Virginia Avendaño Salvador
Expediente 1343/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1343/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Virginia Avendaño Salvador
Actuaciones
- Principal
MESA V "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1343/2022. PARTE QUEJOSA Virginia Avendaño Salvador, por propio derecho y con el carácter de parte actora en el expediente de origen. AUTORIDAD RESPONSABLE Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Oaxaca. ACTO RECLAMADO El acuerdo dictado el dos de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio contencioso administrativo 921/21-15-01-9, mediante el cual se desechó por improcedente la queja por omisión en cumplimiento a la sentencia definitiva de cuatro de enero de dos mil veintidós, promovida por la quejosa, al considerar la Sala responsable que aún transcurre el plazo de tres días otorgado a la autoridad demandada para el cumplimiento de la sentencia. La parte quejosa refiere que dicho acuerdo fue notificado a la parte quejosa el tres de noviembre del año en curso, vía correo electrónico. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a la Secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. DESECHAMIENTO No se proveerá sobre la admisión de la demanda porque en el caso existe un motivo manifiesto e indudable que hace improcedente el juicio de amparo, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DE AMPARO, relativa a que, por el momento, el acto reclamado NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, aunado a que no constituye la última resolución en la etapa de ejecución; preceptos que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Articulo.107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. (.). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.].". De los preceptos transcritos se advierte que en actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento o bien declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse las violaciones que hubieren dejado sin defensa al quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos, es decir, cuya ejecución sea de imposible reparación. En ese sentido, los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución, como son en el caso, el derecho a una impartición de justicia pronta consagrado en el artículo 17 Constitucional. En cambio, contra los actos del procedimiento de ejecución reparable, no procede el amparo indirecto, puesto que no trastocan tales derechos, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, pues tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Ahora, en el caso concreto, la quejosa reclama de la Sala responsable: El acuerdo dictado el dos de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio contencioso administrativo 921/21-15-01-9, mediante el cual se desechó por improcedente la queja por omisión en cumplimiento a la sentencia definitiva de cuatro de enero de dos mil veintidós, promovida por la quejosa, al considerar la Sala responsable que aún transcurre el plazo de tres días otorgado a la autoridad demandada para el cumplimiento de la sentencia. Luego, de los antecedentes narrados por la quejosa bajo protesta de decir verdad, se infiere que: Mediante sentencia definitiva de cuatro de enero de dos mil veintidós, en el punto III declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada emitiera un acto de autoridad debidamente fundado y motivado dentro del plazo de cuatro meses en el cual incrementara su pensión por jubilación conforme a los incrementos otorgados a la categoría en la cual se desempeñó en servicio activo y de igual forma se actualice el pago correcto de los días de aguinaldo anuales conforme al sueldo del trabajador en servicio activo, asimismo resulte procedente el pago retroactivo de las diferencias económicas que resulten. De resultar que se ha aplicado incrementos a la pensión de la parte actora, menores a los que legalmente le corresponden, el instituto demandado deberá cuantificar en la resolución que emita en cumplimiento al fallo y pagar dentro del plazo de cuatro meses las diferencias que deriven del incorrecto pago de la pensión así como de la gratificación anual y de cualquier otro concepto que hubiese resultado afectado, en el entendido que dichas diferencias deberán actualizarse conforme al procedimiento que establece el artículo 6°, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En auto de uno de septiembre dos mil veintidós se inició el procedimiento de requerimiento contenido en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva. En acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintidós, el magistrado instructor desechó la queja por improcedente, ya que aún transcurría el plazo de tres días otorgado a la autoridad responsable para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva. De lo anterior, se advierte que la determinación reclamada por la quejosa que desechó su recurso de queja, no guarda autonomía, sino que se encuentra subordinada al procedimiento de ejecución del juicio de nulidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone: "Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó de acuerdo con las reglas siguientes: Procederá en contra de los siguientes actos: 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia.". En ese orden de ideas, se advierte que la Sala responsable, mediante auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio natural, inició el procedimiento de requerimiento contemplado en el artículo 58 de la ley del acto, para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva, por lo que al advertir que transcurría el plazo de tres días otorgado a la autoridad demandada para ello, por acuerdo de dos de septiembre de esta anualidad, desechó la queja interpuesta por la quejosa. En ese sentido, la determinación que se reclama, al encontrarse subordinada al procedimiento de ejecución del juicio de nulidad, no contraviene un derecho fundamental de la quejosa pues no existe una dilación en el cumplimiento de la sentencia definitiva -ya que aún transcurre el plazo de tres días otorgado a la autoridad demandada- por lo que no constituye un acto de imposible reparación. Aunado a que al estar el juicio de origen en la etapa de ejecución, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución reclamado, porque una vez que transcurra el plazo de tres días, previsto en el artículo 58 de la Ley de la materia, la quejosa se encuentra en aptitud de promover lo conducente. Por tanto, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como autorizado con todas las facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Alfredo Benítez Toledo, dado que su cédula si está registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos en términos del numeral 24 de la ley de la materia, a las demás personas que menciona, en atención a la certificación secretarial de cuenta. CORREO ELECTRÓNICO Téngase a la parte quejosa señalando los correos electrónicos que menciona únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. MEDIOS ELECTRÓNICOS Así, no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulado en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la promovente y sus autorizados para utilizar cámara digital o scanner, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que hagan de ellos los peticionarios, quienes estarán obligados a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página dos mil ochocientos cuarenta y siete del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia civil, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En el entendido de que dicha reproducción deberá realizarse en la secretaría correspondiente, dejándose constancia en el expediente de los documentos que se hayan reproducido, previa cita que agende. USUARIO ELECTRÓNICO. Ahora, atento a la certificación secretarial toda vez que sí se encontró registrado al usuario electrónico "jatoledo", con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico de este asunto. Para ello, la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario que indica la promovente previa verificación de que los datos coincidan con el registro de la base que arroje el sistema. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Asimismo de conformidad con lo establecido en los artículos 26 fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 39, 55, 60, 61, 62 y 63 del citado Acuerdo General 12/2020, como lo solicita se autoriza la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que dígase a la parte quejosa que para ser notificada de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Tome conocimiento el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. En virtud de la autorización de notificaciones electrónicas, únicamente se toma conocimiento del domicilio físico proporcionado. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.
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