Victoria Pool Caamal
Expediente 1315/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1315/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Victoria Pool Caamal
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 373/2020-P2. signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta la resolución pronunciada el dieciséis de julio de dos mil veinte, en el toca 242/2019 de su índice, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Victoria Pool Caamal, por conducto de su apoderado José Manuel Rodríguez Romero, contra el auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo. En la resolución recibida, se advierte que la Superioridad en su resolutivo único, señaló: "ÚNICO. ES INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por VICTORIA POOL CAAMAL, por conducto de su apoderado José Manuel Rodríguez Romero, contra acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, dentro del juicio de amparo indirecto 1315/2019-IV-A." Al respecto, este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes de lo informado, por lo que se ordena acusar recibo vía interconexión a la Superioridad. Glósese a estos autos las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de revisión. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el presente asunto se desechó de plano la demanda que dio origen al presente expediente, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a este cuaderno de antecedentes el oficio 10103/2019 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en contra del auto de veinticinco de septiembre del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo 1315/2019-IV-A. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a este expediente el escrito de cuenta signado por JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ROMERO, apoderado de la parte quejosa, así como el anexo que acompaña, y anexo aparte, mediante los cuales interpone recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de septiembre; al respecto, se acuerda: Con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, glósese a los autos una copia del escrito de presentación, de expresión de agravios, y anexo presentado, y ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SÍ ES CIERTO que por auto de veinticinco de septiembre del año en curso, se desechó la demanda de amparo, en razón de que la parte quejosa no señaló un acto u omisión en concreto, sino que impugnó actos futuros e inciertos, que tal vez pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución del laudo, pues, al estar el mismo supeditado a la participación de la parte quejosa, pudieran no llegar a materializarse; es decir, se trata de un señalamiento genérico de omisión de ejecutar el laudo. Asimismo, envíese el original del aludido escrito de presentación, así como el de expresión de agravios, y anexo remitido, junto con copia certificada de las constancias que conforman este expediente original 1315/2019-IV-A, al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo, se tiene a ************, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, mismo que hizo consistir en: La omisión de ejecutar el laudo de uno de febrero de dos mil diecisiete, en el juicio laboral 105/2016, del índice de dicha Junta, promovido en contra de Teresa Pérez de Arjona (o) Teresita del Niño Jesús Pérez y Arjona (o) Teresita de Jesús Pérez y Arjona. Fórmese expediente, regístrese con el número 1315/2019-IV-A que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter con que se ostenta el promovente, en términos del acta de audiencia de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, celebrada en autos del juicio de origen que exhibe para tal efecto con su escrito de demanda. Ahora bien, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A criterio de quien esto resuelve, debe decirse que en el caso se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XXIII, y 217, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales en cita, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". En el caso, la quejosa reclama la omisión genérica de ejecutar el laudo de uno de febrero de dos mil diecisiete, en el juicio laboral 105/2016; sin embargo, de los antecedentes narrados en el escrito de demanda no se desprende que se haya impulsado el procedimiento de ejecución de éste, para lograr el cumplimiento de lo decidido en el procedimiento, por lo que su reclamo, contenido en la demanda que ahora se examina, es un señalamiento genérico de que existe una omisión de ejecutar el laudo. Por ende, de conformidad con la jurisprudencia del Más Alto Tribunal de la República, que existe sobre el tema, es necesario que se reclame un acto u omisión en concreto, pues el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Tiene sustento lo anterior en la jurisprudencia 2ª./J. 15/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, página 2771, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". Así como la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), sostenida por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la página 1469, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019185,, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda". Lo anterior es así, pues no debe de perderse de vista que el juicio natural se encuentra en etapa de ejecución de laudo, y aun cuando en esa fase procesal el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es, que en dicha fase se requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también su prosecución, es decir, la intensión de continuar con la misma, tales aseveraciones se encuentran plasmadas en la Jurisprudencia 15/2011, que se citó en párrafos procedentes cuyo rubro dice "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA." En ese sentido, si de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama de la Junta responsable, la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, sin que precise un acto concreto que contenga la dilación que reclama o que hubiere dado origen a alguna abstención por parte de dicha autoridad responsable, es inconcuso que a la fecha de la presentación de la demanda dicha omisión debe tenerse como inexistente. Pues aunque en el presente juicio de amparo opera la suplencia de la queja a su favor conforme al artículo 79 fracción V, tal figura jurídica consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus derechos fundamentales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado; tal figura jurídica no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación de los actos reclamados y de las autoridades responsables, razón por la cual en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada. Lo anterior se justifica porque el análisis de la procedencia del juicio de amparo, así como el fondo del asunto, y los alcances de la eventual concesión de la protección constitucional, deben constreñirse a actos específicos y existentes al momento de la presentación de la demanda de la parte quejosa; es decir, se debe acreditar una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico y no puede abarcar actos futuros que pudieran o no emitirse, como en el caso, la ejecución del laudo dentro de esa etapa, depende de la promoción de la parte que obtuvo, ya que la ejecución depende del impulso e intervención del ejecutante. En ese contexto, el juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos que ya se han llevado a cabo, en virtud de que este medio de control constitucional no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su viabilidad respecto de actos futuros e inciertos, en el entendido que ese concepto no debe entenderse referido exclusivamente y en forma aislada a aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe manejarse en función de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzca. Corolario de lo hasta aquí expuesto y retomando el criterio de jurisprudencia 15/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente.
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