Victoria Pérez Andrés

Expediente 752/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
752/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Victoria Pérez Andrés

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL. 752/2023 MESA 2* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el cuatro de septiembre del año en curso, firmada y autorizada el once del mismo mes y año, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2. Precisión sobre plazo para diversas partes. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las diversas partes procesales, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la resolución dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se instruye a la secretaria encargada de este expediente que verifique que la versión pública de la sentencia ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 20 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 20 fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual, será conservado durante tres años y, cumplido ese plazo, será destruido, remitiendo dentro de los treinta días siguientes el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 7. Instrucción a Secretaría. Asimismo se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 8. Disposición de documentos a la parte quejosa. Respecto a la copia simple de la documental que exhibió la parte quejosa con la demanda de amparo, se hace la precisión que no se emite pronunciamiento alguno, por no ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 20, párrafo segundo, en relación con el artículo 3°, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; sin embargo, ello no le impide que, de estimarlo, solicite su devolución. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL. 752/2023 MESA 2-A En el juicio de amparo indirecto 752/2023, promovido por Victoria Pérez Andrés, en esta fecha se dictó la siguiente sentencia: ".Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 752/2023; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Presentación. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintitrés en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en este municipio y turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridades responsables que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. 1.2. Derechos fundamentales vulnerados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 123, apartado B), fracciones VI y XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y admisión. Por auto de cuatro de agosto del año que transcurre, con la demanda de amparo se ordenó formar expediente electrónico, se registró con el número 752/2023, se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, quien no formuló pedimento, se pidió de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado y se citó a la partes a la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, reformado por el diverso Acuerdo General 30/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre de dos mil veintidós, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y los actos se reclaman a diversas autoridades residentes en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que los actos reclamados por la quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo, consisten en: a) Omisión de dictar la interlocutoria en el juicio de nulidad *****, en la que se resuelva sobre la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado. Reclamada a la magistrada Instructora de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. b) Omisión de cumplir con la suspensión provisional concedida en proveído de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el referido juicio de nulidad. Que atribuye al jefe, encargado o titular del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones, Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Tercero. Certeza y presunción de existencia de los actos reclamados. La magistrada instructora de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye; al respecto, señaló que mediante interlocutoria de uno de agosto de dos mil veintitrés, pronunciada en el juicio de nulidad *****, resolvió lo relativo a la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado; resolución que notificó a la parte actora, aquí quejosa, por boletín jurisdiccional, el catorce de agosto de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sin embargo, su negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto que se le reclama, toda vez que con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda (tres de agosto del año en curso) la citada autoridad notificó a la agraviada esa determinación. Por su parte, la diversa responsable jefe, encargado o titular del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones, Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no rindió su informe justificado, no obstante que el ocho de agosto de dos mil veintitrés quedó notificada de su petición, como se advierte de la constancia que obra en el expediente electrónico; de ahí que, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. Cuarto. Causales de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, se procede analizar si existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. 4.1. Hipótesis de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. En relación con el primer acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la omisión de dictar la interlocutoria en el juicio de nulidad *****, en la que se resuelva sobre la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado, se advierte se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. Con la finalidad de justificar ese sentido del fallo, es necesario narrar los antecedentes del acto reclamado, que se advierte de lo expuesto por la quejosa en la demanda de amparo, lo que constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como de las constancias remitidas por la Sala responsable, con el mismo valor, en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202, del referido código procesal; siendo, en lo sustancial, los siguientes: I. ***** (quejosa), por propio derecho, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio SP/DPSHT/JA/1025/2023, fechado el diecinueve de abril de este año, emitido por el encargado del despacho de la Jefatura de Pensiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el que se resolvió que existe compatibilidad de sus pensiones directa y de viudez. II. En auto dictado el dos de mayo de dos mil veintitrés la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: a) Admitió a trámite la demanda. b) Dio vista a la parte demandada a efecto de que contestara esa promoción inicial. c) Con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo admitió el incidente de suspensión y requirió a la autoridad demandada, por conducto del titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que, en el término de cuarenta y ocho horas contado a partir de que surtiera efectos su notificación, rindiera el informe correspondiente. d) Concedió la suspensión provisional del acto impugnado, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban y la autoridad demandada no aplicara a la agraviada el descuento por concepto 48 a partir del mes de junio último, hasta en tanto se dictara la sentencia en el juicio natural. III. Mediante interlocutoria de uno de agosto de dos mil veintitrés, pronunciada en el juicio de nulidad *****, la Sala responsable resolvió lo relativo a la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado, concediendo esa medida cautelar; resolución que notificó a la parte actora, aquí quejosa, por boletín jurisdiccional, el catorce de agosto de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora, el referido artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; .". Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no deje huella en su esfera jurídica o patrimonial. En efecto, de las constancias remitidas por la Sala responsable, se desprende que el uno de agosto de dos mil veintitrés resolvió lo relativo a la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado, en el juicio de nulidad *****; resolución que notificó a la parte actora, aquí quejosa, por boletín jurisdiccional, el catorce de agosto de dos mil veintitrés, fecha posterior a la presentación de la demanda -tres de agosto de este año-. De ahí que cesaron los efectos de ese acto reclamado, pues es inconcuso que la conducta pasiva de la magistrada Instructora de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa cesó en sus efectos, desapareciendo la situación de inactividad que existía y, por ende, ya no existe en la esfera jurídica de la quejosa el perjuicio alegado. Es aplicable, en términos del artículo 6° transitorio de la de la Ley de Amparo, la tesis de datos de localización , rubro y texto siguientes: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE". Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio por lo que hace al citado acto reclamado. 4.2. Causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por cuanto hace al diverso acto que se combate, relativo a la omisión de cumplir con la suspensión provisional concedida en proveído de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de nulidad *****, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; .". Esta causa de improcedencia se actualiza cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, es decir, aun cuando los efectos del acto de autoridad controvertido subsistan, en caso de concederse el amparo, resultaría jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime vulnerado o bien, ningún efecto jurídico tendría la concesión del amparo, porque la prerrogativa afectada que se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica del quejoso se modificó sin causar un perjuicio susceptible de ser reparado mediante la resolución concesoria de amparo. En ese contexto, la parte quejosa reclama la omisión de cumplir con la suspensión provisional concedida en proveído de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de nulidad *****, por el jefe, encargado o titular del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones, Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ahora, de la documental que remitió la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se advierte que mediante interlocutoria de uno de agosto de dos mil veintitrés se resolvió lo relativo a la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad *****; por lo que, es evidente que, aun cuando subsistía el acto reclamado, consistente en la omisión de cumplir con la suspensión provisional decretada en dicho expediente, la materia del mismo ha dejado de existir, ya que esa medida cautelar quedó sustituida procesalmente por la dictada de manera definitiva, lo que incide en su vigencia y ejecutividad, cuya omisión se reclama en esta instancia constitucional. De ahí que el objeto o materia del acto que se analiza desapareció del mundo jurídico; máxime que la resolución cuya falta de ejecución se reclama fue emitida de manera provisional, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; por lo que opera únicamente en tanto no se dicte aquella que resuelva la incidencia de manera definitiva; lo que evidencia la causa de improcedencia planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 189, del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 173858, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS". Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto a ese acto analizado. Ante el sentido alcanzado, este Juzgado de Distrito se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de causas que hace improcedente el juicio constitucional, acorde con lo previsto en la jurisprudencia II.3o. J/58 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el número 70, Octubre de 1993, página 57, de rubro e: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que lo expuesto implique que se esté negando a la promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que debe cumplir con los requisitos de procedencia; además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Amparo, el sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *****, por propio derecho, contra los actos reclamados, consistentes en: a) Omisión de dictar la interlocutoria en el juicio de nulidad *****, en la que se resuelva sobre la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado. Reclamada a la magistrada Instructora de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. b) Omisión de cumplir con la suspensión provisional concedida en proveído de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el referido juicio de nulidad. Que atribuye al jefe, encargado o titular del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones, Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dese cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, once de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Dos firmas ilegibles". Lo que transcribo para su conocimiento y fines legales consiguientes. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    PRAL. 752/2023 MESA 2* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. 1° Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese un oficio de la magistrada Instructora de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el que rinde informe justificado; con el mismo dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. 2° Prueba documental. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 119 de ese ordenamiento legal, se tiene como prueba la documental la que anexa al oficio de cuenta, consistente en copia certificada del: a) Proveído de ******************** emitido en el expediente del juicio de nulidad ******************** y sus constancias de notificación; y, b) Interlocutoria de ******************** dictada en el expediente del juicio de nulidad ******************** y sus constancias de notificación. Misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 752/2023 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la magistrada Instructora de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de otra autoridad, presentada el tres de agosto del año en curso en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio y turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente con el registro 752/2023. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 108, 110, 112, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. 4. No se tramita incidente de suspensión. No ha lugar a tramitar el incidente de suspensión relativo, por no solicitarlo expresamente la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. 5. Petición de informe justificado. Pídase informe justificado a la (s) autoridad (es) responsable(s), la(s) que deberá(n) rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba(n) la notificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Con apoyo en lo dispuesto en el cuarto párrafo del invocado numeral 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable, para que al rendir su informe justificado: a) acompañe(n) copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; y b) que las copias sean íntegras y legibles. Se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s), para que su informe justificado y, en su caso, las constancias relativas, se remitan a) a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con firma electrónica, o en ejercicio del convenio de interconexión que, en su caso, hayan celebrado; o b) físicamente en la Oficialía de Partes de este Juzgado, en un horario de atención al público de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes, y después de ese horario en el buzón judicial instalado en el acceso al edificio sede este órgano jurisdiccional, inclusive, hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos. Se puntualiza que, sólo en casos excepcionales, podrá emplearse el uso de medios tecnológicos para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; como así lo prevé el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Apercibimiento. Con los propios fundamentos legales invocados, apercíbase a la(s) responsable(s) que, de no cumplir con lo anterior, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado (quince días) o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la resolución del juicio constitucional, o de no comunicar el cambio de situación jurídica de la parte quejosa, o de alguna causal notoria de sobreseimiento que se produzca, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente al importe de cincuenta días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha de este auto. 6. Datos reservados. Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 17, 97, 99, 107, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) que, para el caso de exhibir documentación o información que tengan el carácter de reservada o confidencial, la envíe(n) en sobre cerrado con la leyenda respectiva, como parte de las medidas necesarias que le(s) corresponde tomar para asegurar su conservación, para lo cual expresará(n) las razones que lo justifiquen y el plazo de reserva; en tal caso, deberá(n) emitir la versión pública de las constancias que tomó (tomaron) en cuenta para emitir los actos reclamados. 7. Información confidencial. Además, se hace del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de que exhiba alguna prueba documental, deberá indicar expresamente si contiene información confidencial o que deba tener un tratamiento especial, argumentando los motivos y fundamentos en los que se sustente su dicho, así como exhibirlas en sobre cerrado, a fin de proveer lo procedente. 8. Informe de diverso juicio de amparo. Se solicita a la(s) responsable(s) comunique(n) si existe diverso juicio de amparo promovido contra algún acto que, en su caso derive del expediente del que emane el acto reclamado; de ser así, precise(n) el Juzgado que conoce o conoció del mismo, y el número de juicio. 9. Causa de improcedencia. Con fundamento en el numeral 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que comuniquen cuando cesen o hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento. 10. Audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con treinta y dos minutos del cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo. 11. Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa: I. La documental que anexa a la demanda de amparo, consistente en copia a) del proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés dictado en el juicio de nulidad 514/23-15-01-9 y b) comprobantes de pago correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de este año; la que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. II. Instrumental de actuaciones. Siendo que se tiene por anunciado este último medio de convicción, sin que haya lugar a perfeccionarlo, ya que deriva de las pruebas que existen en las constancias de autos, por lo que, prácticamente no tiene desahogo, es decir, no tiene vida propia; como así lo ilustra la tesis aislada XX. 305 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 291, tomo XV, Enero de 1995, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 209572, del rubro siguiente: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS". 11.1. Se reserva acordar una prueba. Respecto a la prueba documental que ofrece la agraviada, consistente en todo lo actuado en el incidente de suspensión tramitado en el juicio de nulidad 514/23-15-01-9 que, en su momento remita la Sala responsable, resérvese acordar lo procedente, hasta en tanto esta última rinda su informe justificado o transcurra el plazo que se le otorgó para tal efecto. 12. Se reserva emplazar a la parte tercera interesada. En otro aspecto, se reserva pronunciarse sobre el emplazamiento de la parte tercera interesada, hasta en tanto obren en autos las constancias que como apoyo a su informe justificado remitan las autoridades responsables. 13. Intervención a la fiscal adscrita. Con fundamento en la fracción IV, del artículo 5º de la Ley de Amparo, se ordena dar la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. 14. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados legales. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa, para recibir notificaciones, el que indica en la demanda. Y conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 12, párrafo segundo de ese ordenamiento legal, se tiene como sus autorizados legales, en términos amplios de ese numeral a Salvador Ríos Hernández (cédula profesional 12155131, registro 195891), Oscar Marmolejo Rodríguez (cédula profesional 12081613, registro 199660) y Nelly Piedad Guerrero Hernández (cédula profesional 13240488), por haberse encontrado registradas sus cédulas profesionales en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático ciber.cjf.gob.mx/regprof y en el Registro Nacional de Profesionistas, que los faculta a ejercer la profesión de licenciado en derecho. 15. Consulta electrónica. Con fundamento en los artículos 35, 36 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, respecto a la solicitud de consulta del expediente vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a la parte para accesar al expediente electrónico 752/2023, con los nombres de usuarios "SALVADORRIOSHERNANDEZ y NELLYGUERRERO", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. 16. Medios de comunicación no procesal. Asimismo, se le tiene proporcionando dos correos electrónicos y un número telefónico como medios para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. 17. Precisión de uso de medios electrónicos. Por lo que hace a la petición que formula la parte quejosa, relativa a que se le autorice el uso de aparatos electrónicos para "tomar fotografías" de acuerdos y constancias que obren en autos, hágase de su conocimiento que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, de modo que ya no obran los acuerdos emitidos en autos, en razón de que los mismos se firman electrónicamente. Y como la parte quejosa solicitó el acceso al expediente electrónico, que es el que tiene validez, por tanto, a través del usuario autorizado para ello, está en condiciones de consultar todas las actuaciones que se integrarán al expediente electrónico con firma electrónica y descargar los documentos que requiera, como así lo dispone el segundo párrafo del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Y, de ser el caso, solamente se le autoriza, a través de las personas que señala, la utilización de aparatos electrónicos para obtener la captura sólo de aquellas constancias agregadas físicamente; con la precisión de que esa autorización no compromete a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga dicha parte, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace de su conocimiento que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial, por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. 18. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que, en su momento, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 19. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. 20. Integración del expediente electrónico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración del expediente electrónico. 21. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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