Victor Manuel Estrella Couoh
Expediente 1781/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1781/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 06/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ruben Alberto Garcia Camara
- Victor Manuel Estrella Couoh
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y toda vez que, de la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución constitucional dictada en los presentes autos; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la expresada resolución, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y la definitiva, provéase respecto de la destrucción de dichos incidentes, tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el original y el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con treinta y siete minutos del veinte de diciembre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1781/2021-VI, promovido por Víctor Manuel Estrella Couoh, Rubén Alberto García Cámara y Deli Noemí Chi Méndez, estando en audiencia pública Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/4228/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, el Secretario en cargado del despacho declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta con los informes justificados rendidos por el Presidente Municipal, el Regidor de Transporte y el Director de Transporte, todos del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán; así como del Director de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Progreso; a lo que el Secretario encargado del despacho acuerda: téngase por rendido en tiempo y forma el informe justificado de las autoridades responsables, para ser relacionados y tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental ofrecida por la parte quejosa con su demanda de amparo; así como con las documentales anexadas a los informes justificados rendidos por el Presidente Municipal y el Regidor de Transporte, ambos del Ayuntamiento de Progreso Yucatán. El Secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, en virtud de su especial naturaleza jurídica, las cuales serán tomadas en consideración como corresponda; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. En el período de alegatos, se da cuenta con los alegatos formulados por la parte quejosa en su escrito acordado el nueve de diciembre del año en curso. A lo anterior, el Secretario encargado del despacho acuerda: Ténganse por desahogados los alegatos ofrecidos para los efectos legales a que haya lugar. Hecho esto, se cierra esta etapa. Finalmente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. Vistos para resolver los autos del presente juicio de amparo indirecto 1781/2021-VI; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado el día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, Víctor Manuel Estrella Couoh, Rubén Alberto García Cámara y Deli Noemí Chi Méndez solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamaron del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán y de otras autoridades. SEGUNDO. Por auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, que quedó registrada con el número 1781/2021-VI; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la que, previa anticipación, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Secretario encargado del despacho es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 28/2016 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO...FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación del acto reclamado. Para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda, congruentemente con la totalidad de la información del expediente del juicio. Se atiende también el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos se obtiene el siguiente acto reclamado: El permiso provisional otorgado a Mariano Rafael Carrillo Pech para explotar la ruta de transporte público denominada cementerio 35, en el municipio de Progreso, Yucatán y su ejecución. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente Municipal, el Regidor de Transporte y el Director de Transporte, todos del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, al rendir sus informes con justificación, negaron la existencia del acto reclamado, sin embargo, realizaron posterior a ella, en los mismos términos, diversas manifestaciones encaminadas a justificar la legalidad del permiso provisional otorgado en favor de Mariano Rafael Carrillo Pech. De ahí que sus negativas deban tenerse por desvirtuadas y se tenga por existente el acto de ellas reclamado. Lo mismo debe decirse en cuanto al Director de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Progreso, pues si bien negó la existencia del acto de ejecución que le fue atribuido, lo cierto es que al tener precisamente el carácter de ejecutora del acto reclamado, se encuentra sujeta a las determinaciones de las autoridades ordenadoras quienes aceptaron la existencia respectiva. En tal virtud, procede tener por existente el acto de ejecución que le fue atribuido. CUARTO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADA. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, acorde con los dispositivos 61 y 62 de la Ley de Amparo y siguiendo las reglas de estudio del juicio de amparo contra leyes, este Secretario encargado del despacho examinará si el juicio es procedente, toda vez que es imperativo que previo al examen de fondo del litigio constitucional, de oficio se constate la procedencia de la acción, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En la especie, respecto al permiso provisional otorgado a Mariano Rafael Carrillo Pech para explotar la ruta de transporte público denominada cementerio 35, en el municipio de Progreso, Yucatán, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." Como es de explorado derecho, tratándose del juicio de amparo, el interés jurídico como noción fundamental presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que se actualiza para efectos del juicio de amparo, cuando por la actuación de una autoridad se trasgrede un derecho humano de alguna persona y lo faculta para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio biinstancial. Del precepto transcrito se advierte que, para la procedencia del juicio de amparo, es menester la existencia de un acto de autoridad que perjudique a una persona, debiendo entender como tal, a todo aquel que haya sufrido un agravio, es decir, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses. Por lo que, el peticionario de amparo deberá demostrar la trasgresión por la actuación de una autoridad a un derecho legítimamente tutelado del cual es titular (interés jurídico), para solicitar ante el órgano constitucional demandando, el cese de dicha violación; es decir, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de amparo. Así, a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho público subjetivo, que dice fue infringido en su perjuicio por la autoridad que emitió el acto impugnado, lo que implica que mediante el derecho de acción, que es instrumental, se pretende el respeto del derecho público subjetivo; y, en su caso la restitución en su goce, por lo cual, independientemente de la certeza del acto reclamado derivada del informe justificado de las responsables, se debe demostrar la existencia de un perjuicio a los derechos legítimamente tutelados, para concluir que dicho acto perjudica al solicitante, cuyo respeto se reclama mediante la acción constitucional. Por otra parte, de conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable contar con la pretensión de quien resiente un agravio personal y directo que lo legitima para acudir a la vía de amparo en demanda de que cese dicha trasgresión. Dicho de otra forma, el juicio de amparo únicamente podrá ser instado por la persona que considere que el acto o la ley le perjudica en el goce de un derecho subjetivo del cual es titular, protegido por el orden jurídico. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la séptima época, del Semanario Judicial de la Federación 193-198, cuarta parte, página 80, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable, para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que era transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma." Luego, para acreditar la procedencia del juicio de amparo por la vía del interés jurídico es menester que la parte agraviada demuestre que es titular del derecho público subjetivo tutelado por una norma jurídica y que es afectada por el acto reclamado, ofensa que además debe ser personal, directa, actual, real e inminente, y que desde luego se demuestre plenamente, porque el interés jurídico no puede derivarse de presunciones, sino de pruebas que generen convicción de su existencia, pues la Ley de Amparo lo considera como requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo. Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, enero de 2008, página 225, que es del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4º. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En suma, los gobernados tendrán interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad en la medida en que sean titulares de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público; esto es, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, lo que puede ocurrir de dos formas, a saber: 1. Que se afecte la esfera jurídica del demandante en abstracto, imponiendo una obligación que antes no se tenía o, 2. Que se afecte un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. Con base en lo anterior, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando los actos de autoridades que se combaten en la instancia constitucional no inciden en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación alguna, o bien porque no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. Por otra parte, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En esa norma constitucional están consagrados diversos derechos del individuo, conocidos como derechos humanos de audiencia y de debido proceso. En esta tesitura, el juicio biinstancial procede para proteger cualquier derecho, entre ellos los de propiedad o posesión, que resulte afectado sin respetarse los derechos humanos de audiencia y defensa que se consagran en el aludido precepto constitucional; sin embargo, esa afectación debe ser comprobada de forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones. De manera que resulta inconcuso que la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar de manera irrebatible, que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues es un presupuesto para la procedencia de la acción constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el interés jurídico debe acreditarse plenamente en el juicio y no puede inferirse en base a presunciones, toda vez que en atención a la naturaleza del juicio constitucional -que constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que conculquen las garantías individuales-, la protección de la Justicia Federal sólo puede concederse respecto a personas determinadas y en forma particularizada por su interés, lo que no podría suceder si el acto reclamado no le causa algún perjuicio. Por otro lado, también debe destacarse que la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal definió que el interés legítimo, contrario a lo que exige el interés jurídico, no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable y supone que la parte quejosa pertenece a ella. Lo anterior se aprecia en el criterio de la citada sala, con número de registro 2003067, consultable en la página 1736, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. En el mismo sentido, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al respecto, estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Además, la sala referida aseveró que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Dicha Sala al respecto emitió el criterio con número de registro 2002812, visible en la página 822, del Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de lo anterior, debe precisarse que el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos y que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o indirectamente. En ese orden de ideas, para acreditar un interés legítimo el quejoso al promover la acción constitucional debe demostrar lo siguiente: 1. La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. 2. Que el acto reclamado trasgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva. 3. Que el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque como el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo en específico que sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo; además, es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes y, por ende, basta la ausencia de alguno de ellos para que el juicio constitucional sea improcedente. Por tanto, el quejoso en el juicio de amparo también debe acreditar fehacientemente el interés legítimo que le asiste y no inferirse con base en presunciones. Ciertamente, la existencia del interés legítimo se relaciona con la existencia de la afectación a cierta esfera jurídica, que en el caso resulta ser la afectación ocasionada por el permiso provisional otorgado a Mariano Rafael Carrillo Pech para explotar la ruta de transporte público denominada cementerio 35, en el municipio de Progreso, Yucatán, para lo cual es necesaria la comprobación plena de pertenencia al sector ciudadano que se ve afectado en la prestación del servicio debido a éste, pues de no precisarlo así, se trastocaría el concepto de interés legítimo para efectos del amparo dando cabida al interés simple que desnaturalizaría el juicio de derechos fundamentales y abonaría a la incertidumbre jurídica en la actividad del servicio público. Establecido el marco jurídico anterior, ahora debe analizarse qué probanzas fueron ofrecidas por la parte quejosa para acreditar su interés, de donde se tiene que en autos obra la prueba documental consistente en la impresión de seis placas fotográficas correspondientes a un camión, al parecer acondicionado para prestar el servicio de transporte de pasajeros y a lo que parece ser una captura de pantalla de un equipo telefónico que contiene un texto donde se describen las características y datos de identificación de un vehículo automotor. Documentales que resultan insuficientes para demostrar el interés que aduce la parte quejosa pues de ellas no se desprende la afectación que el acto reclamado genera a su esfera jurídica o su grado de pertenencia al grupo o colectividad que pudiera verse afectado por el acto reclamado. Así las cosas, el acto que se reclama en la presente instancia constitucional no afecta su esfera jurídica, pues no obstante que la parte quejosa manifestó ser concesionaria de la misma ruta de transporte público cuya explotación provisional se permitió a un tercero a través del acto reclamado, no exhibió prueba idónea que acredite su interés jurídico o legítimo para ejercer la acción constitucional. Con base en lo hasta aquí expuesto, al haberse actualizado una causal de improcedencia respecto al acto de reclamado consistente en, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo establecido por los numerales 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución reclamado del Director de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán a quien no se le atribuyó el acto por vicios propios sino únicamente en cuanto a su ejecución. Por lo expuesto, fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Estrella Couoh, Rubén Alberto García Cámara y Deli Noemí Chi Méndez contra el acto que reclamaron del Presidente Municipal, el Regidor de Transporte y el Director de Transporte, todos del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán; así como del Director de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Progreso, precisado en el segundo considerando de esta sentencia y por los motivos expuestos en el considerando subsecuente. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/4228/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el escrito signado por los quejosos Víctor Manuel Estrella Couoh, Rubén Alberto García Cámara y Deli Noemí Chi Méndez, y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, vía de alegatos, para ser relacionadas en la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún se encuentra transcurriendo la vista de los informes justificados rendidos por el Presidente Municipal, Regidor y Director de Transporte, todos del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, puestos a la vista de las partes mediante proveído de veintinueve de octubre del presente año, por lo que aún no se cumplen con los ocho días de anticipación a que se contrae el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Lo antes expuesto encuentra apoyo, por identidad de razón, la tesis de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese.
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