrafo establece que la suspensión del acto podrá concederse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, y podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan, y de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso, en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Lo cual fue materia de análisis por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número 1a./J. 70/2019 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, número de registro digital: 2021263, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Jurisprudencia de la cual se advierte de su simple interpretación textual, que para poder otorgar la concesión de la medida cautelar es necesario tener por acreditada la apariencia del buen derecho, como primer requisito. Por ello, atendiendo al contenido de la demanda se puede concluir que en este momento procesal no se puede tener por acreditada la apariencia del buen derecho, pues no se cuenta con los elementos necesarios para ello, pues los argumentos que como conceptos de violación plantea la quejosa derivan de cuestiones fácticas que este resolutor estará en condiciones de verificar si ocurrieron o no, cuando se cuente con el informe justificado y sus pruebas, esto es, en audiencia constitucional, incluso en la actualidad ni siquiera el acto reclamado está preciso, pues puede ser uno u otro. Sin que se estime con lo anterior que se va en contra de la jurisprudencia de rubro "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA", pues lo que este juzgador sostiene es que de momento no se cuentan con los elementos suficientes para tener por acreditada la apariencia del buen derecho y por ende la posible inconstitucionalidad del acto reclamado. Por las razones expuestas con antelación se determina negar la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, tomando en cuenta que cuando se trata de una medida cautelar con efectos conservativos la intensidad o grado de análisis de la apariencia del buen derecho es mínima o nula, ya que basta con acreditar interés jurídico o legítimo y una vez que eso ocurre hacer una ponderación simultánea con el orden público e interés social; por el contrario, cuando se trata de medidas cautelares con efectos anticipados como la que solicita, la intensidad o grado de análisis de la apariencia del buen derecho es muy alta ya que se tiene que hacer un estudio provisional o preventivo del acto reclamado y si se advierte que este es aparentemente inconstitucional en ese momento debe hacerse la ponderación simultánea con el orden público e interés social. Sin embargo, en el caso que nos ocupa de momento no se cuenta con elementos para realizar dicho análisis, si no que ello será posible hasta sentencia. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se resuelve: Único. Se niega a Vladimir Gómez Gutiérrez, la suspensión definitiva en términos de las consideraciones segunda y tercera de esta interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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