Violeta Campos Cornelio

Expediente 1094/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1094/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Violeta Campos Cornelio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Finalmente, como en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de siete de julio de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    En la misma fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos dentro del juicio de amparo 1094/2021; así como con la promoción 9296. Conste. Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que se manifestara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que realizó mediante escrito presentado el tres de junio del año en curso. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Mediante sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que el Comisionado Ejecutivo y la Titular de la Unidad de Evaluación a las Políticas y Programas para Víctimas ambos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: María del Carmen Vieyra Avilés "Deje insubsistente el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno que aprobó el dictamen de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno; Deje insubsistente la resolución reclamada de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno y en su lugar emita otra en la que de manera fundada y motivada resuelvan la solicitud de compensación subsidiaria realizada por la parte quejosa, en la que bajo los lineamientos expuestos en esta ejecutoria determinen si el estado que guarda el acuerdo de archivo temporal dictado por el agente del Ministerio Público Investigador el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, permite la actualización de cualquiera de las hipótesis previstas en los artículos 66, 67, fracción I, o 69 fracción I, de la ley General de Atención a Víctimas; y, En caso de considerarlo necesario, deberán formular requerimientos a diversas autoridades y organismos para allegarse de todos los elementos necesarios para resolver". En cumplimiento a lo anterior, las autoridades responsables Comisionado Ejecutivo y la Titular de la Unidad de Evaluación a las Políticas y Programas para Víctimas ambos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante oficios CEEAV-CE-JAMP-200/2022 y CEEAV-CIEMMCA- 002/2022, presentados el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, ante este Juzgado de Distrito, informaron lo siguiente: 1. Dejaron insubsistente la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno; y, 2. El doce de mayo de dos mil veintidós, se emitió una diversa en la que determinó que advertía que la carpeta de investigación 1001201727406 ya no se encontraba en archivo temporal, sino en trámite; que incluso en auto de seis de mayo del referido año, en la dicha carpeta se ordenó recabar datos de localización de José Antonio Magaña Aguilar para llevar a cabo su ampliación de declaración ministerial; asimismo, se ordenó obtener información de Jesús Rodríguez Ruiz. Por lo que, derivado de ello, la responsable determinó que la solicitud de compensación subsidiaria no encuadraba en alguno de los supuestos o hipótesis de los incisos a) y b) del artículo 67 de la Ley General de Víctimas. Ante eso, determinó que al no haber ninguna hipótesis de compensación, el Comité Interdisciplinario Evaluador determinó la no procedencia de la gestión de la compensación subsidiaria en virtud de que no se cumplieron los requisitos establecidos en la legislación aplicable. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad a las víctimas -aquí parte quejosa-, para que una vez que se materialice o actualice algún supuesto referido lo haga del conocimiento a esa Comisión Ejecutiva para que determine la compensación subsidiaria. En consecuencia, este juzgado estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce de la garantía violada y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. No es impedimento a lo anterior lo manifestado por la parte actora en el escrito presentado el tres del mes y año en curso, al partir de una premisa falsa, por varias razones: a) Contrario a lo señalado por la quejosa, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Michoacán, no fue quien ordenó realizar diversos actos de investigación al Agente del Ministerio Público; sino que ello fue solicitado por el Titular la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Unidad Regional de Apatzingán, autoridad que no tiene el carácter de responsable en el presente juicio de amparo. b) El Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Unidad Regional de Apatzingán requirió la realización de actos de investigación el seis de mayo del año en curso; esto es, antes de que causara ejecutoria la sentencia emitida en el presente juicio de amparo [diez de mayo del año en curso]. c) La autoridad responsable en la nueva determinación dictada en acatamiento a este juicio de amparo, efectivamente, resaltó tal situación, pero en momento alguno adujo que ella haya ordenado tales diligencias. d) Aunado a lo anterior, se concedió el amparo para el efecto de que la responsable fundara y motivara, porqué estimó que el acuerdo de archivo temporal no imposibilitaba el ejercicio de la acción penal; o bien, que se tratara de una resolución que hiciera imposible la consignación del presunto delincuente ante la autoridad jurisdiccional y que por ello, hiciera imposible el ejercicio de la acción penal, como lo disponen los artículos 67 y 69 de la Ley General de Atención a Víctimas; esto es, no se constriñó a la responsable a emitir una resolución en la que considerara procedente la gestión de la compensación subsidiaria. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable.

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