Vivia de Lima da Silva Fonseca

Expediente 651/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
651/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Vivia de Lima da Silva Fonseca
  • VIVIA DE LIMA DA SILVA FONSECA y Otros.
  • Guilherme de Sousa Tavares
  • Walace Milton Teodoro de Lima

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en proveído de catorce de noviembre de dos mil veintitrés se dio vista a la parte quejosa, con lo informado en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Asimismo, se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito se realizó vía electrónica a la parte quejosa el quince de noviembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, al haber transcurrido el término de TRES DÍAS que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. ANTECEDENTES En sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en su segundo resolutivo SE CONCEDIÓ el amparo a los quejosos VIVIA DE LIMA DA SILVA FONSECA, WALACE MILTON TEODORO DE LIMA, GUILHERME DE SOUSA TAVARES, MAIKE DE SOUSA SANTOS, TAMIRIS RAIANE TEODORO DE LIMA, MARINEZ DE SOUZA SILVA, RAQUEL PINHEIRO DA SILVA, BRUNA KARLA DE OLIVEIRA y VITOR LOPES MANGABEIRA, en contra del acto que reclamaron al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para el efecto de que: "[.] la autoridad migratoria Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, deje insubsistente los procedimientos administrativos iniciados contra los quejosos VIVIA DE LIMA DA SILVA FONSECA, WALACE MILTON TEODORO DE LIMA, GUILHERME DE SOUSA TAVARES, MAIKE DE SOUSA SANTOS, TAMIRIS RAIANE TEODORO DE LIMA, MARINEZ DE SOUZA SILVA, RAQUEL PINHEIRO DA SILVA, BRUNA KARLA DE OLIVEIRA y VITOR LOPES MANGABEIRA, por devenir la puesta a disposición de ellos de un acto viciado, como lo fue la ilegal detención por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; sin que sea el caso ordenar su libertad, en virtud de que de las constancias que integran este juicio, se advierte que están libres. [.]". Por acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo. Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio, se advierte que se atendieron los efectos amparadores, ya que la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, informó que en fecha diez de noviembre del presente año, el Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Yucatán, dictó un acuerdo por el que se dejó sin efectos la resolución de fecha veinticuatro de abril del mismo año, referente a los Procedimientos Administrativos Migratorios iniciados contra los directos quejosos. ANÁLISIS Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la citada autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada. Lo anterior, toda vez que la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán ya ha dejado sin efectos la resolución de fecha veinticuatro de abril del presente año, referente a los Procedimientos Administrativos Migratorios iniciados contra los directos quejosos. Pues así se desprende de las constancias remitidas; por tanto, se concluye que la autoridad responsable atendió cabalmente los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual realizó en forma correcta y completa. DETERMINACIÓN En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ARCHIVO Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. CONSERVABLE Por otra parte, de conformidad con lo establecido en la fracción lII, inciso a) del artículo 17 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es CONSERVABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Fecha de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: quince de noviembre del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable comunicó el cumplimiento de la ejecutoria: trece de noviembre del presente año. Fecha en que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria: diez de noviembre de la presente anualidad. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el oficio remitido por la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remite en atención al requerimiento realizado en proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés, relativo al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista de lo anterior a la parte quejosa, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.A

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintisiete de septiembre dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su segundo punto resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, respetando el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, como lo dispone el artículo 77, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Con el apercibimiento a dicha autoridad, que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil, trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 651/2023-VII-A, promovido por ******************** a favor de******************** ******************** ******************** ******************** y ********************, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado el mismo día a este Juzgado, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamaron a las siguientes autoridades: Secretario de Seguridad Pública del Estado. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán. SEGUNDO. Admisión de demanda. Previa ratificación, por auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le competía y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 49 en relación con el 57 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las responsables, lo siguiente: La incomunicación y la privación ilegal de la libertad (detención ilegal) y detención con fines de deportación y expulsión de los directos quejosos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (7019) y Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán (8649), consistente en la incomunicación, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes justificados, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto consistente en la privación ilegal de la libertad (detención ilegal) que se le atribuye al Secretario de Seguridad Pública del Estado, así como la privación ilegal de la libertad (detención con fines de deportación y expulsión) que a su vez se le reclama al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, toda vez que así se advierte de sus respectivos informes justificados (registros 7019 y 8649). QUINTO. Causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no hay precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79 fracción VII de la Ley de Amparo, resultan fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, por lo que deberá concedérsele el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En la especie, los quejosos reclaman del Secretario de Seguridad Pública del Estado, la privación ilegal de la libertad (detención ilegal) y del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, la detención con fines de deportación y expulsión, en autos de los procedimientos administrativos iniciados en su contra, con motivo de la puesta a disposición ante dicha autoridad de los propios quejosos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y que a continuación se detallan: Sentado lo anterior, debe señalarse que los actos reclamados devienen violatorios de los derechos humanos de los quejosos establecidos en el artículo 16 Constitucional, toda vez que como más adelante se verá, la detención de ellos resulta ilegal. El artículo 16 Constitucional establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley. En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente." Del citado numeral constitucional se advierte, en lo que aquí será motivo de análisis, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y que cualquier persona puede detener a otra en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndola sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. De lo anterior se evidencia que para que una persona pueda ser molestada, debe haber un mandamiento escrito de autoridad competente y que sólo en el caso de que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido puede ser detenida. Así las cosas, una vez establecido lo anterior, de la constancia remitida en copia certificada por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con su oficio SSP/DJ/ME-32733/2023, de trece de julio de dos mil veintitrés, consistente en el Informe de Hechos de fecha veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se advierte que los aquí quejosos fueron detenidos en razón de ser de nacionalidad brasileña y trasladados al área de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública de esta entidad. Detención que se califica de ilegal, dado que en el momento de su detención para su posterior traslado al área de seguridad de la corporación policiaca, no estaban cometiendo algún delito ni fueron señalados por alguien de haber cometido alguno antes de ser detenidos, ni tampoco que los elementos policiacos contaran con alguna orden de autoridad competente para detenerlos y trasladarlos al área de seguridad de la dependencia de su adscripción. Pues únicamente iban a bordo de la camioneta de la marca ********************, tipo ********************, con placas de circulación ******************** del ********************. Aunado a que dentro de las facultades de la propia Secretaría, salvo los casos antes expuestos, no está el de detener migrantes para verificar su situación migratoria, esto es, si están legalmente o no ingresados al país, sino de únicamente la de proporcionar seguridad pública, cuyo fin es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 Constitucional, pues la revisión migratoria está únicamente a cargo de las autoridades de migración. Luego, al resultar ilegal la detención de los hoy quejosos, devienen de ilegal los procedimientos administrativos que respectivamente inició en su contra la autoridad migratoria responsable, ante quienes fueron puestos a su disposición, al resultar viciado el mismo, se reitera, por devenir de ilegal su detención. Máxime que conforme al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1ª. XXIII/2023 (11ª), con registro digital 2027178, las autoridades migratorias competentes para decidir si la circulación de una persona migrante en territorio nacional puede representar un factor de riesgo grave para la seguridad nacional, el orden público o los derechos y libertades de terceras personas como consecuencia de su ingreso ilícito a territorio nacional, deben hacer un análisis escrupuloso de las características individuales de la persona migrante afectada. Esto es, la decisión que tomen las autoridades migratorias debe estar debidamente fundada y motivada, para lo cual deberá: (1) justificar que se trata de una medida razonable, necesaria y proporcional; y, (2) demostrar que existe una amenaza presente, directa e imperativa que justifica el alojamiento o detención de la persona migrante en cuestión. De todo lo cual adolecen las resoluciones de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, emitidas por la autoridad migratoria en los procedimientos administrativos que respectivamente se les inició a los hoy quejosos, y en las determinó: "Expídase oficio de salida del país, a efecto de que abandone el territorio nacional por sus propios medios, en un plazo de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha de notificación del presente oficio, en cuyo caso deberá hacerlo por el lugar destinado al tránsito internacional de personas en la frontera sur de México, hacia el País más cercano a la Oficina de representación en la que se ejecutó el presente documento, (frontera Tenosique, Tapachula). Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, ( frontera Tenosique, Tapachula)." La tesis antes invocada es de rubro y texto siguientes: "DETENCIONES ADMINISTRATIVAS MIGRATORIAS. FACTORES DE RIESGO GRAVE PARA LA SEGURIDAD NACIONAL, EL ORDEN PÚBLICO O DERECHOS Y LIBERTADES DE TERCERAS PERSONAS POR EL INGRESO ILÍCITO DE PERSONAS MIGRANTES EN TERRITORIO NACIONAL. Hechos: Diversas personas migrantes fueron detenidas en una estación migratoria por autoridades adscritas al Instituto Nacional de Migración, por un periodo superior a treinta y seis horas, para averiguar su situación de regularidad dentro del territorio nacional. En contra de esa detención, entre otros actos reclamados, las personas migrantes presentaron demanda de amparo indirecto. El Juzgado de Distrito del conocimiento resolvió, por una parte, sobreseer en el juicio de amparo y, por otra, concederlo. Contra esa determinación, las partes interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que las autoridades migratorias competentes están facultadas para decidir si la circulación de una persona migrante en territorio nacional puede representar un factor de riesgo grave para la seguridad nacional, el orden público o los derechos y libertades de terceras personas como consecuencia de su ingreso ilícito a territorio nacional. En este caso, dichas autoridades están obligadas a definir la gravedad que esa circulación representa para la seguridad del país, así como la temporalidad y las condiciones de su alojamiento, para lo cual deberán hacer un análisis escrupuloso de las características individuales de la persona migrante afectada. Así, la decisión de las autoridades debe estar debidamente fundada y motivada, para lo cual deberá: (1) justificar que se trata de una medida razonable, necesaria y proporcional; y, (2) demostrar que existe una amenaza presente, directa e imperativa que justifica el alojamiento o detención de la persona migrante en cuestión. Justificación: Lo anterior, toda vez que el Poder Legislativo no ha emitido una lista limitativa de los supuestos fácticos de "riesgo grave" que justifiquen el alojamiento de personas en estaciones migratorias, como podrían ser la comisión de un delito en su país de origen o la transmisión de enfermedades epidémicas. Entonces, hasta en tanto el legislador no emita esa lista de supuestos de riesgo grave para la seguridad nacional, corresponde a las autoridades migratorias su definición, mediante la emisión de una resolución debidamente fundada y motivada." (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2027178, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Administrativa, Constitucional, Tesis: 1a. XXIII/2023 (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tipo: Aislada). En esas condiciones, lo procedente es conceder la protección de la justicia federal a los quejosos, para el efecto de que la autoridad migratoria Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, deje insubsistente los procedimientos administrativos iniciados contra los quejosos******************** ******************** ******************** ******************** y ********************, por devenir la puesta a disposición de ellos de un acto viciado, como lo fue la ilegal detención por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; sin que sea el caso ordenar su libertad, en virtud de que de las constancias que integran este juicio, se advierte que están libres. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ******************** a favor de******************** ******************** ******************** ********************, ********************, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a******************** ******************** ******************** ********************, ********************, por conducto de ********************, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese.

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