Violeta Pérez Castro
Expediente 1777/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 1 actuación registrada, la última del 10 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1777/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 10/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Violeta Pérez Castro
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por *************, quien se ostenta asesor jurídico patrono de **************, contra actos del Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1777/2023. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama del Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, lo siguiente: ... DESECHAMIENTO. Vista la demanda de cuenta, se advierte de forma indudable y manifiesta que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, con relación al 6°, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que Emmanuel Jesus Dzib Manrique carece de legitimidad para interponer el presente juicio de amparo en nombre de Violeta Pérez Castro. De la intelección de los artículos antes citados, interpretados en sentido contrario, se advierte que es procedente el juicio de amparo intentado por la persona quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pudiendo promover por sí o a través de su representante legal o su apoderado, pues el juicio biinstancial se sigue a instancia de parte agraviada. Cabe mencionar que la acción constitucional puede ser promovida también por cualquier persona, pero únicamente en los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo; incluso, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá ser promovido por el defensor del quejoso. De ahí que si la demanda de amparo es presentada por una persona diversa a la que perjudique el acto que se reclama, sin que se encuentre legitimada o facultada para ello con documento que acredite la representación, que sea su defensor particular o que se aduzcan manifestaciones relativas a demostrar que el directo quejoso se encuentre impedido para ello, es improcedente el juicio de amparo. En el caso concreto, comparece Emmanuel Jesus Dzib Manrique, a promover demanda de amparo, ostentándose como asesor jurídico patrono de Violeta Pérez Castro, argumentando que el acto reclamado le causa perjuicio a su representada. Sin embargo, la personalidad que le otorga la figura del "asesor jurídico patrono", es insuficiente para tenerlo como representante o apoderado de la quejosa Violeta Pérez Castro, con las facultades necesarias para promover la demanda de amparo. En efecto, de las manifestaciones de la parte quejosa, formuladas bajo protesta de decir verdad y las documentales que anexó a su demanda, se aprecia que: a) Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintitrés, Violeta Pérez Castro promovió diligencias de jurisdicción voluntaria, las cuales fueron turnadas al Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, quien las registró con el número de expediente 157/2023. b) Por auto de veintiuno de marzo de este año, el juzgado responsable, previo a proveer la admisión del asunto, dio vista al Fiscal de su adscripción para que dentro de plazo de tres días, manifestara lo que a su representación correspondiera. Providencia en la que, de igual forma, se tuvo por designado Emmanuel Jesus Dzib Manrique a como asesor jurídico patrono, en términos de los artículos 106, 108, 109, 114 y 116 del código adjetivo familiar. Ahora bien, de la lectura de los artículos 105, 107, 108, 109 y 112 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, se advierte que, en materia de procedimientos familiares, la legislación yucateca prevé la intervención de asesores jurídicos 1) patronos y 2) apoderados. Los primeros (patronos), nombrados por las partes, interesados o sus representantes, pueden ser designados en cualquier etapa del procedimiento, mediante escrito dirigido al juez o por comparecencia durante el desarrollo de cualquier audiencia, sin observar más formalidades que la propia designación, el domicilio real de la parte o interesado y hacer constar su declaración expresa de estar instruido de la representación que confiere al asesor jurídico patrono y su alcance. Por ende, por el sólo hecho de su designación, están facultados para asistir en las audiencias y diligencias judiciales, oír y recibir notificaciones e imponerse de autos y, en general, llevar a cabo todos los actos procesales necesarios para la defensa de los intereses de la parte o interesado que los designe; sin que se encuentren facultados para sustituir ni ampliar la designación, ni realizar actos que impliquen disposición de los derechos en litigio, ni los que conforme a la ley requieran poder con cláusula especial o deban ser ejercidos en forma personal por los interesados. En cambio, los segundos (apoderados), son aquellos nombrados por las partes, interesados o sus representantes, en los términos del poder o del mandato judicial respectivo, el cual debe constar en escritura autorizada por notario público. Por ende, se encuentran legitimados para realizar actos de disposición de los derechos, tales como la renuncia, la transacción, el desistimiento, el allanamiento, el sometimiento a mecanismos alternativos de solución de controversias y las manifestaciones que pueden admitir sobreseimiento del procedimiento por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto, si cuentan con poder especial o la autorización expresa el instrumento notarial correspondiente, el cual se debe acompañar al primer escrito que el asesor jurídico apoderado presente o, en su caso, al realizar la primera actuación. En el entendido que, a falta de disposición expresa sobre las relaciones entre el poderdante y el apoderado, rigen las normas establecidas para el contrato de mandato en el Código Civil del Estado de Yucatán De lo anterior se advierte que el asesor jurídico patrono sólo tiene el carácter de autorizado para efectuar los actos en juicio que correspondan a la parte que los designó, por lo que no puede sustituir ni ampliar la designación que le fue conferida, realizar actos que impliquen disposición de los derechos en litigio, ni los que conforme a la ley requieran poder con cláusula especial o deban ser ejercidos en forma personal por los interesados. Por ende, la sola designación como asesor jurídico patrono, es insuficiente para que esté facultado para promover el juicio de amparo a nombre de su autorizante, pues la acción de amparo implica no sólo la disposición de un derecho litigioso, sino también un derecho personalísimo del quejoso, su representante o apoderado, al ser los únicos que pueden decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus derechos humanos. Aunado a que no tiene legitimación para promover el juicio de amparo en nombre de su representado, pues la autorización en el juicio natural no le confiere la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, dado que el alcance de las facultades de defensa se circunscriben al procedimiento en el que le fueron conferidas, lo que no puede ni debe entenderse extensivo al ejercicio de una acción diferente como es la presentación de la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXIII. J/2 (10a.) del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, visible a página 2471, del rubro y texto siguientes: "ABOGADO PATRONO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE SU PATROCINADO SI NO CUENTA EXPRESAMENTE CON LA AMPLIACIÓN DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDAN, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS). De los artículos 71 y 72 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, se advierte que el abogado patrono no puede llevar a cabo los actos que impliquen disposición del derecho de litigio, los enumerados en el artículo 2540 del Código Civil de dicha entidad (actualmente abrogado), ni los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados, a menos que el que haga la designación amplíe las facultades propias del cargo, para lo cual se requiere un escrito dirigido al Juez en el que se fijen las atribuciones, que será admitido sin necesidad de ratificación, o bien otorgar el poder apud-acta en el expediente respectivo. De lo anterior se sigue que la sola designación como abogado patrono conferida en los términos del citado numeral, es insuficiente para que aquél esté facultado para promover el juicio de amparo a nombre de su autorizante, pues conforme al nuevo modelo constitucional y legal que surgieron con motivo de las reformas constitucionales del 6 de junio de 2011, la acción de amparo implica no sólo la disposición de un derecho litigioso, sino también un derecho personalísimo del quejoso, al ser el único que puede decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus derechos humanos, lo cual es acorde con el principio de instancia de parte agraviada, previsto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo. En consecuencia, la demanda de amparo debe provenir directamente de quien figura como quejoso o su representante legal o apoderado, calidad que no se surte respecto del abogado patrono designado en términos de los invocados artículos 71 y 72 del referido código." Así como, por analogía en su razonamiento, la diversa jurisprudencia VIII.2o.C.T. J/1 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, visible a página 1615, del rubro y texto siguientes: "ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 119 Y 120 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA DE AMPARO EN NOMBRE DE SU REPRESENTADO. Del artículo 119 citado, se advierte que las partes deben hacerse patrocinar o representar en juicio por uno o más abogados o licenciados en derecho y que la intervención de los abogados puede realizarse de dos formas: a) como patronos de los interesados; y, b) como procuradores en los términos del mandato judicial respectivo; por su parte, el artículo 120 indicado prevé la designación de abogados patronos y procuradores. En ese contexto, la designación de la figura del procurador se efectúa mediante mandato, en los términos que establezca el Código Civil o por escrito ratificado ante el Juez; mientras que la de abogado patrono y defensor de oficio, se hace mediante escrito presentado al juzgador, y con el solo hecho de su designación, lo que les faculta para llevar a cabo todos los actos que correspondan a la parte que los designó, excepto los que impliquen disposición del derecho en litigio y aquellos que por ley estén reservados a la persona del interesado. De esta forma, su distinción estriba en que el procurador actúa mediante mandato y el abogado patrono o defensor de oficio únicamente con la designación mediante ocurso presentado al juzgador, por lo que el primero es un mandatario o representante legal y los segundos sólo tienen el carácter de autorizados para efectuar todos los actos en juicio que correspondan a la parte que los designó, con la excepción mencionada; lo anterior permite concluir que un abogado patrono designado en términos de los citados artículos 119 y 120, no tiene legitimación para promover el juicio de amparo en nombre de su representado, porque la autorización en el juicio natural no le confiere la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, dado que el alcance de las facultades de defensa se circunscriben al juicio civil; lo que no puede ni debe entenderse extensivo al ejercicio de una acción diferente como es la presentación de la demanda de amparo, en la que, conforme al principio de parte agraviada y acorde con la porción conducente del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 6o. de la Ley de Amparo, la demanda en materia civil debe suscribirse por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por quien es titular de la acción, ya sea por sí mismo o por su representante legal." En esas condiciones, con fundamento en los artículos 61, fracción XII, con relación al 6°, ambos de la Ley de Amparo y 113 de la ley de la Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, por ser manifiesta y notoriamente improcedente. CONSULTA ELECTRÓNICA. Como solicita la parte promovente, y toda vez que el usuario "emmanueldm" se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea y recibir notificaciones electrónicas. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta y notificaciones en comento. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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