Victor Manuel Escamilla Guzmán

Expediente 713/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
713/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Victor Manuel Escamilla Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Conforme a la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que a la fecha en que se actúa la parte promovente no se inconformó en contra del auto por el que se desechó la demanda dictado el cuatro de junio de dos mil veintiuno; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexos de cuenta, suscrito por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, por el que en atención al requerimiento de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, informa los trámites ocurridos en el procedimiento correspondiente a la denuncia de la sucesión a bienes del quejoso ********************. En consecuencia, se tiene a la mencionada autoridad informando el contenido de los oficios ********************,******************** y ********************, a fin de acreditar las gestiones realizadas para lograr la denuncia de la sucesión a bienes del quejoso ********************, de lo que este juzgado de Distrito toma conocimiento. En ese sentido, este órgano jurisdiccional se encuentra a la espera de que el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, informe el trámite dado a la denuncia de la sucesión a bienes del quejoso ********************, presentada el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, correspondiente al expediente ********************, de su índice, en atención al requerimiento de uno de junio de dos mil veintiuno. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Cumplimiento a la prevención Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, intégrese a los presentes autos el escrito de cuenta del promovente Víctor Manuel Escamilla Guzmán, por medio del cual da cumplimiento a la prevención realizada por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en tal virtud, se acuerda: Procedencia de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ***mán, en contra de los actos del Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, por violación a los artículos 14, 16, 27 y 71 Constitucionales, en atención a su contenido, se provee: Actos reclamados De la lectura integral del escrito aclaratorio, se advierte que el promovente Víctor Manuel Escamilla Guzmán reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: La audiencia de remate de doce de febrero de dos mil veintiuno, en la que se adjudicó el bien inmueble identificado como departamento marcado con el número dos, ubicado en el primer piso del edificio denominado "Condominio México 1986", marcado con el número ochenta y cinco de la calle Puebla, fraccionamiento Vista Alegre de la Ciudad de Puebla, relativa al juicio ejecutivo mercantil 791/1998, del índice del Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. El auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el citado juicio, por medio del cual se ordenó enviar los autos a la Notaría Pública Número Veintinueve de la Ciudad de Puebla, para que el Titular de la misma procediera a realizar el tiraje de la escritura pública del bien inmueble identificado como departamento marcado con el número dos, ubicado en el primer piso del edificio denominado "Condominio México 1986", marcado con el número ochenta y cinco de la calle Puebla, fraccionamiento Vista Alegre de la Ciudad de Puebla. Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV en relación con la V, ambos de la Ley de Amparo Respecto del acto reclamado consistente en la audiencia de remate de doce de febrero de dos mil veintiuno en la que se adjudicó el bien inmueble identificado como departamento marcado con el número dos, ubicado en el primer piso del edificio denominado "Condominio México 1986", marcado con el número ochenta y cinco de la calle Puebla, fraccionamiento Vista Alegre de la Ciudad de Puebla, relativa al juicio ejecutivo mercantil 791/1998, del índice del Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;..." Del precepto se colige que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto se reconoce la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas; no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias a la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento de remate respectivo, esto es, la última resolución que se dicta. Luego, a fin de otorgar claridad y certeza en el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, el legislador pormenorizó qué debe entenderse por última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y por ello estipuló que la última resolución, tratándose de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, éste debe ser entendida como aquella que: Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En el caso de interponer juicio de amparo indirecto en contra de esas resoluciones, la parte quejosa podrá hacer valer conceptos de violación en contra de vicios en el procedimiento del cual haya emanado la última resolución emitida fuera de juicio, siempre que éstos trasciendan su resultado. Asimismo, tratándose de actos de remate, el legislador en aras de claridad y certeza, fue incluso más específico, precisando que la última resolución del procedimiento de remate, es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pues es inconcuso que una vez que el bien inmueble sujeto a remate, fue adjudicado y entregado materialmente a quien resultó vencedor del remate, no hay posibilidad de emitir acto posterior que retrotraiga o modifique los efectos del remate, luego entonces, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto permanecerá como definitivo, lo que a la par asegura que el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de instancia que en el caso se materializa en el remate del bien inmueble, se haya agotado en su totalidad. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto, pues de forma clara pretende dos objetivos, el primero consiste en asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, emitida fuera del juicio -remate-, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo, pues al limitar la procedencia del amparo a la última resolución emitida en la etapa de ejecución, se garantiza la efectividad del juicio de amparo indirecto, evitando que el juicio constitucional quede sin materia; y de forma más destacada, como un segundo objetivo, el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, consistente en asegurar que la interposición del juicio de amparo sí es en contra de la última resolución del remate, a fin de evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales, esto es, evitar que se interpongan innumerables juicios de amparo que suspendan la continuidad del procedimiento de ejecución, así que, al establecer como requisito de procedibilidad del amparo, el que únicamente procede en contra de la última resolución dictada fuera de juicio, se facilita la culminación del proceso de ejecución de sentencia, pues únicamente procede el amparo en contra del acto que en definitiva ponga fin al remate. En efecto, la razonabilidad de establecer el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, únicamente en contra de la última resolución emitida contra actos fuera de juicio, estriba en impedir que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, mediante la interposición sucesiva de juicios de amparo que impidan lograr la ejecución de una sentencia judicial. Asimismo, la intención del legislador en la Ley de Amparo, fue ser específico para efectos de dotar de claridad al requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que reguló la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, distinguiendo como supuestos de actos susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, a aquellos que actualicen el supuesto general de procedencia, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido, y un supuesto de procedencia de actos específicos, referidos a: Actos emitidos en ejecución de sentencia; y, Actos emanados de procedimiento de remate. Así, en el caso, tratándose de actos de remate, la acción constitucional, como ya se dijo, sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y se ordene la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.13/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Cabe resaltar, que la actuación judicial autónoma, denominada como adjudicación es una etapa del remate, mediante la cual se adjudica el bien embargado a favor del acreedor o ejecutante, pues constituye una determinación que establece un derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario (conforme con la mecánica y regulación propia del procedimiento de remate y con el pago o satisfacción del valor del bien objeto del mismo), en la medida que jurídicamente con ese acto se actualiza la incorporación de la cosa embargada al patrimonio del ejecutante adjudicatario. Además, éste por sí mismo no culmina el procedimiento del remate, pues claramente en contra del acto de adjudicación, los interesados pueden hacer valer medios de defensa, cuyas consecuencias pueden, incluso, provocar la reposición del procedimiento de remate, así una vez el bien ha sido adjudicado, y cuando la adjudicación ya es firme, se continúa con el procedimiento de remate, mediante los efectos del acto firma de adjudicación, esto es, con la posibilidad de formalizar la transmisión de propiedad por medio de la escrituración y con la entrega material del bien, actos que de forma indistinta culminan el proceso de remate. Lo expuesto, explica que el juicio de amparo indirecto, solo procede en contra de actos fuera de juicio derivados de procedimientos de remate, cuando se promueve en contra de la última resolución, lo que debe de ser entendido como aquella que ordena la escrituración del inmueble y su entrega material al adjudicatario. En el caso, el acto reclamado consistente en la audiencia de remate de doce de febrero de dos mil veintiuno, en la que se adjudicó el bien inmueble identificado como departamento marcado con el número dos, ubicado en el primer piso del edificio denominado "Condominio México 1986", marcado con el número ochenta y cinco de la calle Puebla, fraccionamiento Vista Alegre de la Ciudad de Puebla, relativa al juicio ejecutivo mercantil 791/1998, del índice del Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, no constituye la última resolución dentro de la etapa de ejecución. Por tanto, el acto que se reclama en esta vía, por su naturaleza y características procesales, no corresponde a la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia a que alude la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo; lo cual se menciona dado que la procedencia del amparo indirecto se actualiza únicamente hasta que se dicte la "última resolución" en el periodo ejecutivo tratándose del procedimiento de remate, entendiéndose por esta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, tal y como se aprecia de la lectura del segundo párrafo del citado numeral 107 de la ley de la materia. .. Actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en el auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 791/1998, del índice del Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, por medio del cual se ordenó enviar los autos a la Notaría Pública Número Veintinueve de la Ciudad de Puebla, para que el Titular de la misma procediera a realizar el tiraje de la escritura pública del bien inmueble identificado como departamento marcado con el número dos, ubicado en el primer piso del edificio denominado "Condominio México 1986", marcado con el número ochenta y cinco de la calle Puebla, fraccionamiento Vista Alegre de la Ciudad de Puebla, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. ..." En ese tenor, resulta destacar que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en el escrito aclaratorio, se advierte que el promovente, es parte procesal -demandado- dentro de los autos del juicio de origen, y que el mismo se encuentra en ejecución de sentencia. Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en el auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 791/1998, del índice del Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, por medio del cual se ordenó enviar los autos a la Notaría Pública Número Veintinueve de la Ciudad de Puebla, para que el Titular de la misma procediera a realizar el tiraje de la escritura pública del bien inmueble identificado como departamento marcado con el número dos, ubicado en el primer piso del edificio denominado "Condominio México 1986", marcado con el número ochenta y cinco de la calle Puebla, fraccionamiento Vista Alegre de la Ciudad de Puebla, se actualiza la causal de improcedencia en estudio. En el caso, cabe precisar lo previsto en los artículos 1336 y 1340 del Código de Comercio vigente en el año mil novecientos noventa y ocho (fecha en la que se inició el juicio ejecutivo mercantil), que a la letra dicen: ... Del análisis de los numeral antes transcrito se advierte que el recurso de apelación se interpone ante el tribunal superior a fin de que confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación; por su parte el diverso numeral 1340 del código en comento establece que la apelación procede en juicios mercantiles cuando su interés exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente. De igual forma el artículo 1334 del referido ordenamiento dispone: ... Del numeral trascrito se desprende que los autos que no fueran apelables pueden ser revocados por la autoridad quien los emitió. Por ende, en contra el auto reclamado referido, el quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, debió de agotar el recurso ordinario que prevé la ley, es este caso el recurso de apelación -si el interés del asunto excedió de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente- o en su caso el de revocación -si el monto fue inferior al que prevé el artículo 1334 del Código de Comercio-; recursos por virtud de los cuales pudo haber sido revocado o modificado el acto reclamado. ... En tales condiciones, la suscrita considera que antes de acudir al amparo, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de impugnación previsto por la ley que rige el acto reclamado, por lo que ante tal omisión no satisfizo el principio de definitividad. Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni la parte quejosa tiene el carácter de tercero extraño a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral, puesto que es parte actora en el procedimiento de origen; ni el acto reclamado se refiere a uno de los señalados en el inciso b) de la fracción en comento. A... Desechamiento En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracciones XVIII y XXIII, esta última en relación con el 107 fracción V, a contrario sentido, 112 y 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. ....

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el escrito de cuenta del quejoso L***.... Ahora, con las constancias exhibidas por los quejosos en copia simple en el escrito de cuenta, no se demuestra la situación económica precaria, ni algún indicio que demuestre que no tienen la capacidad económica para sufragar el pago de los edictos ordenados en auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, ya que no se demuestra de forma objetiva su insolvencia o en su caso la precariedad económica que refieren tener, o bien que son personas de condiciones económicas mínimas para cumplir con determinados deberes procesales, al sólo disponer de lo elemental para subsistir (mínimo vital). Lo anterior es así, ya que con las copias de las actas de nacimiento exhibidas de ***no se demuestra la capacidad económica que refieren tener los quejosos, pues si bien se ofrecieron para demostrar la edad que tiene cada una de las personas antes mencionadas y el parentesco que tienen entre sí, ello no comprueba la insolvencia o capacidad económica de cada persona. En ese sentido, el quejoso ***, sin embargo, la exhibición de las actas de nacimiento de sus dependientes económicos no demuestran la situación de precariedad o insolvencia económica que aduce tener, o que esta sea resultado de dichos dependientes económicos por los gastos erogados por parte del quejoso por su manutención, por lo que la exhibición de tales documentales no aportan dato alguno que demuestre su falta de capacidad económica. De igual forma, con la exhibición de la copia de constancia de estudios de ***, solo se demuestra que cursó de manera regular del primer al octavo semestre en el periodo lectivo que comprendió de agosto de dos mil dieciséis a julio de dos mil veinte, la licenciatura en derecho, sin embargo, de la propia constancia se advierte que dichos estudios comprendieron hasta el mes de julio de dos mil veinte, sin que acredite que actualmente Juana Galicia Martínez, esté inscrita y sigua cursando un grado académico, aunado a lo anterior, de la propia constancia se advierte que la institución educativa Universidad del Valle de Puebla, en la que cursó la licenciatura en derecho, corresponde al sector privado y no a una institución de carácter público, por lo que se deduce indiciariamente la capacidad económica del quejoso para sufragar un gasto de esa naturaleza que le permitió cubrir el costo de la licenciatura durante los ocho semestres de la licenciatura en derecho. Asimismo, del acta de nacimiento de Juana Galicia Martínez, se advierte que ésta tiene la edad de veintitrés años y que ha realizado estudios correspondientes a la licenciatura en derecho. Por cuanto hace a la copia de la boleta de calificaciones de ***, se advierte que el periodo de ingreso corresponde a los meses de enero a abril de dos mil veintiuno, del programa educativo División de Gastronomía-Técnico Superior Universitario en Gastronomía, del segundo cuatrimestre "G" en la Universidad Tecnológica de Puebla, sin embargo, con dicha constancia en modo alguno acredita que la insuficiencia económica que aduce tener para realizar el pago de los edictos ordenados en autos, sea por ese motivo. Asimismo, las copias de las credenciales para votar del quejoso***de modo alguno aportan dato alguno que demuestre la falta de capacidad económica de los quejosos para realizar el pago de los edictos ordenados en el presente juicio de amparo con motivo del emplazamiento del tercero interesado. En suma, si bien los quejosos solicitan la dispensa para realizar el pago de los edictos ordenados en auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, dada la situación económica precaria en la que dicen encontrarse, con motivo de la falta de oportunidades de empleo, la inflación y la crisis económica en el país por la emergencia sanitaria del SARS-COV2 (COVID 19), así como su edad, nivel de estudios, ocupación y que sus dependientes económicos son de ***-, con las documentales exhibidas en el escrito de cuenta, no se demuestra la situación económica precaria, ni algún indicio que acredite que no tienen la capacidad económica para sufragar el pago de los edictos ordenados en auto de siete de mayo de dos mil veintiuno. Lo anterior es así, pues si bien el quejoso ***, manifestó "bajo protesta de decir verdad", ser ciudadano mexicano de cincuenta y nueve años de edad, y exhibió documentales tendientes a demostrar como dependientes económicos a su esposa D*** lo cierto es que con dichas manifestaciones y documentales no demuestra en modo alguno que su insolvencia económica sea debido a sus dependientes económicos, ya que no exhibió prueba que demuestre los gastos erogados por tal motivo, como podrían ser pagos de servicios básicos de manutención, de inscripciones escolares, de colegiaturas, de transportación, ni exhibió constancias que demostraran el nivel de estudios cursado, ni alguna con la que acreditara el salario que percibe con motivo de su trabajo, como podría ser un recibo de pago de nómina, pues solo manifestó ser empleado sin especificar de manera concreta cuál es su trabajo, ocupación o en su caso su fuente de ingresos o bien a cuánto ascienden dichos ingresos, lo que permitiría a este juzgado de Distrito realizar una ponderación más detallada respecto de su solicitud de dispensa, no obstante habérsele requerido en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Y, respecto de la quejosa*** únicamente exhibió copia de su acta de nacimiento y copia de la credencial para votar a nombre de quien refiere es su dependiente económico María Juana Sarmiento García -madre- para acreditar su de edad, sin embargo, con dichas manifestaciones y documentales no demuestra en modo alguno que su insolvencia económica sea debida a su dependiente económico por los gastos erogados en favor de ésta, asimismo, no exhibió prueba que demuestre su nivel de estudios, ni alguna con la que acredite su carácter de jornalera, o el salario que percibe con motivo de ese trabajo, o en su caso cuál es su fuente de ingresos y a cuánto ascienden estos, lo que también permitiría a este juzgado de Distrito realizar una ponderación más detallada respecto de su solicitud de dispensa, no obstante habérsele requerido en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Sin que pase desapercibido por este juzgado de Distrito, que las documentales que se acompañaron al escrito de cuenta fueron exhibidas en copia simple, por lo que carecen de valor probatorio en términos de los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que son insuficientes para generar convicción de lo que se pretende acreditar por parte de los quejosos. Ahora, si los quejosos manifiestan la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos ordenados en autos, y solicitan que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: la manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En esas condiciones, se afirma que se encuentra sujeta a prueba la petición de los quejosos***ya que es indispensable que dentro de los autos del presente juicio de amparo se revele en forma contundente la imposibilidad de los promoventes del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que los promoventes del amparo realicen la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que los quejosos carecen de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que debe negarse la petición, por tanto, de autos se advierte que los promoventes desde el escrito inicial de demanda designaron abogados particulares para recibir notificaciones e imponerse de autos, por lo que no son representados por abogados pertenecientes a la Defensoría Pública, aunado a que de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que los quejosos promueven el amparo por la afectación del predio ubicado en el polígono principal resultado de la fusión de las fracciones I y II, del predio denominado "Tlalzayanca" de San Juan Cuautlancingo, Puebla, el cual no fue resultado de una adquisición a título gratuito, sino de un contrato de compraventa. Por lo que, al centrarse la litis en la defensa por la afectación de un bien inmueble por motivo de la realización de obras, el cual no fue adquirido a título gratuito, en el que además L*** representante común de los quejosos ofreció la prueba pericial en materia de topografía la cual fue admitida por auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve y en el que se tuvo por designado como perito particular de su parte a Carlos Sánchez Martínez, quien por auto de dieciséis de octubre de dos mi diecinueve exhibió su dictamen, el cual ratificó mediante diligencia de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en esas condiciones, se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues han realizado la designación de abogados particulares y no defensores públicos para recibir notificaciones e imponerse de autos y designado perito particular para la prueba ofrecida de su parte en materia de topografía, en esa virtud, no queda demostrada la imposibilidad de los quejosos de pagar la publicidad de los edictos. ... En virtud de lo anterior, no ha lugar a acordar de conformidad la solicitud de dispensa realizada por los quejosos *** para realizar el pago de los edictos ordenados en auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, y que estos se realicen a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que no demostraron la situación económica precaria, ni algún indicio que demuestre que no tienen la capacidad económica para sufragar el pago de los edictos ordenados en auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, puesto que de las circunstancias específicas de los quejosos no se demostró de forma objetiva su insolvencia o en su caso la precariedad económica que refieren tener, o bien que son personas de condiciones económicas mínimas para cumplir con determinados deberes procesales, al sólo disponer de lo elemental para subsistir (mínimo vital); lo que permitiría a este juzgado de Distrito ponderar, en su oportunidad, las circunstancias del caso y decidir si aplica el aludido beneficio con cargo al Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, no obstante el requerimiento realizado por este juzgado de Distrito mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por el que se otorgó a los quejosos la oportunidad de acreditar su dicho. N..

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