Victoriano Poot Ay

Expediente 554/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
554/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Victoriano Poot Ay

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Sin que sea óbice a lo anterior, el que aún no obren en autos las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios con los que se notificó la sentencia de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra los actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy, como se dijo, no interpuso el recurso correspondiente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto dictado por las autoridades señaladas como responsables; y en relación a éstas, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que solo podrán interponer recurso de revisión contra las resoluciones que afecten directamente el acto que se les haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un asunto en el que se sobreseyó en el presente juicio, por lo que no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las responsables en que su acto subsista. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el cinco de abril siguiente, a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció Victoriano Poot Ay, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de las autoridades siguientes: ORDENADORAS: 1.- Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 2.- Presidente Municipal del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán. EJECUTORAS: 3.- Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad. 4.- Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán (en su correcta denominación); y, 5.- Comandante adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán (en su correcta denominación). SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de seis de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su correspondiente informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tiene verificativo este día, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Actos que la parte quejosa hace consistir en: La orden de detención dictada en su contra y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables ordenadoras: Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (1); Presidente Municipal del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán (2); ejecutoras: Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta capital (3); Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán (4); y Comandante adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán (5). Pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes justificados, en forma respectiva: el Consejero Jurídico, en representación del Gobernador del Estado de Yucatán (1); la apoderada legal del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán (2); el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación de su titular (3); Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, (4); y Comandante de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán (5); sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. En consecuencia, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Victoriano Poot Ay, en contra de los actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (1), Presidente Municipal del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán (2), Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta capital (3), Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán (4); y Comandante adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán (5), por los motivos precisados el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan estos autos y toda vez que de los mismos se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con la vista que se dio a las partes del contenido del informe justificado rendido por la apoderada legal del Ayuntamiento de Kanasín; por tal motivo, SE ACUERDA: Se difiere la audiencia constitucional y se señalan las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, como nuevas fecha y hora para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, once de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por Clara Guadalupe Cervera Téllez, quien se ostenta como apoderada legal del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán; por tanto, se acuerda: Por cuanto la aludida promovente señala que su indicado carácter lo ha acreditado en este asunto, según oficio CJM/161/2021, de veinte de abril del año en curso; con apoyo en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su ordinal 2°, se le reconoce a la compareciente su personalidad al haberla acreditado en el expediente incidental con la documentación respectiva, lo cual constituye un hecho notorio para este Juzgado. En ese tenor, con fundamento en el ordinal 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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