Victoria Conde Segundo
Expediente 723/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Victoria Conde Segundo
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, para que la promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de doce de julio de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos se advierte que ha fenecido el término de cinco días que mediante auto de prevención de veintidós de junio de dos mil diecisiete se concedió a la parte quejosa para desahogar el requerimiento formulado en dicho acuerdo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en la citada determinación y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de derechos fundamentales con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento el requerimiento realizado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales procedentes, la razón asentada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, de cuyo contenido se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el auto de prevención de veintidós de junio de dos mil diecisiete, en el domicilio que señaló como calle Zaragoza número ocho, en Santiago Momoxpan, Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, pues al constituirse en la localidad de Santiago Momoxpan, en específico en una pequeña vialidad con el nombre "Zaragoza", que también se enuncia como Álvaro Obregón antes Camino a la Carcaña, la cual inicia en calle Camino Real y concluye en Ignacio Zaragoza, después de realizar un recorrido se percató que no existe inmueble alguno con el número ocho, ya que la numeración es de 1114, 1120, 1123, 1309, 1310, 1311 y 1312, siendo en su mayoría fraccionamientos cerrados. Luego, al ubicarse en una diversa calle denominada Zaragoza que inicia en Revolución Poniente y se convierte en Cinco de Mayo, después de un recorrido, pudo también advertir que no existe inmueble alguno identificado con el número en cuestión (ocho), aunado a que la numeración no es oficial ni progresiva y existen inmuebles que no están identificados. Por último, se apersonó en otra área denominada Ampliación Momoxpan, en la que localizó la existencia de una calle Zaragoza, pero que corresponde al Municipio de Cuautlancingo y no de San Pedro Cholula; sin embargo, al realizar un recorrido por la vialidad descrita que inicia a la altura de la calle Ayuntamiento y se convierte en Miguel Hidalgo con dirección hacia el Sur, no encontró inmueble que se identificara con el número ocho. Además, agréguese la diversa razón asentada por el Actuario Judicial de esta adscripción, de cuyo contenido también se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el auto de prevención de veintidós de junio de dos mil diecisiete, en el domicilio especificado en líneas que antecede, pues al situarse en una vialidad denominada "Zaragoza" esquina con Primero de Mayo de la colonia Ignacio Romero Vargas (como lo advirtió de la placa metálica que se ubica en la esquina de las calles indicadas), al tocar el timbre del inmueble identificado con el número ocho que corresponde a un instituto educativo denominado "Inava", en donde fue atendido por una persona del sexo femenino que le manifestó que ese lugar no pertenece a Santiago Momoxpan, sino a la colonia Ignacio Romero Vargas. Así mismo, se apersonó en una diversa vialidad denominada "I. Zaragoza" que pertenece a la población de Santiago Momoxpan y constituido en la esquina de las avenidas "I. Zaragoza" y "Manantiales", observó una placa metálica en la que pudo leer que esa arteria pertenece a Cuautlancingo no así a Santiago Momoxpan; no obstante, al realizar un recorrido, no localizó inmueble alguno marcado con el número ocho. En consecuencia, al encontrarse ante una imposibilidad de carácter permanente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele el referido auto de veintidós de junio del actual por lista de acuerdos y, en lo sucesivo, háganse a dicha parte por ese medio todas las notificaciones, incluso las personales. AUTO DE 22 DE JUNIO DE 2017: San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 723/2017-D. Ahora bien, antes de proveer sobre su admisión o desechamiento, con apoyo en los artículos 108, fracción VI, 112 y 114, fracción I de la Ley de Amparo vigente, REQUIÉRASE a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, dé cumplimiento con lo siguiente: a) Precise el acto o actos destacados que atribuye a cada una de las autoridades señaladas como responsables; y, b) Manifieste, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados. Toda vez que, en el capítulo alusivo al acto reclamado, la parte quejosa refiere: ".a. Violación procesal consistente en resolución de fecha 10 DE ENERO DEL 2017, dictada en LA QUEJA Número 9/2014, que modifica el auto del C. Juez Penal del Distrito Judicial de San Pedro Cholula. b. La violación procesal consistente en el acuerdo de fecha del 1 de septiembre del 2015, en la cual se me aceptan las pruebas testimoniales de descargo y se fijan hora y fecha para el desahogo de la misma y hasta la fecha no se ha desahogado ni se han valorado ninguna de mis pruebas dentro de dicho proceso y después de casi cuatro años no se hayan desahogado todas las pruebas conforme a derecho y se violen mis garantías individuales ya que jamás he sido oída ni vencida dentro de mis garantías individuales tal y como lo establece nuestra carta magna. . c. La no valorización de todas y cada una de mis pruebas de defensa como lo son las pruebas documentales y testimoniales en la cual demuestro fehacientemente que no he cometido el delito de DESPOJO como se me trata de imputar ya que siempre he tenido la posesión material y jurídica de dicho inmueble y no se acredita tal delito de DESPOJO. (.) Sin que del análisis íntegro de su escrito de demanda, se advierte si existe una "abierta dilación del procedimiento" o una "paralización total" dentro de la causa penal 33/2013 del índice del Juzgado Municipal de San Pedro Cholula, Puebla. Lo anterior es así, pues esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, el cual debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado en forma tal que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; y, e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. De ahí que, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el numeral 17 de la Carta Magna. Sustenta a lo antes expuesto la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, contenido y datos de localización, se indican a continuación: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA. No debe el juez desecharla de plano, sino mandar que sea aclarada en los términos de la ley." Por tanto, el promovente deberá indicar si también reclama la omisión de dictar sentencia, pues en su escrito inicial se limita a señalar que, después de casi cuatro años, no se han desahogado ni valorado ninguna de sus pruebas dentro del proceso instruido en su contra, lo cual da como resultado no tener un justo y debido proceso. Además, a efecto de normar la demanda de amparo en términos del artículo 112, en relación con el diverso 108, fracción V de la Ley de Amparo vigente, deberá manifestar los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto o actos reclamados, pues omitió tal narración, la cual constituye una de las obligaciones de dicha parte procesal que se hace consistir en que su relato de hechos lo realice con sujeción a la verdad. Y, del análisis integral de la demanda de amparo, únicamente se advierte que el promovente señala los actos que por esta vía se combaten, sin manifestar los hechos y abstenciones que constituyen el acto tildado de inconstitucional. Sirve de apoyo al anterior razonamiento, en lo que aquí interesa, la tesis sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio." Luego, al ser omisa la demanda de garantías en ese aspecto, procede efectuar la presente prevención. Habida cuenta que la suscrita Juez Federal se encuentra imposibilitada para suplir las mismas, pues uno de los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo, es indicar con precisión el acto destacado que atribuye a cada una de las autoridades señaladas como responsables, así como los antecedentes de dichos actos, a efecto de proveer sobre la demanda de amparo. En ese sentido, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a esta prevención en original y con las copias suficientes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, para ser distribuidas de la manera siguiente: una para cada autoridad responsable y una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido se indican a continuación: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Así mismo, signifíquesele que para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por el mismo y no por conducto de algún autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Ténganse como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y por autorizados con las facultades restringidas del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, pues no obstante que la parte quejosa manifiesta que es su deseo autorizarlas en los términos amplios del citado precepto, esta autoridad carece de los elementos necesarios para corroborar que los citados profesionistas cuentan con sus cédulas de licenciados en derecho registradas ante la Secretaría de Educación Pública y, el solo hecho de indicar sus nombres, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de éstos. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 723/2017-D. Ahora bien, antes de proveer sobre su admisión o desechamiento, con apoyo en los artículos 108, fracción VI, 112 y 114, fracción I de la Ley de Amparo vigente, REQUIÉRASE a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, dé cumplimiento con lo siguiente: a) Precise el acto o actos destacados que atribuye a cada una de las autoridades señaladas como responsables; y, b) Manifieste, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados. Toda vez que, en el capítulo alusivo al acto reclamado, la parte quejosa refiere: ".a. Violación procesal consistente en resolución de fecha 10 DE ENERO DEL 2017, dictada en LA QUEJA Número 9/2014, que modifica el auto del C. Juez Penal del Distrito Judicial de San Pedro Cholula. b. La violación procesal consistente en el acuerdo de fecha del 1 de septiembre del 2015, en la cual se me aceptan las pruebas testimoniales de descargo y se fijan hora y fecha para el desahogo de la misma y hasta la fecha no se ha desahogado ni se han valorado ninguna de mis pruebas dentro de dicho proceso y después de casi cuatro años no se hayan desahogado todas las pruebas conforme a derecho y se violen mis garantías individuales ya que jamás he sido oída ni vencida dentro de mis garantías individuales tal y como lo establece nuestra carta magna. . c. La no valorización de todas y cada una de mis pruebas de defensa como lo son las pruebas documentales y testimoniales en la cual demuestro fehacientemente que no he cometido el delito de DESPOJO como se me trata de imputar ya que siempre he tenido la posesión material y jurídica de dicho inmueble y no se acredita tal delito de DESPOJO. (.) Sin que del análisis íntegro de su escrito de demanda, se advierte si existe una "abierta dilación del procedimiento" o una "paralización total" dentro de la causa penal 33/2013 del índice del Juzgado Municipal de San Pedro Cholula, Puebla. Lo anterior es así, pues esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, el cual debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado en forma tal que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; y, e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. De ahí que, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el numeral 17 de la Carta Magna. Sustenta a lo antes expuesto la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, contenido y datos de localización, se indican a continuación: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA. No debe el juez desecharla de plano, sino mandar que sea aclarada en los términos de la ley." Por tanto, el promovente deberá indicar si también reclama la omisión de dictar sentencia, pues en su escrito inicial se limita a señalar que, después de casi cuatro años, no se han desahogado ni valorado ninguna de sus pruebas dentro del proceso instruido en su contra, lo cual da como resultado no tener un justo y debido proceso. Además, a efecto de normar la demanda de amparo en términos del artículo 112, en relación con el diverso 108, fracción V de la Ley de Amparo vigente, deberá manifestar los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto o actos reclamados, pues omitió tal narración, la cual constituye una de las obligaciones de dicha parte procesal que se hace consistir en que su relato de hechos lo realice con sujeción a la verdad. Y, del análisis integral de la demanda de amparo, únicamente se advierte que el promovente señala los actos que por esta vía se combaten, sin manifestar los hechos y abstenciones que constituyen el acto tildado de inconstitucional. Sirve de apoyo al anterior razonamiento, en lo que aquí interesa, la tesis sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio." Luego, al ser omisa la demanda de garantías en ese aspecto, procede efectuar la presente prevención. Habida cuenta que la suscrita Juez Federal se encuentra imposibilitada para suplir las mismas, pues uno de los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo, es indicar con precisión el acto destacado que atribuye a cada una de las autoridades señaladas como responsables, así como los antecedentes de dichos actos, a efecto de proveer sobre la demanda de amparo. En ese sentido, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a esta prevención en original y con las copias suficientes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, para ser distribuidas de la manera siguiente: una para cada autoridad responsable y una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido se indican a continuación: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Así mismo, signifíquesele que para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por el mismo y no por conducto de algún autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Ténganse como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y por autorizados con las facultades restringidas del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, pues no obstante que la parte quejosa manifiesta que es su deseo autorizarlas en los términos amplios del citado precepto, esta autoridad carece de los elementos necesarios para corroborar que los citados profesionistas cuentan con sus cédulas de licenciados en derecho registradas ante la Secretaría de Educación Pública y, el solo hecho de indicar sus nombres, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de éstos. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Victor Vazquez Garay1406/2017
- VICTOR VEGA FLORES y Otros.139/2017
- Victor Velazquez Bravo1010/2021
- Victor Zenteno Hernandez618/2023
- Victor Zugasti Mattar1203/2016
- Victoria Alfonso Rivera549/2020
- Victoria Encarnacion Gazpar1074/2021
- Victoria Encarnacion Gazpar1102/2021
- Victoria Gomez Centeno1043/2019
- Victoria Luisa Flores Lievano1025/2020
- VICTORIA OSORIO SOLIS y Otros.994/2017
- Victoria Romero Castillo126/2019