Viridiana Rangel Suárez
Expediente 95/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 95/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Viridiana Rangel Suárez
- José Efren Reyes Cortes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o resolución de 30 de marzo de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado en autos informa que el quejoso ********************, se encuentra actualmente en libertad en la investigación dentro de la capeta ********************con número único de caso ********************, lo cual lo acredita con las constancias que adjuntó a su oficio de cuenta. Ahora bien, por ser preferente su estudio este Juzgado de Distrito examina de oficio la procedencia del juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando por virtud de cambio de situación jurídica se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en la nueva situación jurídica. La citada causa de improcedencia se actualiza cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. b) Que se haya pronunciado una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado en el amparo. c) Que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se deban considerar consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que exista autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. En tal virtud, la regla general consiste en que cuando el acto emana de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de conceder el amparo se afectara ésta y, por ello, se deben reputar consumadas de forma irreparable las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Dicha causa de improcedencia se actualiza en los procedimientos que sean formal o materialmente juicios, porque su existencia se basa en la creación de una etapa o estado procesal diferente, característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas. En ese sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 51, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.". En la especie, la parte quejosa reclamó la ilegal detención e incomunicación; sin embargo, mediante oficio remitido por el agente responsable, informado que el quince de febrero del presente año, dejó en libertad al aquí quejoso bajo las reservas de ley en la investigación. Por tanto, es claro que el auto de libertas bajo reservas de ley originó una situación jurídica diversa a aquélla en que se encontraba al momento de la presentación de la demanda, habida cuenta que no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, pues ello implicaría desconocer la situación jurídica que surgió a virtud del auto de libertad; por tanto, las violaciones que se pudieron cometer en el acto reclamado se deben considerar consumadas de manera irreparable. En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 62 de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables. Cobra aplicación, por contener el principio jurídico apuntado, la jurisprudencia 17/2008, de rubro: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN.". Asimismo, apoya lo anterior lo dispuesto en la jurisprudencia I. 7o.P. J/3, localizable en la página mil seiscientos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución del mandamiento de captura al no reclamarse por vicios propios. Sustenta lo anterior la jurisprudencia VI. 2o J/7, de registro 230811, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.". El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Atento lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, de la publicación del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se determina la lista de las y los aspirantes aceptados al Quinto Concurso de Oposición Libre para la Designación de Magistradas y Magistrados de Circuito, se advierte que el titular de este órgano jurisdiccional participará en el mismo. Asimismo, del artículo quinto del acuerdo en cita se advierte que a las y los Jueces de Distrito que acudan a sustentar el cuestionario correspondiente a la primera etapa del concurso se les autorizará ausentarse de sus labores el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno (en el entendido que por razones de traslado, esa autorización se extenderá a un día anterior y a un día posterior a éste), en virtud de lo anterior, el licenciado Oscar Hernández García se encuentra de encargado del despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente, en atención a lo previsto en dicho numeral se colige que el suscrito secretario únicamente puedo practicar las diligencias, dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. Por otro lado, se advierte que a la fecha el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo al Transporte de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos del Alto Impacto, no ha informado sobre la situación jurídica que guarda el quejoso directo José Efrén Reyes Cortes. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles requiérase por última ocasión al referido agente para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba notificación del presente auto, informe la situación jurídica de aquí quejoso José Efrén Reyes Cortes y remita copia certificada y legible de las constancias relativas. Por último, téngase por recibido el oficio suscrito por el Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en presentación del Fiscal Regional de Morelia, mediante el cual cumple con el requerimiento realizado en autos y al efecto informa el Registro Federal de Contribuyentes del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo de Transporte de la Fiscalía Especializada en la Atención del Delito de Alto Impacto, licenciado Hugo Rafael Rodríguez Márquez, siendo este ROMH761212622, con domicilio fiscal en la calle Cubilete, número 312, colonia Linares, del municipio de León Guanajuato, lo anterior para los efectos legales conducentes. Por tanto, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo Quinto de la publicación de la lista de aspirantes aceptados al Quinto Concurso de Oposición Libre para la Designación de Magistradas y Magistrados de Circuito, en virtud de que el titular de este órgano jurisdiccional participa en el mismo, de acuerdo con el numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que a la fecha el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo al Transporte de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos del Alto Impacto, no ha informado sobre la situación jurídica que guarda el quejoso directo ******************** Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles requiérase al referido agente para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba notificación del presente auto, informe la situación jurídica de aquí quejoso ******************** ********************y remita copia certificada y legible de las constancias relativas. Por otra parte, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles requiérase al Fiscal Regional de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba notificación del presente auto, proporcione el Registro Federal de Contribuyentes, así como domicilio fiscal del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo al Transporte de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos del Alto Impacto, ********************, para los efectos legales conducentes. Apercibidos que de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, no informar el impedimento legal que tenga para ello, de conformidad con el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa, equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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