Victoriano Romero Araujo

Expediente 838/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 36 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
838/2022
Año
2022
Actuaciones
36
Última actuación
29/05/2023

Partes del expediente

  • Victoriano Romero Araujo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29 DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA VICTORIANO ROMERO ARAUJO, LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DICTADA EL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tijuana, Baja California, a veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada, no interpuso dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la determinación judicial de dos de mayo de dos mil veintitrés, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al advertirse que no existen diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese el expediente al archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, toda vez que en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo; por resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, en términos del artículo 18, inciso a), del invocado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo 18 del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, deberá destruirse transcurridos seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto; por ello, se ordena estampar en la carátula el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Al advertirse que obran documentos originales en el cuaderno en que se provee, y en cumplimiento a la fracción III del artículo 20 del citado acuerdo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, comparezcan ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de dicho documento, apercibiéndole que de no hacerlo así, tal probanza serán destruidas junto con el expediente. Por otra parte, de autos se advierte que obran tres discos versátiles digitales, que fueron enviados por la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate; en atención a lo expuesto, y tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, por lo que ya no es necesaria su conservación y retención, mediante oficio que se libre al efecto, devuélvanse a la autoridad judicial en cita los referidos discos versátiles digitales. Sin que se estime necesario requerir acuse de recibo, ya que fungirá como tal, el comprobante de entrega del oficio que se envíe para tal efecto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada, no interpuso dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la determinación judicial de dos de mayo de dos mil veintitrés, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al advertirse que no existen diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese el expediente al archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, toda vez que en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo; por resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, en términos del artículo 18, inciso a), del invocado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo 18 del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, deberá destruirse transcurridos seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto; por ello, se ordena estampar en la carátula el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Al advertirse que obran documentos originales en el cuaderno en que se provee, y en cumplimiento a la fracción III del artículo 20 del citado acuerdo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, comparezcan ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de dicho documento, apercibiéndole que de no hacerlo así, tal probanza serán destruidas junto con el expediente. Por otra parte, de autos se advierte que obran tres discos versátiles digitales, que fueron enviados por la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate; en atención a lo expuesto, y tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, por lo que ya no es necesaria su conservación y retención, mediante oficio que se libre al efecto, devuélvanse a la autoridad judicial en cita los referidos discos versátiles digitales. Sin que se estime necesario requerir acuse de recibo, ya que fungirá como tal, el comprobante de entrega del oficio que se envíe para tal efecto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, Y 29 DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARÍA TERESA AGUILAR, LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DICTADA EL DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tijuana, Baja California, a dos de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio que remite la autoridad responsable el Juez de Control del Poder Judicial en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de once de abril de dos mil veintitrés, remite dos discos versátiles digitales, relativos a las audiencia de formulación de imputación y de vinculación a proceso, celebradas en la causa penal 3/2020, de ese índice Sobreseimiento fuera de audiencia. Del estado que guardan los autos, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la legislación reglamentaria, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia II. 1º. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En principio, resulta necesario transcribir el párrafo primero de la fracción XVII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" Es importante destacar que los actos reclamados en la presente instancia constitucional lo constituye la orden de aprehensión decretada en contra de Victoriano Romero Araujo, en la causa penal 03/2020 del índice del Juzgado de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, por la comisión de los hechos que la ley prevé como delito de despojo. Sin embargo, de las documentales de cuenta, a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, se obtiene que el ocho de abril del año en curso, al resolver la situación jurídica del quejoso, se decretó auto de no vinculación a proceso en favor de Victoriano Romero Araujo, y como consecuencia de ello, decretó el sobreseimiento total de la causa penal antes referida, con sustento en el artículo 327 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo anterior, es evidente que, con motivo de la determinación emitida por la autoridad responsable, ha quedado irreparablemente consumada la violación aducida por el quejoso (orden de aprehensión decretada en su contra), de manera que no se podría resolver sobre la constitucionalidad del acto impugnado en este juicio sin afectar la situación jurídica generada por aquella determinación. Entonces, como el acto reclamado emana de un procedimiento judicial y como se adujo, posteriormente a la presentación de la demanda cambió la situación jurídica del quejoso, hace que no se pueda analizar lo reclamado inicialmente sin afectar dicha situación. Cabe destacar que esta causa de improcedencia sólo opera en procedimientos jurisdiccionales o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. De esa forma, el cambio de situación jurídica implica que el acto reclamado ocurrió en una determinada etapa procesal; de ahí que cuando el procedimiento avanza a otra fase, por regla general no es posible hacer que el juicio o procedimiento se retrotraiga, como en el caso acontece. Entonces, esa imposibilidad de regresar las etapas procesales, cuando el juicio o procedimiento ha avanzado a una etapa distinta, es la que produce que las posibles violaciones que se hubieren cometido en la etapa anterior se estimen irreparablemente consumadas, pues el análisis de éstas podría afectar la nueva situación jurídica que se ha creado al avanzar el asunto a una etapa procesal diversa. Apoya lo anterior la tesis I.11o.C.61 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 4390, Tomo V, Libro 16 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de dos mil veintidós, Undécima Época, con el rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAME UN ACTO PROCESAL VINCULADO EXPRESAMENTE CON ALGUNA DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN CON LA QUE CONCLUYE O DILUCIDA LA CONTROVERSIA PRINCIPAL O INCIDENTAL PLANTEADA." Por lo que, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de dos mil tres, Novena Época, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En consecuencia, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas del cuatro de mayo de dos mil veintitrés); comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29 DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA VICTORIANO ROMERO ARAUJO, LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DICTADA EL DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tijuana, Baja California, a dos de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio que remite la autoridad responsable el Juez de Control del Poder Judicial en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de once de abril de dos mil veintitrés, remite dos discos versátiles digitales, relativos a las audiencia de formulación de imputación y de vinculación a proceso, celebradas en la causa penal 3/2020, de ese índice Sobreseimiento fuera de audiencia. Del estado que guardan los autos, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la legislación reglamentaria, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia II. 1º. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En principio, resulta necesario transcribir el párrafo primero de la fracción XVII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" Es importante destacar que los actos reclamados en la presente instancia constitucional lo constituye la orden de aprehensión decretada en contra de Victoriano Romero Araujo, en la causa penal 03/2020 del índice del Juzgado de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, por la comisión de los hechos que la ley prevé como delito de despojo. Sin embargo, de las documentales de cuenta, a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, se obtiene que el ocho de abril del año en curso, al resolver la situación jurídica del quejoso, se decretó auto de no vinculación a proceso en favor de Victoriano Romero Araujo, y como consecuencia de ello, decretó el sobreseimiento total de la causa penal antes referida, con sustento en el artículo 327 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo anterior, es evidente que, con motivo de la determinación emitida por la autoridad responsable, ha quedado irreparablemente consumada la violación aducida por el quejoso (orden de aprehensión decretada en su contra), de manera que no se podría resolver sobre la constitucionalidad del acto impugnado en este juicio sin afectar la situación jurídica generada por aquella determinación. Entonces, como el acto reclamado emana de un procedimiento judicial y como se adujo, posteriormente a la presentación de la demanda cambió la situación jurídica del quejoso, hace que no se pueda analizar lo reclamado inicialmente sin afectar dicha situación. Cabe destacar que esta causa de improcedencia sólo opera en procedimientos jurisdiccionales o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. De esa forma, el cambio de situación jurídica implica que el acto reclamado ocurrió en una determinada etapa procesal; de ahí que cuando el procedimiento avanza a otra fase, por regla general no es posible hacer que el juicio o procedimiento se retrotraiga, como en el caso acontece. Entonces, esa imposibilidad de regresar las etapas procesales, cuando el juicio o procedimiento ha avanzado a una etapa distinta, es la que produce que las posibles violaciones que se hubieren cometido en la etapa anterior se estimen irreparablemente consumadas, pues el análisis de éstas podría afectar la nueva situación jurídica que se ha creado al avanzar el asunto a una etapa procesal diversa. Apoya lo anterior la tesis I.11o.C.61 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 4390, Tomo V, Libro 16 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de dos mil veintidós, Undécima Época, con el rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAME UN ACTO PROCESAL VINCULADO EXPRESAMENTE CON ALGUNA DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN CON LA QUE CONCLUYE O DILUCIDA LA CONTROVERSIA PRINCIPAL O INCIDENTAL PLANTEADA." Por lo que, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de dos mil tres, Novena Época, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En consecuencia, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas del cuatro de mayo de dos mil veintitrés); comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.

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