Victoria Alfonso Rivera
Expediente 549/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Victoria Alfonso Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Ponderaciones previas. Vista la certificación de cuenta, se advierte lo siguiente: -Que ante la emergencia mundial sanitaria provocada por el virus SARS-COV2, quedaron suspendidos los plazos y términos procesales del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. -Que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia ocasionada por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales; cuya vigencia fue ampliada mediante Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, con el primero, al quince de enero de dos mil veintiuno y con el segundo, al veintiocho de febrero del mismo año. No obstante, mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial comunicó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en el que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Que tales medidas, implican que se daría trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad; asimismo, que se recibirán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales o por oficio. De manera que para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales. Que las medidas adoptadas en la citada sesión extraordinaria, tendrían vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. En atención a ello, en el presente asunto se suspendieron los plazos y términos a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, ante la imposibilidad de proseguir su tramitación a través de medios electrónicos o a través del esquema de juicio "en línea". Precisado lo anterior, se acuerda: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran de la resolución dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, donde se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del cuatro de diciembre de dos mil veinte, al quince de enero de dos mil veintiuno, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que la autoridad responsable Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió como justificación de su informe rendido en este sumario constitucional consistente en copia certificada del toca de apelación 215/2019, con la que se ordenó formar el anexo I, así como el duplicado de la causa penal 71/2017 del índice del Juzgado de lo Penal de Tepeaca, Puebla, con el que se formó el anexo II, devuélvanse a la autoridad responsable indicada para los efectos legales procedentes. No ha lugar a requerir el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas a la autoridad responsable en cita, toda vez que el domicilio de la misma se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, cerciorarse que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Notifíquese por lista a la quejosa y al tercero interesado; mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Martha Graciela Lemus Barajas, quien autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Mercedes En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veinte, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que la hayan desahogado dentro del plazo concedido para tal fin.En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección a Victoria Alfonso Rivera, para que la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: ". NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Victoria Alfonso Rivera, para que la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente:1. Deje insubsistente la resolución reclamada de quince de octubre de dos mil diecinueve, en el toca penal 215/2019, en el que confirmó la interlocutoria de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, en la causa penal 71/2017 del índice del Juzgado de lo Penal de Tepeaca, Puebla. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva el recurso de apelación planteado, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar las deficiencias formales destacadas en esta resolución, esto es: -Deberá analizar y dar respuesta integral, fundada y motivada a todos los agravios expuestos por la recurrente, para lo cual deberá atender las consideraciones vertidas en el considerando séptimo de esta sentencia. 3. Notificará dicha resolución a Victoria Alfonso Rivera. 4. Hecho lo anterior, deberá remitir las constancias conducentes que lo acrediten.En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, la autoridad responsable debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos." En acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento.Mediante oficio 2084, la autoridad responsable Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el veintidós de septiembre de dos mil veinte, con la que pretendió cumplir con la sentencia pronunciada en este juicio de amparo indirecto; sin embargo, como esta autoridad consideró que la Sala no cumplió cabalmente los efectos de la protección constitucional, en auto de veintisiete de octubre del año en curso, se requirió a la autoridad responsable para que cumpliera integralmente con la sentencia protectora.Así, mediante comunicado 2131, la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la sentencia pronunciada el veintinueve de octubre del año en curso, en el toca de apelación 215/2019 de su índice.No obstante, como la responsable no acreditó haber notificado dicha resolución a la aquí quejosa, en auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, se requirió a la Sala responsable para que enviara a este juzgado las constancias relativas a la notificación de dicha resolución.En atención a tal requerimiento, por oficio 2993 la autoridad responsable de mérito, remitió la constancia de notificación a Victoria Alfonso Rivera, de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A las documentales descritas, se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de las que se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla realizó lo siguiente:1. En resolución de veintinueve de octubre de dos mil veinte, dejó insubsistente la resolución reclamada de quince de octubre de dos mil diecinueve, en el toca de apelación 215/2019 de su índice; así como la diversa de veintidós de noviembre del presente año, con la que pretendió cumplir la ejecutoria constitucional.2. En la determinación judicial citada, la Sala dio respuesta integral a los agravios formulados por la quejosa en el recurso de apelación que motivó el toca aludido, ya que, siguiendo los parámetros establecidos en la sentencia de amparo, en lo que interesa, respondió lo siguiente:i) En la sentencia de amparo se estableció que la Sala no se ocupó de explicar por qué considera que los testimonios ofrecidos dentro del incidente de revisión de medida cautelar, son suficientes para acreditar que Miguel Ángel Acata Ramales, tiene su domicilio en Maximino Ávila Camacho número trescientos cuatro de Tepeaca, así como que tampoco indicó en qué parte de sus declaraciones los testigos expresaron tales extremos; además, que el motivo de inconformidad de la apelante, radicó no solo en el hecho de que los testigos no expresaron con certeza que el imputado vivía en el mismo domicilio que ellos, sino que la apelante también apoyó su argumento en que el imputado falseó la información sobre su domicilio particular al haber proporcionado tres diferentes lugares donde habita. En torno a tales circunstancias, la autoridad expresó que resultan infundados los argumentos de la recurrente, aquí quejosa, pues consideró que las deposiciones de los testigos María Lucía Arcos González y Ángel Daniel Acata Arcos, son testimonios aptos para generar convicción sobre que Miguel Ángel Acata Ramales, tiene su domicilio en Maximino Ávila Camacho número trescientos cuatro de Tepeaca, pues si bien los testigos no manifestaron que el inculpado viva en ese lugar, lo cierto es que la primera de los nombrados expresó que tiene su domicilio en dicha morada, que está casada con el procesado desde hace veinte años y que procrearon dos hijos.Lo cual, se corrobora con la evaluación de riesgos 1842/CENTRO/PUE/2019, lo manifestado en el dictamen de psicología 2959/2019, el estudio en criminología CV-66/2019, en las que el propio inculpado señaló que su domicilio se ubica en el inmueble ya indicado; así como con la constancia de vecindad y recibo de luz que exhibieron en el incidente respectivo.pruebas que, a juicio de la Sala, son suficientes para generar convicción sobre el domicilio del procesado.Así mismo, al responder el segundo agravio, la Sala indicó que si bien existe una manifestación del inculpado, dentro del estudio de perfil criminológico, en el sentido de que habita en el domicilio ubicado en calle siete sur número quinientos cuatro, barrio La Santísima, de Tepeaca, Puebla, indicó, que lo cierto es que ese dato no se puede tener como cierto, pues solo se cuenta con la afirmación del procesado, por lo que debe tenerse por cierto que su domicilio es el ubicado en Maximino Ávila Camacho número trescientos cuatro de Tepeaca y que la sola manifestación del enjuiciado ante personal del Centro de Reinserción Social de Tepeaca, es insuficiente para considerar que existe riesgo de fuga, por lo que el haber declaró en diversas ocasiones el mismo domicilio, da certeza sobre que es esa su morada y no pude considerarse que falseó sobre tal aspecto.Señaló, además, que no puede considerarse que Miguel Ángel Acata Ramales, proporcionó información falsa, si se considera que tiene la calidad de procesado, de conformidad con el artículo 255, fracción IV, del Código Penal del Estado.La autoridad responsable, también expresó que a su consideración, la presencia del imputado al proceso está garantizada, en virtud de que se tiene certeza sobre el domicilio donde habita el inculpado. ii) En la ejecutoria, se resaltó que la Sala omitió el análisis y respuesta del argumento referente a que debería poder establecerse que con la medida cautelar que se imponga, resulte más gravoso para el inculpado sustraerse de la acción de la justicia que someterse al proceso que se le instruye.Al respecto, la autoridad responsable respondió que el argumento es infundado, dado que es una apreciación de la apelante que no puede sustentar la prisión preventiva del inculpado.iii) Se precisó en la sentencia de amparo, que la responsable omitió analizar y expresar lo relativo a que el juez debió realizar un estudio más profundo del informe de evaluación de riesgos 1842/CENTRO-PUEBLA/2019, ya que no expresó si lo considerado por el juez respecto de esa documental fue suficiente ni las razones por las que, en su caso, lo considera así. La Sala, calificó tal agravio de infundado y explicó que ello obedece a que, al realizar el referido estudio, el personal se limitó a señalar que acudieron al domicilio ubicado en Maximino Ávila Camacho número trescientos cuatro de Tepeaca, sin establecer siquiera qué persona se constituyó en el domicilio, por lo que conclusión a la que arribó la evaluadora de riesgos no está sustentada con la información obtenida, por lo que la apreciación del juzgador fue correcta.iv) En la sentencia de amparo, se señaló que la responsable omitió analizar y responder el argumento consistente en que Miguel Ángel Acata Ramales, ha proporcionado tres diferentes domicilios, lo que debe considerarse como falsedad y suficiente para mantener la prisión preventiva.Al respecto, la Sala reiteró su criterio en el sentido de que Miguel Ángel Acata Ramales, no falseo su domicilio pues con las pruebas consistentes en los testimonios de su cónyuge e hijo, concatenado con la evaluación de riesgos y estudios periciales practicados al procesado, así como la constancia de vecindad y recibo de luz exhibidos, se tiene plena certeza de que su domicilio es el ubicado en Maximino Ávila Camacho número trescientos cuatro de Tepeaca.Y, señaló a Sala, el hecho de que haya proporcionado dos domicilios más no debe considerarse como falsedad porque Miguel Ángel Acata Ramales, tiene el carácter de procesado y no puede incurrir en falsedad, de conformidad con el artículo 255, fracción IV, del Código Penal del Estado de Puebla.Además, indicó que el haber manifestado diversos domicilios, no es suficiente para justificar la prisión preventiva, pues no puede reducirse su análisis a que el inculpado tenga uno o varios domicilios en el lugar donde será juzgado, sobre todo por las demás pruebas que, a su juicio, son suficientes para demostrar que tiene su domicilio en la morada ya indicada, lo que implica que resultaría gravoso para el procesado sustraerse de la acción de la justicia, dado el arraigo que tiene en el lugar donde tiene su domicilio.v) En la sentencia de garantías, se resaltó que la Sala responsable omitió analizar el argumento relativo a que con las pruebas que obran en el incidente, se demostró que Miguel Ángel Acata Ramales, es una persona que no está dispuesta a someterse a proceso y aceptar su responsabilidad; sobre todo si se considera que Miguel Ángel Acata Ramales, fue reaprehendido por no atender un requerimiento del juez instructor de la causa.al respecto, la autoridad responsable respondió que tal argumento es infundado, ya que esa situación es insuficiente para considerar que existe riesgo de sustracción, debido a que la Sala desconoce si esas citaciones se le realizaron en forma personal o no, y que al existir certeza sobre el domicilio actual del procesado, es suficiente para establecer que no existe riesgo de sustracción, y por el contrario, está garantizada la comparecencia del inculpado al proceso. vi) Del mismo modo, en la sentencia protectora se señaló que la Sala no dio respuesta al argumento sostenido por la recurrente, aquí quejosa, relativo a que basta con que se actualice alguno de los supuestos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que resulte procedente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva.Sobre tal cuestión, la autoridad responsable respondió que el argumento planteado es infundado, ya que el artículo invocado prevé que la prisión preventiva será procedente solo cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado al proceso, el desarrollo de la investigación o la protección de las víctimas, testigos o de la comunidad.Indicó que el artículo 169 del mismo ordenamiento legal, establece los elementos que deberán ser considerados por el juez respecto del eventual peligro de obstaculización de la investigación, en la medida que sea probable que, de recuperar su libertad, el procesado pueda destruir, modificar o falsificar medios de prueba, pero que de las constancias que obran en la causa penal, no conducen a pensar que ello sucederá.vii) Finalmente, en el fallo protector, se estableció que autoridad responsable se limitó a señalar que con las pruebas que obran en autos se demuestra que el imputado labora el gimnasio "Myster Gym", pero nada dijo sobre la circunstancia expuesta por la apelante, en el sentido de que en el informe sobre evaluación de riesgos, el procesado expresó trabajar como rezandero, lo que, a juicio de la aquí quejosa, constituye una falsedad en la información proporcionada.Sobre tal aspecto, la Sala respondió que el argumento es infundado, en virtud de que al ser entrevistado en el estudio sobre evaluación de riesgos, así como en los estudios periciales de psicología y criminología, el imputado refirió que hasta antes de ser detenido, trabajaba como recepcionista en un gimnasio de Tepeaca, lo cual fue coincidente con la información proporcionada por los testigos antes mencionados, por lo que se tiene certeza de cuál fue su actividad laboral y aun cuando en el informe elaborado por el Centro de Reinserción Social aparece como actividad del procesado la de rezandero, la Sala estimó que no es relevante, en virtud de que no tiene certeza a qué se refiere con tal expresión.3. El cuatro de noviembre de dos mil veinte, notificó la resolución indicada a Victoria Alfonso Rivera.4. Remitió las constancias con las que acreditó todo lo anterior.De ese modo, es evidente que la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dejó insubsistente la resolución reclamada, dictó una nueva en la que se ocupó de responder todos los agravios expuestos por la apelante, aquí quejosa, notificó la nueva resolución a la peticionaria de amparo y remitió las constancias atinentes al cumplimiento de la sentencia.Cabe señalar que esta autoridad no se encuentra en aptitud de analizar la legalidad de los argumentos esgrimidos por la Sala responsable, en virtud de que en la sentencia de amparo se reservó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable indicada, por lo que no se puede estudiar el fondo de las respuestas otorgadas, en virtud de que ello implicaría emprender un nuevo análisis constitucional, lo que desde luego no puede efectuarse en el presente juicio de garantías. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.Notifíquese personalmente a la quejosa; por lista al tercero interesado Miguel Ángel Acata Ramales, en cumplimiento a lo ordenado en audiencia constitucional de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/202; y mediante oficio a la autoridad tercera interesada, a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veinte, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que la hayan desahogado dentro del plazo concedido para tal fin.En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección a Victoria Alfonso Rivera, para que la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: ". NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Victoria Alfonso Rivera, para que la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente:1. Deje insubsistente la resolución reclamada de quince de octubre de dos mil diecinueve, en el toca penal 215/2019, en el que confirmó la interlocutoria de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, en la causa penal 71/2017 del índice del Juzgado de lo Penal de Tepeaca, Puebla. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva el recurso de apelación planteado, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar las deficiencias formales destacadas en esta resolución, esto es: -Deberá analizar y dar respuesta integral, fundada y motivada a todos los agravios expuestos por la recurrente, para lo cual deberá atender las consideraciones vertidas en el considerando séptimo de esta sentencia. 3. Notificará dicha resolución a Victoria Alfonso Rivera. 4. Hecho lo anterior, deberá remitir las constancias conducentes que lo acrediten.En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, la autoridad responsable debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos." En acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento.Mediante oficio 2084, la autoridad responsable Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el veintidós de septiembre de dos mil veinte, con la que pretendió cumplir con la sentencia pronunciada en este juicio de amparo indirecto; sin embargo, como esta autoridad consideró que la Sala no cumplió cabalmente los efectos de la protección constitucional, en auto de veintisiete de octubre del año en curso, se requirió a la autoridad responsable para que cumpliera integralmente con la sentencia protectora.Así, mediante comunicado 2131, la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la sentencia pronunciada el veintinueve de octubre del año en curso, en el toca de apelación 215/2019 de su índice.No obstante, como la responsable no acreditó haber notificado dicha resolución a la aquí quejosa, en auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, se requirió a la Sala responsable para que enviara a este juzgado las constancias relativas a la notificación de dicha resolución.En atención a tal requerimiento, por oficio 2993 la autoridad responsable de mérito, remitió la constancia de notificación a Victoria Alfonso Rivera, de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A las documentales descritas, se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de las que se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla realizó lo siguiente:1. En resolución de veintinueve de octubre de dos mil veinte, dejó insubsistente la resolución reclamada de quince de octubre de dos mil diecinueve, en el toca de apelación 215/2019 de su índice; así como la diversa de veintidós de noviembre del presente año, con la que pretendió cumplir la ejecutoria constitucional.2. En la determinación judicial citada, la Sala dio respuesta integral a los agravios formulados por la quejosa en el recurso de apelación que motivó el toca aludido, ya que, siguiendo los parámetros establecidos en la sentencia de amparo, en lo que interesa, respondió lo siguiente:i) En la sentencia de amparo se estableció que la Sala no se ocupó de explicar por qué considera que los testimonios ofrecidos dentro del incidente de revisión de medida cautelar, son suficientes para acreditar que Miguel Ángel Acata Ramales, tiene su domicilio en Maximino Ávila Camacho número trescientos cuatro de Tepeaca, así como que tampoco indicó en qué parte de sus declaraciones los testigos expresaron tales extremos; además, que el motivo de inconformidad de la apelante, radicó no solo en el hecho de que los testigos no expresaron con certeza que el imputado vivía en el mismo domicilio que ellos, sino que la apelante también apoyó su argumento en que el imputado falseó la información sobre su domicilio particular al haber proporcionado tres diferentes lugares donde habita. En torno a tales circunstancias, la autoridad expresó que resultan infundados los argumentos de la recurrente, aquí quejosa, pues consideró que las deposiciones de los testigos María Lucía Arcos González y Ángel Daniel Acata Arcos, son testimonios aptos para generar convicción sobre que Miguel Ángel Acata Ramales, tiene su domicilio en Maximino Ávila Camacho número trescientos cuatro de Tepeaca, pues si bien los testigos no manifestaron que el inculpado viva en ese lugar, lo cierto es que la primera de los nombrados expresó que tiene su domicilio en dicha morada, que está casada con el procesado desde hace veinte años y que procrearon dos hijos.Lo cual, se corrobora con la evaluación de riesgos 1842/CENTRO/PUE/2019, lo manifestado en el dictamen de psicología 2959/2019, el estudio en criminología CV-66/2019, en las que el propio inculpado señaló que su domicilio se ubica en el inmueble ya indicado; así como con la constancia de vecindad y recibo de luz que exhibieron en el incidente respectivo.pruebas que, a juicio de la Sala, son suficientes para generar convicción sobre el domicilio del procesado.Así mismo, al responder el segundo agravio, la Sala indicó que si bien existe una manifestación del inculpado, dentro del estudio de perfil criminológico, en el sentido de que habita en el domicilio ubicado en calle siete sur número quinientos cuatro, barrio La Santísima, de Tepeaca, Puebla, indicó, que lo cierto es que ese dato no se puede tener como cierto, pues solo se cuenta con la afirmación del procesado, por lo que debe tenerse por cierto que su domicilio es el ubicado en Maximino Ávila Camacho número trescientos cuatro de Tepeaca y que la sola manifestación del enjuiciado ante personal del Centro de Reinserción Social de Tepeaca, es insuficiente para considerar que existe riesgo de fuga, por lo que el haber declaró en diversas ocasiones el mismo domicilio, da certeza sobre que es esa su morada y no pude considerarse que falseó sobre tal aspecto.Señaló, además, que no puede considerarse que Miguel Ángel Acata Ramales, proporcionó información falsa, si se considera que tiene la calidad de procesado, de conformidad con el artículo 255, fracción IV, del Código Penal del Estado.La autoridad responsable, también expresó que a su consideración, la presencia del imputado al proceso está garantizada, en virtud de que se tiene certeza sobre el domicilio donde habita el inculpado. ii) En la ejecutoria, se resaltó que la Sala omitió el análisis y respuesta del argumento referente a que debería poder establecerse que con la medida cautelar que se imponga, resulte más gravoso para el inculpado sustraerse de la acción de la justicia que someterse al proceso que se le instruye.Al respecto, la autoridad responsable respondió que el argumento es infundado, dado que es una apreciación de la apelante que no puede sustentar la prisión preventiva del inculpado.iii) Se precisó en la sentencia de amparo, que la responsable omitió analizar y expresar lo relativo a que el juez debió realizar un estudio más profundo del informe de evaluación de riesgos 1842/CENTRO-PUEBLA/2019, ya que no expresó si lo considerado por el juez respecto de esa documental fue suficiente ni las razones por las que, en su caso, lo considera así. La Sala, calificó tal agravio de infundado y explicó que ello obedece a que, al realizar el referido estudio, el personal se limitó a señalar que acudieron al domicilio ubicado en Maximino Ávila Camacho número trescientos cuatro de Tepeaca, sin establecer siquiera qué persona se constituyó en el domicilio, por lo que conclusión a la que arribó la evaluadora de riesgos no está sustentada con la información obtenida, por lo que la apreciación del juzgador fue correcta.iv) En la sentencia de amparo, se señaló que la responsable omitió analizar y responder el argumento consistente en que Miguel Ángel Acata Ramales, ha proporcionado tres diferentes domicilios, lo que debe considerarse como falsedad y suficiente para mantener la prisión preventiva.Al respecto, la Sala reiteró su criterio en el sentido de que Miguel Ángel Acata Ramales, no falseo su domicilio pues con las pruebas consistentes en los testimonios de su cónyuge e hijo, concatenado con la evaluación de riesgos y estudios periciales practicados al procesado, así como la constancia de vecindad y recibo de luz exhibidos, se tiene plena certeza de que su domicilio es el ubicado en Maximino Ávila Camacho número trescientos cuatro de Tepeaca.Y, señaló a Sala, el hecho de que haya proporcionado dos domicilios más no debe considerarse como falsedad porque Miguel Ángel Acata Ramales, tiene el carácter de procesado y no puede incurrir en falsedad, de conformidad con el artículo 255, fracción IV, del Código Penal del Estado de Puebla.Además, indicó que el haber manifestado diversos domicilios, no es suficiente para justificar la prisión preventiva, pues no puede reducirse su análisis a que el inculpado tenga uno o varios domicilios en el lugar donde será juzgado, sobre todo por las demás pruebas que, a su juicio, son suficientes para demostrar que tiene su domicilio en la morada ya indicada, lo que implica que resultaría gravoso para el procesado sustraerse de la acción de la justicia, dado el arraigo que tiene en el lugar donde tiene su domicilio.v) En la sentencia de garantías, se resaltó que la Sala responsable omitió analizar el argumento relativo a que con las pruebas que obran en el incidente, se demostró que Miguel Ángel Acata Ramales, es una persona que no está dispuesta a someterse a proceso y aceptar su responsabilidad; sobre todo si se considera que Miguel Ángel Acata Ramales, fue reaprehendido por no atender un requerimiento del juez instructor de la causa.al respecto, la autoridad responsable respondió que tal argumento es infundado, ya que esa situación es insuficiente para considerar que existe riesgo de sustracción, debido a que la Sala desconoce si esas citaciones se le realizaron en forma personal o no, y que al existir certeza sobre el domicilio actual del procesado, es suficiente para establecer que no existe riesgo de sustracción, y por el contrario, está garantizada la comparecencia del inculpado al proceso. vi) Del mismo modo, en la sentencia protectora se señaló que la Sala no dio respuesta al argumento sostenido por la recurrente, aquí quejosa, relativo a que basta con que se actualice alguno de los supuestos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que resulte procedente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva.Sobre tal cuestión, la autoridad responsable respondió que el argumento planteado es infundado, ya que el artículo invocado prevé que la prisión preventiva será procedente solo cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado al proceso, el desarrollo de la investigación o la protección de las víctimas, testigos o de la comunidad.Indicó que el artículo 169 del mismo ordenamiento legal, establece los elementos que deberán ser considerados por el juez respecto del eventual peligro de obstaculización de la investigación, en la medida que sea probable que, de recuperar su libertad, el procesado pueda destruir, modificar o falsificar medios de prueba, pero que de las constancias que obran en la causa penal, no conducen a pensar que ello sucederá.vii) Finalmente, en el fallo protector, se estableció que autoridad responsable se limitó a señalar que con las pruebas que obran en autos se demuestra que el imputado labora el gimnasio "Myster Gym", pero nada dijo sobre la circunstancia expuesta por la apelante, en el sentido de que en el informe sobre evaluación de riesgos, el procesado expresó trabajar como rezandero, lo que, a juicio de la aquí quejosa, constituye una falsedad en la información proporcionada.Sobre tal aspecto, la Sala respondió que el argumento es infundado, en virtud de que al ser entrevistado en el estudio sobre evaluación de riesgos, así como en los estudios periciales de psicología y criminología, el imputado refirió que hasta antes de ser detenido, trabajaba como recepcionista en un gimnasio de Tepeaca, lo cual fue coincidente con la información proporcionada por los testigos antes mencionados, por lo que se tiene certeza de cuál fue su actividad laboral y aun cuando en el informe elaborado por el Centro de Reinserción Social aparece como actividad del procesado la de rezandero, la Sala estimó que no es relevante, en virtud de que no tiene certeza a qué se refiere con tal expresión.3. El cuatro de noviembre de dos mil veinte, notificó la resolución indicada a Victoria Alfonso Rivera.4. Remitió las constancias con las que acreditó todo lo anterior.De ese modo, es evidente que la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dejó insubsistente la resolución reclamada, dictó una nueva en la que se ocupó de responder todos los agravios expuestos por la apelante, aquí quejosa, notificó la nueva resolución a la peticionaria de amparo y remitió las constancias atinentes al cumplimiento de la sentencia.Cabe señalar que esta autoridad no se encuentra en aptitud de analizar la legalidad de los argumentos esgrimidos por la Sala responsable, en virtud de que en la sentencia de amparo se reservó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable indicada, por lo que no se puede estudiar el fondo de las respuestas otorgadas, en virtud de que ello implicaría emprender un nuevo análisis constitucional, lo que desde luego no puede efectuarse en el presente juicio de garantías. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.Notifíquese personalmente a la quejosa; por lista al tercero interesado Miguel Ángel Acata Ramales, en cumplimiento a lo ordenado en audiencia constitucional de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/202; y mediante oficio a la autoridad tercera interesada, a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, asistido por el secretario Raúl Bonilla Hernández, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veinte. Intégrese a los autos el oficio 2993 signado por la secretaria de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de cinco de noviembre del presente año, remite a este órgano de control constitucional la constancia de notificación realizada a las partes respecto de la resolución dictada en cumplimiento al fallo protector pronunciado en este asunto. Con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa, tercera interesada y autoridad tercera interesada, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidos que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. No es óbice para lo anterior que en proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a las partes con la resolución dictada en cumplimiento al fallo protector, en virtud de que la notificación de la misma también formó parte de los efectos del fallo protector, por lo que resulta procedente dar vista a las partes para que se impongan de tales constancias, al ser parte de los efectos de la protección constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista a la parte tercero interesado Miguel Ángel Acata Ramales, en cumplimiento a lo ordenado en audiencia constitucional de veintinueve de septiembre de dos mil veinte...; y mediante oficio a la autoridad tercera interesada, corriéndoles traslado con copia autorizada del oficio y anexo a que se hace referencia en este acuerdo...
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