Victor Yam Chan

Expediente 28/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
28/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Victor Yam Chan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, es decir la parte quejosa, hubiera recurrido la sentencia de uno de febrero de la presente anualidad; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, se declara que la expresada resolución que no ampara ni protege a la parte quejosa en el presente juicio de amparo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del Capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el primer punto resolutivo de la sentencia que resolvió el presente asunto la justicia de la Unión no amparó ni protegió a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la artículo 18, fracción I, inciso b), por lo que es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el antepenúltimo párrafo del citado artículo. Asimismo, y como lo dispone el artículo 18 penúltimo párrafo del capítulo séptimo y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto, consérvese únicamente la demanda y la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional mismas que deberán digitalizarse en términos del capítulo noveno del citado acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el citado artículo 18. En virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente, una vez transcurrido el término de tres años señalados en el artículo 9 del Acuerdo General sin número, ya citado, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio se concedió la suspensión definitiva, de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo por el término de tres años y, una vez transcurrido éste, deberá transferirse tal como lo establece la fracción I, inciso a), del artículo 18, Capítulo Séptimo del aludido Acuerdo General. Devolución de legajos. Finalmente, devuélvanse al juzgado responsable las constancias consistentes en los dos discos compactos en formatos DVD, al no existir necesidad de que obren en autos, sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dichos legajos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto la certificación de la cuenta que antecede, toda vez que no obra en autos la constancia de notificación al tercero interesado Fiscal adscrito al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, respecto la sentencia dictada en los presentes autos el uno de febrero de la presente anualidad. En consecuencia, mediante atento oficio que para tal efecto se gire, al cual deberá adjuntarse copia autorizada de la sentencia de uno de febrero de dos mil veintitrés, realícese la notificación correspondiente, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el escrito signado por ***** autorizado en términos restringidos de la parte quejosa mediante el cual informa su negativa de interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos, sin que haya lugar a realizar mayor proveído, toda vez que el ocursante está autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 28/2022-III del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ****, contra actos de la Juez del Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Mérida. (...) SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado El análisis se realizará a luz de los conceptos de violación expuestos en la demanda, por lo cual es innecesaria su trascripción; simultáneamente, en caso de existir alguna violación que no se haya hecho valer en esos conceptos, pero se haya actualizado, será abordada en suplencia de la queja deficiente, como lo prevé el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. La fuente Constitucional del auto de vinculación a proceso es el artículo 19, primer párrafo, del cual se advierte que para su dictado se deben cumplir con determinados requisitos, los cuales para el adecuado estudio de control constitucional deben dividirse en dos rubros, a saber: a) forma y b) fondo. Los requisitos de forma se circunscriben a que debe dictarse a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en él deben expresarse el delito que se imputa, así como las circunstancias de su ejecución. Por otro lado, los requisitos de fondo son: a) Que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito y, b) Que el imputado puede haberlo cometido o participado en su ejecución. Concordante con lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 316 y 318, establece los elementos legales básicos que deberá contener el auto de vinculación a proceso. Acorde con lo reseñado, para su emisión deben reunirse los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. III. Que se precise el delito que se imputa y se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de su ejecución. IV. Que se dicte únicamente por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el Juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público, pero sin la valoración de aquellos. V. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. VI. Que no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Los requisitos anteriores se robustecen, con los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en el diverso artículo 16 de la Constitución Federal, que de manera imperativa dispone, que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución, de citar los preceptos legales en que se funde para ello, y señalar las circunstancias especiales, razones particulares o inmediatas que haya tenido en consideración, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El citado derecho constitucional de fundamentación y motivación, si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la resolución combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales del mismo, pues los fundamentos y motivos que el Juez de Control plasme en su resolución, constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el artículo 19 Constitucional vigente, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. A continuación, se analizará si el acto reclamado se ajustó o no, a las exigencias para su emisión. En cuanto al primer requisito, esto es, que se haya formulado la imputación, quedó colmado en los términos que prevé el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, en la audiencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, la Fiscal del Ministerio Público formuló imputación a *****, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley describe como abuso sexual equiparado agravado, previsto y sancionado por los artículos 309, 310, 316 y violación equiparada agravada, por los artículos 313, 315 y 316, párrafo primero, fracciones II y IV, todos del Código Penal, vigente en el Estado de Yucatán, cometido en agravio de la niña **** y denunciado por la madre de la víctima ***** (...) Con lo anterior, se evidencia que el Ministerio Público informó al aquí quejoso los hechos que le atribuyó, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, por lo que se tiene por satisfecho el primer requisito. De igual manera, se satisfacen el segundo y tercer requisitos, dado que se considera que el quejoso conoció sus derechos, pues al estar asesorado por su defensa -quien se identificó con cédula profesional en licenciatura en derecho-, al cuestionárseles sobre si era su deseo declarar, expresó que no era su voluntad hacerlo; de igual forma, una vez expuesta la solicitud de vinculación a proceso y los datos de prueba con que contó la fiscalía para hacerla, se les informó sobre el plazo constitucional, por lo cual se acogió a la duplicidad del término constitucional, a las ciento cuarenta y cuatro horas. Luego, referente al cuarto de los requisitos establecidos, de las exposiciones que se efectuaron ante la Juez de control en la audiencia de formulación de imputación y en el debate respectivo, permiten concluir de manera razonable que existen datos de prueba que establecen que probablemente se cometió el hecho señalado como delito por el que se le vinculó a proceso. De la misma manera, en cuanto al deber de la Juez de fundar y motivar suficientemente su ejercicio de ponderación los datos de prueba referidos por el Ministerio Público, acorde a lo establecido por el artículo 16 constitucional, en el caso se encuentra satisfecho. (...) Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 y de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, contra los actos que reclama precisados de las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, en términos de lo expuesto en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese personalmente.

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