Victoria García Pereda

Expediente 1380/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1380/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Victoria García Pereda

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 1380/2022 MESA 2* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós.********************1. Demanda de amparo y registro. ********************Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del responsable o encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, presentada el veintiocho de noviembre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada en la misma fecha a este órgano de control constitucional; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1380/2022.********************2. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19, y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales; por lo que, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el referido Acuerdo General, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós.********************3. Aspectos concernientes a la integración del expediente. Con la precisión que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós.********************Bajo esa condición, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integrarán únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós; sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos.********************3.1. Instrucción a secretaria encargada del expediente. Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo.********************Al efecto, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada.********************4. Análisis de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se realiza el análisis de la promoción inicial constitucional, de la que se advierte lo siguiente:********************La quejosa señala como acto reclamado la omisión de cumplir con la sentencia de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente ********************, del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, Estado de México.********************Lo que atribuye al subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca.********************4.1. Causa de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del precepto 62 de la Ley de Amparo.********************En el caso, se estima que, respecto al acto reclamado al responsable o encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo.********************De la interpretación del referido precepto, se puede advertir que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común; dichos principios generales del juicio de amparo se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional.********************De ahí que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, de manera que, antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues, de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige.********************Del análisis íntegro de la promoción inicial, se aprecia que el acto reclamado por la quejosa lo es la omisión de cumplir con la sentencia de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de nulidad ********************, del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, Estado de México, lo que atribuye al subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca.********************El artículo 58, fracción II, inciso a), sub inciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece:********************"ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente:********************II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: ********************3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. ****************************************De lo transcrito se concluye que el legislador estableció el recurso de queja, para el caso en que la autoridad demandada en el juicio de nulidad omita dar cumplimiento a una sentencia emitida en un juicio contencioso administrativo.********************En ese tenor, de la interpretación sistemática del aludido numeral, así como de la causa de improcedencia analizada, se aprecia que es necesario agotar ese medio de impugnación a fin de satisfacer el principio de definitividad que rige la materia, como requisito de procedibilidad en el juicio de amparo.********************Sin que sea óbice el hecho de que el legislador establezca que el afectado "podrá ocurrir en queja", dado que dicho vocablo no alude a una potestad o libertad del gobernado para decidir libremente si promueve ese medio de defensa o acude a la instancia constitucional, sino que se refiere al establecimiento o creación de un mecanismo para conseguir el cumplimiento de lo decidido en el juicio administrativo y a la posibilidad de recurrir o no el acto de incumplimiento respectivo. ********************Sirve de apoyo el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 148/2007, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO 'PODRÁ' EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO."********************Ahora, respecto a los elementos para que se configure la causa de improcedencia analizada, se considera que, en el caso, se cumplen, esto es, a) que el acto reclamado sea efectivamente una determinación o actuación proveniente de un Tribunal Administrativo, puesto que dicho carácter recae en la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, Estado de México, que es la que emitió la sentencia cuyo incumplimiento se reclama a la demandada.********************De igual manera, se actualiza el requisito relativo a que b) proceda contra el acto reclamado algún recurso o medio de defensa legal previsto en la ley, dado que, como ya quedó precisado en párrafos que anteceden, el artículo 58, fracción II, inciso a), sub inciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé el recurso de queja contra la omisión de dar cumplimiento a una sentencia emitida en el juicio contencioso administrativo, tal y como acontece en el caso, en donde la parte quejosa reclama dicha omisión por parte de la autoridad demandada.********************Tampoco es óbice para arribar a esta conclusión, la circunstancia de que el legislador federal haya establecido supuestos de excepciones al principio de definitividad, porque en este asunto no se presentan, en virtud que el referido acto reclamado deriva del expediente ********************, del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, Estado de México, promovido por la aquí quejosa contra el responsable o encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca; lo que de ninguna manera importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute.********************Además, el incumplimiento a una sentencia de nulidad no puede ser considerado como una violación directa a la Constitución Federal, porque se trata de un acto comprendido en una instancia jurisdiccional, específicamente en la etapa de ejecución, por lo que no puede apreciarse como un acto aislado o independiente del juicio, sino que, al contrario, su validez depende de las reglas establecidas en la********************legislación ordinaria a efecto de lograr la materialización de los fallos respectivos.********************Asimismo, los planteamientos de la demanda tampoco pueden tener la calidad de violaciones directas a la Carta Magna, pues, al tratarse de omisiones dentro del juicio administrativo, la falta de atención a lo ahí resuelto y las irregularidades planteadas se vinculan en principio con la inobservancia de las disposiciones que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla para hacer cumplir las sentencias dictadas en el juicio de nulidad -especialmente a su artículo 57, conforme al cual las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada están obligadas a acatarlas-, y sólo de manera indirecta se traducirían en una transgresión a la Ley Fundamental.********************En consecuencia, la quejosa debió agotar el medio de defensa ordinario contra la omisión de cumplimiento de la sentencia de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el juicio de nulidad ********************, que procede en su contra antes de acudir a esta instancia de control constitucional y que atribuye a la autoridad demandada responsable o encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, lo que no ocurrió en el caso.********************Resulta aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2024468, de rubro y texto:********************"RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo."****************************************Por lo expuesto, con fundamento, además, en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por notoriamente improcedente.********************Cabe destacar que la determinación anterior no contraviene el derecho fundamental de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 constitucional, ya que ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados. ********************Al efecto, es pertinente citar la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) de la Décima Época, visible en la página 1167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, que es del rubro siguiente:********************"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS".****************************************6. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados legales. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica en su demanda.********************Conforme a lo dispuesto en el numeral 12 del referido ordenamiento legal, se tiene como su autorizado legal, en términos amplios de ese artículo a********************(cédula profesional ********************, registro ********************), por haberse encontrado registrada su cédula profesional en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. ********************Y por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a ********************, ******************** y ********************, por no haberse encontrado registros de sus cédulas profesionales en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático a la página ciber.cjf.gob.mx/RegProf, ni se proporcionaron datos que acrediten que están autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho.********************Sin embargo, una vez que acrediten tal carácter con la información o documental idónea, si es que a sus intereses así conviene, se les tendrá por autorizados en los términos amplios que establece el numeral indicado.********************Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con Registro 2021840, de rubro:********************"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO."****************************************7. Medios de comunicación no procesal. Se tiene a la parte quejosa proporcionando un correo electrónico y un número de teléfono como medios de comunicación para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado por el referido Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós.********************8. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta determinación, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. ********************En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de esta determinación, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación.********************9. Medios tecnológicos y soluciones digitales aplicables a expedientes. ****************************************Atendiendo los artículos 252, 253, 261 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, se comunica a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tramitará e integrará este asunto a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por tanto: ********************1º Cuando se inicie un asunto y se tramite a través de documentos físicos, sólo se imprimirán las actuaciones que resulten indispensables, como las constancias de notificación, y servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, pues los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes. ********************2º La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, y no se imprimirán ni agregarán al expediente impreso. ********************3º Ello, bajo ninguna circunstancia se obstaculiza la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos.********************4º Las partes podrán consultar este expediente mediante el uso de los dispositivos electrónicos respectivos.********************5º Se privilegiará el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. ********************6º En caso de que alguna de las partes acuda físicamente a este Juzgado o cuando deseen asistir personalmente a consultar los expedientes por no ser posible a través de los dispositivos electrónicos, sólo se llevará a cabo a través del uso del equipo de cómputo que se tiene destinado para el efecto.********************7º Y la atención en este órgano jurisdiccional por parte del personal únicamente se realizará a través del teléfono colocado en el área de atención al público, en el que estarán a la vista las extensiones de los servidores públicos para el contacto relativo.****************************************10. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico.********************11. Anotaciones. Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico; hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto.********************Notifíquese personalmente a la parte quejosa.********************Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano