Waleza Ninche Hernández
Expediente 1209/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1209/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Waleza Ninche Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se negó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1209/2021; ; promovido por Waleza Ninche Hernández, por su propio derecho; y, Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Waleza Ninche Hernández, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución, mismos que reclamó del Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana de Morelia. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, en donde en proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós, la admitió; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional por lo que ahora se procede a dictar sentencia, al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa tiene ejecución en el lugar en donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la novena época, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado a la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, consiste en: La resolución de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, por medio de la cual, se aprobó el proyecto de diecinueve de noviembre de la citada anualidad, emitida en el procedimiento interno DAI/Q-065/2021-V, instruido en contra de la quejoso, por el cual se determinó su separación como Policía de Morelia, Michoacán. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, por así manifestarlo al rendir su informe justificado [lo rinde en su representación el Director de Asuntos Internos] Lo que se corrobora con las copias certificadas del procedimiento administrativo interno DAI/Q-065/2021-V, instruido en contra de la quejosa, que aportaron las responsables como complemento a su informe, documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Ahora, contrario a lo aducido por la quejosa en los conceptos de violación, no puede afirmarse válida y legalmente que el acto que en esta vía se reclama, vulneró su esfera de derechos, debido a que carece de fundamentación y motivación, pues basta imponerse de su contenido para apreciar que la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, al emitir la resolución reclamada, refirió e invocó los numerales, 21, 108, 109 fracción III último párrafo, 1154 fracción II inciso a), y III incisos h) e i), 123 apartado B fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, 105-I, 109, 109 bis, 112 y 123 fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 3-X, 7, 8-II, 9, 133 y 159 de la Ley de Responsabilidades Administrativas Para el Estado de Michoacán de Ocampo, 63, 65 fracción II, 66, 68, 75 fracción VIII, 166, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo; 41, 67, 70 y 71 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Municipio de Morelia, Michoacán; 204 y 214 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; 42 fracción X, apartado D), del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia; 1, 2, 7, 49 fracción IV, incisos a), b), e), i) y j), del reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia; y 1º, 3º, y 6º, del Acuerdo por el que se crea la Policía de Morelia como Órgano desconcentrado de la Administración Pública Municipal, dependiente de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana De igual forma, señaló las causas inmediatas, circunstancias especiales y razones particulares por las que determinó para la permanencia de un Agente de la Policía de Morelia, debe aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que practique el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, lo que en este caso no sucedió, dado que el Director General del Centro, informó que el resultado de evaluación de la quejosa, fue "NO APROBADO". Esto es, la responsable señaló con precisión el motivo que la llevó a determinar la separación de la peticionaria de amparo de la Policía de Morelia. Sirve como sustento a lo predecesor, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su otrora integración, plasmada en la página 143, del Tomo 97-102, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es "decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Lo anterior sin que este juzgado advierta queja que suplir en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido por este Órgano Constitucional, que el inicio del procedimiento administrativo instruido a la quejosa tuvo su origen en el resultado del proceso de evaluación de "NO APROBADO", el cual no se hizo de su conocimiento; sin embargo, es el caso que la impetrante fue omisa en impugnar en su momento, mediante el juicio de amparo indirecto, dicho proveído -acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno- atento a lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 49/2016 (10a.) y 2a./J. 31/2018 (10a.), por lo que ahora, este juzgado se encuentra imposibilitado para analizar dicha cuestión, atento a que ello deviene extemporáneo. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E: Primero. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Waleza Ninche Hernández, por su propio derecho, en contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo del propio fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy tres de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
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En Morelia, Michoacán, a las ********************, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1209/2021. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental que la parte quejosa agregó a su demanda de amparo, así como las constancias que la autoridad responsable anexó a su informe justificado. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la probanza descrita. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López Juez Séptimo de Distrito en el Estado
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Morelia, Michoacán, primero de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintisiete de enero del presente año, se tuvo a la autoridad responsable Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justiciado. Por tanto, ante tal circunstancia resulta evidente que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se imponga del contenido de autos y manifieste lo que a su interés convenga; consecuentemente, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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