Victoriano López Pérez

Expediente 475/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
475/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Victoriano López Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DEPURACIÓN, pues se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el inciso a), fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General relativo. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración de dicho cuaderno original y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que el presente juicio carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, se destruirán los expedientes y se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal; por lo que, agréguese a dicho cuaderno original copia autógrafa de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Finalmente, toda vez que en el sumario obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del multicitado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recuperarlos; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, serán destruidos con el expediente. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Finalmente, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y por lista de acuerdos a la parte quejosa como está ordenado en auto de treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a quince de febrero de dos mil veintiuno. Vistos; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, sólo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso *****, para los siguientes efectos que: En las relatadas circunstancias, al haber resultado fundado el concepto de violación aquí analizado, suplido en su deficiencia, lo que procede en la especie, es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable Jueza Segundo de Primera Instancia, con sede en Papantla de Olarte, Veracruz, declare la nulidad de todo lo actuado en el juicio ordinario civil ********, a partir de la diligencia de emplazamiento viciada, practicada el tres de febrero de dos mil dieciséis, así como los actos posteriores; y, reponga el procedimiento para el efecto de que ordene el emplazamiento de ********, ciñéndose a las formalidades legales. [.] Concesión que debe hacerse extensiva, respecto de los demás actos del juicio, reclamados en vía de consecuencia, a virtud de que con la concesión del amparo, deben quedar insubsistente . El veinte de enero de dos mil veinte se tuvo a la tercera interesada ********, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, mismo que fue radicado bajo el número de toca 82/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz. Mediante auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio C-277 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, al que adjuntó los autos del juicio de amparo 475/2019, en que se actúa, un cuaderno de pruebas, así como el testimonio de la sentencia pronunciada el dieciséis de julio de dos mil veinte, en el toca 82/2020, en la cual se confirmó la resolución recurrida, por lo que en ese mismo proveído, se requirió a las autoridades responsables para que justificaran haber dado cumplimiento al fallo protector. Para tal efecto, las responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad, mediante oficio 1446, recibido en este Juzgado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, remitieron copia certificada del auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil ******** de su índice, con los que pretende acreditar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, de las constancias remitidas en copia certificada por la responsable, se advierte que por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil ********, de su índice, dejó insubsistente el emplazamiento realizado el tres de febrero de dos mil dieciséis, al quejoso ********, así como todos los actos posteriores y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que de nueva cuenta se emplace al impetrante de amparo, siguiendo las formalidades señaladas en los artículos 76 y 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, como se corrobora con la siguiente transcripción del citado acuerdo: .en cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo y siguiendo sus lineamientos, al determinar la Autoridad Federal que el actuario responsable al realizar la diligencia de emplazamiento al demandado ********, omitió cerciorarse si en el domicilio en que se constituyó (ubicado en el ********** vive el citado demandado ********, puesto que si bien asentó: que se constituyó en domicilio ampliamente conocido de la parte demandada el C. ********, habita en el domicilio ubicado en el ********, de conformidad con lo establecido con el artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles. En otras palabras el fedatario omitió cerciorarse de que en el inmueble en el que se apersonó tiene su domicilio el demandado ********, así como, asentar datos objetivos que permitan establecer que efectivamente ese inmueble es el domicilio del aludido demandado, en tanto que, ni siquiera formuló pregunta expresa en ese sentido y la persona con quien entendió la diligencia (********), en ningún momento manifestó que el demandado a notificar habita en ese domicilio, ni la relación que lo une con el buscado, esto es, si es su empleado, pariente, representante, etcétera. De lo que se sigue que, si el actuario responsable en momento alguno preguntó a la persona que lo atendió, si el demandado vivía en ese domicilio, es inconcuso que el funcionario judicial no realizó un debido y eficaz cercioramiento para tener la plena certeza de que el demandado ********, realmente vivía en el lugar en que el que se constituyó. Sin que el hecho de que asentara que la persona con quien atendió la diligencia le haya manifestado: la persona que busco, no se encuentra en estos momentos , sea suficiente para considerar que se cercioró de que en el lugar en que se constituyó vivía el demandado, sino que era necesario recabar otros datos objetivos que le permitieran asegurarse de que verdaderamente ahí vivía el destinatario de la notificación, puesto que aquella afirmación que conduce inequivocadamente al estado de certeza que exige el artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, sino que puede llevar a cometer errores que no permitirían o impedirían al particular conocer el inicio del procedimiento. Sin que obste la circunstancia de que el actuario responsable en el acta respectiva que se cercioró de encontrarse en el domicilio señalado en autos, porque así se lo había informado los vecinos más cercanos al mismo, sin embargo, no debe confundirse el cercioramiento de la dirección proporcionada, con el cercioramiento de ser el domicilio donde vive la parte que se pretende notificar, ya que para observar que el diligenciario se encuentra en una dirección, puede utilizarse los datos que se tengan al alcance, como placas municipales, placas domiciliarias, letreros, documentos como recibos de servicios, rotulaciones en el propio inmueble, aspectos de carácter subjetivo, como son las indagaciones a personas que se localicen en el inmueble o los propios vecinos, etcétera, todos los medios de alcance de los sentidos; empero también es necesario que asiente si con dichos elementos (o diversos) se cercioró de que en ese lugar, vive la persona buscada. Luego si el notificador en ningún momento requirió el nombrado *********, la presencia de la persona buscada, para que solo en caso de que no estuviera, pudiera entender el emplazamiento con esa diversa persona que salió a su encuentro, tal circunstancia pone de relieve que no se realizó una debida circunstanciación sobre el aspecto en mención, dado que era indispensable que el diligenciario formulara las preguntas relativas, para asegurarse por el mismo, que la persona buscada se hallaba o no presente, circunstancia que de forma ineludible, debió asentar expresamente en el acta de emplazamiento que se tilda de inconstitucional. Por otro lado la diligencia de emplazamiento a ********, también incumplió con la formalidad prevista por el numeral 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que establece a la obligación para el notificador de hacer constar la circunstancia de que una persona efectivamente recibió una notificación, pero no quiso o no pudo firmar la notificación, para constancia de dicha recepción. Pues en efecto se exige que el actuario responsable haga constar que la persona con quien entendió la diligencia no pudo o no quiso firmar, porque con ello, lo que se busca asegurar es que, aún ante la falta de la firma por parte de quien recibió la notificación, pueda existir otro elemento de convicción que permita tener como cierto el hecho de que si fue entregada y de ello es de lo que se debe dar fe. La falta de firma va unida a una negativa proveniente de un no querer ó un no saber del cual el notificado debe dejar constancia porque con ello se asevera, al mismo tiempo, la real presencia del compareciente; de modo que, para que la notificación sea válida cuando el notificado no quiere, no sabe o no puede firmar el acta correspondiente, el actuario debe asentar en ésta la causa, motivo o razón de tal circunstancia, empleando cualquier expresión gramatical, con la condición de que sea clara para que quien se imponga de dicha actuación tenga pleno conocimiento del porque no firmó el interesado. Por tanto en el caso, no basta que el notificador haya señalado en la diligencia que: Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia firmando únicamente el Suscrito Oficial al reverso del instructivo de notificación , pues es inconcuso que, el fedatario responsable omitió especificar si la persona con quien entendió la diligencia no quiso o no supo firmar la diligencia. Por lo tanto la obligación contenida en el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, constriñe al notificador en su calidad de funcionario investido de fe pública, a señalar de manera clara e indubitable el hecho de que la persona con quien se haya entendido la diligencia no firmó el acta correspondiente y la causa de tal negativa, sin que sea necesario verificar la autenticidad de su dicho, señalando por ejemplo el compareciente no firmó por no poder hacerlo o cualquier otra frase que denote fehacientemente por qué él interesado no lo signó. En lo particular, el juicio de origen fue incoado en contra de ******** y ****** quienes fueron emplazados el tres de febrero de dos mil dieciséis, a las quince horas con treinta minutos; sin embargo, el actuario responsable elaboró actas distintas y por separado para hacer constar cada emplazamiento (según se advierte en las fojas treinta y cuatro y treinta y seis del cuaderno de pruebas de este expediente). De lo que se sigue que, si se trata de dos demandados (******** y ********) emplazados en el mismo domicilio, en la misma fecha y hora, y el fedatario responsable levantó dos actas distintas y por separado para hacer constar tales diligencias, es un vicio en dicho emplazamiento, considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, pues es evidente que siendo diversas actuaciones personales y por separado no pudieran practicarse a la misma hora y día. Sin embargo, del instructivo que dejó en poder de ********, se advierte que el mismo fue entregado a las quince horas con treinta minutos del tres de febrero de dos mil dieciséis, lo cual significa que el diligenciario responsable incurrió en una incongruencia al asentar, esos mismos día, hora y minutos, ya que física y materialmente resulta imposible que el fedatario de trato, haya entregado el instructivo de notificación a la misma hora en que la inició la diligencia de emplazamiento máxime si se evidenció la cantidad de datos que tuvo que asentar antes de que ocurriera la entrega del instructivo de notificación en comento. Lo anterior se estima así, ya que la diligencia de emplazamiento y el instructivo de notificación son documentos diferentes que se realizan en dos momentos diversos, entonces, sería física y materialmente imposible que se comenzará el emplazamiento a un ahora y en esa misma hora se entregara el instructivo de notificación, incluso porque la funcionaria actuante refiere casi al final de la citada actuación, que entregó el instructivo de que se trata, por esta razón, es incongruente que las dos situaciones ocurrieran al mismo tiempo. Si bien es cierto que los actuarios judiciales están investidos de fe pública y las actuaciones que éstos realizan gozan de credibilidad, porque su diligencia constituye una verdad legal, no menos cierto es que, la fe pública de que se encuentran investidos no convalida las marcadas alteraciones o contradicciones en que incurran; entonces, tomando en cuenta la alteración y contradicción que se desprende de las preindicadas actuaciones, resulta evidente que no se les puede atribuir valor probatorio alguno, ya que es de explorado derecho que las afirmaciones contradictorias violan las reglas generales de la lógica, que señalan que no puede una cosa ser y dejar de ser al mismo tiempo; y aunque es verdad que el actuario que practica el emplazamiento tiene la fe pública, esa fe no puede rebasar en manera alguna los extremos contradictorios que niegan los principios de la lógica, pues para que la fe pública del actuario merezca plena eficacia demostrativa, no debe incurrir en hechos ilógicos, absurdos o contradictorios. Consecuentemente se deja sin efectos el emplazamiento realizado el día tres de febrero del año dos mil dieciséis al demandado ******, así como todos los actos posteriores y se ordena reponer el procedimiento para el efecto de que de nueva cuenta se emplace de manera correcta al demandado ********, siguiendo las formalidades legales que establecen los artículos 76 y 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, previniendo a la parte actora para que exhiba copia de la demanda para el traslado correspondiente al citado demandado, y se realice de nueva cuenta en el domicilio ubicado en ******* de Tecolutla, Veracruz. Comuníquese esta determinación al C. Juez Federal requirente.- Notifíquese por lista de Acuerdos a las partes. Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia en lo párrafos anteriores, en los que se describen las actuaciones concretas con las que la autoridad acreditó el debido cumplimiento. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  3. Principal

    Visto el oficio con sus anexos, remitidos por la Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión y remitiendo las constancias respectivas. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y transcurrido dicho término, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos y los datos aportados por las autoridades responsables. En virtud de lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que al momento de realizar la notificación personal del presente proveído, corra traslado a las partes con copia del oficio que se provee, debiendo asentar dicha recepción en la propia diligencia. DILIGENCIA PERSONAL De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, dicha diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a doce de noviembre de dos mil veinte. Visto; el oficio E-2691/2020 del Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes, y atento a su solicitud en el sentido de que se le remita el acuse de recibo del oficio C-277, con el que envió a este órgano jurisdiccional el testimonio de la resolución y devolvió los autos del juicio de amparo 475/2019, junto con el cuaderno de pruebas, infórmese a la Superioridad que por oficio 12234/2020, de cinco de los actuales, se remitió el acuse solicitado, tal y como se advierte del acuse electrónico con número de folio de envío 1812233. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

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