Victorino Gutierrez Osorio y Otros.

Expediente 602/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 25 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
602/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
16/07/2021

Partes del expediente

  • Victorino Gutierrez Osorio y Otros.
  • Victorino Gutierrez Osorio
  • Verónica Cruz Vásquez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    pral 602/2020 mesa 3° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. 1. Se declara consentido el cumplimiento. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de inconformidad contra la determinación dictada el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en la que se declaró cumplida la sentencia de amparo que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicha determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara consentido el referido auto y, por ende, queda firme esa determinación. 2. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino. Al haberse concedido a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18 del referido acuerdo general y 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es depurable; por tanto, este órgano jurisdiccional conservará este juicio de amparo por el término de tres años, contados a partir de la fecha de este acuerdo, fenecido dicho término, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a la depuración del expediente, y terminado el proceso relativo, se solicitará la transferencia relativa a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de depurable. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, con las facultades otorgadas por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de doce de julio de dos mil veintiuno, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio CCJ/ST/2658/2021, de la misma fecha; y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 602/2020 MESA 3° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa y terceros interesados no manifestaron respecto a la vista otorgada en auto de veintiséis de mayo del año en curso, por lo que ha precluido su derecho para ello. 2. Historia de cumplimiento. En esas condiciones, con la documental que remitió la autoridad responsable, Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, para dar cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo, se procede a establecer si del análisis de esa constancia se encuentra cumplido el fallo protector; por ello, es importante destacar: I. En sentencia engrosada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno se concedió la protección constitucional a los quejosos Victorino Gutiérrez Osorio y Verónica Cruz Vásquez, para el efecto de que la autoridad responsable, Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, procediera en los términos siguientes: "(.) SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En esas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia solicitada, para el efecto de que la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución de veintiocho de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca penal JOTP/179/2019, relativo al recurso de apelación; y, b) En su lugar, emita otra en la que, en estricto acatamiento a los principios de motivación, fundamentación, congruencia y exhaustividad, consagrados en el artículo 17 de la Constitución Federal, realice el estudio de todos los agravios expuestos en los recursos de apelación interpuestos por los ahora quejosos en el citado toca penal; hecho lo cual, resuelva lo que en derecho proceda. (.)". (Transcripción) II. Ejecutoria de amparo. Por acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió el cumplimiento a la responsable, Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. III. Informe de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio agregado en auto de veintiséis de mayo del año en curso, la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca comunicó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/179/2019. IV. Vista a la parte quejosa. Por ello, se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados, para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que hayan realizado manifestación alguna. 3. Cumplimiento. De lo antes relatado se advierte que la autoridad responsable, Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, cumplió con la ejecutoria de amparo, dado que: En resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/179/2019, dejó insubsistente la resolución de veintiocho de agosto de dos mil veinte, relativa al recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa; por tanto, cumplió con el primer efecto de la sentencia de amparo. Por lo que respecta al segundo efecto de la sentencia dictada en autos, se advierte que se dio cumplimiento, ya que en resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/179/2019, se realizó el análisis de todos los agravios expuestos por la parte quejosa en el recurso de apelación, de la manera siguiente: Respecto al quejoso Victorino Gutiérrez Osorio. Agravios expresados en el recurso de apelación, en síntesis, lo siguiente: Estudio de los agravios por la Sala: Los depósitos realizados por las víctimas ninguno se relaciona con su persona con prueba idónea. Agravio I. "(.) Debe decirse que no asiste la razón al apelante, esto porque si bien es cierto, no existe documento alguno que respalde el dicho de las víctimas en el sentido de asegurar que algunas le dieron dinero en efectivo a él, y que éste se comprometió a hacerlo llegar a los integrantes de la Asociación Civil y que posteriormente les darían los recibos correspondientes; no menos verdadero es que, atendiendo a la mecánica y naturaleza de los hechos, es evidente que lo que las víctimas afirman hasta este momento es suficiente para estimar como creíbles estas circunstancias, sobre todo porque en los casos en los que efectivamente se hicieron los depósitos o se entregó dinero en efectivo a diversos imputados, si se acredita con documentos, lo que otorga cierta veracidad a su dicho (.)".. No existe prueba que demuestre que tuvo trato con las personas que se dicen víctimas. Agravio II. "(.) Por cuanto hace al agravio consistente en que no existe prueba que demuestre que tuvo trato con las personas que se dicen víctimas, porque a su consideración la denuncia (sic) de esta no está corroborada; debe decirse que el imputado se equivoca en este aspecto, dado que contrario a ello, se advierte que con el material probatorio por la representación social en cada una de las audiencias de comunicación de imputación verificadas dentro de la causa penal 0014/2018 en comento, se corrobora el dicho de las victimas Leocadia Guadalupe López Gatica, Brenda Eva Mora Bautista, Yanet Lucero Hernández, Zoila Hernández Cruz y David Hernández Hernández, no obstante Io anterior, el imputado tampoco aportó en audiencia elementos probatorios que nos hagan hasta este momento estimar que Ie asiste la razón, en consecuencia subsiste la imputación efectuada por la institución ministerial (.)". No existió lucro indebido porque no existe prueba de que recibió el dinero, como quedó justificado con las fichas de depósito y con los recibos de pago, ya que en ninguna está su nombre, así como con la prueba pericial contable que no contempla ninguna cantidad de dinero recibida de su parte. Agravio III. "(.) Corre la misma suerte el agravio en el sentido de estimar que no existe por parte del imputado Victorino Gutiérrez Osorio, la obtención de un lucro indebido, esto porque no resulta necesario de esbozar de manera rigurosa tal circunstancia, dado que hasta este momento queda corroborado que su conducta y participación en los hechos fue una parte fundamental para que se obtuviera por parte de las víctimas Leocadia Guadalupe López Gatica, Brenda Eva Mora Bautista, Yanet Lucero Hernández, Zoila Hernández Cruz y David Hernández Hernández, el convencimiento para empezar a realizar los depósitos a las cuentas proporcionadas por los integrantes de la asociación y entregar cantidades de dinero con la finalidad de verse beneficiados con alguna de las viviendas que afirmaba la Asociación Civil "Alianza Democrática A.C" construiría en el paraje conocido como "La Loma", de San Lázaro Llano Yosevée en Tlaxiaco Oaxaca y que les serían entregadas entre junio y julio del año dos mil quince; esto es así, puesto que del dato de prueba consistente en la querella presentada por las víctimas, cuya información fue vertida dentro de la audiencia de comunicación de imputación y solicitud de vinculación a proceso de fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecinueve, señalan que la ciudadana Janet Lucero Hernández entregó la cantidad de ocho mil pesos al señor VICTORINO GUTIÉRREZ OSORIO, el día treinta de octubre del año 2014, en las oficinas de la Regiduría de esta ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, así mismo refieren que la señora LEOCADIA GUADALUPE LÓPEZ GATICA, entregó la cantidad de diez mil pesos, de manera directa al señor VICTORINO GUTIÉRREZ OSORIO en las oficinas de la Regiduría de dicha ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca (.)". No se comprueba el cuerpo del tipo penal, ya que la denuncia de las víctimas no se encuentra apoyada con algún testimonio de cargo. Agravio IV. "(.) Ahora bien, tampoco le asiste la razón en el punto de disenso marcado con el número cuatro, en el que argumenta que no se comprueba el cuerpo del delito toda vez que la denuncia de las víctimas no se encuentra apoyada con algún testimonio de cargo. A lo que debe decirse que no le asiste la razón, porque el dicho de las víctimas encuentra corroboración entre sí, puesto que les constan los acontecimientos en los que resultaron afectados en su patrimonio, luego, al exponerlo a través de su escrito de querella que ratificaron ante la autoridad investigadora, su dicho reviste doble carácter: como querella y como testimonio, por lo que constituyen datos de prueba que acreditan el hecho. De tal forma, se estima correcta la determinación de la jueza de control, ya que con los datos de prueba ofertados por la institución ministerial, hasta este momento procesal se encuentran acreditado el hecho que la ley señala como el delito de fraude, máxime que diverso a la querella de las víctimas fueron vertidos por la fiscalía otros datos de prueba, tales como: las fichas de depósito y los recibos de dinero exhibidos por David Hernández Hernández, Yanet Lucero Hernández, Zoila Hernández Cruz, Leocadia Guadalupe López Gatica, Brenda Eva Mora Bautista, efectuados a las diferentes cuentas proporcionadas por los integrantes de la asociación civil y hechas en efectivo; el oficio número RPPC/192/2016 de 10 de agosto de 2016 suscrito y firmado por el Licdo. Reynaldo Rafael Jiménez Ruiz, Registrador Publico de la Propiedad en Tlaxiaco, mediante el cual informa que el paraje denominado "La Loma", de San Lázaro Llano Yosovée en Tlaxiaco Oaxaca, no obra inscrito a favor de la señora Norma Cruz Montes o Tomas de Jesús González Rodríguez, y remite copia certificada en foja útil del registro número 444 de 11 de septiembre de 2001 sección Primera a nombre de Cesar Iván Riveros González; el oficio número 214-2/SJ-4123358/2017 de 25 de enero de 2017 suscrito y firmado por el Mtro. Humberto Ríos Ruiz, Director General adjunto de atención a autoridades B de la comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual entre otras cosas, informa que Norma Cruz Montes tiene un número de cuenta 3109228 de cheques la cual se encuentra cancelada y se evidencian los movimientos en donde se aprecian los depósitos y transacciones realizados que coinciden entre otros con los realizados por las víctimas, la diversa cuenta BANCOPPEL número 10137443711 que actualmente ya no tiene saldo, y en Banco Azteca; así como la inspección ocular realizada por el Agente Estatal de Investigaciones el 19 de junio de 2019 en el lugar que refieren las víctimas como son las oficinas de la Asociación Civil "Alianza Democrática Social" y el predio don se (sic) según se iba a construir las viviendas, mismo que se encuentra vacío, solo hay basura y solo se puede ver una cartulina en donde tiene fotografías de maquinaria y obras, así como en la entrada una hoja de papel pegada con la leyenda "BANCOMER 2898925275 D Norma Cruz Montes" y en la inspección ocular realizada en el paraje, no se observa ningún indicio de construcción en el mismo, el dictamen contable de 23 de junio de 2017, realizado por el perito contable adscrita a la Fiscalía General del Estado, determinando un monto total de lo defraudado que asciende a la cantidad de $302,00(Trescientos dos mil pesos 00/100 M.N.); y finalmente el oficio número DG01/UJ03/2205/2017 de 13 de octubre de 2017 suscrito y firmado por el Licdo. Javier Neftalí Jiménez Velásquez, Jede (sic) la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de la vivienda, mediante el cual se informa que acorde a los registros que obran en dicha comisión a la fecha no existe gestión para apoyos de vivienda llevados a cabo por la Asociación Civil "Alianza Democrática Social" o por los particulares Norma Cruz Montes o Tomas De Jesús González Rodríguez, es decir, contrario a lo que aduce el apelante, el dicho de las víctimas se encuentra corroborado con los datos incorporados por la representación social al solicitar la vinculación a proceso del hoy imputado. En tal sentido, resulta infundado el agravio que expresa el apelante, relativo a que no existe testimonio que apoye lo declarado por las víctimas, puesto que conforme a los hechos relatados por aquellas, resultan ser testigos entre sí, de lo ocurrido; por lo cual revisten un doble carácter, el de victima directa al resentir un detrimento en su patrimonio a causa del actuar de los imputados, y a su vez, son testigos de lo que ocurrió al otro, lo cual dan a conocer mediante el escrito de querella que ratificaron ante la autoridad investigadora. Dichos que además de corroborarse entre sí, se concatenan con otros daros de prueba, a los que ya se refirió este cuerpo colegiado dentro de la presente resolución y que hasta el momento no han sido demeritados; por tanto, los datos de prueba vertidos por la fiscalía se consideran suficientes para acreditar los hechos imputados por la institución ministerial, máxime si tomamos en cuenta que en el momento procesal en el que se emite la resolución en estudio se requiere de un estándar probatorio mínimo para el dictado de un auto de vinculación a proceso (.)". No se estudió el grado de participación, precisando hora, día, mes y demás circunstancias de ejecución de los hechos. Agravio V. "(.) De igual forma, resulta infundado el agravio consistente en que no se realizó un estudio del grado de participación, precisando hora, día, mes y demás circunstancias de ejecución de los hechos, ya que, contrario a lo que afirma y como quedo vislumbrado en audiencia y asentado en la presente determinación, existen indicios de su participación en el hecho, que permiten establecer el día, hora y lugar, en que el apelante Victorino Gutiérrez Osorio llevó a cabo actos que en conjunto con los diversos imputados, para engañar a las víctimas y obtener un lucro indebido. Es así porque de la querella de las victimas Leocadia Guadalupe López Gatica, Brenda Eva Mora Bautista, Yanet Lucero Hernández, Zoila Hernández Cruz y David Hernández Hernández, se pone de manifiesto que Víctorino Gutiérrez Osorio es una de las personas que se encontraban reunidas el día 16 de octubre de 2014, el paraje conocido como "La Loma", de San Lorenzo Llano Yosovée en Tlaxiaco Oaxaca, donde les refirieron a las víctimas que se construirían las viviendas del proyecto, es decir, como correctamente lo estableció la juzgadora, el imputado participó en la segunda reunión y que por ostentar un cargo de representación como "regidor del municipio de Tlaxiaco", las victimas confiaron en la seguridad del proyecto y comenzaron a realizar depósitos para obtener así el beneficio establecido, es decir, efectivamente fue un alentador para que las víctimas se decidieran, ya que su dicho produjo un convencimiento para que estas comenzaran a hacer los depósitos de dinero a las cuentas que les fueron referidas como de la "Asociación Alianza Democrática A.C.", lo que establece un grado de participación de coautoría material en términos de la fracción III del artículo 11 del código penal para el Estado de Oaxaca (.)". Al dictarse el auto de vinculación a proceso se dijo que tenía un plan, sin que se precisara la forma de ese plan. Agravio VI. "(.) Así mismo, el motivo de disenso, consistente en que al momento de dictarse el auto de vinculación que dio origen al presente recurso, se hizo mención de un plan, sin embargo, no se precisó la forma de ese plan, de la visualización de los registros de audio y video de la audiencia de ampliación de término constitucional de fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, referente al imputado Victorino Gutiérrez Osorio, se advierte, que la juez de control al emitir su resolución, explicó que de los datos de prueba aportados por la fiscalía, se advierte un reparto de tareas que llevó cada uno de los imputados, enfatizando que por lo que hace al imputado Victorino Gutiérrez Osorio, el hecho de pertenecer al orden de gobierno Municipal de la población de Tlaxiaco como lo refirieron las víctimas, sin duda fue motivo de confianza para seguir adelante con sus depósitos y obtener lo que les habían prometido, criterio con el cual concuerda esta autoridad, pues de la propia querella se advierte que el aliciente que motivo a las víctimas a creer en el proyecto que les fue planteado por cuatro de los imputados, fue precisamente que el mismo se encontraba respaldado por el hoy imputado en su carácter de Regidor de Hacienda, aunado a que no solamente incentivó a las víctimas a creer en dicho proyecto, sino que también recibió dinero en efectivo por parte de una de las víctimas, de ahí que hasta el momento se encuentra acreditada la participación del señor Victorino Gutiérrez Osorio, como coautor en los hechos que se le imputan, resultando desde luego, infundado su agravio. No pasa inadvertido para esta autoridad, que de los registros de audio y video de la audiencia de comunicación de imputación y solicitud de vinculación a proceso de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se aprecia que la agente del Ministerio Público, al momento de realizar sus argumentos para sustentar la solicitud de vinculación a proceso del hoy imputado Victorino Gutiérrez Osorio, expresó que atendiendo a la doctrina existente respecto a la coautoría, refirió que en el caso, existe entre los imputados el plan en común para obtener un lucro indebido mediante una repartición de tareas, precisando que la participación del imputado consistió avalar la información dada por los imputados sobre la construcción de viviendas de bajo costo y con pago en parcialidades, puesto que con el cargo que en ese momento ostentaba como Regidor del Municipio, manifestó que el proyecto de vivienda era respaldado por el mismo municipio de Tlaxiaco, Oaxaca; aunado a que recibió dinero por parte de una de las víctimas. Lo que permite establecer que el plan acordado consiste en hacer creer a las víctimas que la asociación civil de la que formaba parte algunos imputados, construirían casas de najo costo, lo cual avalaría el imputado Victorino ante las víctimas, para que entregaran las cantidades de dinero establecidas como pago de la vivienda, y con ello obtener un lucro indebido (.)". No es creíble que las cinco personas que se dicen víctimas hayan conocido los hechos que relatan el mismo día y a la misma hora. Agravio VII. "(.) De igual manera, el agravio referente a que la querella de las víctimas fue valorada de manera incorrecta, puesto que a consideración del recurrente no es creíble que las cinco víctimas hayan conocido los hechos que relatan el mismo día y a la misma hora, debe decirse que dicho argumento también resulta errado, pues se trata de una mera apreciación subjetiva del recurrente, puesto que no expone los motivos o las circunstancias que permitan concluir que Io narrado por las víctimas de manera conjunta sea mentira o bien, las razones por la que no es posible que hayan vivenciado los mismos hechos, en el mismo día y en la misma fecha, pues contrario a ello, se advierte que las victimas narran de manera y precisa como fue que tuvieron conocimiento del supuesto proyecto de vivienda, el lugar al que acudieron para obtener informes, quiénes fueron las personas que los atendieron y lo que les dijeron; aunado a que cada uno de ellos precisa de manera particular la forma, fecha y lugar en que realizaron los respectivos abonos para Ilegar al total de ochenta mil pesos que les eran requeridos para la obtención de una vivienda, máxime que dada la forma en que fue publicitado dicho "proyecto", resulta creíble que las hoy víctimas se hayan enterado al mismo tiempo, así también resulta creíble que hayan estado presentes en las misma hora, el mismo día y en el mismo lugar para conocer las características del proyecto ofertado; por ello, al no existir dato de prueba que acredite que las víctimas se condujeron con mendacidad al momento de presentar su querella, no es dable demeritar el valor probatorio que les fue concedido, de ahí que su punto de desacuerdo resulte infundado (.)". Se valoró incorrectamente la querella, ya que no es creíble que fueran engañadas las víctimas, ya que son mayores de edad, comerciantes y no se demuestra ningún grado de ignorancia, pues el denunciante David Hernández Hernández es profesor como lo manifestó en sus datos generales al ratificar su querella. Agravio VIII. "(.) También resulta infundado el agravio marcado con el número ocho en el que el apelante refiere que no es creíble que las victimas hayan sido engañadas, atendiendo a que son mayores de edad, comerciantes y la víctima. David Hernández Hernández es profesor. Puesto que las victimas bajo la creencia de que adquirían una casa de bajo costo, realizaron múltiples depósitos por diferentes cantidades y en diversas fechas, de ahí que las victimas actuaron bajo engaño, como lo afirman en la querella y se corrobora con los comprobantes de depósitos o fichas de depósito que oportunamente fueron exhibidas por éstos, Io que fue un elemento esencial para considerar el monto total de lo defraudado, que fue establecido en el dictamen contable por la perito de la fiscalía, con base en las constancias que obran en la carpeta de investigación, y que por Io que hace a los pagos realizados al imputado Victorino Gutiérrez Osorio estos no fueron cuantificados por carecer de respaldo con alguna documentación, porque no fueron entregados recibos, por lo tanto dicha cantidad no fue tomada en cuenta. De tal forma, que a pesar de la edad y ocupación de aquellas, resulta creíble que las víctimas Leocadia Guadalupe López Gatica, Brenda Eva Mora Bautista, Yanet Lucero Hernández, Zoila Hernández Cruz y David Hernández Hernández, entregaron el dinero bajo en engaño, de ahí que se duelen de no haber recibido su vivienda, a pesar de haber hecho los pagos en la forma que les indicaron, y que tampoco el dinero les ha sido devuelto, en cambio, las cuentas en las que realizaron los depósitos se encuentran vacías y canceladas; y, por otro lado, el inmueble en que tenía sus oficinas la "Asociación Civil Alianza Democrática A.C.", sito en la Calle José Domingo Vásquez, Colonia Centro Tlaxiaco, específicamente en el inmueble marcado con el número 8, ha sido desocupado. Otro dato que acredita el engaño, se desprende del oficio número a DG01/UJO3/2205/2017 de 13 de octubre de 2017 suscrito y firmado por el Licdo. Javier Neftalí Jiménez Velásquez, Jefe la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de vivienda, quien informó que de acuerdo a los registros que obran en dicha comisión a la fecha no existe gestión para apoyos de vivienda llevados a cabo por la Asociación Civil "Alianza Democrática Social" o por los particulares Norma Cruz Montes o Tomas de Jesús Gonzalez Rodríguez, es decir, el citado proyecto nunca existió formalmente; mucho menos la asociación había adquirido inmueble en el que afirmaron se construirían las viviendas; Io que se advierte del oficio número RPPC/192/2016 de 10 de agosto de 2016 suscrito y firmado por el Licdo. Reynaldo Rafael Jiménez Ruiz, Registrador Publico de la Propiedad en Tlaxiaco, queda clarificado que el Paraje denominado "La loma", de San Lázaro Llano Yosovée en Tlaxiaco Oaxaca, no está inscrito a favor de la señora Norma Cruz Montes o Tomas de Jesús Gonzalez Rodríguez, y remite copia certificada en una foja útil del registro número 444 de 11 de septiembre de 2001 sección Primera a nombre de Cesar Iván Riveros González. Aunado a Io anterior, tenemos que el argumento relativo a que dada la preparación educativa de una de las víctimas y la ocupación laboral de las restantes, no es creíble que hayan sido engañados, dicha manifestación resulta ser una mera apreciación subjetiva por parte del apelante, puesto que el tipo penal en estudio no requiere que para que se acredite el engaño, las victimas deban ser personas de bajo nivel educativo o de bajo estrato social, o que su preparación académica u ocupación sea una condicionante para tener por acreditado dicho elemento, puesto que el engaño consiste precisamente en provocar mediante argucias, artimañas, maquinaciones o cualquier otro medio, un falso conocimiento en el sujeto pasivo que Ie provoque la determinación de realizar un acto de disposición patrimonial en beneficio del sujeto activo (.)".. Por otra parte, respecto a la quejosa Verónica Cruz Vásquez. Agravios expresados en el recurso de apelación, en síntesis, lo siguiente: Estudio de los agravios por la Sala: La señalan como secretaria de la oficina donde se atendían a diversas personas, pero en ningún momento precisan que haya recibido la cantidad de cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional para beneficio propio, ya que lo lógico era recibirlo y entregarlo a Norma Cruz Montes, pues las fichas de depósito a las que se refirieron las víctimas no se relacionan con su persona con prueba idónea, ya que existen dos recibos de abonos, uno por la cantidad de $20,000.00 y otro por $30,000.00 de parte de Leocadia Guadalupe López Gatica y debió haber entendido la juez que, como secretaria, recibió el dinero, expidió el recibo y lo entregó a su jefa. Agravio I. "(.) Se considera infundado el agravio que hace valer la promovente del recurso de apelación, consistente en que si bien las victimas la señalan como secretaria de la oficina donde se atendían a diversas personas, sin embargo, no precisan que haya recibido la cantidad de cincuenta mil pesos 00/100 m.n. para beneficio propio, ya que la juzgadora debió considerar que como secretaria recibió el dinero, expidió el recibo y Io entregó a su jefa, sin embargo, la apelante pierde de vista que la víctima Leocadia Guadalupe López Gatica, en su querella manifestó que Verónica Cruz Vásquez, es la persona que el 16 de octubre de 2014, le recibió determinada cantidad de dinero, por la cual le expidió un recibo escrito hecho a mano, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N) por concepto del pago de proyecto "Tlaxiaco al 100", y que también el 16 de octubre de 2015, nuevamente esta persona es quien le recibe y expide a su favor un recibo por la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) por concepto del pago del proyecto "Tlaxiaco al 100". Dicho que se corrobora con la exhibición de los citados documentos. Y si bien es cierto, la recurrente afirma que la juez debió considerar que como secretaria recibió el dinero, expidió el recibo y Io entregó a su jefa, sin embargo, esta última afirmación no encuentra sustento con alguno de los datos de prueba vertidos por el órgano acusador, puesto que de la querella que fue presentada por las víctimas, por cuanto hace a la víctima Leocadia Guadalupe López Gatica, refiere que fue a la aquí apelante a quien en dos ocasiones le hizo entrega de dinero en efectivo, motivo por el cual la doliente le expedido dos recibos, sin embargo, en ningún momento hace mención que dicho numerario le haya sido entregado a quien la apelante se refiere como "su jefa", aunado a que no existe dato objetivo por parte de la imputada o su defensa que permitan inferir dicha aseveración (.)". No existió prueba que demuestre que haya habido trato de su parte con las personas que se dicen víctimas, respecto al llamado proyecto de vivienda, toda vez que no era la indicada para hacerlo. Agravio II. "(..) En cuanto al motivo de disenso que hace consistir en que no existe prueba que demuestre que tuvo trato con las personas que se dicen víctimas, respecto al proyecto de vivienda que éstas aluden, toda vez que no era la persona indicada, ya que era únicamente una empleada, al respecto debe decirse que dicho argumento resulta infundado, puesto que con el material probatorio aportado por la representación social en la audiencia de comunicación de imputación verificada y de solicitud de vinculación a proceso, dentro de la causa penal en comento, se corrobora el dicho de las victimas Leocadia Guadalupe López Gatica, Brenda Eva Mora Bautista, Yanet Lucero Hernández, Zoila Hernández Cruz y David Hernández Hernández, quienes son claras en referir en su escrito de querella que el día 15 de octubre del año 2014, las víctimas Leocadia Guadalupe López Gatica, Brenda Eva Mora Bautista, Yanet Lucero Hernández, Zoila Hernández Cruz y David Hernández Hernández, llegaron a las oficinas ubicadas en la calle José Domingo Vázquez, número 8, interior alto, letra "D", Tlaxiaco, alrededor de las diez horas, en donde fueron atendidas por el señor Tomas de Jesús González Rodríguez, Norma Cruz Montes, Verónica Cruz o Verónica Cruz Vázquez y Fanny Velásquez Cruz, y que los dos primeros dijeron ser representantes de la asociación civil "alianza democrática social", en tanto, las dos últimas dijeron ser Secretarias de éstos, es decir las víctimas la señalan como una de las personas que se ostentó como empleada de la referida asociación civil, aunado a que fue una de las personas que recibió dinero en efectivo de una de las víctimas, lo que pone de relieve que efectivamente tuvo trato con las víctimas, con motivo del proyecto "Tlaxiaco al 100". Por otra parte, se advierte que la defensa de la imputada, en la audiencia de término constitucional interrogó a la víctima Leocadia Guadalupe López Gatica, quien entre otras cosas, refirió que el señor Victorino y otras eran quienes le informaban del proyecto no solo él, que el dinero que depositaban no era solo a cuenta de Norma, que Verónica era la secretaria o encargada y a ella Ie daba el dinero por eso tiene unos recibos, porque ella les llamaba para recordarle que tenían que dar los pagos, ella nunca depósito a las cuentas porque ella Io hizo de forma personal, que no recuerda la fecha de los recibos pero que tiene sus recibos, que los recibos fueron firmados por Verónica "la chinita", que ella les dijo que estaba en el proyecto de las casas y que ella les informaba en donde estaba el proyecto y el terreno, porque iban a diferentes reuniones, aunque no se acuerda de las fechas. De tal forma, está acreditado que la imputada Verónica Cruz Vásquez, es una de las personas que se ostentó como parte de la asociación civil, que presentó el proyecto "Tlaxiaco 100", de construcción de casas a bajo costo; quien también recibió sumas de dinero por concepto de pago realizado por las víctimas, sin que se pueda concluir, con base en los datos que fueron incorporados en la audiencia de comunicación de la imputación, que la imputada desconociera la falsedad del proyecto, pues como quedé evidenciado ella se desempeñaba como secretaria de la asociación civil, y también se encargaba de recordar a las víctimas que efectuaran el pago por la adquisición de la casa de bajo costo, pese a que no había avance de las obras, y finalmente fueron cerradas las oficinas en que la imputada y otros, atendieron a las personas para hacerlas creer que adquirían una casa de bajo costo, sin que las victimas tuvieran información sobre el avance de la construcción de las viviendas la devolución de su dinero, lo que constituye el engaño, por medio del cual la imputada Verónica Cruz Vásquez obtuvieron un lucro indebido (.)". No existió un lucro indebido porque no hay prueba que demuestre que haya dispuesto de las cantidades de dinero que fueron depositadas a nombre de otras personas y de los recibos que firmó como secretaria y que, con ello, haya obtenido un beneficio. Agravio III. "(.) En cuanto al agravio marcado con el número tres, concerniente a que no existió un lucro indebido porque no hay prueba que demuestre que haya dispuesto de las cantidades de dinero que fueron depositadas a nombre de otras personas y de los recibos que firmó como secretaria y que, con ello, haya obtenido un beneficio, dicho argumento también se estima equivocado, puesto que, tal como lo argumento la juzgadora, la imputada tuvo el roll de secretaria, mientras otros realizaban actos diversos, siendo la imputada Verónica Cruz Vásquez, la persona que fue señalada como quien podía recibir dinero, lo que en efecto realizó porque una de las victimas le entregó la cantidad total de cincuenta mil pesos 00/100 m.n., cuando el proyecto nunca se realizó, la asociación ni siquiera había adquirido el terreno que los imputados señalaron como el lugar en que se iban a construir las viviendas, por tanto, si recibieron pago de dinero por concepto de la construcción de la vivienda, sin que Io hayan hecho, es claro que obtuvieron un lucro indebido. De ahí que si la imputada Verónica Cruz Vásquez formaba parte del grupo de personas, en las que cada una tuvo un roll, para lograr el único propósito de que las víctimas entregaran diversas cantidades de dinero, resulta ser probable coautora material del hecho que le atribuye el agente del Ministerio Público. Si bien es cierto la apelante afirma que solo era una empleada, que por tal razón el dinero que recibía lo entregaba a otros imputados, y que realizaba esa actividad como parte de su trabajo. Lo cierto es que hasta este momento está acreditado que la imputada participo del plan previamente convenido, por lo que prevalece la imputación efectuada por la representación social "(.)" No se encuentra comprobado el cuerpo del tipo penal, ya que la denuncia de las víctimas no se encuentra apoyada por un testigo de cargo. Agravio IV. "(.) Relativo al argumento de la apelante de que no se encuentra comprobado el cuerpo del tipo penal, ya que la denuncia de las víctimas no se encuentra apoyada por un testigo de cargo; debe decirse que ese argumento resulta errado, porque el dicho de las querellantes también constituye un testimonio, dado que dan a conocer hechos en los que resultaron afectados en su patrimonio; y acontecimientos que le ocurrió al otro; por Io cual el dicho de las victimas reviste un doble carácter como querella y como testimonio de cargo. Que se corroboran con las fichas de depósito y recibos de dinero exhibidos por David Hernández Hernández, Yanet Lucero Hernández, Zoila Hernández Cruz, Leocadia Guadalupe López Gatica, Brenda Eva Mora Bautista, efectuados a las diferentes cuentas proporcionadas por los integrantes de la asociación civil y hechas en efectivo; el oficio número RPPC/19212016 de 10 de agosto de 2016 suscrito y firmado por el Licdo. Reynaldo Rafael Jiménez Ruiz, Registrador Publico de la Propiedad en Tlaxiaco, mediante el cual informa que el Paraje denominado "La Loma", de San Lázaro Llano Yosovée en Tlaxiaco Oaxaca, no obra inscrito a favor de la señora Norma Cruz Montes o Tomas de Jesús González Rodríguez, y remite copia certificada en foja útil del registro número 444 de 11 de septiembre de 2001 sección Primera a nombre de César Ivan Riveros González; el oficio número 214-2/SJ-4123358/2017 de 25 de enero de 2017 suscrito y firmado por el Mtro. Humberto Ríos Ruiz, Director General adjunto de atención a autoridades B de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual entre otras cosas, informa que Norma Cruz Montes tiene un número de cuenta 3109228 de cheques la cual se encuentra cancelada y se evidencian los movimientos en donde se aprecian los depósitos y transacciones realizados que coinciden entre otros con los realizados por las víctimas. La diversa cuenta BANCOPPEL número 10137443711 que actualmente ya no tiene saldo y en Banco Azteca; así como la inspección ocular realizada por el Agente Estatal de investigaciones el 19 de junio de 2019 en el lugar que refieren las victimas como son las oficinas de la Asociación Civil "Alianza Democrática Social" y el predio en donde se según se iban a construir las viviendas, mismo que se encuentra vacío, solo hay basura y solo se puede ver una cartulina en donde tiene fotografías de maquinaria y obras, así como en la entrada una hoja de papel pegada con la leyenda "BANCOMER 2898925275 D Norma Cruz Montes"; en tanto que en el paraje no se observa algún indicio de construcción; el dictamen contable de 23 de junio de 2017, realizado por perito contable adscrita a la Fiscalía General del Estado, determinando un monto total de Io defraudado que asciende a la cantidad de $302,000.00 (Trescientos dos mil pesos 00/100 M.N); y finalmente el oficio número DG01/UJO3/2205/2017 de 13 de octubre de 2017 suscrito y firmado por el Licdo. Javier Neftalí Jiménez Velásquez, Jede la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de vivienda, mediante el cual se informa que acorde a los registros que obran en dicha comisión a la fecha no existe gestión para apoyos de vivienda Ilevados a cabo por la Asociación Civil "Alianza Democrática Social" o por los particulares Norma Cruz Montes o Tomas de Jesús González Rodríguez; es decir, contrario a Io que aduce la apelante, estos fueron los datos con los cuales la representación social solicitó la vinculación a proceso de la imputada Verónica Cruz Vásquez en el mismo, acorde al estándar probatorio para esta etapa procesal. De ahí que el agravio que sostiene la apelante consistente en que la denuncia de las víctimas no está apoyado con algún testimonio de cargo es infundado, puesto que las víctimas también tiene el carácter de testigos, porque les consta lo que le ocurrió a la otra y Io dan a conocer mediante el escrito de querella que ratificaron ante la autoridad investigadora (.)". No se encuentra comprobado su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude genérico, ya que su función era de secretaria, laborando en la oficina; además, tampoco se precisa de manera clara el grado de participación de su parte, en el cual se señalara hora, día, año y demás circunstancias de ejecución de los hechos. Agravio V. "(.) Sostiene la apelante en el punto de disenso marcado con el número cinco, que no se encuentra comprobado su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude genérico, ya que su función era de secretaria, laborando en la oficina; además, tampoco se precisa de manera clara el grado de participación de su parte, en el cual se señalara hora, día, año y demás circunstancias de ejecución de los hechos. La aseveración se considera incorrecta, pues contrario a ello, se advierte que las victimas refirieron que después de haber realizado los depósitos en el mes de julio se volvieron a reunir porque no veían avances con la construcción y que la mayoría ya habían terminado de hacer sus depósitos, por lo que acudieron a la Asociación para ver la respuesta que les daban y fueron informados por parte de Verónica Cruz Vásquez y otra persona, que las obras estaban paradas por cuestiones administrativas, pero que ya se encontraban haciendo la distribución de las casas que de hecho les iban a avisar cuando iban a hacer el sorteo para ver el número de casa que les iba a tocar, pero que no desconfiaran por lo cual en el mes de septiembre del año 2015, se reunieron otra vez porque empezó a correr el rumor en la población que lo de las viviendas era solo un fraude, por lo cuales fueron a las oficinas sin recordar la fecha exacta del mes de septiembre del año 2015, para que les explicaran que es Io que había pasado, pero les dijeron en este caso que tenían que esperar, porque aún no se iniciaba la construcción de las viviendas porque el retraso fue por el papeleo del municipio de Tlaxiaco, Oaxaca. También pudieron percatarse que había personas que Ilegaron a las oficinas a preguntar Io mismo, entonces estas víctimas Leocadia Guadalupe López Gatica, Brenda Eva Mora Bautista, Yanet Lucero Hernández, Zoila Hernández Cruz y David Hernández Hernández empezaron a investigar y preguntar a diferentes personas para constatar quién era el dueño del terreno en donde iban a construir viviendas, y refieren que una vez que indagaron esto les dijeron que el dueño de ese inmueble nunca habia vendido a esas personas, que César Riveros González no tenía ningún trato con ellas. Posteriormente en múltiples ocasiones Tomas de Jesús González Rodríguez, Norma Cruz Montes y Victorino Gutiérrez Osorio no les daban la cara a partir de marzo de 2016, cerraron la supuesta asociación de "Alianza Democrática Social", hasta ese momento se encuentran cerradas, y que ya no contesta el teléfono celular, por lo cual presentaron su querella ante la Representación social; es decir, la imputada Verónica Cruz o Verónica Cruz Vásquez, como lo argumento la juzgadora, tuvo un rol de secretaria, mientras otros realizaban actos diversos, y fue señalada como una de las personas que podía recibir dinero y tan Io recibió por una de las víctimas, por el monto total ya precisado antes, cuando el proyecto nunca se realizó, por ello la intención fue obtener un lucro, porque fue parte de un grupo de personas en las que cada tuvo un rol para lograr el único propósito, y si bien ella afirma solo era una empleada, Io cierto es, que hasta este momento procesal está acreditado que mediante un plan previamente convenido, la imputada y otros, engañaron a las víctimas, haciéndoles creer que adquirían una vivienda a bajo costo, cuando realidad ni siquiera habían adquirido el terreno que señalaron como el lugar de Ia edificación, y en ese plan, la imputada se ostentó como secretaria de la Asociación civil, por Io que prevalece la imputación efectuada por la representación socia siendo que la conducta realizada, establece un grado de intervención de coautoría material en términos de la fracción III del artículo 11 del Código Penal para el Estado de Oaxaca (.)". *** Agravio VI. "(.) Por cuanto hace a su agravio consistente en que en el auto de vinculación a proceso se dijo que se tenía un plan, sin que se especificara la forma de ese plan; al respecto debe decirse que al momento de solicitar la vinculación a proceso, el órgano acusador sostuvo que la participación de la hoy imputada fue en calidad de coautora, enfatizando que en el caso específico, el plan común era realizar un engaño a las víctimas con la finalidad de obtener un lucro, esto al identificarse como miembro de la Asociación Civil "Alianza Democrática Social", para lo cual, la imputada Verónica refirió ser secretaria de esa misma organización social, en este caso su aportación esencial consistió en ser la autorizada para recibir los baucher de los depósitos que realizaban las víctimas, así como recibos de dinero que entregaron las víctimas a dicha imputada. Forma de participación que también fue considera por la juez de control, pues al dar contestación a los argumentos realizados por la defensa de la imputada, dentro de la audiencia de término constitucional, sostuvo que la imputada fue parte de un grupo de personas en las que cada uno tuvo un rol para lograr un fin como Io fue el haberse prestado a decir que era la secretaria, puesto que así se presentó ante dichas personas, tan es así que Ilevó a cabo actividades inherentes a ella, como lo fue el de atender a las personas, pasarlas al lugar, en la primera reunión, seguía haciendo acto de presencia y asumiendo la función que Ie fue asignada como secretaria autorizada para recibir los comprobantes de los pagos realizados por las víctimas, e incluso recibir dinero en efectivo, ya que la víctima ***, Ie entregó la cantidad de veinte mil pesos y treinta mil pesos. Además junto con otra imputada atendió a las personas que acudían a la oficina para preguntar el avance de la construcción de las viviendas, porque no veían el resultado prometido. La apelante fue una de las personas que informó a las víctimas que había retrasados administrativos y trámites del municipio de esta localidad; así mismo al referirse al grado de participación de la imputada ***, dicha juez de control, especificó que cobraba vida la figura de la coautoría, toda vez que se estableció de manera clara el reparto de tareas de manera concomitante que Ilevó cada uno de ellos, el rol de la imputada consistió en ostentarse como secretaria de la Asociación encargada del proyecto de construcción de vivienda de bajo costo, por lo cual atendió a las personas que acudieron a las oficinas de la asociación y recibió dinero y comprobantes de pago realizados por la adquisición de viviendas; esa así como recibió la cantidad de cincuenta mil pesos cero centavos, moneda nacional, por parte de la víctima ***. Por otra parte, junto con otra imputada informó a las victimas la razón del retraso o paralización de las obras, cuando en realidad ni siquiera se había adquirido el terreno en donde se realizaría la edificación, toda vez que todo era ficticio, apreciación que comparte este Tribunal (.)". *** . Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa y terceros interesados no manifestaron respecto a la vista otorgada en auto de veintiséis de mayo del año en curso, por lo que ha precluido su derecho para ello. 2. Historia de cumplimiento. En esas condiciones, con la documental que remitió la autoridad responsable, Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, para dar cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo, se procede a establecer si del análisis de esa constancia se encuentra cumplido el fallo protector; por ello, es importante destacar: I. En sentencia engrosada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno se concedió la protección constitucional a los quejosos Victorino Gutiérrez Osorio y Verónica Cruz Vásquez, para el efecto de que la autoridad responsable, Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, procediera en los términos siguientes: "(.) SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En esas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia solicitada, para el efecto de que la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución de veintiocho de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca penal JOTP/179/2019, relativo al recurso de apelación; y, b) En su lugar, emita otra en la que, en estricto acatamiento a los principios de motivación, fundamentación, congruencia y exhaustividad, consagrados en el artículo 17 de la Constitución Federal, realice el estudio de todos los agravios expuestos en los recursos de apelación interpuestos por los ahora quejosos en el citado toca penal; hecho lo cual, resuelva lo que en derecho proceda. (.)". (Transcripción) II. Ejecutoria de amparo. Por acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió el cumplimiento a la responsable, Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. III. Informe de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio agregado en auto de veintiséis de mayo del año en curso, la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca comunicó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/179/2019. IV. Vista a la parte quejosa. Por ello, se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados, para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que hayan realizado manifestación alguna. 3. Cumplimiento. De lo antes relatado se advierte que la autoridad responsable, Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, cumplió con la ejecutoria de amparo, dado que: En resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/179/2019, dejó insubsistente la resolución de veintiocho de agosto de dos mil veinte, relativa al recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa; por tanto, cumplió con el primer efecto de la sentencia de amparo. Por lo que respecta al segundo efecto de la sentencia dictada en autos, se advierte que se dio cumplimiento, ya que en resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/179/2019, se realizó el análisis de todos los agravios expuestos por la parte quejosa en el recurso de apelación, de la manera siguiente: Respecto al quejoso Victorino Gutiérrez Osorio. Agravios expresados en el recurso de apelación, en síntesis, lo siguiente: Estudio de los agravios por la Sala: Los depósitos realizados por las víctimas ninguno se relaciona con su persona con prueba idónea. Agravio I. "(.) Debe decirse que no asiste la razón al apelante, esto porque si bien es cierto, no existe documento alguno que respalde el dicho de las víctimas en el sentido de asegurar que algunas le dieron dinero en efectivo a él, y que éste se comprometió a hacerlo llegar a los integrantes de la Asociación Civil y que posteriormente les darían los recibos correspondientes; no menos verdadero es que, atendiendo a la mecánica y naturaleza de los hechos, es evidente que lo que las víctimas afirman hasta este momento es suficiente para estimar como creíbles estas circunstancias, sobre todo porque en los casos en los que efectivamente se hicieron los depósitos o se entregó dinero en efectivo a diversos imputados, si se acredita con documentos, lo que otorga cierta veracidad a su dicho (.)".. No existe prueba que demuestre que tuvo trato con las personas que se dicen víctimas. Agravio II. "(.) Por cuanto hace al agravio consistente en que no existe prueba que demuestre que tuvo trato con las personas que se dicen víctimas, porque a su consideración la denuncia (sic) de esta no está corroborada; debe decirse que el imputado se equivoca en este aspecto, dado que contrario a ello, se advierte que con el material probatorio por la representación social en cada una de las audiencias de comunicación de imputación verificadas dentro de la causa penal 0014/2018 en comento, se corrobora el dicho de las victimas Leocadia Guadalupe López Gatica, Brenda Eva Mora Bautista, Yanet Lucero Hernández, Zoila Hernández Cruz y David Hernández Hernández, no obstante Io anterior, el imputado tampoco aportó en audiencia elementos probatorios que nos hagan hasta este momento estimar que Ie asiste la razón, en consecuencia subsiste la imputación efectuada por la institución ministerial (.)". No existió lucro indebido porque no existe prueba de que recibió el dinero, como quedó justificado con las fichas de depósito y con los recibos de pago, ya que en ninguna está su nombre, así como con la prueba pericial contable que no contempla ninguna cantidad de dinero recibida de su parte. Agravio III. "(.) Corre la misma suerte el agravio en el sentido de estimar que no existe por parte del imputado Victorino Gutiérrez Osorio, la obtención de un lucro indebido, esto porque no resulta necesario de esbozar de manera rigurosa tal circunstancia, dado que hasta este momento queda corroborado que su conducta y participación en los hechos fue una parte fundamental para que se obtuviera por parte de las víctimas Leocadia Guadalupe López Gatica, Brenda Eva Mora Bautista, Yanet Lucero Hernández, Zoila Hernández Cruz y David Hernández Hernández, el convencimiento para empezar a realizar los depósitos a las cuentas proporcionadas por los integrantes de la asociación y entregar cantidades de dinero con la finalidad de verse beneficiados con alguna de las viviendas que afirmaba la Asociación Civil "Alianza Democrática A.C" construiría en el paraje conocido como "La Loma", de San Lázaro Llano Yosevée en Tlaxiaco Oaxaca y que les serían entregadas entre junio y julio del año dos mil quince; esto es así, puesto que del dato de prueba consistente en la querella presentada por las víctimas, cuya información fue vertida dentro de la audiencia de comunicación de imputación y solicitud de vinculación a proceso de fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecinueve, señalan que la ciudadana Janet Lucero Hernández entregó la cantidad de ocho mil pesos al señor VICTORINO GUTIÉRREZ OSORIO, el día treinta de octubre del año 2014, en las oficinas de la Regiduría de esta ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, así mismo refieren que la señora LEOCADIA GUADALUPE LÓPEZ GATICA, entregó la cantidad de diez mil pesos, de manera directa al señor VICTORINO GUTIÉRREZ OSORIO en las oficinas de la Regiduría de dicha ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca (.)". No se comprueba el cuerpo del tipo penal, ya que la denuncia de las víctimas no se encuentra apoyada con algún testimonio de cargo. Agravio IV. "(.) Ahora bien, tampoco le asiste la razón en el punto de disenso marcado con el número cuatro, en el que argumenta que no se comprueba el cuerpo del delito toda vez que la denuncia de las víctimas no se encuentra apoyada con algún testimonio de cargo. A lo que debe decirse que no le asiste la razón, porque el dicho de las víctimas encuentra corroboración entre sí, puesto que les constan los acontecimientos en los que resultaron afectados en su patrimonio, luego, al exponerlo a través de su escrito de querella que ratificaron ante la autoridad investigadora, su dicho reviste doble carácter: como querella y como testimonio, por lo que constituyen datos de prueba que acreditan el hecho. De tal forma, se estima correcta la determinación de la jueza de control, ya que con los datos de prueba ofertados por la institución ministerial, hasta este momento procesal se encuentran acreditado el hecho que la ley señala como el delito de fraude, máxime que diverso a la querella de las víctimas fueron vertidos por la fiscalía otros datos de prueba, tales como: las fichas de depósito y los recibos de dinero exhibidos por David Hernández Hernández, Yanet Lucero Hernández, Zoila Hernández Cruz, Leocadia Guadalupe López Gatica, Brenda Eva Mora Bautista, efectuados a las diferentes cuentas proporcionadas por los integrantes de la asociación civil y hechas en efectivo; el oficio número RPPC/192/2016 de 10 de agosto de 2016 suscrito y firmado por el Licdo. Reynaldo Rafael Jiménez Ruiz, Registrador Publico de la Propiedad en Tlaxiaco, mediante el cual informa que el paraje denominado "La Loma", de San Lázaro Llano Yosovée en Tlaxiaco Oaxaca, no obra inscrito a favor de la señora Norma Cruz Montes o Tomas de Jesús González Rodríguez, y remite copia certificada en foja útil del registro número 444 de 11 de septiembre de 2001 sección Primera a nombre de Cesar Iván Riveros González; el oficio número 214-2/SJ-4123358/2017 de 25 de enero de 2017 suscrito y firmado por el Mtro. Humberto Ríos Ruiz, Director General adjunto de atención a autoridades B de la comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual entre otras cosas, informa que Norma Cruz Montes tiene un número de cuenta 3109228 de cheques la cual se encuentra cancelada y se evidencian los movimientos en donde se aprecian los depósitos y transacciones realizados que coinciden entre otros con los realizados por las víctimas, la diversa cuenta BANCOPPEL número 10137443711 que actualmente ya no tiene saldo, y en Banco Azteca; así como la inspección ocular realizada por el Agente Estatal de Investigaciones el 19 de junio de 2019 en el lugar que refieren las víctimas como son las oficinas de la Asociación Civil "Alianza Democrática Social" y el predio don se (sic) según se iba a construir las viviendas, mismo que se encuentra vacío, solo hay basura y solo se puede ver una cartulina en donde tiene fotografías de maquinaria y obras, así como en la entrada una hoja de papel pegada con la leyenda "BANCOMER 2898925275 D Norma Cruz Montes" y en la inspección ocular realizada en el paraje, no se observa ningún indicio de construcción en el mismo, el dictamen contable de 23 de junio de 2017, realizado por el perito contable adscrita a la Fiscalía General del Estado, determinando un monto total de lo defraudado que asciende a la cantidad de $302,00(Trescientos dos mil pesos 00/100 M.N.); y finalmente el oficio número DG01/UJ03/2205/2017 de 13 de octubre de 2017 suscrito y firmado por el Licdo. Javier Neftalí Jiménez Velásquez, Jede (sic) la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de la vivienda, mediante el cual se informa que acorde a los registros que obran en dicha comisión a la fecha no existe gestión para apoyos de vivienda llevados a cabo por la Asociación Civil "Alianza Democrática Social" o por los particulares Norma Cruz Montes o Tomas De Jesús González Rodríguez, es decir, contrario a lo que aduce el apelante, el dicho de las víctimas se encuentra corroborado con los datos incorporados por la representación social al solicitar la vinculación a proceso del hoy imputado. En tal sentido, resulta infundado el agravio que expresa el apelante, relativo a que no existe testimonio que apoye lo declarado por las víctimas, puesto que conforme a los hechos relatados por aquellas, resultan ser testigos entre sí, de lo ocurrido; por lo cual revisten un doble carácter, el de victima directa al resentir un detrimento en su patrimonio a causa del actuar de los imputados, y a su vez, son testigos de lo que ocurrió al otro, lo cual dan a conocer mediante el escrito de querella que ratificaron ante la autoridad investigadora. Dichos que además de corroborarse entre sí, se concatenan con otros daros de prueba, a los que ya se refirió este cuerpo colegiado dentro de la presente resolución y que hasta el momento no han sido demeritados; por tanto, los datos de prueba vertidos por la fiscalía se consideran suficientes para acreditar los hechos imputados por la institución ministerial, máxime si tomamos en cuenta que en el momento procesal en el que se emite la resolución en estudio se requiere de un estándar probatorio mínimo para el dictado de un auto de vinculación a proceso (.)". No se estudió el grado de participación, precisando hora, día, mes y demás circunstancias de ejecución de los hechos. Agravio V. "(.) De igual forma, resulta infundado el agravio consistente en que no se realizó un estudio del grado de participación, precisando hora, día, mes y demás circunstancias de ejecución de los hechos, ya que, contrario a lo que afirma y como quedo vislumbrado en audiencia y asentado en la presente determinación, existen indicios de su participación en el hecho, que permiten establecer el día, hora y lugar, en que el apelante Victorino Gutiérrez Osorio llevó a cabo actos que en conjunto con los diversos imputados, para engañar a las víctimas y obtener un lucro indebido. Es así porque de la querella de las victimas Leocadia Guadalupe López Gatica, Brenda Eva Mora Bautista, Yanet Lucero Hernández, Zoila Hernández Cruz y David Hernández Hernández, se pone de manifiesto que Víctorino Gutiérrez Osorio es una de las personas que se encontraban reunidas el día 16 de octubre de 2014, el paraje conocido como "La Loma", de San Lorenzo Llano Yosovée en Tlaxiaco Oaxaca, donde les refirieron a las víctimas que se construirían las viviendas del proyecto, es decir, como correctamente lo estableció la juzgadora, el imputado participó en la segunda reunión y que por ostentar un cargo de representación como "regidor del municipio de Tlaxiaco", las victimas confiaron en la seguridad del proyecto y comenzaron a realizar depósitos para obtener así el beneficio establecido, es decir, efectivamente fue un alentador para que las víctimas se decidieran, ya que su dicho produjo un convencimiento para que estas comenzaran a hacer los depósitos de dinero a las cuentas que les fueron referidas como de la "Asociación Alianza Democrática A.C.", lo que establece un grado de participación de coautoría material en términos de la fracción III del artículo 11 del código penal para el Estado de Oaxaca (.)". Al dictarse el auto de vinculación a proceso se dijo que tenía un plan, sin que se precisara la forma de ese plan. Agravio VI. "(.) Así mismo, el motivo de disenso, consistente en que al momento de dictarse el auto de vinculación que dio origen al presente recurso, se hizo mención de un plan, sin embargo, no se precisó la forma de ese plan, de la visualización de los registros de audio y video de la audiencia de ampliación de término constitucional de fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, referente al imputado Victorino Gutiérrez Osorio, se advierte, que la juez de control al emitir su resolución, explicó que de los datos de prueba aportados por la fiscalía, se advierte un reparto de tareas que llevó cada uno de los imputados, enfatizando que por lo que hace al imputado Victorino Gutiérrez Osorio, el hecho de pertenecer al orden de gobierno Municipal de la población de Tlaxiaco como lo refirieron las víctimas, sin duda fue motivo de confianza para seguir adelante con sus depósitos y obtener lo que les habían prometido, criterio con el cual concuerda esta autoridad, pues de la propia querella se advierte que el aliciente que motivo a las víctimas a creer en el proyecto que les fue planteado por cuatro de los imputados, fue precisamente que el mismo se encontraba respaldado por el hoy imputado en su carácter de Regidor de Hacienda, aunado a que no solamente incentivó a las víctimas a creer en dicho proyecto, sino que también recibió dinero en efectivo por parte de una de las víctimas, de ahí que hasta el momento se encuentra acreditada la participación del señor Victorino Gutiérrez Osorio, como coautor en los hechos que se le imputan, resultando desde luego, infundado su agravio. No pasa inadvertido para esta autoridad, que de los registros de audio y video de la audiencia de comunicación de imputación y solicitud de vinculación a proceso de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se aprecia que la agente del Ministerio Público, al momento de realizar sus argumentos para sustentar la solicitud de vinculación a proceso del hoy imputado Victorino Gutiérrez Osorio, expresó que atendiendo a la doctrina existente respecto a la coautoría, refirió que en el caso, existe entre los imputados el plan en común para obtener un lucro indebido mediante una repartición de tareas, precisando que la participación del imputado consistió avalar la información dada por los imputados sobre la construcción de viviendas de bajo costo y con pago en parcialidades, puesto que con el cargo que en ese momento ostentaba como Regidor del Municipio, manifestó que el proyecto de vivienda era respaldado por el mismo municipio de Tlaxiaco, Oaxaca; aunado a que recibió dinero por parte de una de las víctimas. Lo que permite establecer que el plan acordado consiste en hacer creer a las víctimas que la asociación civil de la que formaba parte algunos imputados, construirían casas de najo costo, lo cual avalaría el imputado Victorino ante las víctimas, para que entregaran las cantidades de dinero establecidas como pago de la vivienda, y con ello obtener un lucro indebido (.)". No es creíble que las cinco personas que se dicen víctimas hayan conocido los hechos que relatan el mismo día y a la misma hora. Agravio VII. "(.) De igual manera, el agravio referente a que la querella de las víctimas fue valorada de manera incorrecta, puesto que a consideración del recurrente no es creíble que las cinco víctimas hayan conocido los hechos que relatan el mismo día y a la misma hora, debe decirse que dicho argumento también resulta errado, pues se trata de una mera apreciación subjetiva del recurrente, puesto que no expone los motivos o las circunstancias que permitan concluir que Io narrado por las víctimas de manera conjunta sea mentira o bien, las razones por la que no es posible que hayan vivenciado los mismos hechos, en el mismo día y en la misma fecha, pues contrario a ello, se advierte que las victimas narran de manera y precisa como fue que tuvieron conocimiento del supuesto proyecto de vivienda, el lugar al que acudieron para obtener informes, quiénes fueron las personas que los atendieron y lo que les dijeron; aunado a que cada uno de ellos precisa de manera particular la forma, fecha y lugar en que realizaron los respectivos abonos para Ilegar al total de ochenta mil pesos que les eran requeridos para la obtención de una vivienda, máxime que dada la forma en que fue publicitado dicho "proyecto", resulta creíble que las hoy víctimas se hayan enterado al mismo tiempo, así también resulta creíble que hayan estado presentes en las misma hora, el mismo día y en el mismo lugar para conocer las características del proyecto ofertado; por ello, al no existir dato de prueba que acredite que las víctimas se condujeron con mendacidad al momento de presentar su querella, no es dable demeritar el valor probatorio que les fue concedido, de ahí que su punto de desacuerdo resulte infundado (.)". Se valoró incorrectamente la querella, ya que no es creíble que fueran engañadas las víctimas, ya que son mayores de edad, comerciantes y no se demuestra ningún grado de ignorancia, pues el denunciante David Hernández Hernández es profesor como lo manifestó en sus datos generales al ratificar su querella. Agravio VIII. "(.) También resulta infundado el agravio marcado con el número ocho en el que el apelante refiere que no es creíble que las victimas hayan sido engañadas, atendiendo a que son mayores de edad, comerciantes y la víctima. David Hernández Hernández es profesor. Puesto que las victimas bajo la creencia de que adquirían una casa de bajo costo, realizaron múltiples depósitos por diferentes cantidades y en diversas fechas, de ahí que las victimas actuaron bajo engaño, como lo afirman en la querella y se corrobora con los comprobantes de depósitos o fichas de depósito que oportunamente fueron exhibidas por éstos, Io que fue un elemento esencial para considerar el monto total de lo defraudado, que fue establecido en el dictamen contable por la perito de la fiscalía, con base en las constancias que obran en la carpeta de investigación, y que por Io que hace a los pagos realizados al imputado Victorino Gutiérrez Osorio estos no fueron cuantificados por carecer de respaldo con alguna documentación, porque no fueron entregados recibos, por lo tanto dicha cantidad no fue tomada en cuenta. De tal forma, que a pesar de la edad y ocupación de aquellas, resulta creíble que las víctimas Leocadia Guadalupe López Gatica, Brenda Eva Mora Bautista, Yanet Lucero Hernández, Zoila Hernández Cruz y David Hernández Hernández, entregaron el dinero bajo en engaño, de ahí que se duelen de no haber recibido su vivienda, a pesar de haber hecho los pagos en la forma que les indicaron, y que tampoco el dinero les ha sido devuelto, en cambio, las cuentas en las que realizaron los depósitos se encuentran vacías y canceladas; y, por otro lado, el inmueble en que tenía sus oficinas la "Asociación Civil Alianza Democrática A.C.", sito en la Calle José Domingo Vásquez, Colonia Centro Tlaxiaco, específicamente en el inmueble marcado con el número 8, ha sido desocupado. Otro dato que acredita el engaño, se desprende del oficio número a DG01/UJO3/2205/2017 de 13 de octubre de 2017 suscrito y firmado por el Licdo. Javier Neftalí Jiménez Velásquez, Jefe la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de vivienda, quien informó que de acuerdo a los registros que obran en dicha comisión a la fecha no existe gestión para apoyos de vivienda llevados a cabo por la Asociación Civil "Alianza Democrática Social" o por los particulares Norma Cruz Montes o Tomas de Jesús Gonzalez Rodríguez, es decir, el citado proyecto nunca existió formalmente; mucho menos la asociación había adquirido inmueble en el que afirmaron se construirían las viviendas; Io que se advierte del oficio número RPPC/192/2016 de 10 de agosto de 2016 suscrito y firmado por el Licdo. Reynaldo Rafael Jiménez Ruiz, Registrador Publico de la Propiedad en Tlaxiaco, queda clarificado que el Paraje denominado "La loma", de San Lázaro Llano Yosovée en Tlaxiaco Oaxaca, no está inscrito a favor de la señora Norma Cruz Montes o Tomas de Jesús Gonzalez Rodríguez, y remite copia certificada en una foja útil del registro número 444 de 11 de septiembre de 2001 sección Primera a nombre de Cesar Iván Riveros González. Aunado a Io anterior, tenemos que el argumento relativo a que dada la preparación educativa de una de las víctimas y la ocupación laboral de las restantes, no es creíble que hayan sido engañados, dicha manifestación resulta ser una mera apreciación subjetiva por parte del apelante, puesto que el tipo penal en estudio no requiere que para que se acredite el engaño, las victimas deban ser personas de bajo nivel educativo o de bajo estrato social, o que su preparación académica u ocupación sea una condicionante para tener por acreditado dicho elemento, puesto que el engaño consiste precisamente en provocar mediante argucias, artimañas, maquinaciones o cualquier otro medio, un falso conocimiento en el sujeto pasivo que Ie provoque la determinación de realizar un acto de disposición patrimonial en beneficio del sujeto activo (.)".. Por otra parte, respecto a la quejosa Verónica Cruz Vásquez. Agravios expresados en el recurso de apelación, en síntesis, lo siguiente: Estudio de los agravios por la Sala: La señalan como secretaria de la oficina donde se atendían a diversas personas, pero en ningún momento precisan que haya recibido la cantidad de cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional para beneficio propio, ya que lo lógico era recibirlo y entregarlo a Norma Cruz Montes, pues las fichas de depósito a las que se refirieron las víctimas no se relacionan con su persona con prueba idónea, ya que existen dos recibos de abonos, uno por la cantidad de $20,000.00 y otro por $30,000.00 de parte de Leocadia Guadalupe López Gatica y debió haber entendido la juez que, como secretaria, recibió el dinero, expidió el recibo y lo entregó a su jefa. Agravio I. "(.) Se considera infundado el agravio que hace valer la promovente del recurso de apelación, consistente en que si bien las victimas la señalan como secretaria de la oficina donde se atendían a diversas personas, sin embargo, no precisan que haya recibido la cantidad de cincuenta mil pesos 00/100 m.n. para beneficio propio, ya que la juzgadora debió considerar que como secretaria recibió el dinero, expidió el recibo y Io entregó a su jefa, sin embargo, la apelante pierde de vista que la víctima Leocadia Guadalupe López Gatica, en su querella manifestó que Verónica Cruz Vásquez, es la persona que el 16 de octubre de 2014, le recibió determinada cantidad de dinero, por la cual le expidió un recibo escrito hecho a mano, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N) por concepto del pago de proyecto "Tlaxiaco al 100", y que también el 16 de octubre de 2015, nuevamente esta persona es quien le recibe y expide a su favor un recibo por la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) por concepto del pago del proyecto "Tlaxiaco al 100". Dicho que se corrobora con la exhibición de los citados documentos. Y si bien es cierto, la recurrente afirma que la juez debió considerar que como secretaria recibió el dinero, expidió el recibo y Io entregó a su jefa, sin embargo, esta última afirmación no encuentra sustento con alguno de los datos de prueba vertidos por el órgano acusador, puesto que de la querella que fue presentada por las víctimas, por cuanto hace a la víctima Leocadia Guadalupe López Gatica, refiere que fue a la aquí apelante a quien en dos ocasiones le hizo entrega de dinero en efectivo, motivo por el cual la doliente le expedido dos recibos, sin embargo, en ningún momento hace mención que dicho numerario le haya sido entregado a quien la apelante se refiere como "su jefa", aunado a que no existe dato objetivo por parte de la imputada o su defensa que permitan inferir dicha aseveración (.)". No existió prueba que demuestre que haya habido trato de su parte con las personas que se dicen víctimas, respecto al llamado proyecto de vivienda, toda vez que no era la indicada para hacerlo. Agravio II. "(..) En cuanto al motivo de disenso que hace consistir en que no existe prueba que demuestre que tuvo trato con las personas que se dicen víctimas, respecto al proyecto de vivienda que éstas aluden, toda vez que no era la persona indicada, ya que era únicamente una empleada, al respecto debe decirse que dicho argumento resulta infundado, puesto que con el material probatorio aportado por la representación social en la audiencia de comunicación de imputación verificada y de solicitud de vinculación a proceso, dentro de la causa penal en comento, se corrobora el dicho de las victimas Leocadia Guadalupe López Gatica, Brenda Eva Mora Bautista, Yanet Lucero Hernández, Zoila Hernández Cruz y David Hernández Hernández, quienes son claras en referir en su escrito de querella que el día 15 de octubre del año 2014, las víctimas Leocadia Guadalupe López Gatica, Brenda Eva Mora Bautista, Yanet Lucero Hernández, Zoila Hernández Cruz y David Hernández Hernández, llegaron a las oficinas ubicadas en la calle José Domingo Vázquez, número 8, interior alto, letra "D", Tlaxiaco, alrededor de las diez horas, en donde fueron atendidas por el señor Tomas de Jesús González Rodríguez, Norma Cruz Montes, Verónica Cruz o Verónica Cruz Vázquez y Fanny Velásquez Cruz, y que los dos primeros dijeron ser representantes de la asociación civil "alianza democrática social", en tanto, las dos últimas dijeron ser Secretarias de éstos, es decir las víctimas la señalan como una de las personas que se ostentó como empleada de la referida asociación civil, aunado a que fue una de las personas que recibió dinero en efectivo de una de las víctimas, lo que pone de relieve que efectivamente tuvo trato con las víctimas, con motivo del proyecto "Tlaxiaco al 100". Por otra parte, se advierte que la defensa de la imputada, en la audiencia de término constitucional interrogó a la víctima Leocadia Guadalupe López Gatica, quien entre otras cosas, refirió que el señor Victorino y otras eran quienes le informaban del proyecto no solo él, que el dinero que depositaban no era solo a cuenta de Norma, que Verónica era la secretaria o encargada y a ella Ie daba el dinero por eso tiene unos recibos, porque ella les llamaba para recordarle que tenían que dar los pagos, ella nunca depósito a las cuentas porque ella Io hizo de forma personal, que no recuerda la fecha de los recibos pero que tiene sus recibos, que los recibos fueron firmados por Verónica "la chinita", que ella les dijo que estaba en el proyecto de las casas y que ella les informaba en donde estaba el proyecto y el terreno, porque iban a diferentes reuniones, aunque no se acuerda de las fechas. De tal forma, está acreditado que la imputada Verónica Cruz Vásquez, es una de las personas que se ostentó como parte de la asociación civil, que presentó el proyecto "Tlaxiaco 100", de construcción de casas a bajo costo; quien también recibió sumas de dinero por concepto de pago realizado por las víctimas, sin que se pueda concluir, con base en los datos que fueron incorporados en la audiencia de comunicación de la imputación, que la imputada desconociera la falsedad del proyecto, pues como quedé evidenciado ella se desempeñaba como secretaria de la asociación civil, y también se encargaba de recordar a las víctimas que efectuaran el pago por la adquisición de la casa de bajo costo, pese a que no había avance de las obras, y finalmente fueron cerradas las oficinas en que la imputada y otros, atendieron a las personas para hacerlas creer que adquirían una casa de bajo costo, sin que las victimas tuvieran información sobre el avance de la construcción de las viviendas la devolución de su dinero, lo que constituye el engaño, por medio del cual la imputada Verónica Cruz Vásquez obtuvieron un lucro indebido (.)". No existió un lucro indebido porque no hay prueba que demuestre que haya dispuesto de las cantidades de dinero que fueron depositadas a nombre de otras personas y de los recibos que firmó como secretaria y que, con ello, haya obtenido un beneficio. Agravio III. "(.) En cuanto al agravio marcado con el número tres, concerniente a que no existió un lucro indebido porque no hay prueba que demuestre que haya dispuesto de las cantidades de dinero que fueron depositadas a nombre de otras personas y de los recibos que firmó como secretaria y que, con ello, haya obtenido un beneficio, dicho argumento también se estima equivocado, puesto que, tal como lo argumento la juzgadora, la imputada tuvo el roll de secretaria, mientras otros realizaban actos diversos, siendo la imputada Verónica Cruz Vásquez, la persona que fue señalada como quien podía recibir dinero, lo que en efecto realizó porque una de las victimas le entregó la cantidad total de cincuenta mil pesos 00/100 m.n., cuando el proyecto nunca se realizó, la asociación ni siquiera había adquirido el terreno que los imputados señalaron como el lugar en que se iban a construir las viviendas, por tanto, si recibieron pago de dinero por concepto de la construcción de la vivienda, sin que Io hayan hecho, es claro que obtuvieron un lucro indebido. De ahí que si la imputada Verónica Cruz Vásquez formaba parte del grupo de personas, en las que cada una tuvo un roll, para lograr el único propósito de que las víctimas entregaran diversas cantidades de dinero, resulta ser probable coautora material del hecho que le atribuye el agente del Ministerio Público. Si bien es cierto la apelante afirma que solo era una empleada, que por tal razón el dinero que recibía lo entregaba a otros imputados, y que realizaba esa actividad como parte de su trabajo. Lo cierto es que hasta este momento está acreditado que la imputada participo del plan previamente convenido, por lo que prevalece la imputación efectuada por la representación social "(.)" No se encuentra comprobado el cuerpo del tipo penal, ya que la denuncia de las víctimas no se encuentra apoyada por un testigo de cargo. Agravio IV. "(.) Relativo al argumento de la apelante de que no se encuentra comprobado el cuerpo del tipo penal, ya que la denuncia de las víctimas no se encuentra apoyada por un testigo de cargo; debe decirse que ese argumento resulta errado, porque el dicho de las querellantes también constituye un testimonio, dado que dan a conocer hechos en los que resultaron afectados en su patrimonio; y acontecimientos que le ocurrió al otro; por Io cual el dicho de las victimas reviste un doble carácter como querella y como testimonio de cargo. Que se corroboran con las fichas de depósito y recibos de dinero exhibidos por David Hernández Hernández, Yanet Lucero Hernández, Zoila Hernández Cruz, Leocadia Guadalupe López Gatica, Brenda Eva Mora Bautista, efectuados a las diferentes cuentas proporcionadas por los integrantes de la asociación civil y hechas en efectivo; el oficio número RPPC/19212016 de 10 de agosto de 2016 suscrito y firmado por el Licdo. Reynaldo Rafael Jiménez Ruiz, Registrador Publico de la Propiedad en Tlaxiaco, mediante el cual informa que el Paraje denominado "La Loma", de San Lázaro Llano Yosovée en Tlaxiaco Oaxaca, no obra inscrito a favor de la señora Norma Cruz Montes o Tomas de Jesús González Rodríguez, y remite copia certificada en foja útil del registro número 444 de 11 de septiembre de 2001 sección Primera a nombre de César Ivan Riveros González; el oficio número 214-2/SJ-4123358/2017 de 25 de enero de 2017 suscrito y firmado por el Mtro. Humberto Ríos Ruiz, Director General adjunto de atención a autoridades B de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual entre otras cosas, informa que Norma Cruz Montes tiene un número de cuenta 3109228 de cheques la cual se encuentra cancelada y se evidencian los movimientos en donde se aprecian los depósitos y transacciones realizados que coinciden entre otros con los realizados por las víctimas. La diversa cuenta BANCOPPEL número 10137443711 que actualmente ya no tiene saldo y en Banco Azteca; así como la inspección ocular realizada por el Agente Estatal de investigaciones el 19 de junio de 2019 en el lugar que refieren las victimas como son las oficinas de la Asociación Civil "Alianza Democrática Social" y el predio en donde se según se iban a construir las viviendas, mismo que se encuentra vacío, solo hay basura y solo se puede ver una cartulina en donde tiene fotografías de maquinaria y obras, así como en la entrada una hoja de papel pegada con la leyenda "BANCOMER 2898925275 D Norma Cruz Montes"; en tanto que en el paraje no se observa algún indicio de construcción; el dictamen contable de 23 de junio de 2017, realizado por perito contable adscrita a la Fiscalía General del Estado, determinando un monto total de Io defraudado que asciende a la cantidad de $302,000.00 (Trescientos dos mil pesos 00/100 M.N); y finalmente el oficio número DG01/UJO3/2205/2017 de 13 de octubre de 2017 suscrito y firmado por el Licdo. Javier Neftalí Jiménez Velásquez, Jede la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de vivienda, mediante el cual se informa que acorde a los registros que obran en dicha comisión a la fecha no existe gestión para apoyos de vivienda Ilevados a cabo por la Asociación Civil "Alianza Democrática Social" o por los particulares Norma Cruz Montes o Tomas de Jesús González Rodríguez; es decir, contrario a Io que aduce la apelante, estos fueron los datos con los cuales la representación social solicitó la vinculación a proceso de la imputada Verónica Cruz Vásquez en el mismo, acorde al estándar probatorio para esta etapa procesal. De ahí que el agravio que sostiene la apelante consistente en que la denuncia de las víctimas no está apoyado con algún testimonio de cargo es infundado, puesto que las víctimas también tiene el carácter de testigos, porque les consta lo que le ocurrió a la otra y Io dan a conocer mediante el escrito de querella que ratificaron ante la autoridad investigadora (.)". No se encuentra comprobado su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude genérico, ya que su función era de secretaria, laborando en la oficina; además, tampoco se precisa de manera clara el grado de participación de su parte, en el cual se señalara hora, día, año y demás circunstancias de ejecución de los hechos. Agravio V. "(.) Sostiene la apelante en el punto de disenso marcado con el número cinco, que no se encuentra comprobado su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude genérico, ya que su función era de secretaria, laborando en la oficina; además, tampoco se precisa de manera clara el grado de participación de su parte, en el cual se señalara hora, día, año y demás circunstancias de ejecución de los hechos. La aseveración se considera incorrecta, pues contrario a ello, se advierte que las victimas refirieron que después de haber realizado los depósitos en el mes de julio se volvieron a reunir porque no veían avances con la construcción y que la mayoría ya habían terminado de hacer sus depósitos, por lo que acudieron a la Asociación para ver la respuesta que les daban y fueron informados por parte de Verónica Cruz Vásquez y otra persona, que las obras estaban paradas por cuestiones administrativas, pero que ya se encontraban haciendo la distribución de las casas que de hecho les iban a avisar cuando iban a hacer el sorteo para ver el número de casa que les iba a tocar, pero que no desconfiaran por lo cual en el mes de septiembre del año 2015, se reunieron otra vez porque empezó a correr el rumor en la población que lo de las viviendas era solo un fraude, por lo cuales fueron a las oficinas sin recordar la fecha exacta del mes de septiembre del año 2015, para que les explicaran que es Io que había pasado, pero les dijeron en este caso que tenían que esperar, porque aún no se iniciaba la construcción de las viviendas porque el retraso fue por el papeleo del municipio de Tlaxiaco, Oaxaca. También pudieron percatarse que había personas que Ilegaron a las oficinas a preguntar Io mismo, entonces estas víctimas Leocadia Guadalupe López Gatica, Brenda Eva Mora Bautista, Yanet Lucero Hernández, Zoila Hernández Cruz y David Hernández Hernández empezaron a investigar y preguntar a diferentes personas para constatar quién era el dueño del terreno en donde iban a construir viviendas, y refieren que una vez que indagaron esto les dijeron que el dueño de ese inmueble nunca habia vendido a esas personas, que César Riveros González no tenía ningún trato con ellas. Posteriormente en múltiples ocasiones Tomas de Jesús González Rodríguez, Norma Cruz Montes y Victorino Gutiérrez Osorio no les daban la cara a partir de marzo de 2016, cerraron la supuesta asociación de "Alianza Democrática Social", hasta ese momento se encuentran cerradas, y que ya no contesta el teléfono celular, por lo cual presentaron su querella ante la Representación social; es decir, la imputada Verónica Cruz o Verónica Cruz Vásquez, como lo argumento la juzgadora, tuvo un rol de secretaria, mientras otros realizaban actos diversos, y fue señalada como una de las personas que podía recibir dinero y tan Io recibió por una de las víctimas, por el monto total ya precisado antes, cuando el proyecto nunca se realizó, por ello la intención fue obtener un lucro, porque fue parte de un grupo de personas en las que cada tuvo un rol para lograr el único propósito, y si bien ella afirma solo era una empleada, Io cierto es, que hasta este momento procesal está acreditado que mediante un plan previamente convenido, la imputada y otros, engañaron a las víctimas, haciéndoles creer que adquirían una vivienda a bajo costo, cuando realidad ni siquiera habían adquirido el terreno que señalaron como el lugar de Ia edificación, y en ese plan, la imputada se ostentó como secretaria de la Asociación civil, por Io que prevalece la imputación efectuada por la representación socia siendo que la conducta realizada, establece un grado de intervención de coautoría material en términos de la fracción III del artículo 11 del Código Penal para el Estado de Oaxaca (.)". *** Agravio VI. "(.) Por cuanto hace a su agravio consistente en que en el auto de vinculación a proceso se dijo que se tenía un plan, sin que se especificara la forma de ese plan; al respecto debe decirse que al momento de solicitar la vinculación a proceso, el órgano acusador sostuvo que la participación de la hoy imputada fue en calidad de coautora, enfatizando que en el caso específico, el plan común era realizar un engaño a las víctimas con la finalidad de obtener un lucro, esto al identificarse como miembro de la Asociación Civil "Alianza Democrática Social", para lo cual, la imputada Verónica refirió ser secretaria de esa misma organización social, en este caso su aportación esencial consistió en ser la autorizada para recibir los baucher de los depósitos que realizaban las víctimas, así como recibos de dinero que entregaron las víctimas a dicha imputada. Forma de participación que también fue considera por la juez de control, pues al dar contestación a los argumentos realizados por la defensa de la imputada, dentro de la audiencia de término constitucional, sostuvo que la imputada fue parte de un grupo de personas en las que cada uno tuvo un rol para lograr un fin como Io fue el haberse prestado a decir que era la secretaria, puesto que así se presentó ante dichas personas, tan es así que Ilevó a cabo actividades inherentes a ella, como lo fue el de atender a las personas, pasarlas al lugar, en la primera reunión, seguía haciendo acto de presencia y asumiendo la función que Ie fue asignada como secretaria autorizada para recibir los comprobantes de los pagos realizados por las víctimas, e incluso recibir dinero en efectivo, ya que la víctima ***, Ie entregó la cantidad de veinte mil pesos y treinta mil pesos. Además junto con otra imputada atendió a las personas que acudían a la oficina para preguntar el avance de la construcción de las viviendas, porque no veían el resultado prometido. La apelante fue una de las personas que informó a las víctimas que había retrasados administrativos y trámites del municipio de esta localidad; así mismo al referirse al grado de participación de la imputada ***, dicha juez de control, especificó que cobraba vida la figura de la coautoría, toda vez que se estableció de manera clara el reparto de tareas de manera concomitante que Ilevó cada uno de ellos, el rol de la imputada consistió en ostentarse como secretaria de la Asociación encargada del proyecto de construcción de vivienda de bajo costo, por lo cual atendió a las personas que acudieron a las oficinas de la asociación y recibió dinero y comprobantes de pago realizados por la adquisición de viviendas; esa así como recibió la cantidad de cincuenta mil pesos cero centavos, moneda nacional, por parte de la víctima ***. Por otra parte, junto con otra imputada informó a las victimas la razón del retraso o paralización de las obras, cuando en realidad ni siquiera se había adquirido el terreno en donde se realizaría la edificación, toda vez que todo era ficticio, apreciación que comparte este Tribunal (.)". *** . Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOT. POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS.- pral 602/2020 mesa 3° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. 1. Se agrega oficio. Agréguese para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio firmado por los magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por el cual informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Para acreditar lo anterior, remite copia certificada de la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/179/2019. 2. Vista a la parte quejosa y terceros interesados. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, con la documental antes precisada, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a sus derechos convenga. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J49/2013, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Libro XX, tomo I, mayo de 2013, página 212, registro 2003526, con el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. 2.1. Apercibimiento. Se le apercibe a la parte quejosa y tercera interesada que de hacer caso omiso sobre el particular, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Marzo de 2000, página 243, registro 192174, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista a los terceros interesados 1) Leocadia Guadalupe López Gatica, 2) Brenda Eva Mora Bautista, 3) Yanet Lucero Hernández, 4) Zoila Hernández Cruz y 5) David Hernández Hernández y por oficios a los diversos terceros. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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