Waldemaro Hernandez Yam

Expediente 2591/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2591/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
08/02/2023

Partes del expediente

  • Waldemaro Hernandez Yam

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada en el presente asunto, el diecisiete de enero de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Po otra parte, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Por último, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, , hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo número 2591/2022-I-B, promovido por ********************; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el tres de noviembre de dos mil veintidós; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán en esa propia fecha; y turnado el cuatro siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Secretario y Jefe del Departamento de Registro de Control Vehicular, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en Mérida. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo auto aclaratorio y escrito de cumplimiento, por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, así mismo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa. TERCERO. Ampliación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el veinte siguiente a este órgano jurisdiccional, ********************, amplió su demanda por la autoridad responsable Fiscalía General del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, a quien le atribuyó el siguiente acto: La carpeta de investigación ********************, en la cual se ordenó la retención del vehículo de la marca ********************, ********************, modelo ********************, color ********************, con número de serie ******************** y con placas de circulación ********************, del Estado de Yucatán. En acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se desechó la ampliación de la demanda, al pretender llevar a cabo actos desvinculados de los originalmente reclamados; sin embargo, se ordenó remitir el escrito de ampliación de demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, para que se registre como una nueva demanda. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Sustanciado el trámite relativo al juicio, previos diferimientos de ley, se celebró la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes al tenor de lo asentado en el acta correspondiente, y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/********************, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, al analizar integralmente cada uno de los apartados del escrito de demanda y su ampliación y, sin tomar en consideración los calificativos y los conceptos de violación, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y ésta, conjuntamente, con las constancias procesales que se integraron al expediente durante su tramitación, se obtiene que la parte quejosa reclama esencialmente del Secretario y Jefe del Departamento de Registro de Control Vehicular, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, residentes en esta ciudad, lo siguiente: La retención del vehículo de la marca ********************, ********************, modelo ********************, color ********************, con número de serie ******************** y con placas de circulación ********************, del Estado de Yucatán. La retención de los documentos consistentes en la copia simple de la factura con número de folio ******************** y refactura original con número de folio ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las responsables Secretario y Jefe del Departamento de Registro de Control Vehicular, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, residentes en esta ciudad (número de promoción 27622), pues aun cuando negaron su existencia por conducto del director jurídico, con posterioridad realizaron manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se les atribuye, por lo que tal negativa se ve desvirtuada con las constancias que obran en autos, por lo que se tienen por existentes los actos que se les reclaman a dichas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, con relación a los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Se afirma lo anterior, ya que de las copias certificadas remitidas por las autoridades responsables por conducto de su Director Jurídico, las que alcanza eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Se advierte que mediante oficio ********************, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, puso a disposición del Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, los siguientes objetos por constituir hechos posiblemente delictuosos: "INDICIO NÚMERO UNO: Original de factura número ******************** expedida por "******************** S.A. DE C.V." y original de refactura con número de folio fiscal ******************** expedida presuntamente por "********************S.A. DE C.V." INDICIO NÚMERO DOS: Copia de la factura de archivo con número de folio ******************** expedida por "********************S.A. DE C.V." junto con la verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. INDICIO NÚMERO TRES: Vehículo de la marca ********************, tipo ********************, de color ********************, modelo ********************, con número de serie ********************, sin número de motor y placas ******************** del estado de Yucatán." Lo anterior, generó un cambio en la situación jurídica que guarda el asunto, y, por tanto, que se actualice la causal de improcedencia en estudio, de ahí que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones relacionadas en este juicio. En efecto, dicha situación no hace posible realizar un análisis de los actos reclamados, pues es incuestionable que las autoridades responsables han dejado de intervenir en la retención del vehículo y documentos señalados, que se le imputan, desde el momento en que el vehículo y documentos afectos fueron puestos a disposición de la señalada autoridad ministerial; por lo que no existe materia sobre la que pueda versar este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, con número de registro 199808, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sin que sea necesario realizar en este aspecto, el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclama del Secretario y Jefe del Departamento de Registro de Control Vehicular, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por los motivos precisados el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, dos de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja que refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, contra el acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la ampliación de demanda. En tal virtud, se declara que el referido proveído CAUSA ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, tal como se ordenó en el citado auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, copia certificada de las constancias conducentes que integran este juicio de amparo y del escrito ampliatorio, a fin de que se proceda a su registro como una nueva demanda y, hecho lo anterior, se sirva turnarla al Juzgado de Distrito que corresponda en términos de lo dispuesto en la Circular SECNO/31/2020. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de cinco días a que se refiere el primer párrafo del artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 97 fracción I, inciso a), que tiene la parte quejosa para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de diciembre en curso, en el que se desechó la ampliación de demanda de amparo. En tal virtud, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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