Virginia Trujillo Valenzuela

Expediente 737/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 38 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
737/2019
Año
2019
Actuaciones
38
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Virginia Trujillo Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio dirigido a la autoridad responsable señalada como Procurador Agrario, Oficinas Centrales, debido a que carece de legitimación para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, pues no se le ocasiona afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, ya que se sobreseyó en este juicio por los actos que se le reclamaron. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible a fojas 2464 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 34, septiembre de 2016, tomo IV, que dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita.". En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Consecuentemente, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, archívense los cuadernos incidentales por separado; con la indicación de que el duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; ello, al contar con su original y no existir documentos originales en tal cuaderno, lo que deberá hacerse constar en la carátula respectiva. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 18 del Acuerdo en cita, toda vez que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original es susceptible de depuración; hágase constar dicha circunstancia en la carátula del expediente, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Por tanto, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, transcurrido el cual, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia, sin que en éste obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Glósese copia de este proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 737/2019-V. No existen los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, ya que éstas, en sus informes justificados, los niegan expresamente, sin que obre en autos prueba en contrario que desvirtúe esta negativa. En consecuencia, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 1º, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, particularmente la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de cuatro del presente mes y año, para que ampliara la demanda constitucional en contra de la autoridad Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos, Tierra Blanca y San Miguelito, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y, por ende, procédase a resolver este juicio únicamente respecto de los actos atribuidos a las autoridades originalmente señaladas en el escrito inicial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Ténganse por recibidos los autos de este juicio de amparo y el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el citado tribunal en el amparo en revisión 97/2020. Acúsese recibo, agréguense únicamente las actuaciones originales que contiene el cuaderno de antecedentes y destrúyanse las copias certificadas que obran glosadas en el mismo, por ser innecesarias; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la ejecutoria que se acompaña al oficio de cuenta, en cuyos puntos resolutivos se resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento para los efectos precisados en el considerando quinto del presente fallo." Ahora bien, de la ejecutoria emitida por el tribunal de alzada se advierte que se ordenó la reposición de procedimiento para el efecto siguiente: ".la Jueza de Distrito reponga el procedimiento a partir del auto de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, a efecto de que prevenga a la quejosa para que -dentro del término de tres días- indique si desea ampliar su demanda de amparo a fin de señalar como autoridad responsable al Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos, Tierra Blanca y San Miguelito; hecho lo cual, prosiga con el trámite del juicio de amparo y en su oportunidad resuelva conforme a derecho proceda." En consecuencia, en acatamiento a lo ordenado, se repone el procedimiento en este juicio de amparo a partir del auto de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que se provee: Vistas las constancias que obran en autos, de las que se advierte la participación del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos, Tierra Blanca y San Miguelito, quien rindió el informe justificado registrado con el progresivo de correspondencia interna 12420, sin embargo el mismo no fue señalado como autoridad responsable en el presente asunto; en consecuencia, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo a fin de señalar como autoridad responsable a dicho Comisariado de Bienes Comunales, para lo cual deberá precisar con exactitud cuál o cuáles son los actos u omisiones que se le atribuyen; apercibida que de no hacerlo, se procederá a resolver el juicio únicamente respecto de los actos atribuidos a las autoridades originalmente señaladas en el escrito inicial de demanda. En el entendido de que deberá acatar los requisitos previstos en el artículo 108 de la citada ley. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se fijan las ONCE HORAS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Notifíquese personalmente.

Quedan 34 actuaciones en este expediente

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