Víctor Modesto Calvario Álvarez
Expediente 529/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Víctor Modesto Calvario Álvarez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo se realiza sólo respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción; así también es susceptible de destrucción el original del incidente, pues se negó la medida cautelar; por ende, glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos originales; con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibida que, de no hacerlo, se procederá a depurarlos. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se advierte que no obra la notificación a la parte quejosa de la sentencia de veintisiete de octubre pasado; en consecuencia, se comisiona a cualquiera de los actuarios para que, con fundamento en el artículo 26 fracción IV de la Ley de amparo, notifique electrónicamente a los quejosos la resolución antes mencionada. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa. (SENTENCIA DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE) Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 529/2020-VI; R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veinte en la ene el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitido a este órgano jurisdiccional el veintiocho de ese mismo mes y año, por razón de turno, . , por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra la Legislatura del Estado de México otras autoridades, por los actos que se precisarán en el considerando segundo. Segundo. Trámite y admisión de la demanda. Por auto de treinta y uno de agosto del año en curso, este juzgado admitió a trámite la demanda, dio la intervención que legalmente le compete a la representante social federal de la adscripción, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, toda vez que se reclama una norma de carácter general cuya aplicación tendría verificativo dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por los peticionarios de amparo. Así, de la lectura de la demanda de amparo, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que los quejosos reclaman: a) De la LX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO: La promulgación, aprobación y expedición de los artículos 154 y 154 Bis, del Código Financiero del Estado de México. b) Del GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO: La aprobación, promulgación y publicación de los artículos 154 y 154 bis, del Código Financiero del Estado de México. c) De la SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. El refrendo, firma y aplicación de los artículos 154 y 154 bis, del Código Financiero del Estado de México; así como la orden de ejecución del cobro de derechos por el uso de vías públicas para el ejercicio de actividades comerciales o de servicios. d) Del PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO. La aplicación de los artículos 154 y 154 bis, del Código Financiero del Estado de México, a través de la orden de cobro de derechos por el uso de vías públicas para el ejercicio de actividades comerciales o de servicios. e) Del TESORERO MUNICIPAL DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO. La aplicación de los artículos 154 y 154 bis, del Código Financiero del Estado de México, a través de la orden de cobro de derechos por el uso de vías públicas para el ejercicio de actividades comerciales o de servicios. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables Presidente Municipal y Tesorero Municipal, ambos de Huixquilucan, Estado de México y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, negaron los actos reclamados precisados en los incisos c), d) y e) del segundo considerando del presente fallo, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado dicha negativa; máxime que, no obra constancia en autos de la que se advierta que los artículos reclamados se aplicaron a los quejosos. En consecuencia, con apoyo en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, por inexistencia de actos. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de México, aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen, razón por la cual se tiene probada su existencia. Por su parte, La Presidenta de la LX Legislatura del Estado de México, al rendir su informe justificado, no aceptó ni negó los actos combatidos, sin embargo, hizo manifestaciones que evidencian su certeza al sostener la legalidad y constitucionalidad de los mismos; en consecuencia, se tienen por ciertos los actos que se le reprochan en el ámbito de su competencia. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito2 , de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Aunado a lo anterior, la certeza de los actos atribuidos a las autoridades que intervienen en el proceso de creación de la norma combatida se acredita plenamente, de acuerdo con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales las leyes no son objeto de prueba. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a/J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Quinto. Causales de improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público. Con relación a los actos reclamados señalados en los incisos a) y b), el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, relacionado con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la intelección de los citados preceptos legales se advierte que el juicio de amparo puede ser promovido por quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que la norma que combata viole derechos sustantivos y le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el caso como se dijo los peticionarios de amparo reclaman normas de carácter general con motivo de su vigencia, en específico los artículos 154 y 154 Bis, del Código Financiero del Estado de México. Lo anterior, ya que refieren son usuarios (alega la existencia de un derecho subjetivo) de los locales comerciales números 3, 4, 7, 10, 77, 90, 91 y 110, ubicados frente a las instalaciones que ocupa la Presidencia Municipal de Huixquilucan, Estado de México. Luego, sostienen que la entrada en vigor de las normas que aquí reclaman les ocasiona un menoscabo en su esfera jurídica pues refieren que fueron informados de manera verbal por personal de la Tesorería del Municipio de Huixquilucan que se encontraban sujetos al cumplimiento de las obligaciones que impone las citadas normas (pago de derechos por el uso de mercados públicos municipales), que le son aplicables en atención al derecho de uso y aprovechamiento del que aducen son titulares. Ante ese panorama, es válido afirmar que el interés con que los quejosos pretenden acudir a esta instancia constitucional es el jurídico, de ahí que están obligados a demostrar la existencia de un acto concreto, que les cause un perjuicio o agravio a sus derechos o intereses, (es decir, probar la titularidad del derecho subjetivo que defiende) a efecto de evidenciar que se encuentran legitimadas para promover el juicio, en el entendido de que tal perjuicio o agravio debe ser personal, directo y actual. Cuando se impugnan normas generales, la afectación al derecho subjetivo o al interés legítimo no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación de tales leyes, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, en virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o derivado de un acto de aplicación que lo actualice, lo cual no sucedió en la especie. Ahora, los agraviados ofrecieron como pruebas para acreditar la afectación a sus derechos, las siguientes: 1. Órdenes de pago de derechos 64789 y 64790 por uso de local municipal de dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, emitidas por el Ayuntamiento de Huixquilucan a favor de Víctor Modesto Calvario Álvarez y copia simple de la credencial para votar de este. 2. Orden de pago de derechos 64401 por uso de local municipal de dos mil diecinueve, emitida por el Ayuntamiento de Huixquilucan a favor de Marcos Granados Muciño y copia simple del comprobante de pago de dicha orden, así como copia simple de la credencial para votar de este. 3. Orden de pago de derechos 64433 con copia simple de esta, por uso de local municipal de dos mil diecinueve, emitida por el Ayuntamiento de Huixquilucan a favor de Luz María Granados Muciño; copia simple de la orden de pago de derechos 65143 por uso de local municipal de dos mil veinte, emitida por el Ayuntamiento de Huixquilucan a favor de la antes nombrada, así como copia simple de la credencial para votar de esta. 4. Orden de pago de derechos 098807 con copia simple de esta, por uso de local municipal de dos mil dieciocho, emitida por el Ayuntamiento de Huixquilucan a favor de José Luis Valverde Granada; así como copia simple de la credencial para votar de este. 5. Orden de pago de derechos 73841 por uso de local municipal de dos mil dieciocho, emitida por el Ayuntamiento de Huixquilucan a favor de Margarita Valverde Granada; copia simple de la orden de pago de derechos 65280 por uso de local municipal de dos mil veinte, emitida por el Ayuntamiento de Huixquilucan a favor de la antes nombrada y copia simple de su comprobante de pago, así como copia simple de la credencial para votar de esta. 6. Orden de pago de derechos 73840 con copia simple de esta, por uso de local municipal de dos mil dieciocho, emitida por el Ayuntamiento de Huixquilucan a favor de José Alfredo Chicho Terrazas y copia simple del comprobante de pago de esta, así como copia simple de la credencial para votar de del antes nombrado. 7. Orden de pago de derechos 94348 con copia simple de esta, por uso de local municipal de dos mil diecinueve, emitida por el Ayuntamiento de Huixquilucan a favor de Candelaria Granada Torres; copia simple de la orden de pago de derechos 65279 por uso de local municipal de dos mil veinte, emitida por el Ayuntamiento de Huixquilucan a favor de la antes nombrada, así como copia simple de la credencial para votar de esta. 8. Orden de pago de derechos 64359 con copia simple de está, por uso de local municipal de dos mil diecinueve, emitida por el Ayuntamiento de Huixquilucan a favor de María Guadalupe Entzana Muciño, así como copia simple de la credencial para votar de esta. Las referidas probanzas consistentes en las ordenes de pago de derechos que ofrecen, son insuficientes para para demostrar la afectación a los derechos subjetivos de los quejosos, esto es, que se ubica en el supuesto establecido en la porción normativa reclamada, en virtud que en dichas ordenes se hace referencia a que la erogación es por concepto del uso de locales comerciales para los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, no así para el año dos mil veinte. Por lo que hace a las pruebas que ofrecen en copia simple, las mismas carecen de valor probatorio pleno, ya que al tener esa calidad sólo generan una mera presunción de la existencia de los documentos que reproducen, sin que sean suficientes para justificar el hecho que se pretende demostrar, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. Ello deriva de que la copia fotostática es una simple reproducción de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J 21/9844 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN." Así, se concluye que las probanzas exhibidas por los agraviados no son idóneas para acreditar que se ubica en el supuesto de la norma reprochada, pues, como se expuso, para demostrar el interés jurídico que aducen les asiste debieron demostrar que están autorizados para usar y aprovechar los locales comerciales números 3, 4, 7, 10, 77, 90, 91 y 110, ubicados frente a las instalaciones que ocupa la Presidencia Municipal de Huixquilucan, Estado de México, para el año dos mil veinte, y que la autorización correspondiente haya sido expedida con anterioridad al inicio de vigencia de la disposición que nos ocupa. Por tal razón la vigencia de los artículos 154, y 154 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios, no genera una afectación en su esfera jurídica, pues les correspondía demostrar que esa norma les causó un perjuicio en sus derechos fundamentales, acreditando fehacientemente que están sujetos a la norma y que sus disposiciones afectan sus intereses jurídicos. Afirmación que se sustenta en las jurisprudencias de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que respectivamente señalan "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. 5 LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURIDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma. 6 Máxime que para que la acción constitucional sea procedente contra ordenamientos generales autoaplicativos, no basta con que tal norma inicie su vigencia, sino que es necesario que se demuestre que la parte solicitante de amparo se encuentra en el supuesto de las normas que pretende impugnar, pues sólo así se podrá concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta sus intereses7 . En adición a lo expuesto, debe precisarse que la agraviada tampoco acreditó tener interés legítimo para acudir al juicio de amparo, porque para ello debió allegar medios de convicción que, en su conjunto, fuesen suficientes para -desvinculando el criterio rector de individualización incondicionada, que determina la procedencia del amparo contra leyes, de la figura del interés jurídico-, evidenciar que la ley reclamada le generó una afectación por su sola entrada en vigor. Es así, porque en este sumario no existen elementos idóneos ni se plantearon argumentos que, relacionados entre sí, permitan constatar una afectación individual, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, a la esfera jurídica de la solicitante de amparo, con la finalidad de analizar su petición bajo la óptica del interés legítimo. Luego, para efectos de acreditar, al menos, un interés legítimo para acudir a este juicio, los quejosos debieron probar la existencia de un derecho - de cualquier índole - que se viera afectado con motivo de la entrada en vigor de legislación impugnada, incluso indirectamente; esto es, acreditar que las consecuencias del inicio de vigencia de esa norma le causan un agravio material en sus intereses tutelados por el derecho objetivo, sin necesidad de un acto concreto de aplicación. Lo anterior, de conformidad con la tesis 1a. CCLXXXI/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación8 , que estipula: INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de individualización incondicionada, con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de esa legislación. En virtud del sobreseimiento decretado no es posible examinar los conceptos de violación planteados ni las tesis invocadas por la parte quejosa, en relación con la porción normativa impugnada, de conformidad con la jurisprudencia II.3o. J/58 sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito9 , que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo.
- Principal
R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo.
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Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el termino para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veinte.
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