Virginia Ramírez Ruíz

Expediente 728/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
728/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/08/2021

Partes del expediente

  • Virginia Ramírez Ruíz

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida vía electrónica por Virginia Ramírez Ruiz en representación del quejoso José Carlos Casillas Montaño, contra actos del Fiscal General del Estado y otra autoridad; fórmese el expediente de amparo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 728/2021-VII. Del análisis de la demanda constitucional se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que impone desechar de plano el libelo constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, en concepto de la suscrita, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5º y 6°, todos de la Ley de Amparo, debido a que la demanda carece de la firma electrónica de la demandante, que manifieste su voluntad en intentar la acción constitucional. Bajo esa óptica jurídica, el artículo 6° de la Ley de Amparo dispone que el juicio constitucional puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal. Conforme a la reglamentación señalada, es claro que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Consecuentemente, en virtud de que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que la voluntad de la parte de ejercer un derecho, se manifiesta mediante la firma o si no lo sabe hacer, a través de la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego; o bien, en el caso de la demanda presentada vía electrónica, debe demostrarse que fue enviada con la firma electrónica de quien reciente el agravio personal y directo; por tanto, es evidente que en el caso no es factible colmar ese requisito. Bajo ese contexto, toda vez que la demanda de amparo en cuestión carece del signo electrónico correspondiente, que equivale a la firma autógrafa que exteriorice la voluntad de la persona que demanda la protección constitucional; y, dado que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ante la ausencia de ésta, es improcedente la demanda de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por los numerales señalados, así como en los Acuerdos Generales 13/2020 y 15/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Y, en tal virtud, lo procedente es desecharla con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al no existir petición de la parte quejosa que figura como afectada por el acto de autoridad, lo que es imprescindible debido a que no se reclama ninguno de los actos que se refiere el artículo 15 de la ley de la materia. Únicamente para efectos de este proveído, ante la destacada ausencia de voluntad, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que se indica en el proemio de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACION QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida vía electrónica por Virginia Ramírez Ruiz en representación del quejoso José Carlos Casillas Montaño, contra actos del Fiscal General del Estado y otra autoridad; fórmese el expediente de amparo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 728/2021-VII. Del análisis de la demanda constitucional se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que impone desechar de plano el libelo constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, en concepto de la suscrita, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5º y 6°, todos de la Ley de Amparo, debido a que la demanda carece de la firma electrónica de la demandante, que manifieste su voluntad en intentar la acción constitucional. Bajo esa óptica jurídica, el artículo 6° de la Ley de Amparo dispone que el juicio constitucional puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal. Conforme a la reglamentación señalada, es claro que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Consecuentemente, en virtud de que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que la voluntad de la parte de ejercer un derecho, se manifiesta mediante la firma o si no lo sabe hacer, a través de la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego; o bien, en el caso de la demanda presentada vía electrónica, debe demostrarse que fue enviada con la firma electrónica de quien reciente el agravio personal y directo; por tanto, es evidente que en el caso no es factible colmar ese requisito. Bajo ese contexto, toda vez que la demanda de amparo en cuestión carece del signo electrónico correspondiente, que equivale a la firma autógrafa que exteriorice la voluntad de la persona que demanda la protección constitucional; y, dado que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ante la ausencia de ésta, es improcedente la demanda de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por los numerales señalados, así como en los Acuerdos Generales 13/2020 y 15/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Y, en tal virtud, lo procedente es desecharla con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al no existir petición de la parte quejosa que figura como afectada por el acto de autoridad, lo que es imprescindible debido a que no se reclama ninguno de los actos que se refiere el artículo 15 de la ley de la materia. Únicamente para efectos de este proveído, ante la destacada ausencia de voluntad, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que se indica en el proemio de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano