Victor Manuel Flores Azueta
Expediente 751/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 751/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Victor Manuel Flores Azueta
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de cinco de junio del año en curso, pronunciado en este juicio de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA I. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ya obra el oficio suscrito por la Director de la Policía Municipal de Dzan, Yucatán, con el que informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; así como que mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con el oficio y anexo remitidos por la mencionada autoridad, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este juzgador determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva terminada de engrosar el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos del DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE DZAN, YUCATAN. Asimismo, por auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a la autoridad responsable su debido cumplimiento. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: 1. Dejar sin efectos el acta de sanción administrativa (orden de arresto) de tres de octubre de dos mil dieciocho, en el que se sancionó al quejoso con arresto administrativo de veinticuatro horas. Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que por oficio sin número de veintitrés de mayo del año en curso, el Director de la Policía Municipal de Dzan, Yucatán, dejó sin efectos la sanción administrativa de fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, en el que se impuso al quejoso un arresto administrativo de veinticuatro horas, cumpliendo así, con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; toda vez que dejó sin efectos la sanción administrativa en comento. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario Juan Carlos Maiza Hau, con quien actúa y da fe.
- Principal
VII. Visto el oficio 1080/2019, signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta la demanda de garantías promovida por VÍCTOR MANUEL FLORES AZUETA Y MARÍA DEL SOCORRO CORTÉS MANZUR, sin copias y con dos anexos; al respecto se acuerda: Este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento de la demanda que nos atañe, por lo que se acepta la competencia declinada por la Superioridad; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo. En esa tesitura, regístrese dicha demanda de amparo en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número que le corresponda. Sentado lo anterior, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de acto reclamado, se advierte la parte quejosa impugna del Tribunal responsable, la determinación de nueve de abril de dos mil diecinueve, en la que se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio interpuesto por aquélla, declinando competencia a favor de un Juez del orden civil. En ese sentido, este órgano de control constitucional estima que, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, mismos numerales que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se reitera, es dable advertir que la parte quejosa instó la protección constitucional, contra la determinación de nueve de abril de dos mil diecinueve, en la que el Tribunal responsable se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio interpuesto por aquélla, declinando competencia a favor de un Juez del orden civil. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre y cuando sean definitivos, los cuales deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta. Lo anterior, no acontece en la resolución reclamada por la parte quejosa, es decir, la determinación combatida a través de la demanda de amparo, en la que el Tribunal de Justicia Administrativa, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio interpuesto por la parte quejosa, declinando competencia a favor de un Juez del orden civil, no se trata de una resolución definitiva, en virtud de que se advierte que el planteamiento de incompetencia realizado por el Tribunal antes citado, no ha sido aceptado a favor de quien declinó la competencia, esto es, por el mencionado Juez del orden común. En otras palabras, dicha resolución está supeditada a la aceptación o rechazo de este último órgano jurisdiccional; por ende, es inconcuso que la resolución reclamada es un acto que, por su naturaleza, es de realización futura y probable, por lo mismo, no se sabe si el sentido en que se dirima vaya a causar un perjuicio al ahora impetrante, esto es, en el caso de que el Juez a favor de la cual se declinó la competencia no aceptara la misma, se suscitaría un conflicto competencial, el cual sería resuelto por una diversa autoridad, lo que constituye una razón adicional para estimar que la determinación del Tribunal responsable, aún no tiene el carácter de definitiva para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, no irroga algún perjuicio a la parte demandante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a la letra indican: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Por tal motivo, se advierte que la determinación de la autoridad responsable de declinar la competencia a favor de un Juez del orden civil, al que estimó competente para conocer del juicio instaurado por la parte quejosa, no le causa perjuicio a ésta, sino hasta que aquél al que se le envió, acepte la competencia, por lo que resulta inconcuso que la determinación en cuestión no puede ser combatida a través del amparo indirecto. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia antes analizada y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de las causales de improcedencia del juicio constitucional, las que resultan indudables, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en su escrito de demanda; y como autorizada a la persona expresamente designada, con las facultades conferidas. Ahora bien, como lo solicitan los quejosos, notifíquese las resoluciones inherentes a este juicio de amparo, y el acceso al mismo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, proporcionando para ello el nombre de usuario: "joseluisflores". Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente.
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