Vinicius Patric dos Santos Moura
Expediente 789/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/08/2023
Partes del expediente
- Vinicius Patric dos Santos Moura
- (Promovente) Librado Heriberto Trujillo González
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte promovente no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dentro del término legal de cinco días que establece el numeral 98 de la propia ley, en contra del auto de veinticinco de julio anterior, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones correspondientes. En tal virtud, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del ocho de junio dedos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal, no obstante de haberse desechado, es clasificado como conservable, tomando en consideración que en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se decretó la suspensión de plano a favor de los quejosos. Lo anterior conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como con el décimo considerando y el artículo noveno transitorio, ambos del citado Acuerdo General en vigor, los cuales establecen respectivamente que, al desaparecer la valoración respectiva a expedientes depurables, aquellos que se encuentren en este supuesto, se clasificarán como conservables, y lo dispuesto en el Manual vigente será aplicable, hasta en tanto se emita un nuevo Manual conforme a las nuevas disposiciones. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General antes mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de julio de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California de esta ciudad, mediante el cual con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, informa el acato a la suspensión de plano y anexa los oficios de salida números ********************y ********************, de ocho de julio del año en curso, en el que se advierte que los quejosos 1) ********************y/o ********************y 2) ********************, quedaron en libertad.********************De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción II de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de las autoridades responsables a las personas que menciona y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica.********************En tal virtud, tomando en consideración que el ocho de julio del año en curso, los aquí quejosos fueron puestos en libertad de la estancia migratoria en la que se encontraban alojados; en tal virtud, se provee lo conducente, en relación a lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo:********************"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."********************Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo.********************En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir de la parte quejosa, se obtiene que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en esencia en la:********************1.- Detención.********************2.- Privación de la libertad.********************3.- Deportación expulsión o repatriación asistido.********************4.- Traslado.********************En ese sentido, tomando en consideración que la autoridad responsable emitió el oficio de salida de los que se desprende los aquí quejosos quedaron en libertad; por tanto, es evidente que ante ello, han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio.********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************[.]********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;********************[.]"********************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala:********************"SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO."********************En esa tesitura, es evidente que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama los quejosos han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional; de ahí que se deseche de plano la demanda promovida a favor de los quejosos 1) ********************y/o ********************y 2) ********************.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:********************"DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE."********************Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y vía electrónica al promovente.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de julio de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario de la adscripción para notificar el auto de diez de julio de la presente anualidad, a los directos quejosos en virtud de que al constituirse a las instalaciones de la estación migratoria de esta ciudad, le fue informado que éstos no se encuentran alojados en dicho lugar; asimismo previa consulta del registro de ingresos y egresos realizada por el personal que lo atendió en su sistema, se corrobora que los quejosos 1) Lucyhan Helan Dos Santos Ribeiro y 2) Vinicius Patric Dos Santos Moura, no están alojados en la referida estancia, así como que éstos no han ingresado o egresado de la multicitada estación. En consecuencia, a efecto de no dejar en estado de indefensión a los directamente agraviados 1) Lucyhan Helan Dos Santos Ribeiro y 2) Vinicius Patric Dos Santos Moura con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente Librado Heriberto Trujillo González, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, informe si a la fecha tiene comunicación con los familiares de los directos agraviados en cuyo caso proporcionen el número o domicilio de éstos; o bien, si conoce el lugar en el que puedan ser localizados los directos quejosos lo informe a este Juzgado o en su caso los presente ante este órgano jurisdiccional para que ratifiquen o no la demanda promovida a su favor Apercibido que de no cumplir a lo anterior, se le impondrá una multa por la cantidad de $5,187 (Cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional) equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cincuenta, de conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción II, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Además, se apercibe al directo promovente que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/20171 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." No obstante lo anterior, en obvio de mayores dilaciones procesales requiérase vía correo electrónico institucional, al Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, así como al Director y/o Titular de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, ambos con sede en Ciudad de México, en específico en el Área de archivo de esta Dirección, a fin de que dentro del término de cuarenta y ocho horas, legalmente computadas, informen vía ordinaria o incluso correo electrónico institucional 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, respecto a los directos quejosos, lo siguiente: ( Si cuenta con registro de ingreso de los quejosos 1) Lucyhan Helan Dos Santos Ribeiro y 2) Vinicius Patric Dos Santos Moura, en alguna estación migratoria dentro del país, debiendo indicar fecha de ingreso, así como condición migratoria por la cual permanecen detenidos; ( Si cuenta con registro de egreso de los quejosos de alguna estación migratoria en el país, debiendo indicar con precisión fecha y motivo de salida. En el entendido, que deberán remitir copia certificada de las constancias con las que acrediten su dicho; o bien, informar la imposibilidad jurídica que tengan para ello, (para lo cual se remite copia de la demanda de amparo y el auto en el que se decretó la suspensión de plano otorgada al directo quejoso). Apercibidos que de no dar cumplimiento a lo anterior, se impondrá al omiso una multa por la cantidad de $5,187 (Cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional) equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cincuenta, de conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción II, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese; y vía electrónica al promovente.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que no se llevó a cabo la diligencia de estampado de firmas respecto a la prueba pericial en materia de Grafoscopía, ofrecida por la parte tercero interesada dentro del presente asunto, con motivo de la inasistencia de la parte quejosa Miguel Candelas González. En consecuencia y dada la actitud contumaz y omisa del quejoso en el sentido de no asistir en esta data ni justificar las diversas inasistencias para el desahogó de la diligencia de estampado de firmas en comento, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de doce de junio de dos mil veintitrés y se declara la imposibilidad jurídica para el desahogo de la prueba pericial en materia de Grafoscopía ofrecida dentro del incidente de falsedad de firma, con lo anterior, dese vista por el término de tres días legalmente computados a la oferente de la prueba - tercero interesada - para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.
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