Victor Ivan Villalpando Estrada
Expediente 1587/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1587/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/01/2017
Partes del expediente
- Victor Ivan Villalpando Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
VII. Toluca, Estado de México; veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a través del cual solicita copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo, informes justificados, sentencia si existiera, en su caso; así como se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio. Atento a lo anterior, remítase copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo, informes justificados y sentencia; asimismo hágase del conocimiento al homólogo federal que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VII. Toluca, Estado de México; veintitrés de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Toluca, comisionada por vacaciones de su titular, mediante el cual devuelve el oficio 381/2017, dirigido al "Juez de Ejecución de Sentencias" toda vez que no existe registro del juicio de amparo 1587/2016-Vll, o expediente relacionado con el aquí quejoso dentro de su índice. En atención a lo anterior, agréguese para que surta los efectos legales conducentes y téngase por notificado el oficio de referencia a la autoridad oficiante, toda vez que dentro del juicio de amparo en que se actúa se tuvo como autoridad responsable al Juez de Ejecución de Sentencias de Toluca, Estado de México, autoridad que con dicha denominación rindió su informe justificado como se advierte a foja 18. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VII. La certificación de cuenta evidencia que las partes, dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha quedado firme. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
VII. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 600/2016-VII; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Victor Iván Villalpando Estrada, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: Autoridades responsables ordenadoras: 1. Director General de Prevención y de Readaptación Social del Estado de México. 2. Juez de Ejecución de Sentencias. Autoridad Ejecutora: 3. Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado de México "Santiaguito". Acto reclamado. La orden de traslado a otro centro penitenciario. Destacando que actualmente tiene el carácter de sentenciado (fojas 2 a 5). SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos violados, los protegidos por los artículos 14, 16, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis (fojas 6 a 8), este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 9); y, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional que después de diferirse en una ocasión por las razones que constan en autos (foja 102), finalmente tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud que se reclama un acto que afecta la libertad personal del quejoso, emitido por autoridades administrativas y que comenzó a ejecutarse dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, considerando todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de garantías y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama la orden de traslado contenida en el oficio DGPRS/DTL/0911/2016 de once de octubre de dos mil dieciséis (fojas 41 a 43), por medio de la cual el Director General de Prevención y Readaptación Social, ordena el traslado definitivo del quejoso, entre otros internos, del Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, al diverso de Nezahualcóyotl, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Juez de Ejecución de Sentencias en Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado manifestó que no eran ciertos los actos reclamados, precisando que no tenía registros de que esa autoridad judicial hubiese ordenado el traslado del quejoso del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, al de Nezahualcóyotl, o a otro diverso a esta entidad federativa a algún otro Centro Federal de Readaptación Social de la República Mexicana, pero que el veinte de octubre de dos mil dieciséis, recibió la solicitud de convalidación de traslado definitivo del interno Victor Iván Villalpando Estrada, que se realizó de manera urgente el once de octubre por medidas de seguridad, en atención al oficio DGPRS/DTL/0837/2016 [sic], signado por el Director General de Prevención y de Readaptación Social del Estado de México (foja 18). Sin que pase inadvertido que en dicho informe, la citada autoridad judicial haya señalado que la orden de traslado cuya convalidación le fue solicitada, está contenida en el oficio DGPRS/DTL/0837/2016, pues de los anexos que remitió se aprecia que en realidad se refiere al oficio DGPRS/DTL/0911/2016, signado por el Director General de Prevención y de Readaptación Social del Estado de México (foja 24). Lo que además se corrobora con la constancias que anexó a su informe justificado, así como con las remitidas por las demás autoridades responsables, a las cuales por ser documentos públicos se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde con el numeral 2° de la Ley de Amparo, las cuales demuestran que la orden de traslado reclamada no fue emitida por la autoridad judicial citada. Sin que el quejoso haya aportado prueba idónea para desvirtuar dicha negativa, pues de las constancias que integran los autos no se advierte la existencia del acto que se reclama a dicha autoridad judicial con el carácter de ordenadora; razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente sumario constitucional, por lo que hace al Juez de Ejecución de Sentencias, respecto del acto que le fue atribuido, consistente en la orden de traslado. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El 1. Director General de Prevención y de Readaptación Social del Estado de México, al aclarar su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama (fojas 70 a 72). Certeza que se corrobora con las constancias que acompañó a dicho informe (fojas 73 a 78), las cuales, al igual que las remitidas por diversa autoridad (fojas 29 a 32), fueron valoradas con antelación. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que también acontece respecto del Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado de México "Santiaguito", quien en su carácter de ejecutora, aceptó la existencia de los actos reclamados (fojas 40, así como 79). QUINTO. Causales de improcedencia. Previo el estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Asimismo, de acuerdo a la jurisprudencia II.1o. J/5, publicada en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con el registro 222780, del contexto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Del análisis de las constancias que integran el sumario se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsiste el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" En tanto, que en el presente juicio se aprecia que Victor Iván Villalpando Estrada reclama la orden de traslado llevada a cabo el once de octubre de dos mil dieciséis, contenida en el oficio DGPRS/DTL/0911/2016, signado por el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, cuya ejecución fue convalidada por la Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, mediante resolución de diez de noviembre del año en curso, dictada en el expediente de ejecución 137/2016 (fojas 81 a 89). En este orden de ideas, es incuestionable que aun subsistiendo la orden de traslado contenida en el oficio DGPRS/DTL/0911/2016, signado por el Director General de Prevención y de Readaptación Social del Estado de México; a la fecha ésta no puede surtir efecto legal y material alguno para efectos de su análisis de constitucionalidad porque además de que ya se ejecutó, dicha ejecución fue convalidada por la Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, mediante resolución de diez de noviembre del año en curso, dictada en el expediente de ejecución 137/2016. Así las cosas, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Máxime que en forma expresa el quejoso indicó que no era su deseo señalar como acto reclamado la resolución emitida el diez de noviembre de dos mil dieciséis, por la Juez de Ejecución de Sentencias de Toluca, Estado de México, en el expediente de ejecución 137/2016. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, ambos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 217 y Sexto Transitorio, todos de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Victor Iván Villalpando Estrada, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en los diversos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016; ante la secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza y da fe.
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