Victor Manuel Erosa Lizarraga
Expediente 820/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 07/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Victor Manuel Erosa Lizarraga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso XXXXXXXX, mediante el cual solicita que el trámite para la devolución del billete de depósito N 902969, por la cantidad de CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, expedido por la sucursal en esta ciudad, del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que exhibió en los autos incidentales derivados del presente juicio, la cual fue ordenada en proveído de diecinueve de noviembre del año en curso, sea realizado por conducto de Janet Bryceida Ramos Chávez, por así convenir a sus intereses. En consecuencia, toda vez que mediante proveído de diecinueve de noviembre último, se ordenó la devolución del billete de depósito de referencia; por tanto, devuélvase el billete de depósito N 902969, por la cantidad de CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, endosado a favor del directo quejoso. Y como solicita el nombrado quejose, a fin de llevar a cabo la devolución ordenada, se fija como fecha y hora para que la citada Janet Bryceida Ramos Chávez comparezca ante este Juzgado de Distrito con identificación actualizada, esto es, las trece horas con treinta minutos del diez de diciembre de dos mil veintiuno, la cual fue generada en el sistema "Agenda OJ" del micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, y con motivo de la misma se envía vía electrónica por conducto de cualquiera de sus autorizados un "Código QR", que permitirá ingresar a este Juzgado a Janet Bryceida Ramos Chávez, a efecto de que asista ante este Juzgado, a recoger el referido billete de depósito; sin que éste pase sea intransferible ni se pueda utilizar para visitar órganos distintos. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que de conformidad al artículo 3°, del mencionado Acuerdo General 21, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios, a fin de que tome sus precauciones. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el escrito presentado vía electrónica por Gerardo Góngora Cervera, defensor particular del quejoso Víctor Manuel Erosa Lizarraga, con el cual, por las razones que expone, solicita la devolución del billete de depósito N 902969, por la cantidad de CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, expedido por la sucursal en esta ciudad, del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que exhibió en los autos incidentales relativos como uno de los requisitos para que surta efectos la medida cautelar concedida en dicho asunto; al efecto, no habiendo impedimento legal alguno para ello, devuélvase al quejoso Víctor Manuel Erosa Lizarraga, el citado documento debidamente endosado a su favor. Ahora, a fin de no causar mayor dilación en la entrega del documento solicitado por el peticionario de amparo, con fundamento en el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prográmese la cita correspondiente en la agenda de este juzgado y genérese el respectivo código QR, el cual deberá ser entregado al quejoso al momento de notificarle este acuerdo, o en su caso, el Actuario a quien corresponda, deberá darse cuenta de que dicha notificación será realizada por lista, a efecto de realizar el procedimiento establecido en el inciso c) de la fracción antes mencionada. En ese sentido, SE SEÑALA EL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS CATORCE HORAS, a efecto de que el peticionario de amparo acuda a este órgano jurisdiccional a recoger el billete de depósito que fue puesto a su disposición. De igual manera, al tratarse la diligencia programada de la devolución de un billete de depósito exhibido respecto de un procedimiento totalmente concluido, se estima que esta diligencia no amerita la cita de las demás partes a efecto de que estén presentes a través de videoconferencia durante su desahogo; lo anterior, con fundamento en el inciso f), del aludido artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
El tres de noviembre del dos mil veintiuno, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con estos autos y con la certificación secretarial levantada. CONSTE. Mérida, Yucatán, tres de noviembre del dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de trece de octubre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, inciso e) de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva, de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Asimismo, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de garantías y sí lo tiene el incidente de suspensión derivado del mismo. Finalmente, ya que no existe razón legal para que continúe en estos autos la copia certificada de la Causa Penal 10/2018, remitido por la autoridad responsable Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, devuélvase a su lugar de procedencia, y solicítese a dicha autoridad que acuse el recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 820/2021-I, promovido por Víctor Manuel Erosa Lizárraga, por conducto de su defensor particular Gerardo Góngora Cervera, contra los actos que reclama al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, el siete de mayo de dos mil veintiuno, y ante este Juzgado el diez de mayo siguiente, que por razón de turno correspondió conocer, Víctor Manuel Erosa Lizárraga, por conducto de su defensor particular Gerardo Góngora Cervera, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: Ciudadano Juez Quinto de Distrito del Decimocuarto Circuito. EJECUTORAS: C. Delegado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Yucatán. C. Director de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. C. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. C. Coordinador Estatal de la Guardia Nacional con sede en Yucatán." "IV. ACTO RECLAMADO.- a) Se reclama de la autoridad ordenadora relativa al ciudadano Juez Quinto de Distrito la orden de aprehensión, y/o reaprehensión, y/o comparecencia y/o cateo en contra del quejoso Víctor Manuel Erosa Lizárraga y sus bienes derivado de la causa penal 10/2018 del índice de dicha autoridad, así como todas y cada una de sus consecuencias que deriven de ello. b) Se reclama de las autoridades ejecutoras relativas al C. Delegado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Yucatán, C. Director de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, C. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y C. Coordinador Estatal de la Guardia Nacional con sede en Yucatán, la ejecución de orden de aprehensión, y/o Reaprehensión, y/o comparecencia y/o cateo en contra del quejoso Víctor Manuel Erosa Lizárraga, dictada por el Ciudadano Juez Quinto de Distrito derivado de la causa penal 10/2018 del índice de dicha autoridad jurisdiccional, así como todas y cada una de las consecuencias que deriven de ello. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de once de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, todo lo cual se hizo en sus términos. Posteriormente, mediante auto de quince de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, solicitada por la parte quejosa, por lo que hace a la orden de reaprehensión emitida el treinta de abril de dos mil veintiuno, en autos de la causa penal 10/2018 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán. TERCERO. Emplazamiento a la parte tercera interesada. Por proveído de once de mayo de la presente anualidad, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Fiscal adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, así como del Director General de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, con sede en la Ciudad de México, lo que se hizo en sus términos, y previo diferimiento se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado por el diverso 12/2016 del propio Pleno del Consejo citado, por tratarse de una demanda de amparo en materia penal, promovida contra actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que esta juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que derivan del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se obtienen los siguientes actos reclamados: Del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, Delegado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Yucatán, Director de la Policía Estatal de Investigación, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional con sede en Yucatán y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán: - La orden de aprehensión, y/o comparecencia y/o cateo decretada en contra del quejoso. Del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán: - La resolución de treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que decretó contra de Víctor Manuel Erosa Lizárraga orden de reaprehensión, en la causa penal 10/2018 de su índice, que se le instruye por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción V, y sancionado en el numeral 108, párrafo cuarto, fracción III, párrafo primero, en relación con el ordinal 95, fracción II, todos del Código Federal de Procedimientos Penales. Del Delegado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Yucatán: - La ejecución de la referida orden de reaprehensión TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional con sede en Yucatán, Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, Delegado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Yucatán y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad de Mérida, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, consistentes en las órdenes de aprehensión, y/o comparecencia y/o cateo y su ejecución, sin que exista prueba en contrario; y al resultar que el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar tales negativas, por lo que hace a dichas autoridades, lo procedente en el caso es sobreseer en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, y en la jurisprudencia bajo el rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es Cierto el acto reclamado al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán y Delegado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad de Mérida, pues así lo manifestaron al rendir sus informe justificados, esto es, que el treinta de abril de dos mil veintiuno, el Juez responsable libró orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso en la causa penal 10/2018 que se le instruye por el delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción V, y sancionado en el numeral 108, párrafo cuarto, fracción III, párrafo primero, en relación con el ordinal 95, fracción II, todos del Código Federal de Procedimientos Penales. Certeza que se corrobora con el duplicado de la causa penal 10/2018 y diversas constancias en copias certificadas, que el Juez responsable adjuntó a su informe de ley. Documentales que este juzgadora les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo; por tanto, se evidencia la existencia del acto que se les atribuye. Es aplicable, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que estatuye: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De las constancias que el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió como justificación a su informe, relativas a la causa penal 10/2018, las cuales revisten valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletorio a la Ley de Amparo, destacan: El treinta de mayo de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, que por razón de turno, le tocó conocer la solicitud de formulación de imputación, solicitada por la Agente del Ministerio Público de la Federación en funciones de Fiscal en Jefe Dos adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros Dos, con residencia en la Ciudad de México, contra Víctor Manuel Erosa Lizárraga, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de defraudación fiscal equiparada, prevista en el artículo 109, fracción V, y sancionado en la fracción III, del artículo 108, del código Fiscal de la Federación, en perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asignándole la causa penal 37/2018 (fojas 630 a 635 del tomo II de la causa penal 10/2018). Ante ello, fijó como hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial, esto es, a las trece horas con veintidós minutos del siete de junio de dos mil dieciocho (fojas 630 a 635 del tomo II de la causa penal 10/2018). Posteriormente, previo diferimiento en auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, se fijó como nueva fecha para la audiencia inicial, para el veintiuno de junio de dos mil dieciocho (fojas 659 a 660 del tomo II de la causa penal 10/2018). De ahí que, en audiencia inicial de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, el Juez deponente, se declaró incompetente para conocer de la causa penal 37/2018, al estimar que quien debe conocer de dicho asunto, es el Juez de Distrito en el Estado de Yucatán, en Turno, bajo las reglas federales del Sistema Penal tradicional, por no estar dentro del ámbito temporal de validez, para estimar aplicable el Sistema Penal Acusatorio en vigor a nivel federal en el Estado de Yucatán a partir del dieciséis de marzo de dos mil quince (fojas 785 a 788 del tomo II de la causa penal 10/2018). Motivo por el cual, mediante auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se tuvo nuevamente a la representación social, consignando la averiguación previa UEIDFF/FIS/MO9/1292/2018, que por razón de turno, tocó conocer al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, en la que señaló como probable responsable a Víctor Manuel Erosa Lizárraga, en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción V, sancionado en el artículo 108, párrafo cuarto, fracción II, todos del Código Fiscal Federal, asignándole la causa penal 10/2018 (foja 839 del tomo II de la causa penal 10/2018). Seguidamente, el nueve de julio de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito en comento, se declaró incompetente por razón de sistema, devolviendo los autos al Juez Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán (fojas 847 a 859 del tomo II de la causa penal 10/2018). Posteriormente, mediante auto de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, el Juez de Control hizo del conocimiento que no aceptó la competencia declinada, y remitió los autos ante el Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito, a fin de resolver el conflicto competencial (foja 870 del tomo II de la causa penal 10/2018). Por resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido la resolución del conflicto competencial, remitido por el tribunal de alzada, en la que determinó que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, es el competente para conocer de la causa penal 10/2018 (foja 963 del tomo II la causa penal 10/2018). Ante ello, mediante acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado libró la orden de aprehensión solicitada en su pliego consignatorio por la representación social (fojas 1012 a 1036 del tomo II de la causa penal 10/2018). Mediante auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, se rindió el informe previo y justificado en relación al amparo interpuesto por Víctor Manuel Erosa Lizárraga, contra la orden de aprehensión librada, correspondiéndole por razón de turno a este órgano de control constitucional con el número de juicio de amparo 1029/2018-IV (fojas 1072 a 1073 del tomo III de la causa penal 10/2018). El veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se recibió la sentencia de amparo indirecto 1029/2018-IV, en la que se sobreseyó negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados (foja 1132 del tomo III de la causa penal 10/2018). Por auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por informado que el imputado interpuso recurso de revisión contra dicha sentencia (foja 1210 del tomo III de la causa penal 10/2018). Seguidamente, en proveído de siete de agosto de dos mil diecinueve, se recibió el oficio del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en el que hizo del conocimiento que el tribunal de alzada confirmó la sentencia recurrida y por ende, no amparó ni protegió al quejoso, (foja 1218 del tomo III de la causa penal 10/2018). De ahí, por auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se recibió el escrito del imputado Víctor Manuel Erosa Lizárraga, en el que solicitó se le conceda el beneficio de libertad provisional bajo caución a fin de llevar a cabo libre su proceso, ante lo cual antes de admitir dicha medida cautelar, se le previno para que subsane cierta información y con ello poder acordar respecto a su solicitud (fojas 1226 a 1227 del tomo III la causa penal 10/2018). Mediante resolución de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, el imputado dio cumplimiento a la prevención, por lo que el Juez deponente le concedió el beneficio de libertad provisional bajo caución, imponiéndole diversas garantías para poder gozar de dicho beneficio, como son; la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos sin centavos), para garantizar el cumplimiento de obligaciones; y $14´392,570.33 (catorce millones trescientos noventa y dos mil quinientos setenta pesos con treinta y tres centavos) en concepto de reparación del daño (fojas 1232 a 1236 del tomo III la causa penal 10/2018). Inconforme con dicha resolución, el imputado mediante auto de dos de febrero de dos mil veintiuno, interpuso recurso de apelación (foja 1253 del tomo III la causa penal 10/2018). Por auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio FGR/CMI/AIC/PFM/DGMMJ/UALOR/YUC/1243/2021, donde se puso a disposición al imputado Víctor Manuel Erosa Lizárraga, en virtud del cumplimiento de la orden de aprehensión librada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, quedando internado en el Centro de Reinserción Social del Estado (fojas 1330 a 1332 del tomo III la causa penal 10/2018). Y entre otras cosas, se señaló para el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, a fin de recibir la declaración preparatoria del imputado (fojas 1330 a 1332 del tomo III la causa penal 10/2018). Llegada la fecha, se recibió la declaración preparatoria del imputado, el cual se reservó el derecho a declarar, y solicitó la ampliación del término constitucional para resolver su situación jurídica (fojas 1371 a 1375 del tomo III la causa penal 10/2018). El ocho de marzo de dos mil veintiuno, se resolvió la situación jurídica del imputado, en la que se determinó en su resolutivo primero, auto de libertad por falta de elementos para procesar a su favor (fojas 1421 a 1437 del tomo III de la causa penal 10/2018). De ahí, el nueve de marzo de la presente anualidad, se le hizo del conocimiento al Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito, el auto de libertad en comento (foja 1445 del tomo III de la causa penal 10/2018). Mediante proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, la agente del ministerio público adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, interpuso recurso de apelación contra el auto de libertad decretado el ocho de marzo de la presente anualidad (foja 1474 del tomo III la causa penal 10/2018). Por consiguiente, en auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio del Tribunal Unitario, en el que comunicó que dejó sin materia el recurso de apelación interpuesto por el imputado contra la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en virtud del auto de libertad decretado el ocho de marzo de la presente anualidad (foja 1502 del tomo III la causa penal 10/2018). En proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, el tribunal unitario hizo del conocimiento la admisión del recurso de apelación interpuesto por la representación social, contra la resolución de ocho de marzo del año en curso (foja 1517 del legajo de copias certificadas del tomo III la causa penal 10/2018). De ahí, por auto de quince de abril de dos mil veintiuno se tuvo por recibido el testimonio del tribunal unitario dictado el trece de abril pasado, en el toca 17/2021 proveyéndose lo siguiente: (fojas 1575 a 1576 del tomo III de la causa penal 10/2018): "Mérida, Yucatán, quince de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 21 y 41 del Código Federal de Procedimientos Penales, agréguese a estos autos el oficio remitido por el Secretario del Tribunal Unitario de Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada el trece de abril del año en curso en el toca penal 17/2021, de su índice, y las copias certificadas relativas a la causa penal 10/2018, de la estadística de este juzgado, y del anexo derivado de la causa penal; de la que se advierte que resolvió lo siguiente: ".PRIMERO. Es procedente y fundado el recurso de apelación interpuesto por la agente ministerial. SEGUNDO. Se revoca la resolución apelada, por las razones expuestas en el considerando séptimo. TERCERO. En su lugar, se dicta auto de formal prisión en contra del inculpado Víctor Manuel Erosa Lizárraga, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción V, y sancionado en el numeral 108, párrafo cuarto, fracción III, párrafo primero, en relación con el ordinal 95, fracción II, todos del CFF, por los motivos expuestos en el considerando octavo. (.)" Por ende, acúsese recibo de estilo; entréguese copia certificada del fallo de segunda instancia a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, de conformidad con el artículo 17, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales y glósese el cuaderno de antecedentes al duplicado que se recibe. Por cuanto de la ejecutoria de cuenta se advierte que el Tribunal de Alzada dictó auto de formal prisión en contra de Víctor Manuel Erosa Lizárraga, por considerarlo responsable en grado probable de la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción V, y sancionado en el numeral 108, párrafo cuarto, fracción III, párrafo primero, en relación con el ordinal 95, fracción II, todos del Código Fiscal de la Federación; por tanto, continúese la secuela legal del presente asunto. Como consecuencia, prevéngase al citado procesado Erosa Lizárraga para que dentro del término de tres días hábiles, legalmente computado, exhiba las garantías fijadas en el proveído de veintiséis de enero de dos mil veintiuno si es su deseo gozar del beneficio de libertad provisional concedido o, en su caso, se ponga a disposición de este órgano jurisdiccional para que sea internado en el Centro de Reinserción Social del Estado, con el apercibimiento que, de no cumplir se ordenará su reaprehensión. En acatamiento a la citada determinación de segunda instancia, de conformidad con el arábigo 152, inciso b), fracción III, del Código Federal de Procedimientos Penales, se decreta la apertura del procedimiento sumario por el delito de referencia; con la posibilidad de que el encausado de mérito podrá optar por el procedimiento ordinario dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de que sea notificado de esta determinación. Con fundamento en el artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales, se ordena la identificación del procesado Víctor Manuel Erosa Lizárraga, por el sistema adoptado administrativamente, para lo cual, remítase copia autorizada de la resolución de mérito y simple de la declaración preparatoria del encausado al Director General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en la ciudad de México, Distrito Federal, y al Director de Identificación y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, para debida observancia de dicha orden; apercibidos que de no remitir la hoja de antecedentes del nombrado, así como la ficha signalética del encausado de referencia; ello tan pronto éste se presente al local que ocupa la dependencia a su cargo, dentro del término de los cinco días hábiles posteriores, se les impondrá como medida de apremio, una multa por la cantidad de $2,690.40 (dos mil seiscientos noventa pesos 40/100 moneda nacional), que equivale a treinta unidades de medida y actualización, a razón de $89.68 (ochenta nueve pesos 68/100 moneda nacional), valor diario que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), correspondiente al año dos mil veintiuno, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declaran Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, con fundamento en el arábigo 44, fracción II, de la citada ley de la materia y fuero, toda vez que su incumplimiento se traduciría en una falta grave, puesto que sería un desacato a una autoridad judicial y retrasaría la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el juicio. Como ordena la superioridad, con apoyo en el artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 154.3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, remítase copia autorizada de la aludida ejecutoria y simple de la declaración preparatoria del inculpado de quien se trata, al Instituto Nacional Electoral, así como al Director del Centro de Readaptación Social del Estado, para los fines legales pertinentes, establecidos en la propia ejecutoria. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE." Por auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, a solicitud del imputado, se admitió por la vía incidental la modificación y revisión de la medida cautelar impuesta bajo el sistema penal imperante, relativo a la caución y reparación del daño, a fin de que se le apliquen las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales (fojas 1615 a 1616 del tomo III la causa penal 10/2018). Asimismo, mediante auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el imputado Víctor Manuel Erosa Lizárraga, no cumplió con la prevención que se le efectuó en proveído de quince de abril del año en curso, se giró orden de reaprehensión en su contra, origen del acto aquí reclamado, en la que se estableció lo siguiente (fojas 1645 a 1646 del tomo III de la causa penal 10/2018): "..Mérida, Yucatán, treinta de abril de dos mil veintiuno. Con apoyo en los numerales 21 y 41 del Código Federal de Procedimientos Penales, agréguese a los autos de la presente causa penal el pedimento signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual solicita la reaprehensión del procesado Víctor Manuel Erosa Lizárraga. Ahora, visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta, se informa que ha transcurrido el término de tres días concedido al proceso Víctor Manuel Erosa Lizárraga, en proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, a fin de que exhiba las garantías fijadas en el diverso de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, para acogerse al beneficio de libertad provisional o, en su caso, ponerse a disposición de este órgano jurisdiccional para que sea internado en el Centro de Reinserción Social del Estado, sin que hasta la presente fecha haya cumplido. Consecuentemente, por cuanto el trece de abril del año en curso el Tribunal Unitario de Circuito, con sede en esta ciudad, revocó el auto de libertad por falta de elementos dictado por este órgano jurisdiccional y, en su lugar, dictó auto de formal prisión en contra del inculpado Víctor Manuel Erosa Lizárraga, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción V, y sancionado en el numeral 108, párrafo cuarto, fracción III, párrafo primero, en relación con el ordinal 95, fracción II, todos del Código Federal de Procedimientos Penales, y que es necesario continuar con el procedimiento instaurado en su contra; al no encontrarse garantizadas las fracciones que señala el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales en vigor, por parte del procesado, se accede a la petición del Ministerio Público y se hace efectivo el apercibimiento realizado al procesado Víctor Manuel Erosa Lizárraga, por lo tanto, se ordena su REAPREHENSIÓN. En consecuencia, gírese oficio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que s sirva ejecutar la reaprehensión ordenada, por conducto de los elementos policíacos adscritos a la Policía Federal Ministerial en el Estado de Yucatán, quienes una vez que la cumplimenten deberán poner al procesado Víctor Manuel Erosa Lizárraga a disposición de esta autoridad en el Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, y comunicarlo de manera inmediata, para los efectos legales que correspondan. En la inteligencia de que el procesado de mérito señaló en autos llamarse Víctor Manuel Erosa Lizárraga, que no cuenta con algún apodo, tiene setenta y cinco años de edad, vecino de esta ciudad de Mérida, Yucatán, jubilado, con domicilio para oír y recibir notificaciones en el predio ubicado en la calle Veinticinco, letra "A", número noventa y cuatro, por Catorce, de la Colonia Chuburná Hidalgo, de esta ciudad, que entiende y habla perfectamente el idioma español, católico, que no se identifica con ninguna raza étnica, que sabe leer y escribir, por contar con el grado escolar de licenciatura, que es un paciente hipertenso, con una enfermedad degenerativa del sistema de conducción cardiaca, ateroesclerosis coronaria y cardiopatía isquémica. En mérito de lo anterior, con apoyo en los artículos 468, fracción I, y 472, del Código Federal de Procedimientos Penales, se decreta de oficio la suspensión del procedimiento de esta causa, hasta en tanto se logre la reaprehensión del procesado de referencia, por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, glósese a los presentes autos, el oficio suscrito por la Notificadora adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, con el que remite el escrito signado por la parte agraviada, y resérvese a acordar lo conducente una vez que se levante la suspensión del presente procedimiento.". Lo anterior constituye el acto reclamado. Por último, mediante auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, proveyó lo siguiente: En primer término, tuvo por recibido el testimonio de la resolución dictada en el toca 17/2021, del índice del Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en la que en cumplimiento al fallo protector dictado por su homólogo, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, en el juicio de amparo 13/2021, de su estadística, dejó insubsistente la sentencia de trece de abril del año en curso, que determinaba lo siguiente: ".PRIMERO. Es procedente y fundado el recurso de apelación interpuesto por la agente ministerial. SEGUNDO. Se revoca la resolución apelada, por las razones expuestas en el considerando séptimo. TERCERO. En su lugar, se dicta auto de formal prisión en contra del inculpado Víctor Manuel Erosa Lizárraga, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción V, y sancionado en el numeral 108, párrafo cuarto, fracción III, párrafo primero, en relación con el ordinal 95, fracción II, todos del CFF, por los motivos expuestos en el considerando octavo. (.)" Y, emitió una nueva resolución en la que declaró procedente pero infundado el recurso de apelación, confirmando la resolución apelada. En segundo término, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, en el juicio de amparo 13/2021, y, a fin de evitar que el procesado Víctor Manuel Erosa Lizárraga, se sustraiga de la acción de la justicia, con fundamento en la fracción II, párrafo V, del artículo 77 de la Ley de Amparo, se fijaron las siguientes medidas de aseguramiento: 1. No podrá ausentarse del lugar de su residencia y/o del país, sin autorización de ese Juzgado Federal; y 2. Exhiba su pasaporte original ante ese propio órgano jurisdiccional, en el término de tres días, legalmente computado, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al fallo protector de ordenó la cancelación de la identificación del procesado y se levantó la suspensión de sus derechos. SEXTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo del asunto deben examinarse las causales de improcedencia del juicio de amparo que invoquen las partes o de aquellas que de oficio advierta esta juzgadora, toda vez que constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo y con lo establecido en la jurisprudencia 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-1995, dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y .". Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto reclamado por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por ende, en la causa de improcedencia antes transcrita, el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque: a) la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; b) porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, c) por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. En la especie, se estima infructuoso abordar el estudio del acto reclamado, consistente en la resolución de treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que se decretó contra Víctor Manuel Erosa Lizárraga orden de reaprehensión, en la causa penal 10/2018 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, por no haber exhibido las garantías fijadas para gozar del beneficio de libertad provisional bajo caución en relación con el delito que se le imputa y por el cual se había dictado auto de formal prisión en dicha causa, como se explicará a continuación. Se dice lo anterior, toda vez que, como se advierte de los antecedentes que obran en la citada causa penal, el auto de formal prisión de fecha trece de abril de dos mil veintiuno dictado en su contra, fue revocado y, en su lugar, se decretó la libertad del procesado, mediante resolución de veintidós de julio de dos mil veintiuno emitida por el Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito, en el toca 17/2021, en estricta observancia a los lineamientos que rigen el sentido de la sentencia de amparo 13/2021 del índice del Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito, que confirmó la resolución apelada de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en la que el Juez de la causa decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del inculpado y el sobreseimiento de la causal penal, por haber prescrito la acción penal. Situación que hizo del conocimiento del Juez responsable, quien mediante auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, en cumplimiento al fallo protector ordenado por el Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, en el juicio de amparo 13/2021, y, tomó conocimiento de dicha resolución y proveyó, a fin de evitar que el procesado Víctor Manuel Erosa Lizárraga, se sustraiga de la acción de la justicia, con fundamento en la fracción II, párrafo V, del artículo 77 de la Ley de Amparo, las siguientes medidas de aseguramiento: 1. No podrá ausentarse del lugar de su residencia y/o del país, sin autorización de ese Juzgado Federal; y 2. Exhiba su pasaporte original ante ese propio órgano jurisdiccional, en el término de tres días, legalmente computado, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al fallo protector se ordenó la cancelación de la identificación del procesado y se levantó la suspensión de sus derechos. Por tanto, aun subsistiendo el acto reclamado (orden de reaprehensión) ya no puede surtir efecto legal alguno al haberse modificado el contexto jurídico dentro del cual se emitió, pues las circunstancias y situación jurídica del quejoso han cambiado, al confirmar por el tribunal de alzada el recurso de apelación en contra de la resolución que revocó el auto de formal prisión dictado en su contra y en su lugar se decretó auto de libertad; esto es, en la causa penal de origen existe decretado en su favor un auto de libertad que no lo vincula a cumplir con las obligaciones procesales que motivaron la exigencia de garantías y, a la postre, el libramiento de la orden de reaprehensión, ante el incumplimiento de exhibirlas. Incluso el Juez de origen con motivo de la aludida resolución dictada en el toca 17/2021, ya no exigirá la exhibición de garantías, ante el auto de libertad decretado en su favor y, si bien, en proveído de treinta de julio del año en curso, fijó ciertas medidas, ello constituye un acto diverso al aquí reclamado y emitido con posterioridad a la presentación de la demanda, siendo que, además, las providencias decretadas, solo constituyen medidas de aseguramiento que el Juez estimó imponer, con apoyo en la fracción II, párrafo V, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Luego, incluso cuando pudiera estimarse que el acto reclamado fuera violatorio de los derechos fundamentales de la parte peticionaria de amparo, a nada práctico conduciría analizar su legalidad, ya que los vicios formales que pudiera adolecer y el consecuente perjuicio que en un momento dado pudiera resentir la parte quejosa en su esfera jurídica, se tornaría imposible restituirla en el goce del derecho fundamental que se haya estimado violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria, porque la situación jurídica que surgió con motivo del acto en examen -aun cuando éste subsiste- se modificó sin dejar ninguna huella en la esfera jurídica del gobernado susceptible de reparación, lo que en el caso acontece, toda vez que ya no sería factible estudiarla (orden de reaprehensión reclamada), en virtud de que el tribunal de alzada confirmó la resolución apelada que revocó el auto de formal prisión dictado en su contra y se decretó su libertad por el delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción V, y sancionado en el numeral 108, párrafo cuarto, fracción III, párrafo primero, en relación con el ordinal 95, fracción II, todos del Código Fiscal de la Federación, que se seguía en su contra en la causa penal 10/2018. Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. [Época: Novena Época. Registro: 173858. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Diciembre de 2006. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 181/2006. Página: 189]. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XXII del artículo 61, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se:R E S U E L V E:PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Víctor Manuel Erosa Lizárraga, contra los actos que reclamó del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, Delegado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Yucatán, Director de la Policía Estatal de Investigación, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional con sede en Yucatán y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, consistentes en la orden de aprehensión, comparecencia y cateo y la resolución de treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que se decretó en su contra orden de reaprehensión, en la causa penal 10/2018, que se le instruye por la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, y su ejecución, por los motivos precisados en los resultandos tercero y sexto de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente.
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