Victor Manuel Sierra Padilla

Expediente 798/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
798/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
11/10/2017

Partes del expediente

  • Victor Manuel Sierra Padilla
  • Victor Manuel Sierra Padilla y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista. Doy fe.Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los informes sobre la suspensión de plano rendidos por las autoridades responsables, Fiscal de la Zona Norte, Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación Zona Norte, Coordinador de la Unidad Especializada en Cumplimiento de Orden de Aprehensión y/o Detención y Coordinador del Departamento de Detenidos; en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, a través de los cuales dan cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en turno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 9 y 28, de la Ley de Amparo, téngase al Fiscal de Distrito en la Zona Norte, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, al que adjunta el disco compacto que contiene, en el cual envía la audiencia celebrada el catorce de los actuales, en la cual se nombró defensor particular, se formuló imputación, se debatieron e impusieron medidas cautelares, en concreto la consistente en la prisión preventiva, al ahora quejoso XXXXX, por el delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en los artículos 129, fracción VII con relación al 131, 133 y 136, fracción II, inciso a), y fracción III, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica que opera en el presente juicio. Dicho precepto estatuye lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; El precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. Dicha porción normativa contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. La intelección del precepto normativo en estudio, permite determinar que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a. Un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b. Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c. Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y, d. Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia aludida, de modo que, al actualizarse dichos principios, es inevitable que el juicio resulte improcedente. Robustece lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 51, en la página 39, tomo VI, común, sección precedentes relevantes S.C.J.N., del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir, en lo esencial, en la orden de aprehensión librada contra el quejoso. Ahora, de la comunicación oficial remitida por la autoridad responsable, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, se advierte que mediante audiencia celebrada el catorce del mes y año en curso, se impuso a XXXXXXX, la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de lesiones calificadas en la causa penal 2159/2017, en al que también se emitió la orden de aprehensión reclamada. Lo anterior, conduce a estimar que respecto del acto reclamado ha operado un cambio de situación jurídica que permite considerar que el acto reclamado ha quedado consumado de modo irreparable para los efectos del presente juicio de amparo, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento constitucional sin afectar la nueva situación jurídica que se creó con motivo de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva en la causa penal 2159/2017, lo que se traduce en que ahora dicha medida es la que rige la situación jurídica del impetrante del amparo frente a dicho juzgador y no así la orden de aprehensión señalada por el quejoso. En ese tenor, el cambio de situación jurídica al que se hace referencia, constituye un motivo de improcedencia que conduce a sobreseer en el juicio, pues existe una imposibilidad jurídica para emprender el examen constitucional del acto reclamado en el escrito inicial de demanda de amparo, que la parte quejosa intentó defender en esta instancia constitucional, pues con el pronunciamiento de la medida cautelar de prisión preventiva decretada el catorce de los actuales, implica que en este juicio de amparo opere un cambio de situación jurídica, de modo que las violaciones que en todo caso hubieran sido cometidas, se consideran consumadas para los efectos del presente asunto, y precisamente por tal motivo, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer fuera de audiencia constitucional en este asunto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la propia Ley. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de Marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. En razón de lo anterior, agréguense a los autos únicamente como antecedente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, Fiscal de la Zona Norte, Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación Zona Norte, Coordinador de la Unidad Especializada en Cumplimiento de Orden de Aprehensión y/o Detención y Coordinador del Departamento de Detenidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXXXXX, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado XXXXXXXX. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los informes sobre la suspensión de plano rendidos por las autoridades responsables, Fiscal de la Zona Norte, Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación Zona Norte, Coordinador de la Unidad Especializada en Cumplimiento de Orden de Aprehensión y/o Detención y Coordinador del Departamento de Detenidos; en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, a través de los cuales dan cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en turno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 9 y 28, de la Ley de Amparo, téngase al Fiscal de Distrito en la Zona Norte, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, al que adjunta el disco compacto que contiene, en el cual envía la audiencia celebrada el catorce de los actuales, en la cual se nombró defensor particular, se formuló imputación, se debatieron e impusieron medidas cautelares, en concreto la consistente en la prisión preventiva, al ahora quejoso XXXXX, por el delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en los artículos 129, fracción VII con relación al 131, 133 y 136, fracción II, inciso a), y fracción III, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica que opera en el presente juicio. Dicho precepto estatuye lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; El precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. Dicha porción normativa contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. La intelección del precepto normativo en estudio, permite determinar que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a. Un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b. Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c. Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y, d. Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia aludida, de modo que, al actualizarse dichos principios, es inevitable que el juicio resulte improcedente. Robustece lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 51, en la página 39, tomo VI, común, sección precedentes relevantes S.C.J.N., del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir, en lo esencial, en la orden de aprehensión librada contra el quejoso. Ahora, de la comunicación oficial remitida por la autoridad responsable, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, se advierte que mediante audiencia celebrada el catorce del mes y año en curso, se impuso a XXXXXXX, la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de lesiones calificadas en la causa penal 2159/2017, en al que también se emitió la orden de aprehensión reclamada. Lo anterior, conduce a estimar que respecto del acto reclamado ha operado un cambio de situación jurídica que permite considerar que el acto reclamado ha quedado consumado de modo irreparable para los efectos del presente juicio de amparo, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento constitucional sin afectar la nueva situación jurídica que se creó con motivo de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva en la causa penal 2159/2017, lo que se traduce en que ahora dicha medida es la que rige la situación jurídica del impetrante del amparo frente a dicho juzgador y no así la orden de aprehensión señalada por el quejoso. En ese tenor, el cambio de situación jurídica al que se hace referencia, constituye un motivo de improcedencia que conduce a sobreseer en el juicio, pues existe una imposibilidad jurídica para emprender el examen constitucional del acto reclamado en el escrito inicial de demanda de amparo, que la parte quejosa intentó defender en esta instancia constitucional, pues con el pronunciamiento de la medida cautelar de prisión preventiva decretada el catorce de los actuales, implica que en este juicio de amparo opere un cambio de situación jurídica, de modo que las violaciones que en todo caso hubieran sido cometidas, se consideran consumadas para los efectos del presente asunto, y precisamente por tal motivo, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer fuera de audiencia constitucional en este asunto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la propia Ley. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de Marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. En razón de lo anterior, agréguense a los autos únicamente como antecedente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, Fiscal de la Zona Norte, Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación Zona Norte, Coordinador de la Unidad Especializada en Cumplimiento de Orden de Aprehensión y/o Detención y Coordinador del Departamento de Detenidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXXXXX, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado XXXXXXXX. Doy fe.

  4. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por XXXXXX; fórmese el expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, bajo el número de juicio de amparo 798/2017-II. Por ende, con fundamento en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Sin que se aperture incidente de suspensión respectivo, a pesar de que lo solicitó la parte quejosa, pues el acto de que se duele, es decir, la detención fuera de procedimiento ejecutada en su contra, es un acto que afecta de forma directa su libertad personal y al ubicarse en uno de los actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, con fundamento en los artículos 125 y 126, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, con relación a la detención fuera de procedimiento reclamada, para que las autoridades policiacas que tengan al quejoso bajo su custodia, lo pongan a disposición del agente del Ministerio Público, y éste, lo ponga a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, en los términos de ley. En la inteligencia de que la medida que se concede, no surtirá efectos si se trata de orden de detención dictada por autoridad judicial competente, se sorprenda a la quejosa en flagrante delito, se trate de un caso urgente previsto en el quinto párrafo, del artículo 16 de la Constitución General de la República. También debe precisarse que esta medida cautelar no surte efecto si la orden reclamada obedece a un acto diverso del reclamado, dictado por distinta autoridad o si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito. En tales condiciones, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, informen a este órgano de control constitucional sobre el cumplimiento a la suspensión de plano referida, debiendo agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de no cumplir con la suspensión de plano decretada, serán sancionadas en términos de los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Enseguida, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables sus informes con justificación, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir el oficio que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización antes citadas, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización mencionadas en líneas precedentes, en términos del referido artículo 251 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Se tiene como domicilio de la quejosa, el indicado, de conformidad con el numeral 27, fracción primera, de la Ley de Amparo. Puesto que están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se autoriza en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados XXXXXXy XXXXXX. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXXXX, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, XXXXX. Doy fe.

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