Vital Wilfrido Cardona Medina
Expediente 188/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 188/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 24/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Vital Wilfrido Cardona Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de siete de octubre del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Vital Wilfrido Cardona Medina, apoderado de la moral Constructora Grupo de Oro, .S.A. de C.V.; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente del juicio de amparo X-188/2019, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta minutos del siete de octubre de dos mil diecinueve, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo X-188/2019 promovido por Vital Wilfrido Cardona Medina, apoderado de la moral Constructora Grupo de Oro, S.A. de C.V., contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y actuarios de su adscripción, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de tercero interesado Erick Vazquez Bibian, quien se encuentra debidamente emplazado en autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Acto continuo, la Secretaria da cuenta con la promoción registrada con el número 15520. De igual manera, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes se encuentra presente para el desahogo de la prueba testimonial admitida en proveído de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, a cargo de los testigos José Agustín Villanueva Salas y Raúl Aarón Vázquez Marroquín, medio de convicción ofertado por la parte quejosa. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; por otra parte, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual hace del conocimiento de este juzgado que el tres de octubre de dos mil diecinueve, compareció ante sus instalaciones Erick Vázquez Bibián, tercero interesado en el presente juicio a manifestar que la aquí quejosa, de manera extrajudicial realizó el pago total del laudo dictado el veintinueve de enero del año en curso, por lo que se dio por pagado y a su vez solicitó el archivo del expediente 1B-578/2018, lo que acredita con la copia certificada que anexa, misma que se dará cuenta en el momento procesal oportuno. Asimismo, en relación con la prueba testimonial ofertada por la parte quejosa a cargo de los testigos José Agustín Villanueva Salas y Raúl Aarón Vázquez Marroquín, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y se declara desierto dicho medio de prueba en perjuicio de la parte quejosa, ante la inasistencia de los testigos a esta audiencia. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos conjuntamente por: Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretaria, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa, adjuntó diversas constancias a su escrito inicial de demanda; asimismo, las autoridades señaladas como responsables Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad adjuntaron como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de diversas actuaciones dentro del juicio ordinario laboral 1B-578/2018, mismas que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Asimismo, la parte quejosa ofreció prueba de inspección judicial, misma que se desahogó en sus términos, en atención la diligencia realizada el veintitrés de abril de dos mil diecinueve. De igual manera, la parte quejosa ofreció como prueba la pericial en caligrafía y grafoscopía, misma que a la fecha no se ha desahogado en su totalidad, virtud a que se encuentra pendiente el dictamen requerido al perito oficial designado por este juzgado; sin embargo, se estima ocioso su desahogo y por el contrario de continuar con el mismo, únicamente dilataría el presente juicio, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formuló los alegatos que a su parte corresponden, a través del pedimento 138/2019. EL JUEZ: Téngase por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución.V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo X-188/2019, promovido por los apoderados de Vital Wilfrido Cardona Medina, apoderado de la moral Constructora Grupo de Oro, S.A. de C.V., contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, del cual, por razón de turno, correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, Vital Wilfrido Cardona Medina, apoderado de la moral Constructora Grupo de Oro, S.A. de C.V. promovió demanda de amparo indirecto contra las autoridades referidas con antelación de quien reclamó los actos que precisó de la siguiente manera: "Lo constituye el ilegal emplazamiento a juicio, practicado por ERIKA ESTEFANÍA GARCÍA CALZADA y JORGE JACOBO CALDERÓN, a CONSTRUCTORA GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V., dentro del expediente número 1B-578/2018 del índice de la Junta responsable que sigue ERICK VAZQUEZ BIBIAN en contra de CONSTRUCTORA GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.; así como todas las consecuencias derivadas del ilegal emplazamiento aludido, que se desprendan y tienen su origen en el procedimiento seguido dentro del expediente antes identificado, incluido el laudo de fecha 29 de enero del año 2019, mediante el cual concluye condenando a la hoy quejosa directa, al pago de la cantidad de $278, 989.23 pesos en favor del ahora tercero interesado, en cuanto parte actora.". SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman violados. Acto que en el decir de la parte quejosa son violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, ordenándose registrar el asunto como el expediente X-188/2019; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado respectivo; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue levantada como se advierte del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida en contra de un acto de una autoridad que reside dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la siguiente tesis de jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 Tomo XI, Abril de 2000 "DEMADA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se obtiene que los actos reclamados a las autoridades responsables, en la presente instancia constitucional, consisten en: El emplazamiento a juicio dentro del expediente 1B-578/2018, del índice de la responsable, así como sus consecuencias legales. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir sus respectivos informes justificados conjuntamente, el Presidente y Actuaria de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por una parte aceptaron y por otra negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos. Circunstancia que acreditaron con las constancias que remitieron como sustento de su informe justificado, relativas al expediente laboral número 1B-578/2018. Documentales a las que en este acto, se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copias certificadas expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, quien con arreglo a la ley, goza de fe pública. CUARTO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, procede el análisis de las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, este juzgador estima que se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". Del precepto citado se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; esto es, cuando el juzgador de amparo advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió. Lo anterior, toda vez que en caso de concluirse que el acto de autoridad es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Al respecto se cita la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: Época: Novena Época Registro: 173858 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Página: 189 "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Amparo directo en revisión 3044/98. Eduardo Cuauhtémoc Siller Leyva y otros. 12 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. Amparo directo en revisión 901/2000. Grupo Moyg, S.A. de C.V. 23 de febrero de 2001. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez. Amparo directo en revisión 197/2001. Félix García García. 27 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. Amparo directo en revisión 210/2002. María del Carmen Guido Méndez y otros. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras. Amparo en revisión 737/2002. Rafael González Lomelí. 24 de septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Tesis de jurisprudencia 181/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de noviembre de dos mil seis.". En ese sentido, para acreditar que se actualiza la causa de improcedencia en comento, es necesario tomar en cuenta que la aquí quejosa, reclama el emplazamiento a juicio dentro del expediente 1B-578/2018, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, así como sus consecuencias legales. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende la existencia del acto reclamado; sin embargo, de las mismas también se obtiene que dentro del expediente laboral 1B-578/2018, mediante acta de tres de octubre de dos mil diecinueve, compareció ante sus instalaciones Erick Vázquez Bibián, tercero interesado en el presente juicio a manifestar que la aquí quejosa, de manera extrajudicial realizó el pago total del laudo dictado el veintinueve de enero del año en curso, por lo que se dio por pagado, solicitando a su vez el archivo de dicho expediente. Por tanto, resulta lógico que si la materia sobre la cual recayó el acto reclamado deja de existir no podrá restituirse al gobernado en el goce de su derecho fundamental violado, y por ende, la sentencia que se dictare no podría cumplimentarse, haciendo el juicio de amparo ocioso. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de la materia. Finalmente, en virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un obstáculo procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido legalmente para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que dice: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. QUINTO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, fracción IV y VI, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Vital Wilfrido Cardona Medina, apoderado de la moral Constructora Grupo de Oro, S.A. de C.V., contra los actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por las razones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término concedido al perito oficial Josué Perales Palma, para imponerse de los autos del juicio ordinario laboral 1B-578/2018, mismos que quedaron a su disposición ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a fin de emitir el dictamen pericial en materia de caligrafía y grafoscopía; en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy Feoms
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil diecinueve. INFORMA NOTIFICACIÓN A PERITO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad; a través del cual, en atención al requerimiento formulado en autos, informa que el perito oficial ha sido notificado del proveído de siete de agosto del año en curso, quien esto provee toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2924/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.Daa
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