Vladimir Cesar Chavez Lara

Expediente 2158/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2158/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Vladimir Cesar Chavez Lara

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Umán; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las diez horas con cinco minutos del siete de septiembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del licenciado Diego Jezreel Nieto Bianchi, Secretario con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes ni de sus representantes legítimos. Acto seguido, se da cuenta al Juez con la demanda de amparo y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, los cuales obran agregados con conocimiento a las partes. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede y por rendidos en tiempo y forma los indicados informes justificados. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario da cuenta con las copias certificadas remitidas por la Delegación Yucatán del Registro Agrario Nacional, las cuales anexó a su informe justificado (fojas 43 y 44) y las ofrecidas como pruebas de la parte quejosa (fojas 16 a 29). A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en atención a su propia naturaleza, se tienen por desahogadas las referidas probanzas, para todos los efectos legales a que haya lugar, por lo que se declara cerrado el periodo de pruebas. A continuación, se declara abierto el periodo de alegatos y el Secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa (promoción 16290, fojas 51 a 56 y 19924, fojas 84 a 87); asimismo, certifica que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la petición de la representante social de la Federación adscrita y la certificación secretarial; con lo anterior, se cierra esta fase procesal. A continuación, al no haber diligencias pendientes por desahogar, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución: Visto, para resolver el juicio de amparo 1379/2022-IX-A, promovido por Silvia Isabel Quijano May y Fernando José Vega Espinosa, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el uno de junio siguiente a este órgano jurisdiccional, comparecieron Silvia Isabel Quijano May y Fernando José Vega Espinosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Encargada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, así como del Director en Jefe y el Director General de Registro y Control Documental, estos últimos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de dos de junio de este año, se admitió a trámite la demanda de amparo, la que se registró con el número 1379/2022-IX-A; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; y, entre otras cosas, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo, previo diferimiento, verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este sumario, se advierte que la parte quejosa reclama: a) Del Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. 1. La omisión de realizar, en el ámbito de sus competencias, los trámites relativos a la calificación y liberación de clave para la inscripción del trámite de dominio pleno de la parcela 489 Z11 P1/1, del ejido de Conkal, municipio de Conkal, Yucatán. b) De la Encargada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 2. La omisión de expedir, inscribir y poner a su disposición el título de propiedad correspondiente a la parcela 489 Z11 P1/1, del ejido de Conkal, municipio de Conkal, Yucatán, que solicitó el cuatro de marzo de dos mil veintidós; solicitud a la que le recayó el número de folio 31220002135. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos a la Encargada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (promoción 14856, fojas 40 a 42), pues así lo señaló dicha responsable al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado. Lo que se corrobora con las constancias que remitió como apoyo a su informe (fojas 43 y 44), las cuales alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Al respecto, debe decirse que de conformidad con el artículo 61 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, una vez emitida la calificación registral positiva, lo procedente es realizar el asiento en la sección del Folio Agrario correspondiente, lo que se traduce en la facultad de la indicada responsable de expedir, ordenar inscribir y poner a disposición de la parte quejosa los certificados parcelarios respectivos, de conformidad con el artículo 84 del indicado reglamento. En efecto, de las constancias allegadas y lo anteriormente asentado se aprecia que a la fecha en la que se promovió la demanda (treinta y uno de mayo de este año), la responsable no se encontraba en posibilidad de expedir, inscribir y poner a disposición de la parte quejosa el título de propiedad relativo a la parcela 489 Z11 P1/1, con motivo de que el Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, a la fecha, no ha emitido la calificación registral positiva correspondiente al trámite 31220002135. Cabe acotar que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de no ser así la sentencia se ocuparía de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Así, ante la inexistencia de los actos reclamados a dicha autoridad, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; ello, en una nueva reflexión sobre el trato de este tipo de asuntos, en los que es evidente que no se está aún en el supuesto legal respectivo para subsanar la omisión que se reclama. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama del Director en Jefe y del Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México (promoción 17856, fojas 72 a 74), pues así lo señalaron al rendir sus respectivos informes justificados. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." QUINTO. Conceptos de violación. No advirtiendo algún motivo de improcedencia que se actualice de oficio o que hayan propuesto las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Resulta fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. Para llegar a tal conclusión es necesario establecer que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El indicado ordinal constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Ahora bien, de los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo se establece que los registradores, con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Por otra parte, disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. En este orden de ideas, de las constancias que obran en autos, se advierte que la fecha de presentación de la correspondiente solicitud ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la Entidad del Registro Agrario Nacional (cuatro de marzo de dos mil veintidós), a la data en que se promovió la demanda (treinta y uno de mayo de dos mil veintidós), ya habían transcurrido más de dos meses; lo que excede el término a que alude el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Por lo que es incuestionable que las nombradas autoridades responsables conculcan con tal proceder en perjuicio de la parte quejosa, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional, pues incumplieron con la función registral que les está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. Por consiguiente, toda vez que de autos se advierte que la solicitud del quejoso no ha sido calificada, pues así lo afirmaron las responsables. Se concede la protección constitucional instada, para el efecto de que las responsables, dentro del ámbito de sus facultades, realicen las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo, y en breve término, se emita la calificación registral correspondiente a la solicitud 31220002135, y, en su caso, ordene a la autoridad correspondiente, sea puesto a disposición el documento respectivo a los promoventes, de no existir impedimento legal alguno justificado. Caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de la responsable dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria se ha sostenido que se pronuncie en algún sentido. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Silvia Isabel Quijano May y Fernando José Vega Espinosa, contra el acto atribuido a la responsable y por los motivos señalados en le consideración tercera de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a los quejosos Silvia Isabel Quijano May y Fernando José Vega Espinosa, contra los actos que reclamó de las diversas autoridades responsables señaladas en la consideración cuarta de este fallo, por la razón y para los efectos señalados en la diversa consideración sexta. TERCERO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración séptima de esta sentencia. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración octava de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Diego Jezreel Nieto Bianchi, Secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de estos autos y la razón de cuenta que antecede, para los efectos legales que procedan, agréguese a este expediente el escrito signado por el tercero interesado Elmer José Narváez y Rodríguez, mediante el cual da cumplimiento al proveído de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintidós y remite una copia más de su escrito de expresión de agravios del recurso de revisión que interpone, en contra de la sentencia dictada el diez de agosto pasado, en la que se concedió el amparo y la protección constitucional a la parte quejosa. En tal virtud, con fundamento en los artículos 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios y córrase traslado a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal y a la parte tercero interesada, así como a la autoridad responsable, con entrega de una copia de dicho escrito. Hecho esto, envíese este expediente, junto con el original del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, del Decimocuarto Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar al respecto. En mérito de lo anterior, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes, además de una copia simple del escrito de agravios. Notifíquese; personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal y quejosa y cúmplase.

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