VIRGILIO LOPEZ CELAYA y Otros.
Expediente 630/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- VIRGILIO LOPEZ CELAYA y Otros.
- Julio Cesar Castillo Lopez
Actuaciones
- Principal
MESA I...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I ".. VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 630/2021; y, (.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. TERCERO.- Causales de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso ninguna de las partes hicieron valer causa de improcedencia alguna y esta juzgadora tampoco advierte la existencia de causa de improcedencia, por lo que lo procedente es entrar al estudio de fondo del asunto. CUARTO.- Estudios de los conceptos de violación. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa se tienen por reproducidos en sus términos, siendo innecesaria su transcripción, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición constitucional o legal. (.) Son infundados los conceptos de violación que esgrimen los quejosos, donde refieren que la autoridad responsable viola en su perjuicio derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita que protege el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así, dado que de las constancias que obran en autos, aún en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se advierte que los actos efectuados por la responsable para lograr el cumplimiento de laudo dictado el siete de mayo de dos mil doce, en el juicio laboral 1024/2008 (4), no resultan violatorios de los derechos fundamentales de los promoventes, por lo que se expondrá a continuación en párrafos subsecuentes. Al respecto, los artículos 519, fracción III, 771, 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo, dicen: "Artículo 519.- Prescriben en dos años: . III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas. ." "Artículo 771.- Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan las Leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos." "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. "Artículo 950.- Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." Lo resaltado no es de origen. De la transcripción de los artículos citados se advierte que la ejecución de los laudos, prescribe en dos años; que los Presidentes de la Juntas y los auxiliares cuidarán bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda pero únicamente hasta dictar laudo, que los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes a que sean notificados pero después de que transcurra ese plazo la ejecución será a petición del laudo. (.) Contrariamente a lo expuesto por los quejosos en su punto seis del capítulo de antecedentes; la Junta responsable dictó acuerdo contestando dicha petición el trece de junio de ese mismo año (dos mil trece), como se acredita con la copia certificada que anexó la responsable donde se advierte que se trata del escrito que refieren los quejosos toda vez que dice: "Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a trece de junio de dos mil trece. Con el escrito del C. DEMETRIO TOMÁS CRUZ CRUZ, apoderado de la parte actora en el presente expediente, de fecha seis de junio del año en curso, recibido en la oficialía de Partes de este Tribunal Laboral, a las doce horas con cincuenta y un minutos al día siguiente de su fecha. Visto su contenido, dígasele que a fin de estar en posibilidades de despachar ejecución en el presente asunto, se provee en los siguientes términos." Sin embargo, desde esa fecha como los propios quejosos lo confiesan en su demanda, no han impulsado el procedimiento de ejecución del laudo cuya omisión de ejecución reclaman a la Junta responsable. Así las cosas, y como en la ley laboral no existe precepto alguno que establezca la obligación de las Juntas de impulsar de manera oficiosa el procedimiento de ejecución del laudo, ni de requerir al trabajador para que promueva a fin de hacer valer su derecho adquirido e interrumpir el término de su prescripción; corresponde a la parte actora realizar el impulso procesal en dicho procedimiento. Lo expuesto, como ya se dijo, encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 771 del propio ordenamiento legal, el cual de forma expresa establece que los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario; lo que pone de manifiesto que la autoridad laboral sólo tiene la obligación de impulsar el procedimiento cuando se encuentre en trámite para que no opere la caducidad, no así respecto a la ejecución del laudo, pues respecto de ella es susceptible de operar la prescripción en perjuicio del trabajador (dos años). Así es, ningún precepto de la Ley Federal del Trabajo dispone tal circunstancia, además, estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 519, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar los laudos y convenios. (.) El citado numeral de la Ley Federal Burocrática, dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa hasta por mil pesos, en términos del artículo 148 del referido ordenamiento laboral; de ahí que no sólo corresponda a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 150 de la ley burocrática, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional". (.) De ahí que no asista razón a los quejosos, pues en el caso, desde que se hizo exigible el laudo de siete de mayo de dos mil doce, los actores únicamente mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil trece, solicitaron se despachara ejecución en contra de la parte demandada Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; de lo que se sigue, la parte quejosa no ha excitado la actividad jurisdiccional; es decir, no ha realizado las gestiones correspondientes ante la responsable, tendentes a logar la ejecución del laudo. En efecto, de las copias certificadas del juicio laboral 1024/2008(4), que anexó la responsable a su informe justificado y los propios quejosos a su demanda, se aprecia que únicamente solicitaron dicha ejecución mediante ocurso fechado el seis de junio de dos mil trece, es decir, dentro del lapso de ocho años, la parte quejosa solamente en una ocasión promovió lo conducente ante la responsable, a fin de lograr la ejecución del laudo dictado a su favor; lo que era necesario, toda vez que ello constituye su manifestación de voluntad de continuar con la acción ejercida, a fin de que no opere la prescripción en su perjuicio y de que esta juzgadora esté en aptitud de analizar la obligación correlativa de los actos que reclama a la presidenta ejecutora de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, pues estimar lo contrario vulneraría el principio de certeza jurídica que debe prevalecer sobre el interés particular, en los términos ya considerados por nuestro máximo tribunal. Luego, al no haber acreditado que promovieron lo conducente ante la presidenta ejecutora de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y que ésta haya omitido acordar su petición para dictar las medidas eficaces para obtener el cumplimiento de laudo, que la ley le impone de acuerdo a sus atribuciones, carga procesal que les correspondió, es evidente que no existe violación a sus derechos fundamentales en términos del artículo 17 Constitucional. Se insiste, la parte actora se encuentra obligada a impulsar el procedimiento a efecto de que se dé cumplimiento al laudo, y como consecuencia de ello, se requiera tantas veces sea necesario a la parte demandada, el pago de las prestaciones a que fue condenada. Y aun cuando la quejosa únicamente realizó la petición ante la presidente responsable en una ocasión, esto es en escrito de seis de junio de dos mil trece, ésta requirió a la parte demandada. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los motivos de inconformidad hechos valer por la parte quejosa y, dado que en el caso no se actualiza ninguna de las hipótesis de suplencia de la queja a que alude el numeral 79, de la Ley de Amparo; se impone negar la protección de la Justicia Federal solicitada por VIRGILIO LÓPEZ CELAYA, JULIO CESAR CASTILLO LÓPEZ, RUFINO JULIO JUANILLO TORRES, ESTEBAN SANTOS BRAVO, BENITO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ, AUREA PETRONILA ANTONIO PÉREZ y FERNANDO ADALBERTO PÉREZ PÉREZ. QUINTO.- En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, Se Resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a los ..., por conducto de su apoderado Demetrio Tomás Cruz Cruz. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de esta resolución. Notifíquese y regístrese.
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MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintiuno. Visto el escrito del licenciado EDUARDO OSORIO VELASCO, promoviendo con el carácter de Apoderado y Representante Legal del INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA (I.E.E.P.O.) y en atención a su contenido, téngasele apersonado en el presente juicio de amparo con el carácter de tercero interesado. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que señala y no en los términos que señala en la Ley del Trabajo, dado que el presente juicio de amparo se rige por su propia ley. Asimismo, se le tienen por formulados los alegatos que realiza y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngasele por ofrecidas la documental que anexa, así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurre el término de quince días para que la autoridad responsable rinda su informe justificado. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por Demetrio Tomás Cruz Cruz, apoderado de los quejosos VIRGILIO LÓPEZ CELAYA, JULIO CESAR CASTILLO LÓPEZ, RUFINO JULIO JUANILLO TORRES, ESTEBAN SANTOS BRAVO, BENITO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ, AUREA PETRONILA ANTONIO PÉREZ y FERNANDO ADALBERTO PÉREZ PÉREZ, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 630/2021. Se instruye a la Secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. ... se admite a trámite. Tramítese sin incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Solicítese a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acompañando, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Dígase a la autoridad responsable que podrá rendir su informe justificado al correo electrónico oficial 8jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; y que ya no es necesario rendirlo vía postal, salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado. Asimismo, solicítesele que al rendir su informe justificado proporcione un número telefónico y una dirección de correo electrónico para que se le hagan las notificaciones relativas al presente asunto, ello con motivo de la emergencia sanitaria que se padece en el país; lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV y 28 fracción III de la Ley de Amparo. Por otro lado, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarla de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten; a su vez, comuniquen si se promovió diverso juicio de amparo en el expediente del que deriva el acto reclamado, debiendo expresar el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de dicho juicio y en su caso, remitan copia certificada de las constancias correspondientes; en la inteligencia que de no proporcionar dichos datos, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá como medio de apremio una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización vigente. Cítese a las partes a la audiencia constitucional que se celebrará a las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngasele exhibiendo las documentales que anexa, así como las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a las autoridades responsables por medio de lista electrónica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo y 21 del Acuerdo General 21/2020, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. . Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, se tendrá por hecha la notificación. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Ahora, tomando en consideración que el promovente señaló como parte tercera interesada al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con domicilio en la calle de Gardenias número 926, colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de conformidad con lo establecido en la fracción II, inciso b) del artículo 26 de la Ley de Amparo, por medio de oficio que al efecto se gire, con una copia simple de la demanda de amparo, córrase traslado y emplácesele a juicio a dicha parte procesal, a fin de que comparezca al procedimiento constitucional si a sus intereses conviniere. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica y, como autorizados para ello, a las personas que refiere. Ahora, toda vez que refiere tener el usuario DEMTOMCRUZ, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa consulte el expediente electrónico de este asunto. Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario que indica el promovente previa verificación de que los datos coincidan con el registro de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2021 del mismo pleno. Sin perjuicio de lo anterior, se informa a las partes que, en caso de considerar necesaria su comparecencia en la celebración de la audiencia a que se ha hecho referencia, deberán informarlo al menos, cinco días antes de su celebración, sin contar el día en que tendrá verificativo, debiendo justificar la necesidad de dicha comparecencia, a efecto de que este juzgador provea lo conducente y de encontrarse justificada su asistencia, tome las medidas necesarias para su celebración. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección ... Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. NOTIFÍQUESE.
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