Victoria Encarnacion Gazpar
Expediente 1074/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1074/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Victoria Encarnacion Gazpar
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el ocho de octubre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 09/2021. Que el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al dieciséis de enero de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que la demanda, con la que se dio cuenta, fue presentada el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida al día siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1074/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. En relación con el acto reclamado precisado por la demandante constitucional como: "(.) a).- La orden de detención ilegal a la que fui víctima con fecha doce de octubre de dos mil veintiuno. (.)" Se estima que se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)." En efecto, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). Por tanto, si la parte quejosa se duele de la orden de detención ejecutada el doce de octubre de dos mil veintiuno, es evidente, que dicho acto reclamado fue consumado de modo irreparable, pues en el caso de que se conceda a la parte quejosa la protección de la justicia federal, sería imposible su reparabilidad física y material antes de cometida su violación, al ya haberse ejecutado el cateo que se reclama, lo que originó el diverso acto reclamado consistente en el aseguramiento del bien inmueble propiedad de la quejosa. De manera que de existir violaciones a los derechos humanos en la emisión y/o ejecución de la orden de cateo, éstas -en su caso- se estudiarán cuando se analice el aseguramiento reclamado; sin embargo, el amparo que -en su caso- se otorgue, no impactará en los actos por los que se desecha la demanda, sino únicamente en el aseguramiento. Sustenta lo anterior los siguientes criterios: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. Por consumados de un modo irreparable deben entenderse aquellos actos que una vez efectuados no permiten restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la violación que se reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y disfrute de sus garantías, situación que no se da si el acto que se reclama es susceptible de ser reparado mediante la restitución del agraviado en el goce y disfrute de las propiedades y posesiones de las cuales fue lanzado con la consiguiente violación de sus garantías individuales. El anterior criterio se encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en la página 24 del Tomo Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 1975 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE.- La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquéllos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud de amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno". Consecuentemente, en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo respecto del acto consistente en la orden de cateo. INCOMPETENCIA. Ahora bien, previamente a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías respecto del diverso acto reclamado por la peticionaria de amparo, consistente en: "(.) b).- El cumplimiento y el cobro, respectivamente, por la infracciones que, a decir de las responsables, aplicaron ilegalmente por supuestamente infringir el contenido de los artículos 26 fracciones I y IV, y 27 fracción I, -sin precisar ordenamiento jurídico alguno-, con fecha doce de Octubre de dos mil veintiuno. (.)". Se procede a examinar si en el caso, este Órgano Jurisdiccional, es legalmente competente, para conocer del presente asunto promovido por Victoria Encarnación Gazpar; en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente. En el caso, la peticionaria de amparo, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS Y EJECUTORAS.- Señalo como tales 1.- Presidente Municipal de Atempan, Puebla. 2.- Secretario del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla. 3.- Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil 4.- Elementos de seguridad pública de Atempan, Puebla. 5.- Tesorero del Municipio de Atempan, Puebla. Todos con domicilios oficiales bien conocidos en las instalaciones del Palacio Municipal de Atempan, Puebla. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De las autoridades responsables ordenadoras: (.) De los: 4.- Elementos de seguridad pública de Atempan, Puebla y, 5.- Tesorero del Municipio de Atempan, Puebla: El cumplimiento y el cobro, respectivamente, por la infracciones que, a decir de las responsables, aplicaron ilegalmente por supuestamente infringir el contenido de los artículos 26 fracciones I y IV, y 27 fracción I -sin precisar ordenamiento jurídico alguno-, con fecha doce de Octubre de dos mil veintiuno." Ahora bien, en el capítulo de hechos manifiesta, en lo que interesa, lo siguiente: "(.) dichos elementos de seguridad pública de Atempan, Puebla, me detuvieron de manera ilegal, argumentando falsamente que estaba alterando el orden público, remitiéndome a la cárcel Municipal de Atempan, Puebla; razón por la cual mis familiares le pidieron auxilio a mi Abogado Víctor Hugo Martínez Domínguez, para el efecto de pedir mi inmediata libertad (.) (.) me comentó que dichas personas son carentes del conocimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, es decir, que tanto el Presidente Municipal de Atempan, Puebla; Secretario del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de Atempan, Puebla así como los Elementos de seguridad pública de Atempan, Puebla, y Tesorero del 'Municipio de Atempan, Puebla, son ignorantes del Sistema Pena Adversarial y Acusatorio, ya que no distinguían entre faltas administrativas y delitos de carácter penal, y que si quería gozar de mi libertad, tendría que pagar sanciones, sin decirme dichas autoridades cuáles o qué sanciones estaba cometiendo por el hecho de pedir apoyo por la agresión que sufrí tanto la suscrita como mi menor hija; sin embargo, no obstante de tal situación y además de argumentar que la suscrita me dedico a las labores propias del hogar, me impusieron sanciones (obviamente sin admitir culpa alguna), arrojando la cantidad de $1,200.00 (un mil doscientos pesos, cero centavos, Moneda Nacional), no obstante que la Constitución Federal reza de manera precisa, que si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese' jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 4. Finalmente, deseo manifestar que pese a la ilustración jurídica hecha por mi abogado y la suscrita quejosa al Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de Atempan, Puebla; así como los Elementos de seguridad pública de Atempan, Puebla, y Tesorero del Municipal de Atempan, Puebla, para el convencimiento de mi libertad personal, en el sentido de hacerlo entrar en razón jurídica de que sus actuares eran contrarios a la ley y como consecuencia de ello las propias infracciones, éstos me manifestaron "hágale como quiera señora, Usted me paga o se queda detenida 36 horas más, además de remitirla al Ministerio Público, lo que obvio le saldrá más caro", ante tal situación tuve la necesidad de pagar dichas sanciones, Ias cuales no están fundadas ni motivadas, y que quedaron asentadas en el acta y/o informe 220/2021, de fecha doce de Octubre de dos mil .veintiuno, de Seguridad Pública Municipal de Atempan, Puebla, tal y como lo puedo comprobar con el recibo de pago sin número, de fecha doce de Octubre de dos mil veintiuno, el cual carece de firma de la persona quién formuló dichas sanciones, así como firma y sello del Tesorero Municipal de Atempan, PuebIa, el cual haya recibido el pago correspondiente. (.)". [El énfasis es propio]. Por tanto, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE MATERIA, para analizar la constitucionalidad o no, del acto reclamado por la parte quejosa. Cabe mencionar que la competencia por razón de materia se dirige a procurar que en un órgano jurisdiccional se radiquen y ventilen asuntos de una rama del derecho determinada. De esa manera, en principio, se pretende gire los operadores judiciales, al tener un mayor o cierto grado de especialización, posean un mayor dominio de temas específicos sobre la materia respectiva. Así se contribuye a la mejor resolución de los asuntos sometidos a su potestad, haciendo efectivo el mandato constitucional previsto en el artículo 17 de la Ley Fundamental, relativo al derecho a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para delimitar la competencia por materia de los órganos jurisdiccionales especializados debe valorarse la naturaleza de los actos reclamados y, en su caso, de la autoridad responsable, pero no atender concretamente a los conceptos de violación. Lo anterior se sustentó en lo ejecutoria emitida en el conflicto competencial 3/2007, que en la parte que interesa, es del tenor siguiente: " (.)CUARTO. Esta Segunda Sala considera que el órgano competente para conocer del recurso de queja aludido, es el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. En primer lugar, el punto jurídico controvertido materia del presente conflicto competencial, verse sobre la competencia por razón de la materia, por tanto se procederá o analizar sus aspectos generales. En este sentido, debe decirse que para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Les leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Ahora bien, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia: c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar, y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los magistrados adscritos a un tribunal especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. Ahora bien, el ordenamiento que fija la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose del recurso de queja en un juicio de amparo, son los artículos 37, fracción III, y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que estatuyen: (.) De los anteriores artículos se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del recurso de queja previsto en las fracciones V a Xl del artículo 95 de la Ley de Amparo; además, en caso de que en un circuito tales órganos jurisdiccionales estén especializados por materia, sean competentes, para conocer en los mismos supuestos, únicamente en la materia de su especialidad. Si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no establece la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, sin embargo de los artículos 51, 52, 54 y 55 de ese ordenamiento, que establecen la competencia por materia de los Juzgados de Distrito, se advierten los lineamientos que el legislador tomó en cuenta para determinar la competencia por materia; tales normativos son del tenor siguiente: (...) De la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado (artículos 51, 52, fracciones I, II y III, 54 y 55, fracciones I, II, y III). b) La naturaleza de la autoridad responsable (artículos 52, fracciones IV y V, y 55, fracción IV). Los criterios antes señalados justifican la especialidad por materia, pues, como se dijo con anterioridad, los determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, en otros, requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a las diversos ramas del derecho y, por ese motivo, pueden ponderar en forma expedita y más autorizada los distintos soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que garantiza la prontitud y expeditez en la tramitación y fallo de los juicios Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados especializados, tratándose de recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en un juicio de amparo indirecto, por analogía deben tomarse en cuenta tales criterios, pues donde existe la misma razón debe de existir la misma disposición; sin que para fijarla se tengan que atender los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no son un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas apreciadas por quien las realiza. Lo anterior es así, pues el hecho de que se aleguen violaciones a diversas materias en relación con los artículos constitucionales, no significa que el juicio de amparo sea de esa naturaleza, ya que la constitucionalidad del acto reclamado se analiza en relación con las disposiciones que lo rigen, las que determinan por consecuencia la materia. Sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que alegue el quejoso o recurrente, es decir, que sean éstos quienes la determinen, de acuerdo con la que manifiesten, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. (.)" Derivado de esas consideraciones, se emitió la jurisprudencia 2ª/J.24/2009, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 412, tomo XXIX, marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gacela, de rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de las jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por le parte quejoso o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas, sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin impactar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." De esta manera, se advierte que para delimitar la competencia por razón de materia es necesario atender a; i) la naturaleza del acto reclamado, o ii) a la naturaleza la de la autoridad responsable; y no a los conceptos de violación En la especie, en virtud que una vez analizada la demanda de amparo y atento a la naturaleza jurídica del acto reclamado, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, estima que corresponde ello al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno. Esto, al tomar en consideración que, como se dijo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 48 de la Ley de Amparo y 51, 52, 53, 54 y 55 en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que en el particular, no se colman a cabalidad los presupuestos exigidos en el segundo de los numerales invocados, que regula la competencia de los Juzgados Especializados en Amparo en Materia Penal. En efecto, tal dispositivo legal establece: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De dicho precepto se obtiene que los asuntos de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en específico y conforme a lo estatuido en la fracción I, son los siguientes: Resoluciones judiciales del orden penal. Actos de autoridad que afecten la libertad personal, con excepción de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. Actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En el particular, el promovente de amparo reclama a las autoridades 1.- Presidente Municipal de Atempan, Puebla, 2.- Secretario del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, 3.- Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, 4.- Elementos de seguridad pública de Atempan, Puebla y 5.- Tesorero del Municipio de Atempan, Puebla, el cobro de una infracción por la cantidad de $1,200.00 (un mil doscientos pesos, cero centavos, moneda nacional), a efecto de obtener su libertad por haber realizado una falta administrativa, quien a decir de la demandante constitucional, se hizo acreedora por cometer una falta administrativa; máxime que como se advierte del capítulo respectivo de hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, las aludidas responsables hicieron de su conocimiento que "pagaba dicha medida de apremio o se quedaría detenida treinta y seis horas más, además de que sería remitida al Ministerio Público, lo que obvio le saldrá más caro"; en tal sentido, es evidente que el referido acto reclamado no deriva de alguna carpeta de investigación o averiguación previa, pues como se vio, las autoridades responsables, no le han dado al agente del Ministerio Público la vista correspondiente por la posible comisión de un delito -si es que en la especie aconteciera-, a fin de que formule la respectiva denuncia. Por ende, conforme al análisis de la naturaleza del acto reclamado, se estima que el conocimiento del asunto corresponde al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno; por lo que, procede plantear a su favor la competencia del presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado ya precisado. Es aplicable por las razones que informa la Jurisprudencia 52, del Pleno del más Alto Tribunal del País, contable en la página 67, tomo VII, Conflictos Competenciales Primera Parte-SCJN, Segunda Sección-Común, Materia Civil, Apéndice de 2011, octava época, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO EN REVISIÓN, CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y NO A UNO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Cuando se promueve una demanda de amparo indirecto del que conoce un Juez de Distrito no especializado, reclamándose la orden de arresto decretada en un juicio ejecutivo mercantil, para el efecto de que se cumpla una determinación del Juez del fuero común, debe considerarse que resulta competente para conocer de la revisión un Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil y no uno en materia administrativa, pues el referido medio de apremio debe considerarse de contenido materialmente civil, pues fue dictado por un Juez Civil para hacer cumplir sus resoluciones sobre rebeldes y contumaces en un procedimiento de naturaleza civil y, en tal virtud, cobra aplicación la regla establecida por el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que dispone que los Tribunales Colegiados especializados conocerán de las materias propias de su especialización." Ello, al tomar en consideración además el contenido del numeral 53 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "ARTICULO 53. Los jueces de distrito civiles federales conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal; II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del juez; IV. De los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal; VI. De las controversias ordinarias en que la federación fuere parte; VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles; VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 50, 52 y 55 de esta Ley, y IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional, en materia del Derecho de Réplica." Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no resulta competente por materia para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZON DE MATERIA, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, para conocer del presente asunto. En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 17 Constitucional se ordena remitir la demanda de amparo y sus copias al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, ya que es al que se estima legalmente competente para conocer del presente asunto, por los motivos antes expuestos. Al efecto, se solicita el acuse de recibo de estilo, en el que se peticiona comedidamente precise si acepta o no la competencia de que se trata, conforme a lo estatuido en el citado artículo 48 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda. Sin que haya lugar a tener por autorizado el correo electrónico ni el número telefónico que indica, para oír y recibir notificaciones pues dicho medio de comunicación no se encuentra previsto en la Ley de Amparo, para tal efecto; no obstante con fundamento en el artículo 1, fracción I y 2, fracción XIX del Acuerdo General 13/2020, en relación con el diverso 5 de su similar 21/2020, ambos del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase dicho medio de comunicación únicamente para establecer contacto durante el periodo de contingencia. AUTORIZADO(S). Se tiene(n) como autorizada(s) en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Víctor Hugo Martínez Domíguez, designada(s), atento a que de los datos proporcionados acredita(n) encontrarse legalmente autorizada(s) para ejercer la profesión de licenciada(s) en derecho o abogada(s). SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE; Y, POR OFICIO AL JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, EN TURNO, POR CONDUCTO DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el ocho de octubre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 09/2021. Que el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al dieciséis de enero de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que la demanda, con la que se dio cuenta, fue presentada el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida al día siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1074/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. En relación con el acto reclamado precisado por la demandante constitucional como: "(.) a).- La orden de detención ilegal a la que fui víctima con fecha doce de octubre de dos mil veintiuno. (.)" Se estima que se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)." En efecto, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). Por tanto, si la parte quejosa se duele de la orden de detención ejecutada el doce de octubre de dos mil veintiuno, es evidente, que dicho acto reclamado fue consumado de modo irreparable, pues en el caso de que se conceda a la parte quejosa la protección de la justicia federal, sería imposible su reparabilidad física y material antes de cometida su violación, al ya haberse ejecutado el cateo que se reclama, lo que originó el diverso acto reclamado consistente en el aseguramiento del bien inmueble propiedad de la quejosa. De manera que de existir violaciones a los derechos humanos en la emisión y/o ejecución de la orden de cateo, éstas -en su caso- se estudiarán cuando se analice el aseguramiento reclamado; sin embargo, el amparo que -en su caso- se otorgue, no impactará en los actos por los que se desecha la demanda, sino únicamente en el aseguramiento. Sustenta lo anterior los siguientes criterios: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. Por consumados de un modo irreparable deben entenderse aquellos actos que una vez efectuados no permiten restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la violación que se reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y disfrute de sus garantías, situación que no se da si el acto que se reclama es susceptible de ser reparado mediante la restitución del agraviado en el goce y disfrute de las propiedades y posesiones de las cuales fue lanzado con la consiguiente violación de sus garantías individuales. El anterior criterio se encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en la página 24 del Tomo Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 1975 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE.- La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquéllos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud de amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno". Consecuentemente, en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo respecto del acto consistente en la orden de cateo. INCOMPETENCIA. Ahora bien, previamente a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías respecto del diverso acto reclamado por la peticionaria de amparo, consistente en: "(.) b).- El cumplimiento y el cobro, respectivamente, por la infracciones que, a decir de las responsables, aplicaron ilegalmente por supuestamente infringir el contenido de los artículos 26 fracciones I y IV, y 27 fracción I, -sin precisar ordenamiento jurídico alguno-, con fecha doce de Octubre de dos mil veintiuno. (.)". Se procede a examinar si en el caso, este Órgano Jurisdiccional, es legalmente competente, para conocer del presente asunto promovido por Victoria Encarnación Gazpar; en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente. En el caso, la peticionaria de amparo, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS Y EJECUTORAS.- Señalo como tales 1.- Presidente Municipal de Atempan, Puebla. 2.- Secretario del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla. 3.- Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil 4.- Elementos de seguridad pública de Atempan, Puebla. 5.- Tesorero del Municipio de Atempan, Puebla. Todos con domicilios oficiales bien conocidos en las instalaciones del Palacio Municipal de Atempan, Puebla. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De las autoridades responsables ordenadoras: (.) De los: 4.- Elementos de seguridad pública de Atempan, Puebla y, 5.- Tesorero del Municipio de Atempan, Puebla: El cumplimiento y el cobro, respectivamente, por la infracciones que, a decir de las responsables, aplicaron ilegalmente por supuestamente infringir el contenido de los artículos 26 fracciones I y IV, y 27 fracción I -sin precisar ordenamiento jurídico alguno-, con fecha doce de Octubre de dos mil veintiuno." Ahora bien, en el capítulo de hechos manifiesta, en lo que interesa, lo siguiente: "(.) dichos elementos de seguridad pública de Atempan, Puebla, me detuvieron de manera ilegal, argumentando falsamente que estaba alterando el orden público, remitiéndome a la cárcel Municipal de Atempan, Puebla; razón por la cual mis familiares le pidieron auxilio a mi Abogado Víctor Hugo Martínez Domínguez, para el efecto de pedir mi inmediata libertad (.) (.) me comentó que dichas personas son carentes del conocimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, es decir, que tanto el Presidente Municipal de Atempan, Puebla; Secretario del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de Atempan, Puebla así como los Elementos de seguridad pública de Atempan, Puebla, y Tesorero del 'Municipio de Atempan, Puebla, son ignorantes del Sistema Pena Adversarial y Acusatorio, ya que no distinguían entre faltas administrativas y delitos de carácter penal, y que si quería gozar de mi libertad, tendría que pagar sanciones, sin decirme dichas autoridades cuáles o qué sanciones estaba cometiendo por el hecho de pedir apoyo por la agresión que sufrí tanto la suscrita como mi menor hija; sin embargo, no obstante de tal situación y además de argumentar que la suscrita me dedico a las labores propias del hogar, me impusieron sanciones (obviamente sin admitir culpa alguna), arrojando la cantidad de $1,200.00 (un mil doscientos pesos, cero centavos, Moneda Nacional), no obstante que la Constitución Federal reza de manera precisa, que si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese' jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 4. Finalmente, deseo manifestar que pese a la ilustración jurídica hecha por mi abogado y la suscrita quejosa al Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de Atempan, Puebla; así como los Elementos de seguridad pública de Atempan, Puebla, y Tesorero del Municipal de Atempan, Puebla, para el convencimiento de mi libertad personal, en el sentido de hacerlo entrar en razón jurídica de que sus actuares eran contrarios a la ley y como consecuencia de ello las propias infracciones, éstos me manifestaron "hágale como quiera señora, Usted me paga o se queda detenida 36 horas más, además de remitirla al Ministerio Público, lo que obvio le saldrá más caro", ante tal situación tuve la necesidad de pagar dichas sanciones, Ias cuales no están fundadas ni motivadas, y que quedaron asentadas en el acta y/o informe 220/2021, de fecha doce de Octubre de dos mil .veintiuno, de Seguridad Pública Municipal de Atempan, Puebla, tal y como lo puedo comprobar con el recibo de pago sin número, de fecha doce de Octubre de dos mil veintiuno, el cual carece de firma de la persona quién formuló dichas sanciones, así como firma y sello del Tesorero Municipal de Atempan, PuebIa, el cual haya recibido el pago correspondiente. (.)". [El énfasis es propio]. Por tanto, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE MATERIA, para analizar la constitucionalidad o no, del acto reclamado por la parte quejosa. Cabe mencionar que la competencia por razón de materia se dirige a procurar que en un órgano jurisdiccional se radiquen y ventilen asuntos de una rama del derecho determinada. De esa manera, en principio, se pretende gire los operadores judiciales, al tener un mayor o cierto grado de especialización, posean un mayor dominio de temas específicos sobre la materia respectiva. Así se contribuye a la mejor resolución de los asuntos sometidos a su potestad, haciendo efectivo el mandato constitucional previsto en el artículo 17 de la Ley Fundamental, relativo al derecho a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para delimitar la competencia por materia de los órganos jurisdiccionales especializados debe valorarse la naturaleza de los actos reclamados y, en su caso, de la autoridad responsable, pero no atender concretamente a los conceptos de violación. Lo anterior se sustentó en lo ejecutoria emitida en el conflicto competencial 3/2007, que en la parte que interesa, es del tenor siguiente: " (.)CUARTO. Esta Segunda Sala considera que el órgano competente para conocer del recurso de queja aludido, es el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. En primer lugar, el punto jurídico controvertido materia del presente conflicto competencial, verse sobre la competencia por razón de la materia, por tanto se procederá o analizar sus aspectos generales. En este sentido, debe decirse que para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Les leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Ahora bien, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia: c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar, y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los magistrados adscritos a un tribunal especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. Ahora bien, el ordenamiento que fija la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose del recurso de queja en un juicio de amparo, son los artículos 37, fracción III, y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que estatuyen: (.) De los anteriores artículos se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del recurso de queja previsto en las fracciones V a Xl del artículo 95 de la Ley de Amparo; además, en caso de que en un circuito tales órganos jurisdiccionales estén especializados por materia, sean competentes, para conocer en los mismos supuestos, únicamente en la materia de su especialidad. Si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no establece la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, sin embargo de los artículos 51, 52, 54 y 55 de ese ordenamiento, que establecen la competencia por materia de los Juzgados de Distrito, se advierten los lineamientos que el legislador tomó en cuenta para determinar la competencia por materia; tales normativos son del tenor siguiente: (...) De la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado (artículos 51, 52, fracciones I, II y III, 54 y 55, fracciones I, II, y III). b) La naturaleza de la autoridad responsable (artículos 52, fracciones IV y V, y 55, fracción IV). Los criterios antes señalados justifican la especialidad por materia, pues, como se dijo con anterioridad, los determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, en otros, requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a las diversos ramas del derecho y, por ese motivo, pueden ponderar en forma expedita y más autorizada los distintos soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que garantiza la prontitud y expeditez en la tramitación y fallo de los juicios Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados especializados, tratándose de recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en un juicio de amparo indirecto, por analogía deben tomarse en cuenta tales criterios, pues donde existe la misma razón debe de existir la misma disposición; sin que para fijarla se tengan que atender los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no son un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas apreciadas por quien las realiza. Lo anterior es así, pues el hecho de que se aleguen violaciones a diversas materias en relación con los artículos constitucionales, no significa que el juicio de amparo sea de esa naturaleza, ya que la constitucionalidad del acto reclamado se analiza en relación con las disposiciones que lo rigen, las que determinan por consecuencia la materia. Sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que alegue el quejoso o recurrente, es decir, que sean éstos quienes la determinen, de acuerdo con la que manifiesten, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. (.)" Derivado de esas consideraciones, se emitió la jurisprudencia 2ª/J.24/2009, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 412, tomo XXIX, marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gacela, de rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de las jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por le parte quejoso o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas, sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin impactar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." De esta manera, se advierte que para delimitar la competencia por razón de materia es necesario atender a; i) la naturaleza del acto reclamado, o ii) a la naturaleza la de la autoridad responsable; y no a los conceptos de violación En la especie, en virtud que una vez analizada la demanda de amparo y atento a la naturaleza jurídica del acto reclamado, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, estima que corresponde ello al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno. Esto, al tomar en consideración que, como se dijo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 48 de la Ley de Amparo y 51, 52, 53, 54 y 55 en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que en el particular, no se colman a cabalidad los presupuestos exigidos en el segundo de los numerales invocados, que regula la competencia de los Juzgados Especializados en Amparo en Materia Penal. En efecto, tal dispositivo legal establece: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De dicho precepto se obtiene que los asuntos de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en específico y conforme a lo estatuido en la fracción I, son los siguientes: Resoluciones judiciales del orden penal. Actos de autoridad que afecten la libertad personal, con excepción de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. Actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En el particular, el promovente de amparo reclama a las autoridades 1.- Presidente Municipal de Atempan, Puebla, 2.- Secretario del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, 3.- Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, 4.- Elementos de seguridad pública de Atempan, Puebla y 5.- Tesorero del Municipio de Atempan, Puebla, el cobro de una infracción por la cantidad de $1,200.00 (un mil doscientos pesos, cero centavos, moneda nacional), a efecto de obtener su libertad por haber realizado una falta administrativa, quien a decir de la demandante constitucional, se hizo acreedora por cometer una falta administrativa; máxime que como se advierte del capítulo respectivo de hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, las aludidas responsables hicieron de su conocimiento que "pagaba dicha medida de apremio o se quedaría detenida treinta y seis horas más, además de que sería remitida al Ministerio Público, lo que obvio le saldrá más caro"; en tal sentido, es evidente que el referido acto reclamado no deriva de alguna carpeta de investigación o averiguación previa, pues como se vio, las autoridades responsables, no le han dado al agente del Ministerio Público la vista correspondiente por la posible comisión de un delito -si es que en la especie aconteciera-, a fin de que formule la respectiva denuncia. Por ende, conforme al análisis de la naturaleza del acto reclamado, se estima que el conocimiento del asunto corresponde al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno; por lo que, procede plantear a su favor la competencia del presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado ya precisado. Es aplicable por las razones que informa la Jurisprudencia 52, del Pleno del más Alto Tribunal del País, contable en la página 67, tomo VII, Conflictos Competenciales Primera Parte-SCJN, Segunda Sección-Común, Materia Civil, Apéndice de 2011, octava época, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO EN REVISIÓN, CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y NO A UNO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Cuando se promueve una demanda de amparo indirecto del que conoce un Juez de Distrito no especializado, reclamándose la orden de arresto decretada en un juicio ejecutivo mercantil, para el efecto de que se cumpla una determinación del Juez del fuero común, debe considerarse que resulta competente para conocer de la revisión un Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil y no uno en materia administrativa, pues el referido medio de apremio debe considerarse de contenido materialmente civil, pues fue dictado por un Juez Civil para hacer cumplir sus resoluciones sobre rebeldes y contumaces en un procedimiento de naturaleza civil y, en tal virtud, cobra aplicación la regla establecida por el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que dispone que los Tribunales Colegiados especializados conocerán de las materias propias de su especialización." Ello, al tomar en consideración además el contenido del numeral 53 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "ARTICULO 53. Los jueces de distrito civiles federales conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal; II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del juez; IV. De los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal; VI. De las controversias ordinarias en que la federación fuere parte; VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles; VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 50, 52 y 55 de esta Ley, y IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional, en materia del Derecho de Réplica." Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no resulta competente por materia para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZON DE MATERIA, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, para conocer del presente asunto. En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 17 Constitucional se ordena remitir la demanda de amparo y sus copias al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, ya que es al que se estima legalmente competente para conocer del presente asunto, por los motivos antes expuestos. Al efecto, se solicita el acuse de recibo de estilo, en el que se peticiona comedidamente precise si acepta o no la competencia de que se trata, conforme a lo estatuido en el citado artículo 48 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda. Sin que haya lugar a tener por autorizado el correo electrónico ni el número telefónico que indica, para oír y recibir notificaciones pues dicho medio de comunicación no se encuentra previsto en la Ley de Amparo, para tal efecto; no obstante con fundamento en el artículo 1, fracción I y 2, fracción XIX del Acuerdo General 13/2020, en relación con el diverso 5 de su similar 21/2020, ambos del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase dicho medio de comunicación únicamente para establecer contacto durante el periodo de contingencia. AUTORIZADO(S). Se tiene(n) como autorizada(s) en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Víctor Hugo Martínez Domíguez, designada(s), atento a que de los datos proporcionados acredita(n) encontrarse legalmente autorizada(s) para ejercer la profesión de licenciada(s) en derecho o abogada(s). SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE; Y, POR OFICIO AL JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, EN TURNO, POR CONDUCTO DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA
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