Víctor Manuel Flores de Jesús
Expediente 845/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/07/2023
Partes del expediente
- Víctor Manuel Flores de Jesús
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista otorgada en proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, no obstante encontrarse debidamente notificada desde el catorce de julio pasado; en tales condiciones, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto y se dejan de tener como autoridades responsables al Presidente de la Directiva, Secretaria de la Directiva, Comisariado Ejidal, Presidente del Consejo de Vigilancia, Tesorero de Comisión Ejidal y Presidente de la Unidad de Riego, todos del Comisariado Ejidal del Ejido de la colonia Revolución de Atlixco, Puebla, en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Se comisiona a la Oficial Judicial "A" (antes analista jurídico SISE) a efecto de realizar las gestiones necesarias respecto de las mencionadas autoridades, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En mérito de lo anterior, al no existir autoridades en el presente asunto tampoco puede existir actos que de ellas se reclamen. Conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Ahora en el presente asunto, como se expuso en párrafos precedentes las responsables no existen por lo cual tampoco darse la existencia de los actos reclamados, lo que pone de manifiesto que se actualiza la causal de sobreseimiento en el juicio de amparo, prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". Por su parte, el artículo 117 de la Ley de Amparo, impone a las responsables la obligación de que al rendir sus informes justificados, deben exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, lo cual sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que la autoridad admite su existencia y aduce su legitimidad, más no cuando esa autoridad negó categóricamente el acto que se le imputa, o como en el caso que se han declarado inexistentes a las autoridades responsables (previa vista otorgada a la parte quejosa). Se dice lo anterior, toda vez que el juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquéllas encaminadas a justificar los datos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que, si las autoridades responsables no existen tampoco pueden existir los actos de ellas reclamados, pues atendiendo al principio general del derecho que sostiene: el que afirma está obligado a probar, es decir, a allegar los medios de convicción suficientes para demostrar la inconstitucionalidad del mismo, la parte quejosa estaba obligada a probar la existencia en primer término de las autoridades responsables así como de los actos que adujo reclamar. La determinación que aquí se adopta se justifica porque, la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que los actos reclamados son inexistentes en virtud no existir autoridades a las que se les puedan atribuir. En las relatadas consideraciones, al ser inexistentes las autoridades responsables y por ende los actos reclamados en los términos antes apuntados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta minutos del siete de agosto de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Cynthia Bello López, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargada del Despacho durante el periodo vacacional de la Titular de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el cinco de junio de dos mil veintitrés y comunicada mediante oficio CCJ/ST/3088/2023, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta de la Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho 136/2023 con número de orden 190/2023 del índice de este juzgado. Atento a lo anterior, se tiene al juez mencionado remitiendo la razón asentada por el diligenciario de su adscripción, en la que hizo constar la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la notificación de los oficios 15174/2023, 15175/2023, 15176/2023, 15177/2023 y 15178/2023 dirigidos a las autoridades responsables Presidente de la Directiva, Secretaria de la Directiva, Comisariado Ejidal, Presidente del Consejo de Vigilancia, Tesorero de Comisión Ejidal y Presidente de la Unidad de Riego, todos del Comisariado Ejidal del Ejido de la colonia Revolución de Atlixco, Puebla, toda vez que al constituirse en el domicilio proporcionado para ello, fue informado por vecinos del lugar que desconocen si dicho inmueble funciona como oficinas del citado comisariado ejidal, ya que por lo regular se encuentra cerrado. En consecuencia, respecto a la comunicación oficial remitida, dese de baja en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En tales condiciones, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días contados a partir de que quede legalmente notificada, manifieste lo que a su interés convenga respecto a las autoridades que señaló como responsables Presidente de la Directiva, Secretaria de la Directiva, Comisariado Ejidal, Presidente del Consejo de Vigilancia, Tesorero de Comisión Ejidal y Presidente de la Unidad de Riego, todos del Comisariado Ejidal del Ejido de la colonia Revolución de Atlixco, Puebla y así este órgano jurisdiccional esté en aptitud de acordar lo conducente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XXVII.1º.6 K (10ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 3468, Tomo IV, octubre de 2019, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, PREVIO A DECLARARLA INEXISTENTE, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICARLE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA." Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, en caso de no hacer manifestación alguna, se les dejará de tener como tales, con apoyo en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, en lo conducente, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Septiembre de 1993, página 186, titulada: "AUTORIDADES RESPOSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS.". Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha en que se actúa no obran los informes justificados de las autoridades responsables Presidente de la Directiva, Secretaria de la Directiva, Comisariado Ejidal, Presidente del Consejo de Vigilancia, Tesorero de Comisión Ejidal y Presidente de la Unidad de Riego, todos del Comisariado Ejidal del Ejido de la colonia Revolución de Atlixco, Puebla ni los acuses de recibido de los oficios por los cuales se les requirió los mismos. No obstante, que mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés este órgano judicial ordenó girar despacho al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, a fin de que por su conducto instruyera al Diligenciario de su adscripción para realizar la notificación correspondiente de los oficios mencionados en el párrafo que antecede a las autoridades responsables. Sin que a la presente data se tenga resultado del despacho de mérito. En tales condiciones, requiérase al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir de que quede notificado del presente acuerdo, devuelva el despacho 136/2023, número de orden 190/2023, del índice de este juzgado de Distrito, o en su caso, informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento se le hará efectiva la multa con que se le previno mediante auto veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Consecuentemente, a fin de dar oportunidad a la notificación de los oficios de mérito y, por ende, la llegada de los informes justificados de las autoridades responsables, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, a veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Coordinador de las Brigadas Especiales en el Estado de Puebla, por el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones, solicita se informe el estado procesal que guarda el presente asunto, y en caso de haberse ordenado el archivo, se envíe copia del acuerdo correspondiente. Al respecto, en relación al domicilio que proporciona, con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Amparo, se le tiene por señalado el domicilio que indica, para recibir notificaciones Por otro lado, como lo solicita la autoridad oficiante, se informa que el presente asunto se encuentra en el archivo como total y definitivamente concluido, por lo que se remite copia del acuerdo respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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