Victoriano López Rodríguez

Expediente 292/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
292/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Victoriano López Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    PRAL.292/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. 1°. Estado de autos. Vistos los autos, particularmente la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el diez de junio del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. 2°. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3°. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de la autoridad responsable, pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio le genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4°. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5°. Instrucción Secretaría y Actuaría. Por otra parte, se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública de la sentencia ejecutoriada sea consultable por internet. 6°. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 21, inciso a), y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 7°. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la caratula del expediente conste la leyenda destruible. 8°. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula de este expediente obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Anotaciones. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las diez horas con cuarenta y ocho minutos deldiez de junio de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, según proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Conste. Apertura de la audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria hace relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran a) la demanda de amparo promovida por Victoriano López Rodríguez, a través de su apoderado legal José Oswaldo Sánchez Javier, contra actos de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado y de otra autoridad, b) escrito aclaratorio e c) informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, hace constar 1) que no existe documento alguno con el que deba darse cuenta y 2) las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Acto continuo, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se declara abierta la fase probatoria y se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: Pruebas parte quejosa. Documental consistente en copia simple de la audiencia celebrada en autos del expediente laboral 273/2017, del índice de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Pruebas autoridad responsable Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Autos de b.1) veintiséis de abril de dos mil dieciocho y b.2) veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictados en el expediente laboral J.32/0273/2017. Oficio REP/UJ/OAX/01441/2021. Copia certificada, del acuse de recibo del oficio M1-102/2021. Oficio SP/DAPE/AV/497/2021, de veintidós de abril de dos mil veintiuno. Pruebas autoridad responsable Instituto Estatal de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Copia simple del oficio REP/UJ/OAX/01441/2021. Medios de convicción que se desahogan en razón a su propia y especial naturaleza y sin pruebas pendientes por desahogar, se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento; por lo que se cierra esta etapa; y, visto el expediente, se procede a dictar la siguiente resolución: VISTO, para resolver, los autos del juicio de amparo 292/2021; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio el veinticinco de marzo del año en curso y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma data, Victoriano López Rodríguez, a través de su apoderado legal José Oswaldo Sánchez Javier, solicitó el amparo y protección constitucional contra actos de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado y de otra autoridad, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como derecho fundamental violado el contenido en el numeral 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y narró los antecedentes relacionados con el acto reclamado. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Previa prevención, en auto de siete de abril de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda promovida; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013; por tratarse este asunto de la materia laboral y las autoridades responsables tienen su sede dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Del contenido de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y demás constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: 1) Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje: La omisión de agotar los medios de apremio al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a fin de que rinda el informe solicitado en el expediente laboral 273/2017. 2) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La omisión de rendir el informe admitido en auto de calificación de pruebas de veintiséis de abril de dos mil dieciocho. TERCERO. Informes justificados. Al rendir su informe justificado la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado a través de la presidenta por ministerio de ley, convino parcialmente en la existencia del acto reclamado, en los términos siguientes: (Imagen escaneada). Por su parte, la diversa responsable Instituto Estatal de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto del jefe de la Unidad Jurídica, representación Estatal, también aceptó la existencia parcial del acto reclamado; expresando que: (Imagen escaneada). Bajo ese contexto, se tienen por ciertas las omisiones reclamadas, toda vez que de los informes justificados en comento, así como de las constancias remitidas por dichas responsables, las cuales, conforme a los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio, al tratarse de actuaciones de carácter público emitidas por funcionarios en ejercicio de sus labores encomendadas, se advierte la existencia de los actos reclamados, previo a la presentación de la demanda de amparo. CUARTO. Antecedentes. Se destacan los antecedentes jurídicamente relevantes del acto reclamado que se advierten de los informes justificados rendidos por las responsables y de las constancias que obran en autos y que son los siguientes: a) En el juicio laboral j.32/0273/2017 promovido por Victoriano López Rodríguez contra la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en auto de calificación de pruebas de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se admitió, entre otras, la prueba de informe a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) Por oficio M1-102-2021, de doce de abril de dos mil veintiuno, la autoridad responsable Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, requirió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, rindiera la información solicitada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (parte demandada en el referido juicio laboral), respecto del aquí quejoso Victoriano López Rodríguez, concediéndole, para tal efecto, el término de tres días hábiles, contados a partir de la fecha en que hubiera quedado notificada; apercibiéndole que, de ser omiso y no rendir dicho informe, le impondría una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente. c) En acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictado en el referido juicio laboral, la autoridad responsable Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, tuvo por recibido el oficio REP/UJ/OAX/01441/2021, al que se anexó el diverso comunicado SP/DAPE/AV/497/2021, signado por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en atención al contenido del comunicado citado en segundo término, por desahogada la prueba de informe admitida a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas el veintiséis de abril de dos mil dieciocho. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, resulta obligatorio para este órgano jurisdiccional llevar a cabo un análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, según lo establecido por el artículo 62, de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 del citado ordenamiento legal, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - - - [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; - - - - [.]" Con la finalidad de comprender la intención del legislador al establecer la improcedencia del juicio de amparo cuando han cesado los efectos del acto reclamado, se estima necesario atender a la definición de los referidos vocablos, para lo cual ha de atenderse al sentido semántico que proporciona el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en el que el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Como se ve, de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, la parte quejosa en esencia reclama: 1) De la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje: La omisión de agotar los medios de apremio al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a fin de que rinda el informe solicitado en el expediente laboral 273/2017. 2) Y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La omisión de rendir el informe admitido en auto de calificación de pruebas de veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Omisión de hacer efectivo medios de apremio. En lo hace al acto reclamado precisado en primer término, esto es, la omisión atribuida a la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en hacer efectivos los medios de apremio a fin de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado rinda el informe que le fue solicitado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo que así es, pues, si bien la parte quejosa a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinticinco de marzo de dos mil veintiuno) no tenía conocimiento de las acciones y trámites realizados por la autoridad responsable Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado tendentes a recabar el informe solicitado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también lo es que por oficio M1-102/2021, de doce de abril de dos mil veintiuno, dicha responsable requirió al referido instituto, concediéndole el término de tres días, para emitir el informe admitido el veintiocho de abril de dos mil dieciocho; apercibiéndole que, en caso de ser omiso y no rendir el informe solicitado en el término concedido, le impondría una multa de cien unidades de medida y actualización, como se advierte de la imagen que en imagen se inserta a continuación. Acuse de recibo del oficio M1-102/2021 (Imagen escaneada). Bajo ese contexto, respecto del acto reclamado en cita, se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues del contenido del oficio M1-102/2021 se advierte que se destruyeron los efectos de la omisión de hacer efectivos los medios de apremio al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los autos del expediente laboral 273/2017; por ende, dejó de surtir efectos el acto reclamado. Omisión del ISSSTE de rendir informe. En lo referente al diverso acto reclamado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistente en la omisión de rendir el informe admitido en auto de calificación de pruebas de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, de autos queda demostrado que dicho acto reclamado, también ha cesado sus efectos, pues, mediante oficio SP/DAPE/AV/497/2021, de veintidós de abril de dos mil veintiuno, el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado rindió el informe solicitado por la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, como se observa en la siguiente imagen: (Imagen escaneada). De lo anterior se concluye que, respecto del acto reclamado en estudio, se actualiza la causal de improcedencia invocada, dado que por oficio SP/DAPE/AV/497/2021 el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado rindió el informe referido. Razón por la cual dejaron de surtir efectos los actos reclamados a las autoridades responsables; por tanto, la violación que en determinado momento pudo cometerse contra los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por ello, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada ley se decreta el sobreseimiento en este juicio. Apoya lo anterior la jurisprudencia y tesis de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley.. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por Victoriano López Rodríguez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables 1) Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado e 2) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistentes en a) la omisión de agotar los medios de apremio al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a fin de que rinda el informe solicitado en el expediente laboral 273/2017 y b) la omisión de rendir el informe admitido en auto de calificación de pruebas de veintiséis de abril de dos mil dieciocho en el referido juicio laboral, respectivamente; por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad dese cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.292/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintiuno. 1). Se agrega oficio. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley Amparo, agréguese el oficio 196/2021, signado por la presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado; mediante el cual, en atención al requerimiento formulado el veintiuno de mayo del año en curso, remite, en copia certificada, el acuse de recibo del oficio M1-102/2021. 2). Se ordena dar vista. En esas condiciones, con el oficio de cuenta y anexo, se ordena dar vista a la partes, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL.292/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. 1°. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, del que se advierte que no obra constancia que acredite que la autoridad responsable Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, haya quedado notificada del auto de veintiuno de mayo del año en curso, como se advierte de la impresión de pantalla obtenida del expediente electrónico relativo a este juicio de amparo. (Impresión de pantalla). 2°. Diferimiento de audiencia. En consecuencia, para dar oportunidad a la recepción de la referida documental solicitada en el aludido proveído, la audiencia constitucional señalada para esta data se difiere y, en su lugar, se fijan las diez horas con cuarenta y ocho minutos del diez de junio de dos mil veintiuno, para su desahogo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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