Vilma Valentina Pérez Barnet

Expediente 502/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
502/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Vilma Valentina Pérez Barnet

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de seis de abril del año en curso, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante en este asunto se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República. Por lo cual, de conformidad con el artículo 21 del ordenamiento en cita, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el último párrafo del numeral 18 del Acuerdo normativo en comento. Notifíquese.

  2. Principal

    En autos del juicio de amparo número 1012/2020-III-B, promovido por PROMOTORA ***, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con esta fecha se dictó la siguiente sentencia definitiva: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1012/2020-III-B, promovido por ***, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de los actos que reclama del Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y turnado el mismo día a este órgano de control Constitucional, compareció la persona moral ***, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderado ***, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que atribuye al Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en el Estado de Estado de Yucatán y Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal en el Estado de Estado de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de treinta de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número 1012/2020-III-B; se solicitó su informe justificado a las responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar lo siguiente: El auto de ocho de octubre de dos mil veinte, dictado dentro de la sustanciación de la causa penal 87/2019, del índice del Juzgado Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, así como su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así lo admitió el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, al rendir su informe justificado en nombre propio y en sustitución del Juez Primero de Distrito de la misma especialidad, ambos con sede en esta ciudad. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las partes o de las que se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, que se localiza en la página 262, Parte VIII, Quinta Época del Apéndice de 1985, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita obedece a la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que aun cuando subsiste, ya no está surtiendo sus efectos y que, por consecuencia, haría ociosa la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora, para establecer la naturaleza de la causa de improcedencia en comento conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido conculcadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio, que condicionan la misma a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio constitucional que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la cual el legislador tomó en consideración que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el mencionado acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesora. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación de la que emanaba la prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. Los razonamientos antes expuestos se encuentran plasmados en la jurisprudencia 2ª./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la página 189 del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En el caso, de las constancias remitidas por el Juez responsable, documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende: 1. Que mediante oficio de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el agente del ministerio público de la federación titular de la agencia tercera investigadora de esta ciudad, solicitó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, fijara fecha y hora para formular imputación a Manuel Enrique Aguilar Herrera, por suponerlo responsable del delito comprendido en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, siendo que en dicha solicitud señaló como víctimas para que fueran citados a la audiencia inicial a Carlos García Ponce y la persona moral "Promotora Incomba" Sociedad Anónima de Capital Variable, (fojas 1 y 2, anexo). 2. El uno de octubre de dos mil diecinueve, la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, tuvo por ejercida la acción en contra de dicho imputado y ordenó celebrar la audiencia inicial a las catorce horas del ocho de octubre de dos mil diecinueve, por lo que ordenó se le hiciera del conocimiento del imputado; igualmente, ordenó citar a Carlos García Ponce y la persona moral "Promotora Incomba" Sociedad Anónima de Capital Variable, en su calidad de víctimas u ofendidas a efecto de que comparecieran a la celebración de la audiencia inicial; (fojas 3 a 6, anexo). 3. El ocho de octubre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia inicial en la causa penal 87/2019, en la que como incidencia relevante, una vez que el agente del ministerio público de la federación formuló imputación, la defensa del imputado solicitó que no se reconociera el carácter de víctimas a Carlos García Ponce y la persona moral "Promotora Incomba" Sociedad Anónima de Capital Variable, ya que el bien jurídico tutelado, de acuerdo a la clasificación jurídica preliminar propuesta por el fiscal federal, únicamente es la administración de justicia. Empero, no obstante que la fiscalía sostuvo que a dichas personas les asiste el carácter de víctimas, el juzgado, coincidió con la defensa, por tanto, no se reconoció el carácter de víctimas a las señaladas. Posteriormente, en dicha audiencia se dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Manuel Enrique Aguilar Herrera, (fojas 9 y 10, anexo). 4. Escrito presentado el diez de octubre de dos mil diecinueve, por medio del cual, el apoderado legal de la persona moral "Promotora Incomba" Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso recurso de revocación en contra de la determinación de ocho de octubre anterior, a través del cual se determinó que no le asistía el carácter de víctima, (fojas 11 a 22, anexo). 5. En proveído de once de octubre de dos mil diecinueve, se declaró improcedente el recurso de revocación, dado que el recurrente no tenía reconocida la calidad de parte legitimada en el proceso, (foja 23, anexo). 6. Resolución de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, emitida por el Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito, en el toca penal adversarial 59/2019-IV, en el que se declaró procedente pero infundado el recurso de apelación interpuesto por la persona moral "Promotora Incomba" Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la determinación relativa a que no le asistía el carácter de víctima y/o ofendida, en la causa penal 87/2019; por lo que se confirmó dicha determinación de que no le asiste el carácter de víctima, y se desechó el recurso de apelación; siendo que, por otra parte, se declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por el agente del ministerio público de la federación en contra del auto de no vinculación a proceso, por tanto, se revocó el auto de no vinculación y se dictó auto de vinculación a proceso a Manuel Enrique Aguilar Herrera, (fojas 25 a 60, anexo). 7. En cumplimiento a lo anterior, mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez Administrador, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, en su fase de imposición de medidas cautelares y plazo de cierre de investigación complementaria, (fojas 61 a 63, anexo). 8. Resolución de seis de febrero de dos mil veinte, dictada por el Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, Campeche, en el amparo indirecto 44/2019 y su acumulado 47/2019, promovidos el primero por Manuel Enrique Aguilar Herrera, y el segundo, por "Promotora Incomba" Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, en contra de actos del Magistrado del Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, y del Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, en funciones del Juez de Control, ambos con residencia en Mérida, Yucatán. En dicha sentencia se resolvió conceder el amparo a "Promotora Incomba" Sociedad Anónima de Capital Variable, para el efecto de que el magistrado responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y dictara otra resolución en la que reconociera el carácter de víctima u ofendido; determinara que al asistirle la calidad de víctima es procedente el recurso de apelación interpuesto por ella en contra del auto de no vinculación a proceso dictado a favor del quejoso, reiterara lo decidido en torno a la revocación del auto de no vinculación a proceso dictado a favor del imputado Manuel Enrique Aguilar Herrera y el dictado del auto de vinculación a proceso por el hecho con apariencia de delito de afirmar hechos falsos en la demanda de amparo. Por otra parte, negó el amparo y protección a Manuel Enrique Aguilar Herrera, contra los actos que reclama del Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, consistente en la resolución de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal adversarial 59/2019-IV y su ejecución atribuida al Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, (fojas 150 a 192, anexo). 9. Es el caso, que en contra de la resolución de seis de febrero de dos mil veinte, dictada por el Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, Campeche, en el amparo indirecto 44/2019 y su acumulado 47/2019, Manuel Enrique Aguilar Herrera interpuso recurso de revisión, el cual quedó registrado con el número amparo en revisión 143/2020, del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, (fojas 194, anexo). 10. Escrito del apoderado legal de "Promotora Incomba" Sociedad Anónima de Capital Variable, por el que solicitó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, se citara a su poderdante a comparecer a la audiencia fijada para el diecinueve de febrero de dos mil veinte, (fojas 200 a 201, anexo). 11. Acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte, en el que no se accedió a la solicitud del promovente dado que sostuvo que desde la audiencia inicial de formulación de imputación no le asistía el carácter de víctima, por tanto, no era parte en el proceso penal federal. Sin que obstara a lo anterior, la sentencia de seis de febrero de dos mil veinte dictada en el juicio de amparo indirecto 44/2019 y su acumulado 47/2019, del índice del Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito, en la que se le concedió el amparo, pues la misma se encontraba sub judice hasta en tanto se resolviera el recurso de revisión interpuesto por Manuel Enrique Aguilar Herrera. También determinó que tenía conocimiento que por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se admitió el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el apoderado de "Promotora Incomba" Sociedad Anónima de Capital Variable, (fojas 203 y 204, anexo). Determinación esta última que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Por otra parte, se advierte que en sesión ordinaria celebrada el diez de marzo pasado, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en esta ciudad, resolvió el amparo en revisión 143/2020 del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito; citado en el apartado de relación de constancias con el número nueve. Resolución que se trae como hecho notorio en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis publicada en la página dos mil ciento ochenta siete, del Libro dieciocho, Mayo de dos mil quince, Tomo III, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2009054, del rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 74/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, un hecho notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa como cualquier acontecimiento de dominio público que es conocido por todos o por casi todos las miembros de un círculo social en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley exime de su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en el crecimiento tecnológico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2769, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la firel, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, por lo que se implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la información disponibles, con miras a generar en los juicios de amparo certeza a las partes de los mecanismos, mediante los cuales se integra y accede a un expediente electrónico; lo anterior, en congruencia con el contenido de los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y XIII, mayo de 2001, página 1303, respectivamente, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las resoluciones de los órganos del Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda." En la especie, de la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, se desprende que resolvió en los siguientes términos: "SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, segundo párrafo de la Ley de Amparo en vigor, se determinan los efectos de la ejecutoria que concedió el amparo y las medidas que el tribunal responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. 1.- Deje insubsistente la sentencia de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve reclamada. 2.- Emita una nueva determinación en la que, reitere lo relativo a que Promotora Incomba, Sociedad Anónima de Capital Variable no tiene el carácter de víctima y/u ofendida del delito y en consecuencia, deseche el recurso de apelación que interpuso. 3.- Estime que los datos de prueba referidos en la audiencia de imputación son insuficientes para establecer que se ha cometido un hecho con apariencia del delito de afirmar hechos falsos en la demanda de amparo en relación con el acto reclamado previsto y sancionado en el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo y, en consecuencia, confirme el auto de no vinculación a proceso de ocho de octubre de dos mil diecinueve dictado por el Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, en la causa penal 87/2019." Por tanto, si la procedencia del juicio de amparo se condiciona, como se puntualizó en párrafos precedentes, a la circunstancia de que la sentencia concesora que en su caso se llegare a dictar pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Es inconcuso, en las condiciones apuntadas, que aun cuando la determinación de ocho de octubre de dos mil veinte, en la que no se accedió a la petición formulada por la aquí quejosa, en el sentido de solicitar a la fiscalía federal la realización de actos de investigación, por considerar que no le asiste el carácter de víctima en la causa penal de origen, en efecto subsiste, por el momento. Ante la resolución emitida en el amparo en revisión 143/2020, se desprende que al revocarse la sentencia y negársele el amparo a la persona moral Promotora Incomba, Sociedad Anónima de Capital Variable, aquí quejosa, y conceder al inculpado el amparo a efecto de que se confirme el auto de no vinculación a proceso, ya que los datos de prueba expuestos resultaron insuficientes para establecer que se ha cometido un hecho con apariencia del delito de afirmar hechos falsos en la demanda de amparo en relación con el acto reclamado, previsto y sancionado en el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo; evidentemente, trae como resultado que desaparezca el carácter de víctima u ofendido que solicitó se le reconociera en la causa penal 87/2019, pues al decretarse la no vinculación a proceso es inconcuso que no habrá más etapas que desahogar en la causa penal de origen. En consecuencia, el objeto o materia de dicho acto ha dejado de existir al ordenarse de manera definitiva por el Tribunal Colegiado de Circuito la no vinculación a proceso, lo que trae como consecuencia que al no existir el hecho delictuoso, menos aún puede haber víctima u ofendido; máxime que dicha calidad a la persona moral quejosa, también ya se le negó de manera definitiva. En ese sentido, ningún efecto jurídico tendría el fallo protector que llegare a emitirse, pues no podría cumplir su finalidad, dado que resulta inconcuso que el objeto o materia de la determinación que por esta vía constitucional reclamó la parte quejosa desapareció del mundo jurídico, aun cuando de hecho subsista, pues a pesar de que se analizara la constitucionalidad de dicho acto reclamado; lo cierto es, que de considerarse que éste es contrario a derecho, de cualquier forma la concesión del amparo no podría materializarse. Lo anterior, ya que el objeto del amparo era que la autoridad responsable, reconociera a la impetrante del amparo el carácter de víctima u ofendido, aun que fuera ad cautelam, hasta en tanto se resolviera el amparo en revisión 143/2020, empero, al haberse resuelto el mismo, de manera que revocó la sentencia recurrida, negó la protección constitucional a la aquí quejosa "Promotora Incomba, Sociedad Anónima de Capital Variable, y concedió a Manuel Enrique Aguilar Herrera el amparo a efecto de que se dicte una nueva resolución en la que se deje insubsistente el auto de vinculación y confirme la no vinculación a proceso dictada el ocho de octubre de dos mil diecinueve, ya que los datos de prueba resultan insuficientes para establecer que se ha cometido el delito previsto en el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo; volvió estéril la concesión del amparo, que en su caso se hubiese decretado de considerarse violados sus derechos fundamentales. Pues se insiste, al no existir vinculación a proceso desaparece el carácter de víctima que podría haber ejercido la parte aquí peticionaria del amparo. Es por ello, que se actualiza a plenitud la referida causal de improcedencia, prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que reclama la parte quejosa, aun cuando subsiste, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Lo que trae como consecuencia el sobreseimiento del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderado ***, en contra de los actos que atribuye al Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en el Estado de Estado de Yucatán y Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal en el Estado de Estado de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad; por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la constancia actuarial de veinticinco de los corrientes que antecede, de la que se advierte que la directa quejosa ********************, se reservó ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por ********************; por tanto, estése a lo acordado en el proveído de veinticinco del presente mes, en cuanto al trámite que se le dará a la demanda de amparo. Asimismo, advirtiéndose que la nombrada quejosa ratificó a los autorizados mencionados en la demanda de amparo; con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo, déseles la participación que les compete en el presente juicio, con las limitantes que señala el indicado ordinal, hasta que acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese y cúmplase.

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