Violeta Yunuen López Baltazar
Expediente 1041/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1041/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Violeta Yunuen López Baltazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. RATIFICA DEMANDA: Vista el acta que antecede, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo y en el precepto 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que Violeta Yunuen López Baltazar, manifestó que sí era su deseo ratificar el escrito de demanda recibido en este juzgado. En consecuencia, con apoyo en el numeral 15 invocado, se tiene ratificada la demanda presentada a favor de Violeta Yunuen López Baltazar. 2. DESECHAMIENTO: Ahora bien, por ser de estudio preferente este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en aludido precepto podrán analizarse aun de oficio y de actualizarse alguna de ellas se desechará de plano la demanda. Así, de acuerdo con el artículo 5, facción II, de la misma ley, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso, quien resuelve estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, respecto de las autoridades siguientes: Autoridades responsables: 1. Presidente de la República; 2. Secretario Federal de Salud; 3. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; 4. Secretario de la Función Pública; 5. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social; 6. Director de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social; 7. Director General del Instituto de Salud para el Bienestar; Con residencia en la Ciudad de México. Se considera de ese modo, atento a la naturaleza de los actos que la parte quejosa atribuye a dichas responsables, consistentes esencialmente, en la prestación de servicios médicos y sanitarios; ya que como se aprecia del escrito de demanda, se les atribuye: *La omisión de suministrar los recursos económicos presupuestarios suficientes para que de manera oportuna, eficiente, eficaz el resto de las autoridades suministren los medicamentos, por ser omiso en supervisar que en el ámbito de su competencia la operatividad de su atención médica y la entrega de medicamentos para su tratamiento de traumatismo craneoencefálico severo, frecuencia cardiaca elevada, rigidez en brazos, fractura de tobillo expuesta, en fin lesiones en todo el cerebro y cráneo, y se niegan categóricamente a canalizarla o referirla a hospital en la ciudad de México de máxima capacidad resolutiva, aunado a que no cuentan con insumos médicos y especialistas para atender a la accidentada; *No realizar fiscalización, vigilancia, control interno, auditoría, quejas, denuncias, en las clínicas del IMSS a las que está adscrita en Morelia y Charo, Michoacán. por ser omiso en verificar que se atienda medicamente de manera oportuna, temprano, urgente y de calidad, aunado a que no cuentan con los insumos médicos y especialistas en neurocirugía a la paciente, y de que no se informa por escrito de médico tratante sobre el estado de salud, por ser omiso en supervisar que en el ámbito de su competencia la operatividad de mi atención médica y la entrega de medicamentos para su tratamiento, así como que la atención médica cumpla con las normas oficiales mexicanas para su tratamiento de traumatismo craneoencefálico severo, frecuencia cardiaca elevada, rigidez en brazos, fractura de tobillo expuesta, en fin lesiones en todo el cerebro y cráneo, y se niegan categóricamente a canalizarla o referirla a hospital en la ciudad de México de máxima capacidad resolutiva, aunado a que no cuentan con insumos médicos y especialistas para atender a la accidentada; y, *La omisión en supervisar que en el ámbito de su competencia la operatividad de mi atención médica y la entrega de medicamentos para su tratamiento de traumatismo craneoencefálico severo, frecuencia cardiaca elevada, rigidez en brazos, fractura de tobillo expuesta, en fin lesiones en todo el cerebro y cráneo, y se niegan categóricamente a canalizarla o referirla a hospital en la Ciudad de México de máxima capacidad resolutiva, aunado a que no cuentan con insumos médicos y especialistas para atender a la accidentada. Por ser omiso en verificar que se atienda medicamente de manera oportuna, temprano, urgente y de calidad, aunado a que no cuentan con los insumos médicos y especialistas en neurocirugía a la paciente, y de que no se informa por escrito de médico tratante sobre el estado de salud, así como que la atención médica cumpla con las normas oficiales mexicanas para su tratamiento. Al respecto, debe señalarse que la razón más importante por la que el suscrito considera que las autoridades enunciadas del número 1 al 7, no lo son para el efecto de esta contienda de amparo, descansa en que, en términos del artículo 41, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, competencialmente a dichas autoridades no les corresponde verificar las omisiones de las que se duele la parte quejosa, conforme a la tesis asilada 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Pag. 53, Novena Época, registro 196080, de texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Adicionalmente, debe señalarse que en la multiplicidad de esos juicios de amparo de salud, sometidos al conocimiento del suscrito, en los que han sido señaladas como responsables el Presidente de la República, el Secretario Federal de Salud, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Secretario de la Función Pública y el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha resultado estéril su llamamiento a la litis del amparo y en cambio, ha supuesto un evidente retraso en la impartición de justicia pronta en perjuicio de los usuarios de la misma, dado que dichas autoridades frecuentemente rehúsan las piezas postales que contienen los oficios para su emplazamiento y con ello, dilatan la integración de los asuntos. En esas condiciones es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, respecto del Presidente de la República; Secretario Federal de Salud; Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Secretario de la Función Pública; Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social; Director de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social; y Director General del Instituto de Salud para el Bienestar; todos con residencia en la Ciudad de México; por tanto, lo que se impone es el desechamiento del presente juicio por lo que hace a las mismas. 3. ADMISIÓN: En ese sentido, con fundamento en lo que disponen los artículos 1°, 5°, 6°, 33, 35, 107, 108, 110, 112 y 116 de la Ley de Amparo en vigor y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite a trámite la demanda de amparo promovida a favor de Violeta Yunuen López Baltazar, contra actos del Secretario de Salud en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y de otras autoridades. Con copia de la demanda de amparo, dése al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con veinte minutos del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro. 4. SOLICITUD DE INFORMES: De acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir de la manera siguiente: Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables su informe con justificación, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciban el oficio de notificación del presente auto, en el entendido de que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que consideren pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada, íntegra, así como perfectamente legible de las constancias que avalen la existencia de los mismos y que soporten su emisión. Lo anterior, en el entendido de que las autoridades responsables cuentan con la potestad más amplia para rendir su informe con la mayor celeridad posible, en aras de una pronta y efectiva impartición de justicia, con la finalidad de que este Juzgado de Distrito se encuentre en posibilidad de otorgar a las demás partes la vista que prevé el artículo 117 ya referido y con ello, en su caso, evitar un eventual diferimiento de la fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional; verbigracia, cuando los actos reclamados resulten inexistentes y por ende innecesaria su justificación. Como lo establecen los artículos 117 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, preferentemente con evidencia criptográfica de firma electrónica, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que remitan a este juzgado por una sola ocasión, independientemente de que reciban el oficio por el que se les requiere el mismo en dos vías (telegráfica y posteriormente postal), ya que basta con atender la primera comunicación recibida. Lo anterior, en el entendido de que podrán presentar sus informes o comunicados de manera física o por correo certificado, en la oficialía de partes de este juzgado, ubicado en la calle Lacas de Uruapan número 31, colonia Vasco de Quiroga, en Morelia, Michoacán, código postal 58230, en un horario de atención al público de las 09:30 nueve horas con treinta minutos a las 14:30 catorce horas con treinta minutos, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, o bien, de manera posterior en los buzones judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, ubicados en el edificio central en avenida Camelinas número 3550, colonia Club Campestre, Morelia, Michoacán, código postal 58270, en el horario que comprende de las 14:31 catorce horas con treinta y un minutos a las 23:59 veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos (al realizar el depósito, la propia persona promovente generará su acuse con el reloj fechador que se encuentra integrado al buzón), con fundamento en el artículo 50 del propio Acuerdo General en cita. Ambos domicilios en días hábiles. Deberán rendir el informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifiquen la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen o acto reclamado en sí, se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en su origen, aclaren dicha circunstancia y señalen el número de folio que corresponde a cada una de ellas, precisando en su caso las particularidades respectivas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberán efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado, así como su debida certificación en ese sentido; y, 3. Observen que las copias que remitan se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realicen las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En relación con lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que remitan el expediente o constancias respectivas en formato original, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro de las documentales o pruebas que en algún otro formato alleguen al juicio, ya que en el supuesto de que les resulten necesarias para realizar alguna actuación posterior, este juzgado no podrá devolverlas por ser imprescindibles para resolver el juicio de amparo y en su caso, sustanciar el recurso de revisión que se llegue a interponer en autos, por lo que queda bajo su más estricta responsabilidad obtener las reproducciones conducentes para su resguardo. 5. APERCIBIMIENTOS: Se formula apercibimiento en el sentido de que en caso de no rendir el informe justificado en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Acorde con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe justificado o lo hagan sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se harán acreedoras a una multa individual equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. Se requiere a las autoridades responsables para el efecto de que en su informe hagan del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que haya correspondido conocer del mismo, apercibidas que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá un multa de manera individual equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibidas que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). 6. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS Y DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, desde ahora se formula autorización para tener como delegados a las personas que, en su caso, designen las autoridades responsables y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a proporcionar en autos. Se informa a las autoridades responsables que no es necesario que acusen recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente, o en su caso, se llegue a devolver con el oficio algún documento, objeto o información en formato digital. 7. AUTORIDADES INEXISTENTES: En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, en su interpretación inversa. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa dentro del plazo legal establecido en relación con la fecha de conocimiento de los actos reclamados, o bien, a través de vista previa que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar al pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal que busca tener procedimiento ágiles que se desenvuelvan en el menor tiempo posible. 8. PRUEBAS: Por otro lado, téngase a la parte quejosa ofreciendo la prueba documental que adjuntó a su escrito de demanda, misma que se tiene por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. 9. RECONOCIMIENTO DE PARTE TERCERA INTERESADA: Se reserva proveer sobre la existencia de parte tercera interesada, hasta que obren en autos las documentales relativas a los actos reclamados, de donde se advierta a quién, en su caso, le asiste dicho carácter de acuerdo con el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. 10. NOTIFICACIONES: En los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido en el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones personales o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. 11. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS: Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, etcétera. 12. JUICIO EN LÍNEA O DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA: Se exhorta a las partes para que si es su deseo, transiten al trámite del juicio en línea y para ello en su caso, realicen lo siguiente: a) Obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso al expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía, con evidencia criptográfica de firma electrónica. b) En relación con las autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes o cumplir sus requerimientos a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, por lo que se les requiere para que en su caso, proporcionen a este órgano una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes, así como demás solicitudes al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con evidencia criptográfica de firma electrónica, sin que lo anterior implique que se sustituya la facultad de este Juzgado de Distrito de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. c) Asimismo, para que las autoridades proporcionen el nombre, cargo, teléfono fijo o móvil del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto. 13. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguense los oficios signados por la apoderada jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional en Michoacán, en representación del Director del Hospital General Regional 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Michoacán, Director de la Unidad Médica Familiar 075 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Michoacán y Director del Hospital General de Zona 83del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Michoacán, mediante los cuales hace del conocimiento de este juzgado lo siguiente: Que mediante oficio número 170501 200 200/DIR/0528/2023, suscrito la Directora del Hospital General Regional 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta ciudad, informa sobre el estado actual de la paciente quejosa, con posible egreso en los próximos días y al efecto anexa diversas notas médicas para acreditar que desde el inicio de sus padecimientos la quejosa ha recibido atención médica especializada, así como los tratamientos y procedimientos médico-quirúrgicos que dan cabal cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el juicio en que se actúa. Manifiesta que de dichas notas médicas que adjunta, se advierte que la peticionaria de amparo cuenta con mal pronóstico neurológico y que los incluso los familiares están enterados del procedimiento a seguir (alta o egreso por máximo beneficio); El estado de salud de la peticionaria de amparo en dicho hospital fue en mejoría si ninguna intervención extraordinaria; Del resumen médico enviado por el médico especialista en el área de neurología que se encuentra a cargo de la paciente quejosa, informa todos y cada uno de los tratamientos e intervenciones quirúrgicas realizadas a la misma, resaltando que al ser egresada continuara en seguimiento por parte del servicio de Neurocirugía en la consulta externa, así como seguimiento en consulta externa de rehabilitación, con pronóstico bueno para la vida y malo para la función por lo que deberá de continuar con el tratamiento con rehabilitación. Asimismo, señala que la experticia médica de los especialistas tratantes determina ser egresada a su domicilio por máximo beneficio, debido al daño cerebral irreversible que padece. Por último manifiesta que de los demás padecimientos que presentó la quejosa, fueron atendidos oportunamente y no existe atención médica o quirúrgica pendiente por practicarle. En atención a lo anterior y tomando en consideración el estado actual que guarda Violeta Yunuen López Baltazar, se comisiona al (la) actuario (a) de este juzgado para que realice lo siguiente: 1. Se constituya en el hospital en el que se encuentra internada la quejosa directa; 2. Hecho lo anterior, previa autorización del personal médico y los familiares de la peticionaria de amparo que se encuentren presentes -siempre y cuando la directa quejosa esté en condiciones de atenderle y estar consciente-, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, le requiera para que ante el (la) actuario (a), o bien, dentro del término de tres días contado a partir de que surta sus efectos la notificación que se le realice del presente auto, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor, en la inteligencia que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda y se dejarán sin efecto todas las providencias dictadas en relación con su trámite, así como todo requerimiento relativo formulado a las autoridades señaladas como responsables; 3. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza al (la) actuario (a) encargado (a) de realizar la diligencia para que la efectúe aun en días y horas inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda localizar a la quejosa, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y dé cumplimiento a lo encomendado, asentando la razón correspondiente; y, 4. La requiera para que manifieste si ratifica el domicilio que fue señalado para recibir notificaciones en esta ciudad de Morelia, Michoacán, así como a las personas designadas para tal efecto, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo al momento de la diligencia o dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos la notificación que se le practique del presente auto, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en lugar visible de este juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, sin previo acuerdo. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha las partes no han proporcionado a este juzgado información alguna respecto del estado de salud de la impetrante de amparo; por tanto, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que reciban la notificación del presente auto, realicen lo siguiente: 1. Informen a este juzgado el estado de salud actual de la quejosa Violeta Yunuen López Baltazar; y, 2. Remitan copia certificada de las constancias con las que acrediten el punto anterior. Apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, no informar el impedimento legal que tenga para ello, de conformidad con el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa, equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. Ahora bien, con independencia del requerimiento realizado a la autoridad responsable, se solicita a la parte quejosa, para que bajo protesta de decir verdad manifieste cual es el estado de salud que actualmente guarda Violeta Yunuen López Baltazar. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito del autorizado de la parte quejosa, mediante el cual formula alegatos y realiza diversas solicitudes. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que realiza el autoriza de la parte quejosa; con ellos, se ordena dar nueva cuenta en el momento procesal oportuno. Ahora por lo que respecta a la solicitud del promovente para que se ordene el traslado de la quejosa a un diverso hospital que cuente con la infraestructura necesaria para atender a la peticionaria de amparo, dígasele que no ha lugar de proveer de conformidad, toda vez que mediante auto de cuatro de septiembre del año en curso, se tuvo a las autoridades responsables informando que efectivamente el hospital en el que se encuentra la quejosa Violeta Yunuen López Baltazar, cuenta con la infraestructura necesaria para brindarle la atención medica que requiere. Asimismo por lo que resta a sus demás solicitudes para que este órgano jurisdiccional requiera a las autoridades responsables, aclaren y expliquen la fecha del empaque de la endoncanula; dígasele que se esté a lo acordado en auto de cuatro de septiembre del año en curso. Finalmente, por lo que respecta a la su solicitud para que este juzgado provea para que las autoridades responsables dicten un acuerdo en el que se ordene continuar suministrando de manera gratuita el tratamiento médico prescrito de forma oportuna a la quejosa, instruyendo al personal médico y administrativo para que le brinden la atención medica que requiere y se glose dicho acuerdo administrativo al expediente clínico de la quejosa; dígasele que al resolver el presente juicio de amparo se proveerá lo que a derecho corresponda. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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