Víctor Yeaotzin Vicencio Hinojosa
Expediente 582/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 582/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Víctor Yeaotzin Vicencio Hinojosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que precede, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, al haberse actualizado plenamente respecto del acto reclamado, la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que son del contenido siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la reproducción que antecede, se advierte que el juicio de derechos fundamentales es improcedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un juicio, cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que no afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 294/2018, estableció criterio que por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total. Para sustentar su decisión, el Máximo Tribunal precisó que, el punto de contradicción estribaba en determinar si existe un lapso específico para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva en el juicio laboral que hiciera procedente el juicio de amparo indirecto. Así, explicó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del juicio laboral existen múltiples plazos para que los órganos jurisdiccionales, y servidores públicos que participan en ellos, provean los diversos trámites que la secuela procesal exija, así como numerosas razones para que algunos de tales periodos no se observen a cabalidad, ya sea por la interposición de recursos, la excesiva carga de trabajo, fuerza mayor o hecho fortuito, etcétera. Tan solo, apuntó -por dar un ejemplo- bastaba con señalar que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo dispone un lapso de cuarenta y ocho horas como el plazo genérico para el dictado de resoluciones y autos, pero tales actos no son los únicos dentro del juicio laboral, porque existen muchos más periodos legales, inclusive algunos de ellos también computados por horas, de muy distinta naturaleza. Por ello, sostuvo, resultaba difícil establecer un lapso genérico de la duración de la demora que pueda ser establecido de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no, una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el amparo indirecto. No obstante todo lo anterior, explicó el Máximo Tribunal, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, determinaba que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Así, especificó, el legislador federal ya estableció en la ley un lapso preciso (cuarenta y cinco días naturales) para que la Junta oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. De esas consideraciones emergió la jurisprudencia de rubro y texto: Época: Décima Época Registro: 2019400 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia(s): Común, Laboral, Laboral Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.) Página: 1643 AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De lo expuesto con antelación se desprende que, si el peticionario del amparo aduce que la Junta responsable ha incurrido en una presunta dilación para emitir el laudo, el juicio de amparo resulta procedente -y así analizar dicha demora-, debe existir una abierta dilación o bien, una paralización en el juicio de origen, lo que, en el caso, no acontece. Para evidenciar lo anterior, en primer lugar, debe precisarse que el acto reclamado consiste en la omisión de dictar el laudo en el expediente 1069/2016, promovido por el quejoso Víctor Yeaotzin Vicencio Hinojosa, atribuida a la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. En relación con la certeza de dicho acto, la junta responsable al rendir su informe justificado, por conducto de su Presidente, manifestó que es cierto que no ha dictado el laudo en el juicio laboral en cita, por los motivos ahí expuestos, remitiendo como prueba de su parte, copia certificada del acuerdo de veintitrés de septiembre del año en curso, relativo al cierre de instrucción; documental a la que se concede valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de una copia certificada por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. Respalda lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, que versa: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa se duele que la autoridad responsable ha sido omisa en dictar el laudo, en el juicio laboral 1069/2016, dentro del término de ley; sin embargo, ello no es así, porque cuando el solicitante de la protección constitucional presentó su demanda de amparo, la junta responsable se encontraba dentro del plazo legal para el dictado del laudo en el juicio natural, de lo que se colige la inexistencia del reclamo. Se afirma así, tomando en consideración el contenido de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, los que a la letra disponen: Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. De los artículos trascritos, se advierte que en los procedimientos laborales, una vez cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes se formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta para que sea votado. Entregado el proyecto, los integrantes de la Junta cuentan con cinco días para solicitar que se practiquen diligencias no realizadas o que resulten necesarias, las cuales se desahogarán dentro del término de ocho días; finalmente, transcurridos los términos anteriores, en un plazo de diez días se discutirá y votará el laudo respectivo. Por lo cual, el término legal aproximado de que dispone la autoridad responsable para dictar el laudo es de veinticinco días hábiles. Entonces, tomando en cuenta que el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós (foja 23), se cerró instrucción, dicho término transcurrió del veintiséis de septiembre al tres de noviembre del año en curso, con exclusión de los días uno, dos, ocho, nueve, doce, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve, treinta, treinta y uno, todos de octubre; uno, dos y tres de noviembre, todos de dos mil veintidós (por ser inhábiles). En esa tesitura, es evidente que de la fecha en la cual se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos para la emisión del proyecto de resolución en el juicio laboral de origen (veintitrés de septiembre de dos mil veintidós), a la de presentación de la demanda de amparo (veintiocho de octubre de dos mil veintidós), no había concluido el término con el que la autoridad responsable contaba para la emisión del laudo correspondiente, y mucho menos el plazo genérico de cuarenta y cinco días establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio jurisprudencial citado en líneas precedentes, pues únicamente habían transcurrido veinticuatro hábiles y, por ende, es inconcuso que no se advierte que exista una abierta dilación o paralización del procedimiento de origen, y que sea atribuido a la Junta del conocimiento, para estimar que el juicio de amparo resulta procedente, lo que torna notoriamente improcedente el presente juicio. Registro digital: 2011580 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como irreparables deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. No se inadvierte, que la parte quejosa indica que la omisión de la emisión del laudo se efectuó desde las audiencias de demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, en tanto que la obligación de emitir el laudo ocurre desde el cierre de instrucción, lo cual ocurrió el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, es decir, antes de la promoción de la demanda de amparo. Y si bien, en autos está acreditado que el juicio laboral data del año dos mil dieciséis y a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, aún no se ha concluido, lo cierto es que, para efectos del juicio de amparo, se debe atender solo las omisiones o dilaciones señaladas como reclamadas en el juicio de amparo indirecto, y no las subsecuentes u otras, esto es, que los alcances para los que se otorgue la protección constitucional deben limitarse en función al acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER fuera de audiencia en el juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, visible en la página trescientos ochenta y seis, cuyo contenido es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal y a la autoridad responsable en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo resolvió y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
- Principal
(citatorio) notificación por lista a la quejosa.- oza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, al haberse actualizado plenamente respecto del acto reclamado, la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que son del contenido siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la reproducción que antecede, se advierte que el juicio de derechos fundamentales es improcedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un juicio, cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que no afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 294/2018, estableció criterio que por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total. Para sustentar su decisión, el Máximo Tribunal precisó que, el punto de contradicción estribaba en determinar si existe un lapso específico para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva en el juicio laboral que hiciera procedente el juicio de amparo indirecto. Así, explicó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del juicio laboral existen múltiples plazos para que los órganos jurisdiccionales, y servidores públicos que participan en ellos, provean los diversos trámites que la secuela procesal exija, así como numerosas razones para que algunos de tales periodos no se observen a cabalidad, ya sea por la interposición de recursos, la excesiva carga de trabajo, fuerza mayor o hecho fortuito, etcétera. Tan solo, apuntó -por dar un ejemplo- bastaba con señalar que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo dispone un lapso de cuarenta y ocho horas como el plazo genérico para el dictado de resoluciones y autos, pero tales actos no son los únicos dentro del juicio laboral, porque existen muchos más periodos legales, inclusive algunos de ellos también computados por horas, de muy distinta naturaleza. Por ello, sostuvo, resultaba difícil establecer un lapso genérico de la duración de la demora que pueda ser establecido de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no, una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el amparo indirecto. No obstante todo lo anterior, explicó el Máximo Tribunal, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, determinaba que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Así, especificó, el legislador federal ya estableció en la ley un lapso preciso (cuarenta y cinco días naturales) para que la Junta oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. De esas consideraciones emergió la jurisprudencia de rubro y texto: Época: Décima Época Registro: 2019400 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia(s): Común, Laboral, Laboral Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.) Página: 1643 AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De lo expuesto con antelación se desprende que, si el peticionario del amparo aduce que la Junta responsable ha incurrido en una presunta dilación para emitir el laudo, el juicio de amparo resulta procedente -y así analizar dicha demora-, debe existir una abierta dilación o bien, una paralización en el juicio de origen, lo que, en el caso, no acontece. Para evidenciar lo anterior, en primer lugar, debe precisarse que el acto reclamado consiste en la omisión de dictar el laudo en el expediente 1069/2016, promovido por el quejoso Víctor Yeaotzin Vicencio Hinojosa, atribuida a la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. En relación con la certeza de dicho acto, la junta responsable al rendir su informe justificado, por conducto de su Presidente, manifestó que es cierto que no ha dictado el laudo en el juicio laboral en cita, por los motivos ahí expuestos, remitiendo como prueba de su parte, copia certificada del acuerdo de veintitrés de septiembre del año en curso, relativo al cierre de instrucción; documental a la que se concede valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de una copia certificada por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. Respalda lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, que versa: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa se duele que la autoridad responsable ha sido omisa en dictar el laudo, en el juicio laboral 1069/2016, dentro del término de ley; sin embargo, ello no es así, porque cuando el solicitante de la protección constitucional presentó su demanda de amparo, la junta responsable se encontraba dentro del plazo legal para el dictado del laudo en el juicio natural, de lo que se colige la inexistencia del reclamo. Se afirma así, tomando en consideración el contenido de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, los que a la letra disponen: Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. De los artículos trascritos, se advierte que en los procedimientos laborales, una vez cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes se formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta para que sea votado. Entregado el proyecto, los integrantes de la Junta cuentan con cinco días para solicitar que se practiquen diligencias no realizadas o que resulten necesarias, las cuales se desahogarán dentro del término de ocho días; finalmente, transcurridos los términos anteriores, en un plazo de diez días se discutirá y votará el laudo respectivo. Por lo cual, el término legal aproximado de que dispone la autoridad responsable para dictar el laudo es de veinticinco días hábiles. Entonces, tomando en cuenta que el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós (foja 23), se cerró instrucción, dicho término transcurrió del veintiséis de septiembre al tres de noviembre del año en curso, con exclusión de los días uno, dos, ocho, nueve, doce, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve, treinta, treinta y uno, todos de octubre; uno, dos y tres de noviembre, todos de dos mil veintidós (por ser inhábiles). En esa tesitura, es evidente que de la fecha en la cual se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos para la emisión del proyecto de resolución en el juicio laboral de origen (veintitrés de septiembre de dos mil veintidós), a la de presentación de la demanda de amparo (veintiocho de octubre de dos mil veintidós), no había concluido el término con el que la autoridad responsable contaba para la emisión del laudo correspondiente, y mucho menos el plazo genérico de cuarenta y cinco días establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio jurisprudencial citado en líneas precedentes, pues únicamente habían transcurrido veinticuatro hábiles y, por ende, es inconcuso que no se advierte que exista una abierta dilación o paralización del procedimiento de origen, y que sea atribuido a la Junta del conocimiento, para estimar que el juicio de amparo resulta procedente, lo que torna notoriamente improcedente el presente juicio. Registro digital: 2011580 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como irreparables deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. No se inadvierte, que la parte quejosa indica que la omisión de la emisión del laudo se efectuó desde las audiencias de demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, en tanto que la obligación de emitir el laudo ocurre desde el cierre de instrucción, lo cual ocurrió el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, es decir, antes de la promoción de la demanda de amparo. Y si bien, en autos está acreditado que el juicio laboral data del año dos mil dieciséis y a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, aún no se ha concluido, lo cierto es que, para efectos del juicio de amparo, se debe atender solo las omisiones o dilaciones señaladas como reclamadas en el juicio de amparo indirecto, y no las subsecuentes u otras, esto es, que los alcances para los que se otorgue la protección constitucional deben limitarse en función al acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER fuera de audiencia en el juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, visible en la página trescientos ochenta y seis, cuyo contenido es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Numero Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad; por lo que no han transcurrido los ocho días que deben mediar entre la rendición de dicho informe y la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, como lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con el objeto de no dejar en estado de indefensión a las partes y estén en aptitud de imponerse de su contenido, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, por lo que se difiere y se señalan para su verificativo las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, en que lo permiten las labores del juzgado. Resulta aplicable al caso, por su contenido, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 191995 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2000 Página: 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
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