Walteria Mateos Perez
Expediente 722/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 1 actuación registrada, la última del 15 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 722/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 15/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Walteria Mateos Perez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por Walteria Pérez Mateos y otros, con copias y anexos que se acompañan; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 722/2020-VII. No obstante, se advierte que en el caso se señalan como autoridades responsables al Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, Dirección de Pensiones del Estado de San Luis Potosí, Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí y Banco Actinver, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, a quienes se les atribuyen los actos reclamados que se hacen consistir en: a) La generación del adeudo con el fondo de jubilaciones del sector telesecundaria e inobservancia del artículo 28 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí, ante el inminente quebranto del fondo de jubilación que administra la Dirección de Pensiones del Estado de San Luis Potosí, el cual se extinguirá en cualquier momento del año que transcurre. b) La inminente privación de recibir pensión económica mensual como prestación de seguridad social como docentes de telesecundaria. c) El inejercicio de las facultades y obligaciones que imponen los artículos 1º, 8º, 9º y 28 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí, para implementar mecanismos jurídico-financieros que garanticen la pensión vitalicia ante el inminente quebranto del fondo de jubilación que administra la Dirección de Pensiones del Estado de San Luis Potosí, el cual se extinguirá el presente año. d) La inminente privación de recibir pensión económica mensual como prestación de seguridad social como docentes de telesecundaria. Atendiendo a tales circunstancias, en el caso, es necesario precisar el contenido de los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo. De dichos preceptos se desprende que en los juicios de amparo se prevé, además de la tramitación de los incidentes previstos en la propia ley, la de aquellas incidencias que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento, las cuales podrán ser resueltas en el momento o bien, a través de la substanciación de una vía incidental, ya sea a petición de parte o de oficio. Por otra parte, debe decirse que los diversos numerales 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del arábigo 2° de esta última legislación en cita, establecen la figura del incidente de acumulación, la cual se actualiza cuando la decisión de cada uno de los asuntos exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando en dos o más juicios debe resolverse, total o parcialmente una misma controversia; para ello, la acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. Asimismo, se tiene que cuando los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, ya sea de plano o por un procedimiento incidental. En el caso, este tribunal federal advierte la actualización de dicha figura procesal, pues como se ha visto, las demandas de amparo registradas bajo los consecutivos 564/2019-VII y su acumulado 565/2019-VIII, así como el 817/2019-VII promovido contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y de otras autoridades, si bien son promovidas por distintas personas, también es verdad que se promueven en contra de las mismas autoridades y por idénticos actos reclamados, aunado a que se hacen valer similares conceptos de violación; de manera que se encuentran colmados los extremos que prevén los artículos 72, 73 y 75 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, para la acumulación de los juicios, pues existe identidad en cuanto a las autoridades designadas como responsables y a los actos que se tildan de inconstitucionales, siendo diversos los promoventes. Por tanto, este tribunal federal, de plano, ordena acumular el presente juicio de amparo 722/2020-VII al diverso juicio de amparo 564/2019-VII y sus diversos acumulados, por ser éste el más antiguo, atendiendo a la fecha y hora de su presentación en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; sin que en el caso deba observarse el trámite que previene el artículo 67 de la ley invocada, pues atendiendo a las circunstancias del caso, resulta procedente resolverlo de plano, al no ameritar para su desahogo un pronunciamiento especial. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita. Requiérase a las responsables para que en caso de que sea cierto el acto que se les atribuye, al rendir el respectivo informe justificado, se remitan las constancias a que alude el artículo 117, párrafo cuarto, de la ley de la materia, enviando el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva del expediente de que se trate, a fin de analizar su constitucionalidad; con el apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley en consulta. Indíquese a las autoridades responsables que preferentemente deberán remitir el informe de ley y las constancias solicitadas en el párrafo anterior, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba, o en su defecto al correo electrónico oficial de este juzgado, que es: 8jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin que sea el caso señalar nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; en la inteligencia de que se encuentran fijadas las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para el desahogo de aquella. En la inteligencia de que, tomando en consideración la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 y el esquema de trabajo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, las partes únicamente podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, previo a la celebración de la aludida audiencia, así lo deberán informar por escrito a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud de acordar lo respectivo para que aquélla se suscite mediante videoconferencia en términos del numeral 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64, de la ley de referencia, de lo contrario se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente de conformidad con el numeral 251 de la citada legislación. También hágaseles saber que este juzgado podrá brindar atención e información a los justiciables a través del correo institucional que quedó precisado en párrafos anteriores o en el teléfono 4448389300 (extensión 1611) o en el celular 4442380496. Asimismo, se hace de su conocimiento que la devolución de los documentos originales que aquí se ofrezcan, será hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Deyanira Guerrero López, Erendira Litzahaya Castillo Molina y Ricardo Castillo Torres, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para que se impongan de los autos, consulten el expediente y reciban documentos, a las diversas personas que refiere, por así solicitarlo. De conformidad con el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común a Walteria Pérez Mateos. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, a través del usuario que se proporciona. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, lo que incluye a las autoridades responsables, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese.
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