Vidal Cortes Mendoza

Expediente 928/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
928/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Vidal Cortes Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la última notificación a las partes del auto de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, por conducto de autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, fue realizada el seis de noviembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, el escrito original de expresión de agravios, y una copia del mismo, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, con sede en Mexicali, para la substanciación del citado medio de impugnación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora, se instruye a la Oficial Judicial "A", a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que haga las modificaciones correspondientes a fin de hacer disponible el expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, que conozca de dicho medio de impugnación, para que esté en aptitud de imponerse del mismo; lo anterior, acorde con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta proveniente de la autoridad responsable Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, por sí y en representación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, mediante el cual refiere formular alegatos en relación a la sentencia dictada en autos. Ahora, dado lo precisado en párrafos que precede, remítase en original el oficio de mérito al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, con sede en Mexicali, mediante oficio que se libre con motivo del recurso de revisión de que se trata. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Siendo las nueve horas del seis de noviembre de dos mil veintitrés, con fundamento en la fracción I, inciso C), del artículo 27 de la Ley de Amparo, hago constar que con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa, la determinación judicial dictada el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, dictada en los autos del juicio de amparo en que se actúa, del índice del de este órgano jurisdiccional, las cuales quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por la autorizada de la parte quejosa en el presente juicio; en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintisiete de septiembre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios. En ese tenor, una vez que se integre debidamente el expediente, esto es, ya que se cuente con la totalidad de las notificaciones correspondientes, dese nueva cuenta para proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente y córrase traslado con el escrito de cuenta. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD

  4. Principal

    S E N T E N C I A VISTOS los autos del expediente 928/2023-E, a fin de resolver en sentencia lo relativo al juicio de amparo promovido por Vidal Cortés Mendoza, contra actos de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana y de otras autoridades; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnado el veintiocho de julio siguiente, Vidal Cortés Mendoza, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se trascriben: Autoridades responsables: Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Síndico Procurador del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana Oficial Mayor del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Notificador de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana. Actos reclamados: "[.] la falta de fundamentación y motivación en la solicitud que dio origen del acuerdo de inicio de Procedimiento Administrativo de fecha 30 de marzo de 2023, dentro del expediente E-341/CSPC/2021 [.]". Segundo. Trámite. Por acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes, se dio vista al Ministerio Público de la Federación, y se fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama la inconstitucionalidad de diversas porciones normativas vigentes en esta Entidad Federativa, así como actos atribuidos a autoridades administrativas cuya ejecución puede tener lugar en esta ciudad, esto es, en la demarcación en la que este Juzgado ejerce jurisdicción por razón de territorio. Segundo. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que los actos atribuidos a las autoridades responsables son: El acuerdo de inicio del procedimiento administrativo número E-341/CSPC/2021, de treinta de marzo de dos mil veintitrés. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos al Síndico Procurador del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y Oficial Mayor del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que el quejoso aportara prueba alguna encaminada a desvirtuar dicha negativa. Lo anterior se corroboró con las documentales que exhibió el Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, relativas al procedimiento administrativo número E-341/CSPC/2021, de las cuales se advierte que dichas autoridades no intervinieron en la emisión del acuerdo reclamado. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia del acto reclamado, ni es suficiente que los argumentos vertidos en ellas se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, cuyo rubro establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". Apoya lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, y Secretario Técnico de dicha comisión al rendir su informe justificado, rendido por este último por sí y en representación de la aludida comisión, aceptó la existencia del acto reclamado; lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 830, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, página 830, Quinta Época, registro 1002815, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Son presuntivamente ciertos los actos reclamados al Notificador de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, dada su calidad de autoridad ejecutora. Además de advertirse su intervención en el procedimiento administrativo número E-341/CSPC/2021, como consta en las copias certificadas que remitió la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal en esta ciudad, por conducto de su Secretario Técnico, en apoyo a su informe justificado, documento público que detenta pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinto. Causas de improcedencia. Al no advertir causa de improcedencia alguna, ni las partes las hacen valer, lo procedente es analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado al tenor de los conceptos de violación que el impetrante estimó pertinentes, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su transcripción, atento a lo dispuesto en el precepto 74 de la ley de la materia. Sexto. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos por el quejoso, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Séptimo. Estudio de fondo de la inconstitucionalidad. Previamente, resulta necesario destacar que en el presente asunto no se está ante supuesto de suplencia de la queja, que derive en el análisis del fondo del asunto, aún ante la ausencia de conceptos de violación, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en atención a los razonamientos lógico jurídicos que emanan de la ejecutoria de la contradicción de tesis 228/2014, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 7/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el epígrafe: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA." , en donde se hizo la precisión que atendiendo al régimen especial que impera las relaciones laborales de los agentes policiacos con el Estado, habría que distinguir dos tipos de procedimientos bajo los cuales se puede llegar a la separación del cargo, a saber: a) El procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, el que podría eventualmente llevar a la separación del servicio por imposibilidad para continuar en él; y, b) El procedimiento administrativo como causa de responsabilidad que amerite la imposición de una sanción administrativa. Precisándose lo siguiente: "54. En el procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia (caso que analizaron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes), la terminación del servicio con alguna de estas instituciones se decreta por incumplir con los requisitos de permanencia previstos en las leyes respectivas; esto es, el servidor público incumple con los presupuestos legales que garantizan a la sociedad el cumplimiento eficaz de las funciones de seguridad pública; en este procedimiento se regulan aspectos relativos a la relación entre el servidor público y la dependencia en la que labora, así como a los derechos y obligaciones de éstos. 55. En cambio, en el procedimiento administrativo como causa de responsabilidad (conocido como derecho administrativo sancionador), la separación del servicio podría decretarse por considerar que el miembro del servicio incurrió en alguna causa de responsabilidad administrativa, es decir, como consecuencia de un procedimiento disciplinario por la conducta positiva u omisiva desplegada por dicho servidor público en el ejercicio de sus funciones; en este último caso, el objetivo principal es verificar si el acto u omisión atribuido al servidor público afecta los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen a la función pública. 56. Esto es, la separación del servicio por incumplir con los requisitos de ingreso y permanencia es muy distinta a la imposición de una sanción derivada de un procedimiento de responsabilidad administrativa ¨.*". Esto es, se distinguen dos tipos de procedimiento en los que, en el primero se dirimen temas relativos a la relación que surge entre el Estado como patrón y el servidor público como empleado; y en el procedimiento de responsabilidad administrativa se analiza si la conducta de un servidor público en el ejercicio de sus funciones afectó o no, los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen a la función pública. Por lo que derivado de lo anterior, se concluyó que la suplencia de la queja deficiente ahí analizada, correspondió únicamente al primero de los supuestos, esto es, disímil a los actos atribuidos a los quejosos, en donde el tópico no radica con relación al ingreso o permanencia, sino el relativo a la infracción a sus obligaciones, particularmente el relativo a velar por la vida e integridad de las personas detenidas y que encuadra en el segundo de los supuestos descritos, y consecuencia, improcedente la suplencia de la queja. En tal virtud, los conceptos de violación serán atendidos en estricto sentido a como fueron expuestos en la demanda de garantías, y los cuales, dada su íntima relación, se realizará el pronunciamiento en su conjunto, los cuales se consideran infundados. En el caso, la parte quejosa argumenta que el acuerdo reclamado en el que se ordena el inicio del procedimiento, se emitió con transgresión en su perjuicio los principios previstos en los artículos 14 y 16 Constitucional, ya que si bien se citó el precepto que prevé la conducta que le fue atribuida, no expone con precisión las conductas concretas que refieren desplegó el quejoso y con las cuales se considera actualizada la hipótesis normativa señalada. Contrario a lo señalado por el quejoso, no se advierte que exista insuficiente motivación en la argumentación que contiene la conducta sancionable que se le atribuye, pues del considerando tercero de la resolución emitida el treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el procedimiento administrativo número E-341/CSPC/2021, se advierte que, una vez narrados los hechos señalados en la imputación realizada por la Sindicatura Procuradora Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, y haber relacionado las pruebas allegadas en la investigación respectiva, se estableció lo siguiente: Que de la denuncia presentada el cinco de noviembre de dos mil veinte, de la investigación realizada y de la boleta de infracción 181251, se advierte indiciariamente que aproximadamente a las veintitrés horas con cuarenta minutos, luego de haber intervenido a José Luis Sánchez, quien iba a bordo de su vehículo marca Mercedes Benz C230, color gris, con número de placas 6BFD527, a la altura del boulevard Lázaro Cárdenas y boulevard Federico Benítez, elaboró la boleta de infracción mencionada, por haber realizado una vuelta en "U" prohibida, y que se presume que dicha intervención no fue reportada a la central de radio por el hoy quejoso, como era su obligación. Como puede advertirse, y contrario a lo señalado por el promovente, sí se precisan cuáles son las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos por los que se inició el procedimiento, los cuales, hasta este momento se advierten acordes a la conducta que se le imputa, pues tenía la obligación de cumplir con diligencia el servicio que tiene. Asimismo, tampoco puede considerarse que lo así resuelto lo deja en estado de indefensión al no poder preparar su defensa y ofrecer sus pruebas, pues para ello, se tiene a la vista el anexo o las constancias que remitió la responsable con su informe justificado, de donde se advierte que el hoy quejoso compareció ante la responsable mediante escrito recibido el veintiuno de julio del presente año, en el que dio contestación al procedimiento incoado en su contra, hizo valer sus defensas, opuso sus excepciones y ofreció pruebas. Por tanto, con base en lo expuesto, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Octavo. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75 y 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Vidal Cortés Mendoza, en los términos precisados en el considerando tercero de este fallo. Segundo. La justicia federal no ampara ni protege a Vidal Cortés Mendoza, contra los actos que reclamó, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de la presente resolución. Tercero. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida por José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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