Victor Randu Celis Muratalla
Expediente 134/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 55 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 55
- Última actuación
- 24/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Victor Randu Celis Muratalla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 55.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la pieza postal que contiene el oficio 1268/2022 dirigido a la autoridad responsable denominada Gerente Regional del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, que devuelve la Administración del Servicio Postal Mexicano, con la anotación al reverso que a la letra dice: "Destinatario desconocido con el domicilio citado"; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y toda vez que en el sumario obra agregado acuse de notificación con dicha denominación y al advertirse una negativa para recibir el oficio que se trata; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad por notificada del proveído de veintisiete de enero del año en curso. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a ocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la pieza postal que contiene el oficio 962/2022 dirigido a la autoridad responsable denominada Marx Blanco Enríquez en su carácter de Comandante del Destacamento de Tuxpan, Veracruz, que devuelve la Administración del Servicio Postal Mexicano, con la anotación al reverso que a la letra dice: "Rehusado la persona no labora en la institución"; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y toda vez que en el sumario se advierte que es su denominación correcta y al advertirse una negativa para recibir el oficio que se trata; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad por notificada del proveído de veintisiete de enero del año en curso. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Sergio Alberto Avendaño Martínez, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cambio, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente asunto, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c, del multicitado Acuerdo General, pues se negó la medida cautelar solicitada respecto al acto reclamado. En tal virtud, una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo, dentro de los treinta días siguientes, se destruirá el cuaderno original del incidente de suspensión y se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa desahogó la vista concedida respecto a la pretensión de cumplimiento de la autoridad responsable al fallo protector, mediante escrito acordado el veintidós de noviembre del año en curso, en el que expresó su inconformidad con el mismo. En tal virtud, este órgano de control constitucional procede a calificar el cumplimiento de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de dilucidar si la ejecutoria fue cumplida en su totalidad, es decir, sin excesos ni defectos y en términos del artículo 214 del mismo ordenamiento legal que dispone que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución. En primer término, debe destacarse que este auto supone el análisis de la ejecutoria de amparo, así como la precisión de sus alcances y efectos, pues el cumplimiento exige la interpretación del fallo protector a partir de la naturaleza de la violación examinada, a fin de determinar si fue exacta y cabalmente acatada; con la finalidad de lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la citada violación. Ahora bien, mediante sentencia autorizada el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Víctor Randú Celis Muratalla, para los efectos de que la autoridad responsable Comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente el oficio PA/0327/2019, de trece de marzo de dos mil diecinueve, que contiene el cambio de adscripción del quejoso Víctor Randú Celis Muratalla. 2. Ordene la reinstalación del solicitante del amparo al cargo que venía desempeñando antes de dicho cambio de adscripción, es decir, a la categoría de Jefe de Servicios "C", con el sueldo y prestaciones correspondientes a ese puesto. 3. Se le paguen las diferencias correspondientes, pues el quejoso no debió ostentar un cargo diferente ni percibir un salario menor al que venía recibiendo con motivo del cambio de adscripción." En auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se declaró que la sentencia de mérito causó ejecutoria; en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector. Por acuerdo de trece de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional determinó que la ejecutoria de amparo no se encontraba cabalmente cumplida, por lo siguiente: "[.] No obstante lo anterior, de las referidas constancias no se desprende que el quejoso haya recibido el pago por diferencia que le corresponde al haber ostentado un cargo diferente, así como un salario menor al que venía recibiendo con motivo de su cambio de adscripción. Esto es, las autoridades responsables no acreditan que ya fueron pagadas al quejoso las diferencias que debió percibir desde el trece de marzo de dos mil diecinueve en la categoría de en el cargo de Jefe de Servicios "C", en la Comandancia (sic) de Poza Rica; por lo que, por cuanto hace a este efecto se considera que la sentencia no se encuentra cumplida." En consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que acreditara el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional volvió a determinar que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida por las siguientes consideraciones: "[..] Esto es, si bien el Comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, demuestra que se efectuaron pagos al quejoso, con los recibos de nómina con sello digital y cadena de caracteres generada por el Servicio de Administración Tributaria (comprobantes fiscales digitales por internet), de los meses que comprenden el periodo de abril de dos mil diecinueve a mayo de dos mil veinte, de dichos documentos no se advierte el pago de diferencias al quejoso, por el desempeño del cargo de Jefe de Servicios "C", porque ese hecho lo hace derivar de la existencia una incapacidad laboral, en la cual, dice, debió percibir un porcentaje menor del salario percibido. Así las cosas, es necesario que acredite no solo el haberse efectuado pagos al quejoso sino inexorablemente la premisa de la cual parte para sustentar que ha cumplido con la ejecutoria de amparo, esto es, la incapacidad presentada ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asimismo, deberá demostrar la diferencia entre los pagos que se realizaron originalmente al quejoso, los que se efectuaron en cumplimiento a la sentencia de amparo y justificar documentalmente que, en razón de incapacidades presentadas, se ha enterado el importe que corresponde cubrir en función de los efectos del fallo protector." Por lo que en ese mismo acuerdo se requirió a la autoridad responsable para que acreditara el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De igual forma, el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional nuevamente determinó que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida por las siguientes consideraciones: "[.] No obstante lo anterior, de las constancias remitidas no se advierte que las autoridades hayan acreditado el pago del concepto de "Nómina de compensación mensual" que el quejoso manifestó percibir con motivo de su cargo como Jefe de Servicios "C", y que le fue retirado cuando fue descendido de categoría. Por otra parte, no se aprecia que la autoridad acredite haber realizado el pago retroactivo de las aportaciones correspondientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conforme a la categoría y percepciones de Jefe de Servicios "C", durante el periodo que ocupó la categoría de Policía Operativo." Por lo que en ese mismo acuerdo se requirió a la autoridad responsable para que acreditara el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así también, el seis de septiembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional nuevamente determinó que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida por las siguientes consideraciones: ".De lo anterior se advierte, que si bien la autoridad responsable realizó el pago por concepto de "Nómina de compensación mensual", así como el pago retroactivo de las aportaciones correspondientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en favor del quejoso, sin embargo fue omisa en detallar las cantidades a que hace referencia por conceptos de nómina de compensación mensual, así como el pago retroactivo de las aportaciones correspondientes a dicho instituto, toda vez que únicamente realiza operaciones sin especificar ni detallar los motivos de cada una de ellas." Por lo que en ese mismo acuerdo se requirió a la autoridad responsable para que acreditara el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De igual forma, el once de octubre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional nuevamente determinó que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida por las siguientes consideraciones: "[.] De lo anterior se advierte, que si bien la autoridad responsable realizó el pago por concepto de "Nómina de compensación mensual", así como el pago retroactivo de las aportaciones correspondientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en favor del quejoso, además detalló las cantidades a que hace referencia por conceptos de nómina de compensación mensual, así como el pago retroactivo de las aportaciones correspondientes a dicho instituto, lo cierto es que omitió indicar y justificar el motivo por el cual once días de mayo, treinta días de junio, diecisiete días de julio, todos de dos mil diecinueve fueron pagados al quejoso en un cincuenta por ciento y otros más al cero por ciento (tomando en consideración que este ingresó a laborar el dieciséis de enero de dos mil uno). En razón de lo anteriormente expuesto, se estima que la ejecutoria de amparo nuevamente no está cabalmente cumplida, motivo por el cual, este órgano jurisdiccional, en su carácter de rector del procedimiento de ejecución requiere de nueva cuenta al Comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, para que en el improrrogable plazo de TRES DÍAS, contado a partir de que les sea notificado el presente proveído, remita a este Juzgado de Distrito las constancias relativas al tercero de los efectos indicados en el fallo federal consistente en que se le paguen las diferencias correspondientes, pues el quejoso no debió ostentar un cargo diferente ni percibir un salario menor al que venía recibiendo con motivo del cambio de adscripción." Ahora, por autos de veintiséis de octubre y doce de noviembre de dos mil veintiuno, se recibieron los oficios remitidos por el Comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, a través de los cuales informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora conforme al último de los requerimientos efectuados por este juzgado federal, por lo que se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera; misma que se tuvo por desahogada el veintidós de noviembre siguiente. En ese sentido, de un análisis comparativo entre las actuaciones de la autoridad responsable y los efectos de la sentencia amparadora tenemos que, tal como se puntualizó en las resoluciones previas a ésta, es evidente que la responsable ya cumplió con los primeros dos efectos de la sentencia, como se comprueba con las constancias que obran en autos. En efecto, mediante auto de treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio GJC/1032/2019 signado por la autoridad responsable, Comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, al que anexó el diverso PA/1286/2019, a través del cual dejó sin efectos la comunicación PA/0327/2019; ordenó la reinstalación del quejoso Víctor Randú Celis Muratalla, en el cargo de Jefe de Servicios "C", en la Comandancia de Poza Rica, que venía desempeñando, con el mismo sueldo y prestaciones; y, ordenó se realizaran los pagos de diferencias correspondientes al cargo que ocupaba, a partir del trece de marzo de dos mil diecinueve a la fecha. En ese sentido, por cuanto hace al primero de los efectos de la sentencia amparadora, en proveído de veintitrés de julio pasado, se observó que se encuentra debidamente cumplida. Luego, por lo que ve al segundo de los efectos, en auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio IPAX/CPR/1197/2020, a través del cual el Comandante del Destacamento Poza Rica IPAX, informó que el quejoso fue incluido en la nómina con el sueldo y prestaciones que le corresponden como Jefe de Servicios "C", a partir del diecinueve de noviembre de dos mil veinte, asimismo, para corroborar lo anterior, remitió acta de hechos levantada junto con el Enlace Administrativo de la referida comandancia de Poza Rica, en la que se hace constar que el quejoso Víctor Randú Celis Muratalla, compareció a protestar el cargo de Jefe de Servicios "C", adscrito a la Comandancia de Poza Rica, Veracruz; en esas circunstancias, en proveído de veintitrés de julio pasado, se consideró que el segundo de los efectos de la concesión del amparo fue cumplido. Ahora bien, por cuanto hace al tercero de los efectos de la sentencia amparadora, se observa lo siguiente: De las constancias remitidas mediante oficios PA/0700/2021 y PA/0707/2021 (recibidos por acuerdos de nueve y dieciséis de agosto del año en curso), el Comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, exhibió los diversos oficios GA/SRH/2600/2021 de nueve de agosto del año en curso, suscrito por la Subgerente de Recursos Humanos del IPAX y el diverso IPAX/GA/SRH/2603/2021, suscrito conjuntamente por la Subgerente de Recursos Humanos, Gerente de Administración y Comisionado, todos del IPAX, en el cual se informa la cantidad que, según el dicho de la responsable, se le pagó al quejoso como consecuencia de la concesión del amparo; asimismo, anexó el desglose comparativo de las cantidades entregadas al quejoso y las que debieron pagarse durante los ejercicios fiscales de dos mil diecinueve y dos mil veinte; tabuladores de sueldos por los ejercicios fiscales de dos mil diecinueve y dos mil veinte; desglose de pagos por quincena, de marzo a diciembre de dos mil diecinueve y de enero a abril de dos mil veinte y comprobantes fiscales digitales de nómina, de los pagos efectuados al quejoso, por el lapso del veinticinco de abril de dos mil diecinueve al siete de mayo de dos mil veinte. Asimismo, la responsable demostró que se efectuaron pagos al quejoso, con los recibos de nómina con sello digital y cadena de caracteres generada por el Servicio de Administración Tributaria (comprobantes fiscales digitales por internet), de los meses que comprenden el periodo de abril de dos mil diecinueve a mayo de dos mil veinte. De igual manera, en relación a las diferencias y falta de pago al quejoso, por el desempeño del cargo de Jefe de Servicios "C", del periodo comprendido del veinte de marzo de dos mil diecinueve al veinte de abril de dos mil veinte, hecho que la autoridad responsable lo hizo derivar de la existencia una incapacidad laboral, se advierte que mediante oficio IPAX/PR/0448/03/2021 de treinta de marzo de dos mil veintiuno, recibido en auto de siete de abril de dos mil veintiuno, la responsable exhibió las incapacidades presentadas ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que justifican dicha situación. Ahora, de las constancias remitidas se advirtió que la autoridad acreditó el pago del concepto de "Nómina de compensación mensual", así como el pago retroactivo de las aportaciones correspondientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conforme a la categoría y percepciones de Jefe de Servicios "C", durante el periodo que ocupó la categoría de Policía Operativo. Así también, mediante acuerdo de uno de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo al Comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, remitiendo el oficio PA/858/2021 al que anexó el detalle de las cantidades por conceptos de nómina de compensación mensual, así como el pago retroactivo de las aportaciones correspondientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de los meses que comprenden el periodo de abril de dos mil diecinueve a mayo de dos mil veinte. De igual forma, la autoridad responsable remitió copia del oficio GA/SRH/3113/2021 que contiene el desglose de las cantidades que fueron pagadas al quejoso por el concepto de compensación, relativas al periodo comprendido de marzo de dos mil diecinueve a diciembre de dos mil veinte, de las que advierte que con motivo de las incapacidades presentadas, once días de mayo, treinta días de junio, diecisiete días de julio, todos de dos mil diecinueve, fueron pagados al cincuenta por ciento y posteriormente cero por ciento del sueldo. Al respecto, por acuerdo de once de octubre de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional advirtió que la responsable omitió indicar y justificar el motivo por el cual once días de mayo, treinta días de junio, diecisiete días de julio, todos de dos mil diecinueve fueron pagados al quejoso en un cincuenta por ciento y otros más al cero por ciento (tomando en consideración que este ingresó a laborar el dieciséis de enero de dos mil uno). Razón por la cual a fin de brindar certeza jurídica a la parte quejosa, se concluyó que el fallo protector no estaba cumplido, requiriendo de nueva cuenta al Comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, para que remitiera a este Juzgado de Distrito las constancias que indicaran de manera pormenorizada y detallada, el motivo por el cual (tomando en consideración el tiempo de servicio en activo del quejoso), los días antes indicados fueron pagados al quejoso al cincuenta por ciento del sueldo y otros al cero por ciento. Precisándole que en caso de que advirtiera alguna cantidad a favor del quejoso que no se le hubiera pagado y que estuviera estrictamente relacionada con el tercer punto de los efectos de la sentencia amparadora dictada en este juicio, debía informar lo propio o bien acreditar que ya no existe monto alguno pendiente de pagarle al quejoso. Así las cosas, por cuanto hace a este último requerimiento, de autos se advierte que mediante oficio PA/0948/2021, se remitió el diverso oficio GA/SRH/3525/2021, signado por el Jefe de la Oficina de Nómina de la Subgerencia de Recursos Humanos del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, en el que indicó el motivo por el cual once días de mayo, treinta días de junio, diecisiete días de julio, todos de dos mil diecinueve fueron pagados al quejoso en un cincuenta por ciento y otros más al cero por ciento, señalando que ello derivaba de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, en relación con las incapacidades otorgada al quejoso e informó sobre los pagos realizados al quejoso por concepto de salario en los años dos mil veinte y dos mil veintiuno. De igual manera, por oficio PA/0982/2021, recibido el once de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable informó sobre la existencia de una diferencia a favor del quejoso de $9,694.00 (nueve mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), remitiendo además, copia certificada del oficio de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dirigido al Subgerente de Recursos Financieros, en el que se desglosa que de ese saldo a favor, se descontaron los conceptos de ISR y cuotas, arrojando un total de $6,632.68 (seis mil seiscientos treinta y dos pesos 68/100 moneda nacional), los cuales fueron pagados al quejoso en su cuenta bancaria a través de transferencia electrónica, tal como lo indicó la Subgerente de Recursos Humanos del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, en el diverso oficio 3675/2021 de ocho de los actuales. En este sentido, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevadas a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos. Asimismo, se considera que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Lo anterior, sin que pasen inadvertidas las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en relación a que la autoridad responsable debió realizar el pago de la compensación mensual, de forma completa y no con base en el porcentaje que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; ello, en razón de que se trata de un aspecto que escapa a los efectos de la ejecutoria de amparo, pues si bien en ésta se determinó que debían pagarse las prestaciones con base en el sueldo que debió haber recibido el quejoso en la categoría respectiva, lo cual sí se hizo, lo cierto es que no se emitió pronunciamiento alguno en cuanto a la aplicabilidad o no de lo dispuesto en dicha normativa, en específico respecto al porcentaje del salario a pagar, por lo que tal aspecto debe dilucidarse en la vía correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes.
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