Víctor Manuel Escamilla Guzmán

Expediente 321/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
321/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Escamilla Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, ténganse por recibido el oficio de cuenta de la Subdirectora Jurídica de lo Contencioso, en suplencia por ausencia del Director Jurídico Contencioso y de Crédito, este último en representación de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo por propio derecho y su Director General, por medio del cual rinde el informe previo que le corresponde. En tal virtud, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe previo de la autoridad oficiante, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le otorga al momento de celebrarse la audiencia incidental. Asimismo, en términos del diverso artículo 9º de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que refiere en el oficio de mérito y por señalado el domicilio que cita para recibir notificaciones. De igual manera, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que adjunta al oficio que se provee; sin perjuicio de hacer relación de ellas en al momento de resolver la suspensión definitiva. Sin que haya lugar a tener como prueba de la autoridad responsable la presuncional legal y humana, toda vez que el aludido artículo 143 no contempla el ofrecimiento de dichos medios de convicción en el incidente de suspensión. Por otro lado, en términos de lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalada la dirección de correo electrónico que indica la referida autoridad, únicamente para que se establezcan comunicaciones no procesales. Por otra parte, respecto a la petición en el sentido de que se autorice a efecto de imponerse de los autos del presente juicio de amparo mediante uso de cámaras, grabadoras, escáneres, lectores ópticos o cualquier otro tipo de naturaleza análoga, dígasele a la autoridad oficiante que quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado federal este expediente para que -en su caso- obtengan una reproducción electrónica de los autos que integran el presente juicio de amparo, observando en todo momento los lineamientos y medidas señaladas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, concretamente al proceso para la consulta de expedientes. Además de que se deberá asentar razón para que obre en autos. Por otro lado, con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; se otorgan los permisos necesarios a las autoridades oficiantes, para la consulta del expediente electrónico, dado que el usuario "LNAVARRETEC" se encuentra registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, ténganse por recibidos el oficio y anexo de cuenta de la Actuaria Adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que, en alcance al oficio 133, remite copia certificada del voto particular emitido en los autos del amparo en revisión 287/2021. Acúsese el recibo respectivo. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento y se ordena integrar el oficio y anexo de cuenta a los presentes autos a fin de que obren como corresponda. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de marzo de dos mil veintidós. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 321/2022. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Escamilla Guzmán, en contra de los actos del Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y otra autoridad, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, en atención a su contenido se provee. Exhortación a las partes para mejorar la comunicación. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo precitado, solicítese a las partes para que señalen correos electrónicos -ya sea oficiales o personales, según corresponda- y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean partes, con el propósito de que se pueda entablar comunicaciones no procesales. En el entendido de que deberán registrarse y, de ser necesario incorporarse previa certificación correspondiente. Exhortación a las partes para transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Además, con apoyo en los artículos 22, fracción I y 28 a 31 del acuerdo en cita, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En ese tenor, se exhorta para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 a 31 del acuerdo general 21/2020, de referencia, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa); en el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la solicitud de consulta electrónica no implica la notificación por esa vía, sino que debe solicitarse expresamente para transitar hacia la actuación plena desde el Portal de Servicios en Línea. Consulta física del expediente. Se les hace saber a las partes que para la consulta física del expediente, en términos de lo establecido en el artículo 3 del multirreferido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" en el cual se encuentra el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo. En términos de lo dispuesto por el segundo párrafo, última parte, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Manuel Valencia Morales, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Correo electrónico y número telefónico En términos de lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase por señalada la cuenta de correo electrónico y número telefónico para establecer contacto en el momento que se estime necesario, y no para que se le realicen notificaciones por estos medios. Medios electrónicos Se le autoriza para imponerse de los autos del presente juicio de amparo mediante uso de cámaras, grabadoras, escáneres, lectores ópticos o cualquier otro tipo de naturaleza análogos. Por tanto, el expediente queda a disposición en la secretaría de este juzgado federal para que -en su caso- obtenga una reproducción electrónica de los autos que integran este juicio de amparo, observando en todo momento los lineamientos y medidas señaladas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, concretamente al proceso para la consulta de expedientes y comparecencias. Además de que se deberá asentar razón para que obre en autos. Análisis de demanda En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: "Registro digital: 196196 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.1o.A. J/4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 Tipo: Jurisprudencia DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Acto reclamado Del análisis íntegro de la demanda se advierte que el promovente Víctor Manuel Escamilla Guzmán, reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: La orden de lanzamiento decretada en su contra, contenida en el auto de diez de enero de dos mil veintidós, dentro del juicio ejecutivo mercantil 791/1998, del índice del Juzgado Quinto Especializado en Asuntos Civiles del Distrito Judicial de Puebla, respecto del inmueble identificado como departamento número dos, del primer piso, del edificio "Condominio México 1986" marcado con el número ochenta y cinco de la calle Puebla, en el Fraccionamiento Vista Alegre, en Puebla; y, su ejecución. Causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. Al respecto, este Juzgado Federal advierte de manera oficiosa, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Conforme al primer párrafo del dispositivo transcrito, la instancia constitucional es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de los cuales concede la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, cuando la parte agraviada no ejercitare ese derecho oportunamente, salvo en los casos específicamente exceptuados por el propio numeral. En efecto, uno de los principios que rige el juicio de amparo, denominado "principio de definitividad", supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que regula el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio ordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. En el caso concreto, el acto reclamado que por esta vía combate el promovente de amparo lo es la orden de lanzamiento decretada en su contra, contenida en el auto de diez de enero de dos mil veintidós, dentro del juicio ejecutivo mercantil 791/1998, del índice del Juzgado Quinto Especializado en Asuntos Civiles del Distrito Judicial de Puebla, respecto del inmueble identificado como departamento número dos, del primer piso, del edificio "Condominio México 1986" marcado con el número ochenta y cinco de la calle Puebla, en el Fraccionamiento Vista Alegre, en Puebla; y, su ejecución. Sin embargo, la suscrita considera que contra dicho acto el juicio de amparo resulta improcedente, pues antes de acudir en demanda de amparo debió agotar el medio ordinario de impugnación previsto por la ley que rige el procedimiento natural, ya que al no hacerlo así se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. En esa guisa, se trae a colación lo dispuesto en el artículo 1334 del Código de Comercio que es del tenor siguiente: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables, y los decretos, pueden ser revocados por el juez o el tribunal que los dictó, o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio." Como puede advertirse del artículo anterior, el Código de Comercio, legislación aplicable al juicio ejecutivo mercantil de origen, ordenamiento que además tiene un carácter formal y material, establece un medio de defensa en contra del acto reclamado por el promovente, pues el propio juez responsable deberá conocer en los casos en que emita un auto -como el que se advierte reclama la promovente de amparo- del recurso de revocación que se promueva en contra de dicha determinación. Por tanto, el auto reclamado mencionado y su ejecución, constituye una determinación que de acuerdo con el citado artículo 1334 del código mencionado, puede ser recurrida mediante el recurso de revocación, ya que no existe disposición alguna que establezca que procede en su contra el diverso recurso de apelación, y por ende es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en comento. Se cita por ilustrativa, la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, décima época, de rubro y texto siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." En tales condiciones, la suscrita considera que antes de acudir en demanda de amparo, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de impugnación previsto por la ley que rige el acto reclamado, por lo que ante tal omisión no satisfizo el principio de definitividad. En este sentido, si el auto emitido por la autoridad responsable es legalmente recurrible, siendo que la parte quejosa no agotó el medio de defensa previsto en la ley, soslayando unilateralmente la obligación legal y el deber jurídico de agotar el medio de defensa que la ley prevé y concede, esa circunstancia, por sí misma evidencia la violación a uno de los principios rectores del juicio de amparo: la definitividad. Desechamiento En consecuencia, al tener por actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de mérito por encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con apoyo en el artículo 113 de la ley citada. Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo en cita. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, en virtud de que no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a este órgano jurisdiccional. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Además, de conformidad con el citado artículo del acuerdo general se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado federal remitan por correo electrónico a la administración de este edificio sede la lista de publicación de expedientes, para que esta la coloque en un espacio de fácil acceso para su consulta. Firma Electrónica (FIREL) Con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y, a la parte tercera interesada mediante***. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.

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