Víctor Samuel Velázquez Urbina

Expediente 923/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
923/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
23/08/2019

Partes del expediente

  • Víctor Samuel Velázquez Urbina

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    se ingresa al SISE la notificación por lista a la parte quejosa de auto de treinta y uno de julio dos mil diecinueve pronunciados por el juzgado de mi adscripción, por no haberse presentado la parte antes mencionada a notificarse dentro del término indicado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. Doy feNaucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Víctor Samuel Velázquez Urbina; regístrese bajo el número 923/2019-III. ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de acordar el escrito presentado el once de junio de dos mil diecinueve dentro de la carpeta de investigación TLA/FVG/VIJ/060/266264/18/11, en el que solicitó que judicializara dicha indagatoria. DESECHAMIENTO Este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad que se debe agotar previamente a la promoción del juicio biinstancial. La disposición normativa en cita refiere que es improcedente la acción de amparo cuando se promueva contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. En el caso concreto la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de la responsable de acordar el escrito presentado el once de junio de dos mil diecinueve, en el que solicitó que judicializara dicha indagatoria; sin embargo, contra ello debió interponer, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el recurso innominado a que hace referencia el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El numeral citado refiere que en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. Si bien el citado precepto no establece expresamente que todos los actos u omisiones de la autoridad ministerial, que pudieran considerarse negligentes, puedan ser impugnados a través de ese medio de defensa, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, interpretó el alcance del numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales e indicó que de su interpretación sistemática con los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI del propio código, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación a través del referido medio de defensa. Esto, por ser idóneo para se puedan controvertir, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también señaló que de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Por ello, tales determinaciones no se limitan únicamente a la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan por efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Consecuentemente, debe entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Por ende, se debe presentar interponer previamente a la promoción del juicio de amparo. De dicha contradicción derivó la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, visible a página 943, del rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". No es obstáculo a lo anterior que la parte quejosa haya reclamado en esta vía la falta de contestación a un escrito en contravención al artículo 8° constitucional, pues en dicho ocurso lo que se pretende es la prosecución del procedimiento de investigación de origen, lo cual como se apuntó en párrafos precedentes, es materia del medio ordinario de defensa que debió hacer valer la parte quejosa en cumplimiento al principio de definitividad que rige al juicio biinstancial. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por ser manifiesta y notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que el domicilio que señala se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este juzgado; lo anterior hasta en tanto señale algún domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan). No obstante, tomando en consideración la naturaleza de esta determinación, se comisiona a alguno de los Actuarios de la adscripción para que se constituya en el domicilio particular que señaló la parte quejosa y le notifique este acuerdo.

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