Victoria Pereyra Alegria
Expediente 1266/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1266/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Victoria Pereyra Alegria
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestara lo conducente respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables, por lo que de oficio, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Demanda de amparo El doce de julio de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por *** apoderado legal de "Desarrollos Edén Maya", Sociedad Anónima de Capital Variable contra el acto y autoridad siguiente: Del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad: La resolución de doce de julio de dos mil veintidós, que ordenó el cierre de partida registral mediante oficio FECC/UILECC-MI/794/2022, respecto de los tablajes rústicos 3886, 3887 y 3888, del municipio de Celestún, inscritos en los folios electrónicos 737061, 775870 y 1184855, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. La ejecución de la determinación de la autoridad investigadora. II. Sentencia y efectos de la protección constitucional Luego, por sentencia de trece de abril de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal, en su único punto resolutivo, otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la parte quejosa a fin de que las autoridades señaladas como responsables, realizara lo siguiente: 45. De conformidad con lo que establece el artículo 77, fracción I, la concesión del amparo tiene el efecto general de restituir a la parte quejosa, en el goce de sus derechos violados, para lo cual la autoridad responsable deberá realizar lo siguiente: 46. ? Dejar sin efectos el acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación C1/30/2021, en el que se aseguró los predios rústicos 3886, 3887 y 3888 de la localidad de Celestún, Yucatán, así como su ejecución. 47. ? Una vez hecho lo anterior, en el supuesto de que aún estimara necesario el aseguramiento de los citados predios rústicos, deberá seguir el trámite respectivo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y recabar la autorización judicial correspondiente, para poder llevarlo a cabo, de ser pertinente." III. Análisis del cumplimiento al fallo protector En proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la referida sentencia y posteriormente en acuerdos de diez y treinta y uno de mayo siguiente se tuvieron por recibidos los oficios signados por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción y el Director General del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial, ambos del Estado, informando sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y anexaron las constancias para acreditarlo, otorgándose el término de tres días a las partes para que manifestaran lo que a su derecho convenga. Ahora, del análisis del oficio en comento, y anexos que acompañaron las autoridades antes citadas, a los cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que el veinte de abril de dos mil veintitrés, el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción, dictó un acuerdo en el que dejó sin efectos el acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación C1/30/2021, y ordenó girar oficio al Director General del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial, ambos del Estado, a fin de hacer las anotaciones y gestiones correspondientes; quien mediante oficio de cuatro de mayo del año en curso, informó a esta autoridad que quedaron debidamente inscritas las cancelaciones de los cierres de registro de los tablajes motivo del presente juicio de amparo. En consecuencia, el suscrito considera que las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo y, por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dado los lineamientos de la sentencia y el análisis de las constancias remitidas, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia I.5o.C.7 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del rubro siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA."; visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página 2596, registro 2007400. Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de quince días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que, en caso de no hacerlo, se tendrá por consentido el presente proveído. Finalmente, tómese nota que la sentencia de amparo quedó totalmente cumplida el veinte de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. (...) Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad que el ocho de marzo de dos mil veintitrés, retuvieron el vehículo (..). Desechamiento. En virtud de lo anterior, a juicio de este juzgador estima que respecto del reclamado, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, la hoy quejosa, manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado, el ocho de marzo de dos mil veintitrés, por lo que al día en que se presentó el escrito que dio origen al presente asunto (que fue el once de mayo de dos mil veintitrés), ya había fenecido el término a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo. (...) Establecido lo anterior, la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, dispone, el juicio de amparo es improcedente: "Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos."De dichos numerales, se desprende que el término de quince días para promover el juicio de amparo, se computa a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, que prevén cuando se reclame una norma auto aplicativa, o el procedimiento de extradición; cuando sea la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, supuestos que no se dan en el caso concreto. En relación con los hechos y el contexto legal anotado, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia referida, en relación con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, pues tal como se advierte de las manifestaciones que vierte la parte quejosa en su escrito de demanda (las cuales precisa bajo protesta de decir verdad, con el carácter de una confesión y tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95, 99 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles), el aseguramiento del vehículo que se ostenta propiedad fue el ocho de marzo de dos mil veintitrés; por lo que el término de quince días para interponer la demanda de amparo en su contra, comenzó a correr y contarse a partir del día hábil siguiente, al en que la quejosa tuvo conocimiento del mismo. Por tanto, es obvio, que a partir del nueve de marzo de dos mil veintitrés, la parte quejosa se encontraba en aptitud para promover este medio extraordinario de defensa, feneciendo el treinta y uno siguiente. Así las cosas, es indudable, que si la demanda de amparo se presentó el once de mayo de dos mil veintitrés, según se aprecia del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, resulta evidente que fue interpuesta después del plazo previsto por la ley, habida cuenta que el lapso para la interposición del juicio de amparo transcurrió del nueve al treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés; descontando los días 11, 12, 18, 19, 25, 26 de marzo del año en curso, por ser sábados y domingos y 20 y 21 por ser inhábiles. Como puede verse, tomando en consideración que la demanda de amparo, fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito hasta el once de mayo de dos mil veintitrés, es evidente que había transcurrido en exceso el término a que se ha hecho alusión, y por ende resulta extemporánea la presentación de la demanda de que se trata. En estas condiciones, resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, por lo que procede DESECHAR de plano la demanda de mérito respecto de dicho acto que se le reclama, por encontrar motivos manifiesto e indudable de improcedencia, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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