Víctor Zeus Camargo Casas
Expediente 1041/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1041/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Víctor Zeus Camargo Casas
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto por el cual se desechó la demanda; consecuentemente, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por Víctor Zeus Camargo Casas, por derecho propio, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1041/2023-V. ACTO RECLAMADO De la lectura íntegra de la demanda constitucional se advierte que la parte quejosa reclama: " A). De la ordenadora señalada con el número uno del apartado correspondiente, EL POSIBLE TRASLADO A DIVERSO CENTRO PENITENCIARIO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL AL QUE ME ENCUENTRO COMPURGANDO LA SENTENCIA CONDENATORIA DE FECHA TRES DE MAYO DEL 2023, MODIFICADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL DE ALZADA EN MATERIA PENAL DE TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO LA CUAL ME FUE NOTIFICADA EL VIERNES 11 DE AGOSTO DEL 2023. B) De las ejecutoras, se le reclama cualquier acto tendiente a la implementación y/o ejecución para cumplimentar la orden DE POSIBLE TRASLADO." No se soslaya que refiere que promueve "con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo"; sin embargo el acto que reclama -orden de traslado-, no se trata de los previstos en el citado artículo 15 de la Ley de Amparo (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas), ni el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). Toda vez que conforme a las manifestaciones que realiza bajo protesta de decir verdad en sus antecedentes, el acto que reclama, no acontece fuera del procedimiento, sino que deriva de que el tres de mayo de dos mil veintitrés, se le dictó sentencia condenatoria; esto es, no se trata de los actos contenidos en el numeral 126 de la Ley de Amparo, atinente a que la privación de la libertad sea "fuera de procedimiento"; por lo que se estima que no se actualizan los supuestos previstos en el citado numeral 15. Al respecto, se invoca a contrario sensu, la jurisprudencia 1a./J.25/2018 (10a.), registro 2017844, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 827 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil reparación. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Ahora bien, si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, el órgano de control constitucional debe otorgar dicha medida cautelar en el propio auto en el que formula ese requerimiento, ya que de lo contrario, se permitiría la posible ejecución de los actos prohibidos por el artículo 22 aludido." DESECHAMIENTO Ahora, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/61, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Así, es importante destacar que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el quejoso, se desprende que se encuentra recluido con motivo de la sentencia condenatoria de tres de mayo de dos mil veintitrés, misma que de acuerdo a lo expuesto por el promovente fue modificada únicamente sobre el pago de la reparación del daño y a la sujeción de Programa Reeductativo por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, en el Estado de México; asimismo, aduce que no se ha celebrado audiencia inicial de ejecución de sanciones. Hecha tal precisión, respecto del acto reclamado destacado -posible orden de traslado-, se advierte se actualiza las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo. El precepto legal citado dispone en la primera fracción mencionada, que el juicio de amparo resulta improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud de cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas y, por su parte, la segunda de las fracciones en cita, establece que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado es pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y en su contra proceda algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual puede ser revocado, anulado o modificado; siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa pero sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de ser suspendido. Dicha disposición establece el principio de definitividad en el juicio de amparo, el cual consistente que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. En esos términos se pronunció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis número I.8o.C.15 K, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION RECLAMADA." En efecto, por lo que hace al acto reclamado -orden de traslado- , la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé dos supuestos para la realización de un traslado involuntario, uno con previa intervención del Juez de Control o de Ejecución en audiencia pública (artículo 51); y otro, en el que, ante la necesidad de realizarlo la autoridad administrativa, con la resolución de legalidad de dichos órganos jurisdiccionales (numeral 52 de esa Legislación); pero en ambos supuestos, tal determinación es susceptible de ser impugnada a través de los medios ordinarios. En la especie, se destaca que tratándose de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir al juicio de amparo, toda vez que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada, que tiene como efecto confirmar, modificar o revocar la posible orden de traslado impugnada en esta vía. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Tesis: 1a. XXI/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que señala: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." Así como por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), registro 2023736, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1513, Undécima Época, Materias(s): Penal, Común, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." Aunado a que en el supuesto de que el acto sea urgente, puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez de Control o Ejecución, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, en ese mecanismo de control judicial del sistema penitenciario, el legislador estableció que en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses del promovente, podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución, quien además conocerá, entre otras hipótesis, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de su libertad, y aquellas relacionadas que impliquen violación a los derechos fundamentales; y la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Esa interpretación que hizo el máximo Tribunal de país, es acorde con las reformas a los artículos 18, 21 y 73, fracción XXI, Constitucionales, publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación que, en su conjunto, implementaron un modelo penitenciario de reinserción social, control judicial de las cuestiones inherentes a las condiciones de reclusión y la creación de jueces de ejecución, cuya función primordial es, entre otras, ejercer un efectivo control de legalidad de los actos de las autoridades penitenciarias y velar por los derechos de las personas privadas de la libertad, previo a su control constitucional; con lo cual adquiere sentido uno de los objetivos para los que fue expedida la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, la implementación de mecanismos eficientes, rápidos y sencillos a cargo de los jueces en mención, para la protección de las prerrogativas de los sentenciados y procesados que se hallan en centro de reinserción social, entre las que se encuentra, evitar el aislamiento indefinido de las personas privadas de su libertad. Cabe señalar que el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que tratándose de casos urgentes el juez de ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la suspensión, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. De manera que, lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cumple con las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues tiene el alcance de conceder la suspensión, sin exigir mayores requisitos a los previstos por la ley de la materia para obtener esta medida cautelar, la cual puede solicitarse por la persona privada de la libertad, o bien, decretarla de oficio el Juez de Control o de Ejecución, por lo que no se actualiza tal excepción al principio de definitividad. Inclusive, no pasa desapercibido, que el quejoso en su demanda narra, bajo protesta de decir verdad: "EN FECHA ONCE DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD APROXIMADAMENTE A LAS 16 HORAS SE ME NOTIFICÓ LA SENTENCIA DEL SEGUNDO TRIBUNAL DE ALZADA YA ANTES REFERIDA, POR LO QUE SUBÍ CON LA DIRECTORA DEL CENTRO CARCELARIO PARA QUE ME ORIENTARA RESPECTO DE DICHA SENTENCIA.INDICANDOME QUE YA DICHA SENTENCIA ES FIRME Y COMO CONSECUENCIA EN CUALQUIER MOMENTO SIN AVISO PREVIO ME TRASLADARÍAN OTRO CENTRO CARCELARIO, LO CUAL ME GENERA TEMOR E INCERTIDUMBRE."; lo que hace evidente que no se ha notificado al impetrante de manera verbal o escrita que lo fueran a trasladar a diverso centro carcelario y, por ende, que no ha sido objeto de algún acto de molestia, sino que promueve su demanda de amparo como una prevención -lo que no es permisible- dado que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es la existencia de un agravio personal y directo. En ese sentido, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra del quejoso, pues estamos en presencia de hechos hipotéticos e inexistentes al momento de la acción constitucional, ya que los antecedentes narrados son conjeturas sobre una posible orden de traslado emitida contra el impetrante, y no así un acto real y actual que se pretenda materializar en su contra. Máxime que no proporciona mayores datos que permitan presumir válidamente la existencia de una orden de traslado que vaya a ejecutarse en su persona, lo que demuestra que no se actualiza categóricamente un perjuicio en la esfera jurídica del justiciable ante un supuesto traslado. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/95, estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir la promoción de juicios de amparo apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. En ese sentido, se advierte que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, primer párrafo y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, dado que la afectación que se reclame en un juicio de amparo debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta y ser de realización pasada, presente o inminente, lo cual constituye un requisito de procedencia, sin que sea procedente aquella en la que se combate un acto eventual, aleatorio o hipotético. En consecuencia, de conformidad con el numeral 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia en estudio, lo procedente es desechar de plano la presente demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por así solicitarlo expresamente, se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional; toda vez que la demanda de amparo, se desprende que el quejoso autorizó a diversas personas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, se estima que las notificaciones por lista, no le irrogan perjuicio alguno, dado que sus autorizados tienen acceso a la lista de acuerdos de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), registro digital 2025391, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Tomo II, Octubre de 2022, página 2049, de rubro: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]." Se autoriza a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista al quejoso.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes
- Victor Rojas Ayala547/2017
- Víctor Samuel Velázquez Urbina923/2019
- Victor Veloz Espejel100/2019
- Víctor Veloz Espejel479/2021
- Víctor Vollbrechthuausen Costa237/2018
- Víctor Zetina Ramos732/2020
- Victoria Leyva Saldivar712/2018
- Victoria Leyva Saldivar1680/2017
- Victoria Leyva Saldivar1704/2018
- Victoria Leyva Saldivar1544/2018
- Victoriano Cruz Hernández1802/2017
- Vidal Pérez Díaz y Otros.1646/2018