Virginia Santiago Gomez
Expediente 829/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 829/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 31/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Virginia Santiago Gomez
- Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio que remite el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitió el expediente original del cual deriva el presente cuaderno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia emitida en autos, e informa su admisión, el cual quedó registrado con el número 147/2021 Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF
- Principal
Morelia, ********************, veintidós de julio de dos mil veintiuno.****************************************Visto el estado de autos, se ordena verificar la debida integración del presente expediente a efecto de remitir al Tribunal Colegiado que corresponda el recurso de revisión interpuesto por la quejosa ****************************************En consecuencia, reenvíese por vía acelerada los oficios 8054, 8055 y 8057 relativos a la sentencia dictada dentro del sumario en que se gestiona.****************************************Finalmente, una vez que obren la totalidad de constancias de notificación practicadas a las partes en virtud del recurso de revisión interpuesto en autos, se ordena inmediatamente su envío al Tribunal Colegiado respectivo, previo la generación de estilo del cuaderno de antecedentes.****************************************Notifíquese por lista y cúmplase.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de ********************, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tienen por recibido el escrito de la quejosa Virginia Santiago Gómez mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. Asimismo, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado que corresponda, enviándose al efecto el original y copia de los escritos en mención. Notifíquese por lista, personalmente a la parte tercera interesada y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del dos de junio de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 829/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con la documental allegada por la parte quejosa y con las remitidas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, por el Director de Seguridad Pública de Jiménez y por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que únicamente presentó alegatos la tercera interesada. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la tercera interesada. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veinte en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, Virginia Santiago Gómez, por propio derecho, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán y de otras autoridades. Actos que estimó violatorios de los artículos 1°, 14°, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número 829/2020; en proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte la admitió; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se reservó proveer respecto a la existencia de terceros interesados; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El veintisiete de noviembre de dos mil veinte, Virginia Santiago Gómez, presentó escrito de ampliación de demanda; sin embargo, en proveído de primero de diciembre de dos mil veinte, se reservó acordar lo conducente hasta en tanto obrara la totalidad de los informes justificados. Tercero. Suspensión de plazos. El procedimiento se suspendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por diversos acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, derivado de la contingencia generada por el virus COVID-19. En cumplimiento a la Circular SECNO/1/2021 así como al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales antes la contingencia por el virus COVID-19, este juzgado de distrito emitió el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, en el que se levantó la suspensión de labores ordinarias y se reanudaron los términos y plazos legales en la tramitación de los juicios de la competencia de este órgano jurisdiccional; asimismo, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se admitió la ampliación de demanda solicitada por la quejosa, por lo que se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables. El ocho de marzo de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercera interesada a María de la Salud Alicia Suárez Carranza y se ordenó su emplazamiento. Finalmente, seguido el juicio por sus demás trámites legales, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado es de carácter positivo y se pretende ejecutar dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a fojas 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, Materia Común, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados por la quejosa en su escrito inicial de demanda así como en su ampliación, son: Al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 288/2018 que sobre acción plenaria de posesión promovió María de la Salud Alicia Suárez Carranza, frente a Luis Antonio Pérez Gutiérrez y/o Antonio Pérez Gutiérrez, Esther Gutiérrez Carranza y Mario Pérez Gutiérrez; incluido el auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el que se señaló hora y fecha para la entrega real y material del predio rústico denominado "El Asoleadero", ubicado arriba del canal de la Guanajuato Power and Electric CO, actualmente "Molino del Vado", del Municipio de Jiménez, Estado de Michoacán; la diligencia efectuada el cinco de noviembre de dos mil veinte y, haber ordenado al actuario adscrito al juzgado a su cargo, se abstuviera de llevar a cabo la notificación o emplazamiento al juicio de origen. Al Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, haber omitido llevar a cabo el emplazamiento a la quejosa al juicio de origen. Al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y al Director de Seguridad Pública del Jiménez, dar cumplimiento al proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte. Tercero. Inexistencia del acto reclamado atribuido al Juez y Actuario adscritos al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán consistente en la omisión de emplazar a Virginia Santiago Gómez al juicio de origen. El Juez y el Actuario adscritos al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán al rendir sus respectivos informes justificados manifestaron que son ciertos los actos reclamados; sin embargo, este juzgador considera que los mismos son inexistentes. En efecto, de las constancias que remitió el juez responsable, se advierte que María de la Salud Alicia Suárez Carranza, únicamente demandó a Luis Antonio Pérez Gutiérrez y/o Antonio Pérez Gutiérrez, Esther Gutiérrez Carranza y Mario Pérez Gutiérrez, por lo que el juez únicamente tenía la obligación de emplazar a dichas personas y no a la quejosa, lo que así efectuó en proveído de nueve de abril de dos mil dieciocho (foja 66 del juicio de origen). En ese contexto, es evidente que contrario a lo señalado por la quejosa, el actuario tampoco fue omiso en emplazarla ya que al no haber sido parte dentro del juicio de origen no tenía por qué ordenarse su llamamiento a juicio. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados analizados en este apartado, atribuidos al Juez y al Actuario adscritos al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza del resto de los actos reclamados. El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y el Director de Seguridad Pública del Jiménez al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con la prueba documental que allegó al juicio el mencionado juez, consistente en el original del juicio ordinario civil 288/2018 [un tomo]. Prueba con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de la que se advierte todo lo actuado en el juicio de origen, así como la orden de entrega del bien inmueble materia de la controversia. En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 749 del Apéndice de 2011, tomo II, Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte -SCJN Sexta Sección- procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, Materia Común, registro 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, registro 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintiuno, la tercera interesada María de la Salud Alicia Suárez Carranza, manifestó que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia que es fundada, aunque por razones diversas a las aludidas. Para evidenciar lo anterior, se estima necesario traer a glosa dicha porción normativa, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse de manera conjunta con lo establecido en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado deriva del juicio ordinario civil 288/2018, que sobre acción plenaria de posesión, promovió María de la Salud Alicia Suárez Carranza por propio derecho, frente a Luis Antonio Pérez Gutiérrez y/o Antonio Pérez Gutiérrez, Esther Gutiérrez Carranza y Mario Pérez Gutiérrez. Al efecto aduce la quejosa que es poseedora del bien materia de dicha controversia; por ende, debe acreditar el interés jurídico que tiene sobre éste, o dicho en otras palabras, la afectación a sus derechos sustantivos protegidos por la norma. Corrobora lo anterior, la tesis número I. 13o. C.12 C (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2040 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materias Común-Civil, Décima Época, registro 2006503, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, Materia Común, Novena Época, registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), visible en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, registro 2004501 que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". De ahí que, en el caso que nos ocupa, la quejosa debe acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que le asiste para reclamar el acto relacionado con el inmueble del cual manifiesta ser poseedora [predio rústico registrado bajo el número 00297, denominado "El asoleadero", que se encuentra arriba del canal del Guanajuato Power and Electric CO., del Municipio de Villa Jiménez, Distrito de Zacapu, Michoacán]. Es así, porque tratándose de la posesión de muebles e inmuebles, para que ésta sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, pues sólo con dicho documento está en posibilidad de demostrar el derecho que le asiste para defender los muebles precisados y, por ende, el interés jurídico legalmente protegido. En efecto, el artículo 14 constitucional prevé, entre otras situaciones, que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El derecho de seguridad jurídica en comento es susceptible exigirse en aquellos casos en que el gobernado es afectado por un acto de autoridad en los derechos de propiedad o posesión de sus bienes, entre otros supuestos. Por tanto, una vez que el gobernado es privado de sus derechos de propiedad o posesión, tiene la facultad de exigir el cumplimiento de aquélla; sin embargo, ello no procede con la simple afirmación de que el bien afectado es de su propiedad o posesión, e incluso ser simple habitante del mismo, pues es necesario que se acrediten esos derechos, es decir, corresponde al particular demostrar con medios de prueba tales extremos. Esto es así, porque el interés jurídico está relacionado con el derecho afectado, por tal motivo no puede inferirse con base en presunciones, de ahí que el promovente del juicio debe demostrar a plenitud ser el titular de ese derecho, así como que los daños o perjuicios afectan real y efectivamente los bienes amparados en su favor. De ahí que no sea suficiente que el gobernado aduzca ser habitante, poseedor o propietario del inmueble, pues se encuentra obligado a demostrar, a través de los medios de convicción regulados en la legislación, que es titular de los derechos que refiere se ven afectados. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/227, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que obra a foja 1676 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, Materia Civil, Novena Época, registro 185115, del título y contenido siguientes: "POSESIÓN QUE AMPARA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. No es el simple hecho de la ocupación, sin título alguno en el que pueda apoyarse, la que tutela y protege el juicio constitucional, puesto que no basta la circunstancia de encontrarse una persona detentando un bien inmueble para presumir que por sí sola tiene la posesión, si no se allega para su fundamento algún título que conduzca a la protección constitucional del derecho de posesión correspondiente. Así, a reserva de que ante las autoridades comunes se dilucide si el derecho a la posesión que emana de un título es legítimo o no, el juicio de garantías, salvaguarda inquebrantable de respeto e inviolabilidad de los derechos del hombre, no puede proteger la simple ocupación sin título, porque esta detentación no debe estimarse como posesión." Entonces, en el juicio de amparo se protege la posesión, ya sea originaria (la que se obtiene a través de un título por el cual se transfiere la propiedad) o derivada (que no proviene de un título traslativo de dominio pero que otorga el derecho a poseer el bien, como puede ser el arrendamiento, usufructo, la depositaría o cualquier otra análoga), siempre que se acredite la existencia de algún título, fundado ya sea en un precepto legal o en alguna figura jurídica que le genere el derecho a poseer; por tanto, resulta insuficiente, como se dijo, sólo demostrar la simple detentación material del bien o ser habitante del mismo. Las consideraciones precedentes también encuentran apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 1/2002, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, Materia Civil, Novena Época, registro 187733, en la que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Expuesto el alcance del tópico "interés jurídico", se procede a estudiar si en el caso en particular, se acreditan los extremos necesarios a fin de considerar si la parte quejosa tiene interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo en defensa de los derechos que dice tener. En el caso, la quejosa se ostenta como persona extraña del juicio ordinario civil 288/2018, que sobre acción plenaria de posesión, promovió María de la Salud Alicia Suárez Carranza por propio derecho, frente a Luis Antonio Pérez Gutiérrez y/o Antonio Pérez Gutiérrez, Esther Gutiérrez Carranza y Mario Pérez Gutiérrez. Manifiesta en su demanda de amparo, que es poseedora del predio rústico registrado bajo el número 00297, denominado "El asoleadero", que se encuentra arriba del canal del Guanajuato Power and Electric CO., del Municipio de Villa Jiménez, Distrito de Zacapu, Michoacán; con motivo del contrato de donación que celebró con Luis Antonio Pérez Gutiérrez [en cuanto donante]. Para acreditar dicha afirmación adjuntó a su demanda de amparo la documental siguiente: Copia certificada del contrato de donación efectuado veinticuatro de junio de dos mil doce, entre Luis Antonio Pérez Gutiérrez y Virginia Santiago Gómez, respecto del bien predio rústico localizado en la carretera Villa Jiménez-Panindícuaro, en el Municipio de Jiménez, Estado de Michoacán, ratificado cuatro de noviembre de dos mil quince, ante la Notario Público Número 60, con ejercicio en la ciudad de Morelia, Michoacán. Sin embargo, debe decirse que, a pesar de que el mencionado contrato de donación es de fecha cierta al haber sido ratificado ante Notario Público, la quejosa no acredita el interés jurídico necesario para ocurrir al presente juicio de amparo. Se explica. En el juicio de origen, la parte actora ejercitó la acción plenaria, la cual compete al adquirente de buena fe que no está en posesión de la cosa que tiene derecho a poseer con justo título, aunque no lo acredite como propietario, debiendo promoverse frente a quien posee con un menor derecho, además de que la misma tiene como finalidad la de obtener la restitución de la cosa con sus frutos y accesiones. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 50/95 [Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito], de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 13/98, publicada en la página 99 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, Novena Época, Materia Civil, registro digital 196640, que establece: "ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. NO ES REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE LA POSESIÓN MATERIAL DEL BIEN. Para que se declare fundada la acción publiciana deben acreditarse los siguientes elementos: a) tener justo título para poseer; b) que ese título se haya adquirido de buena fe; c) que el demandado posee el bien a que se refiere el título; y d) que es mejor el derecho del actor para poseer materialmente, que el que alegue el demandado. Por lo que el juzgador debe examinar únicamente la existencia de tales requisitos, sin que deba exigir la comprobación de que el actor tuvo la posesión material del bien, ya que, de acuerdo con las circunstancias especiales del caso, lo dejaría en estado de indefensión, a pesar de contar con los elementos anteriores, al ser improcedentes la reivindicación, por no tener el dominio de la cosa, y los interdictos posesorios que proceden, dentro de un año, cuando se ha sido despojado de la posesión material del bien, o existe perturbación en la posesión; de tal manera que la acción publiciana protege la posesión jurídica y no la material. Ahora bien, en el caso, la juez responsable al dictar la sentencia de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve dentro del juicio de origen, determinó que para fuera procedente la acción plenaria de posesión, era necesario que se acreditaran los elementos siguientes: Que quien intenta la acción tiene justo título para poseer. Que ese título es de buena fe. Que el demandado posee el bien a que se refiere el título; y, Que es mejor el derecho del actor para poseer que el que alega el demandado. Asimismo, determinó -entre otras cuestiones- que el predio "el asoleadero" que se encuentra arriba del canal de Guanajuato Power and Vado, del Municipio de Villa Jiménez, Distrito de Zacapu, Michoacán, estaba inmerso dentro del predio de los demandados; y que éstos carecían de justo título para tener la posesión del inmueble motivo de la controversia, y por contrario, la actora sí contaba con justo título. Por lo que concluyó que María de la Salud Alicia Suárez Carranza, era quien tenía mejor título para poseer frente a los demandados, entre ellos, Luis Antonio Pérez Gutiérrez. Determinación que fue confirmada en apelación por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán en sentencia de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. En ese contexto, si del contrato de donación con que la quejosa pretende acreditar su interés jurídico se advierte que fue Luis Antonio Pérez Gutiérrez -uno de los demandados del juicio de origen- quien le donó el predio materia de la controversia; es evidente que no estaba facultado para ello, pues en el juicio de origen se determinó que quien tenía justo título sobre el predio materia de la controversia lo era María de la Salud Alicia Suárez Carranza y los demandados carecían de justo título. Esto es, Luis Antonio Pérez Gutiérrez nunca contó con justo título, por lo que no estaba facultado para realizar la donación a Virginia Santiago Gómez contenida en el contrato exhibido por la quejosa y por ende no acredita su interés jurídico. De ahí que tampoco sea obstáculo a lo anterior que el contrato exhibido por la quejosa se haya realizado el veinticuatro de junio de dos mil doce, esto es, antes de que iniciara el juicio de origen, pues Luis Antonio Pérez Gutiérrez al haber sido un simple detentador de la posesión no podía donar el predio materia de la controversia. Es aplicable, por analogía, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1400 del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XCI, Quinta Época, Materia Civil, registro digital 347188, de rubro y texto: "SUBARRENDATARIO, INTERÉS JURÍDICO DEL. No obsta, como lo ha establecido la jurisprudencia relativa, para que exista el interés jurídico, que el quejoso pretenda demostrarlo presuntivamente, con un contrato de subarrendamiento, si no se comprueba que el subarrendador estuviera facultado para celebrar el contrato de subarrendamiento, porque lo que debe demostrarse, es el interés que la ley protege para considerar que un acto dirigido contra un extraño, puede afectar ese interés y causar al quejoso un perjuicio de difícil reparación". Además, en todo caso, de estimar que conviene a sus intereses bien puede acudir a la justicia ordinaria con el fin de hacer valer los derechos que estime derivan de dicho documento. En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Por lo que, con ello, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el agraviado, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables y que con antelación se precisaron. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo por los actos de ejecución al no haberse combatido por vicios propios. Tiene sustento a la anterior aseveración la jurisprudencia VI.2o. J/338, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 69, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, registro 209878, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Virginia Santiago Gómez, en términos del considerando cuarto de esta determinación. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
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