Victor Manuel Villeda Jereda

Expediente 1074/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1074/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Victor Manuel Villeda Jereda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos en representación del Sub comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración la Subdirectora de Juicios de Amparo, con sede en la Ciudad de México, en el cual atiende el requerimiento inserto en auto de dieciséis de febrero del presente año, toda vez que remite copia del oficio dirigido al Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, donde las conmina a acatar los requerimientos realizados por esta Juzgadora. Ello, sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento, ya que el dos de marzo del presente año, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos en representación del Sub comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración la Subdirectora de Juicios de Amparo, con sede en la Ciudad de México, en el cual atiende el requerimiento inserto en auto de veinticuatro de enero del presente año, toda vez que remite copia del oficio dirigido al Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, donde las conmina a acatar los requerimientos realizados por esta Juzgadora. Ello, sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento, ya que el dos de marzo del presente año, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 7.4 relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de la Dirección General de Archivo y Documentación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente juicio de amparo, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación. Así, el duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Finalmente, agréguense a los autos para que obre únicamente como antecedente el oficio que remite la Subdirectora de Juicios de Amparo en representación del Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración con sede en la Ciudad de México, en razón de que el dos de marzo del presente año, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Lo anterior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de marzo de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1074/2022-III, promovido por *******, en favor de *******, contra actos del Encargado de la Estancia Provisional Juárez y Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de representación en Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en sus denominaciones correctas y completas, cargos que recaen en una misma persona. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido de manera electrónica por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, el diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, *******, promovió demanda de amparo en favor de *******. Segundo. Derechos constitucionales que se estimaron transgredidos. El promovente del amparo consideró transgredidos en perjuicio del directo quejoso los contemplados en los artículos 1º, 11, 14, 16, 21, 22 y 33, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Registro. En auto de diecinueve de noviembre del año dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo en el índice de este Juzgado con el número 1074/2022-III; se concedió la suspensión de plano al directamente agraviado y se mandó ratificar la demanda. En esa misma fecha, se recibido la constancia actuarial, de la cual se desprende que el directamente agraviado *******, ratificó la demanda de amparo promovida por la licenciada *******, a su favor. Cuarta. Admisión de la demanda. En auto de veintidós de ese mismo mes y año, se admitió la demanda de amparo promovida a favor de *******, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que la parte accionante del amparo reclamó lo siguiente en este asunto, del Encargado de la Estancia Provisional Juárez y Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de representación en Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en sus denominaciones correctas y completas: La privación de la libertad, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. La negativa de visa humanitaria. La orden de deportación emitida en su contra. Incomunicación y hacinamiento. Acta de rechazo en su contra. Tercero. Inexistencia de actos reclamados. Las responsables Encargado de la Estancia Provisional Juárez y Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de representación en Chihuahua, con sede en esta ciudad, fueron omisas en rendir sus informes justificados, de modo que, deberían presumirse ciertos la totalidad de los actos que le fueron reclamados, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Sin embargo, del informe que las responsables emitieron en relación al cumplimiento a la suspensión de plano, se colige que el único acto existente, es el relativo a la privación de la libertad del quejoso, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad; no así los restantes, pues no se desprende de autos constancia alguna que ponga de manifiesto su certeza, por lo que se tienen por inexistentes. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a las autoridades apuntadas en las líneas previas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia de acto reclamado. Como se indicó en el considerando que antecede, el Encargado de la Estancia Provisional Juárez y Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de representación en Chihuahua, aunque fue omiso en rendir su informe justificado, sí emitió el relativo a la suspensión de plano, en el que refirió que el aquí quejoso sí se encontraba privado de su libertad mediante alojamiento, en la Estación Migratoria en esta ciudad, al momento de la presentación de la demanda de amparo y externó que obtuvo su libertad el veintiuno de noviembre de dos mil veintidós; lo que acreditó con las constancias respectivas, debidamente certificadas. Es así, dicha autoridad, envió copia certificada, entre otras, del acuerdo de salida de estancia provisional, de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, en el que se otorgó la libertad al aquí quejoso, con motivo de la suspensión de plano concedida por este juzgado; donde se le sujetó a no abandonar la demarcación geográfica de esta ciudad y a comparecer todos los martes y jueves de cada semana a firmar el libro de extranjeros; asimismo, se dejó sin efecto el acuerdo de presentación de quince de noviembre de dos mil veintidós donde se determinó su alojamiento temporal en la citada estación migratoria. Resolución anterior que fue notificada de manera personal al quejoso *******, en fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós, según se desprende de la constancia de notificación que anexó la responsable al momento de remitir el informe de cumplimiento a la suspensión de plano. Por lo tanto, dicho acto se tiene como cierto, respecto a la responsable en comento. Las constancias referidas en las líneas anteriores cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al acto consistente en la privación de la libertad del quejoso, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Conforme a dicha norma, el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado, se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, se emitió en favor del aquí quejoso, acuerdo de salida, dejándolo en libertad deambulatoria con motivo de la suspensión de plano concedida por este juzgado; donde se le sujetó a no abandonar la demarcación geográfica de esta ciudad y a comparecer todos los martes y jueves de cada semana; asimismo, se dejó sin efecto el acuerdo de presentación de quince de noviembre de dos mil veintidós, donde se determinó su alojamiento temporal en la citada estación migratoria. Constancias que fueron remitidas en oficio recibido en este Juzgado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, signadas por el Encargado de la Estancia Provisional Juárez y Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de representación en Chihuahua, las cuales fueron valoradas con antelación. Bajo ese contexto, ha sido eliminada permanentemente la afectación generada por el alojamiento decretado en su favor, en las instalaciones de la Estación Migratoria, en esta ciudad, a la esfera jurídica del quejoso. De ahí que las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación reclamada, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional, pues se restituyó al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental que estimó violado, consiguiéndose así la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la vulneración nunca se hubiera realizado; trayendo consigo la actualización de la hipótesis de improcedencia ya aludida. Resulta aplicable la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del contenido siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesados los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfrutara del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De igual modo, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Con esto no hay duda que se destruyó el acto reclamado en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos, porque a final de cuentas la autoridad responsable ya cesó en su actuar al haberse liberado a la parte quejosa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el alojamiento decretado el quince de noviembre de dos mil veintidós, acorde a lo prescrito en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, del ordenamiento legal en cita. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido en favor de *******, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese; mediante oficio a las responsables y al agente del Ministerio Público adscrito y por lista electrónica a la parte quejosa. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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