Víctor Jaime Uribe Pulido
Expediente 1229/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1229/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/05/2021
Partes del expediente
- Víctor Jaime Uribe Pulido
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
... Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se regulariza el procedimiento, para el efecto de que dicho expediente sea considerado DEPURABLE. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; once de octubre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se advierte que el quejoso Víctor Jaime Uribe Pulido, a quien se considera podría perjudicarle el auto dictado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se resolvió sobreseer en el juicio de amparo; no fue recurrido dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado, por lo que háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, se precisa que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Asimismo, es menester referir que en el cuaderno aludido no existen documentos originales que encuadren en las hipótesis descritas en el punto segundo de las disposiciones generales del inciso XVIII del Acuerdo citado; por lo que, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo multicitado. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Téngase por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, Estado de México, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado y remite copias certificadas de diversas constancias las cuales aduce que son la totalidad de las actuaciones de donde emana el acto reclamado. Atento a lo anterior, téngase por cumplido el requerimiento formulado a la autoridad oficiante en proveído de quince de agosto pasado y déjese sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora bien, en el presente juicio el quejoso Víctor Jaime Uribe Pulido, reclama la detención fuera de procedimiento en el operativo denominada alcoholímetro, practicada por elemento de la policía municipal de Metepec, Estado de México; sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el trece de agosto de dos mil dieciséis a las siete horas, el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, Estado de México, dejó en inmediata libertad al ahora quejoso, por lo que dejó insubsistente el arresto administrativo al cual fue acreedor por violaciones al artículo 164 del Bando Municipal de Metepec, Estado de México. A las constancias remitidas por el Director de Seguridad de referencia se le otorgan pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Y la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. Al respecto, debe decirse que en la especie el juicio de amparo se torna improcedente dado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues han cesado los efectos del acto reclamado; el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española determina que el verbo cesar significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término efecto significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese orden de ideas, para efectos del Juicio de Amparo se estima que, los efectos del acto reclamado han cesado: a) Cuando el acto reclamado se deje sin efectos por la misma autoridad señalada como responsable, y ésta emita uno nuevo que lo substituya procesalmente y que no deje huella en la esfera jurídica del gobernado; b) Cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada y, c) Cuando contra el acto de la autoridad impugnado, se interpuso recurso ordinario al cual recayó resolución, que vino a sustituir los efectos del primero. De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deja sin efectos, deroga o revoca el acto o, sin revocarlo, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto combatido, o bien, la que hubiera surgido si se concediera la protección federal, pues se hubiera restituido a la parte quejosa en el goce de la garantía estimada violada, en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo. Es decir, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad deja insubsistente el acto y constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Lo anterior significa, que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese contexto, en el particular, el peticionario del amparo se duele la privación de su libertad derivada del arresto administrativo de trece de agosto de dos mil dieciséis, con motivo del operativo denominado conduce sin alcohol, implementado por el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, Estado de México. Ahora, las constancias remitidas como anexo al informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cumplimiento a su ordinal 2, se advierte que el trece de agosto de dos mil dieciséis, el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, Estado de México dejó sin efecto la determinación privativa impuesta el quejoso, y ordenó dejarlo en libertad inmediata. Razón por la cual, la orden restrictiva de liberad de la cual se dolió la parte agraviada dejó de surtir efectos con motivo de que la propia responsable ordenó tal circunstancia; en consecuencia, es inconcuso que al caso se actualiza la causal de improcedencia referida, porque el acto de autoridad por el que se acudió a la instancia constitucional ya no existe en la realidad, y en consecuencia, no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad del mismo, al no existir garantía individual que reparar, pues como se indicó, el quejoso fue reintegrado en el goce de su derecho fundamental de libertad deambulatoria. Por ello, aún cuando la autoridad responsable no derogó ni revocó el acto mismo, la detención material ejecutada en su contra, ya no surte efecto legal, y ello se ha constituido legalmente una situación idéntica a aquella que existía antes del acto que se reclama. Por ende, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, para el caso de que al peticionario de amparo, se le concediera la protección constitucional solicitada, al tratarse de un acto positivo, sus efectos serían que la autoridad responsable dejara sin efecto la detención material que ejecutó el catorce de agosto pasado, de tal suerte que, si en el presente caso la autoridad responsable dejó el libertad a dicho agraviado, es inconcuso que la restricción deambulatoria controvertida en este sumario constitucional ya no lo agravia, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Razón por la cual, debe concluirse, que han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su aplicación al caso, es de citarse la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, número de registro 193758, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma brinda apoyo la diversa Jurisprudencia 2a./J. 9/98, consultable en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, número de registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En virtud de lo anterior, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, conforme con lo establecido en la fracción V del dispositivo 63, en relación con el numeral 61, fracción XXI, de la invocada ley. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con treinta minutos del catorce de octubre de dos mil dieciséis, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese; personalmente al quejoso.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se fijó para este día a las diez horas con treinta minutos, como se ordenó en proveído de quince de agosto pasado; sin embargo, de autos se advierte que aún no obra el informe justificado de la autoridad señalada como responsable en el presente asunto, pues se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado para tal efecto, circunstancia que se acredita con el acuse de recibo del oficio 35025/2016, el cual contiene el sello original de recepción de la responsable. En consecuencia, a fin de no transgredir las reglas del juicio de amparo y dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, se ordena diferir la audiencia constitucional para las diez horas con treinta minutos del catorce de octubre de dos mil dieciséis, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
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