Víctor Hugo Villamares Lino
Expediente 1234/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1234/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/08/2016
Partes del expediente
- Víctor Hugo Villamares Lino
Actuaciones
- Principal
VI) Toluca, Estado de México; treinta de agosto de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el auto de dieciséis de agosto el año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado, en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes y archívese este expediente como asunto concluido. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ello con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el segundo, inciso XXI, que establecen: "SEGUNDO. Para los efectos de este acuerdo, se entenderá por: (.) XXI. Expediente Judiciales: Todos aquellos que recogen las actuaciones que dan origen o se generan dentro de un procedimiento judicial hasta su resolución". "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 y a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General aludido. Finalmente, a la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramirez Gómora que autoriza, firma y da fe.
- Principal
II) Toluca, Estado de México; dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta signado por Arturo Miguel Ávila Islas, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual solicita se requiera al Archivo General Agrario del Registro Agrario Nacional, a fin de que remita copia certificada de las constancias numeradas en el ocurso que se provee y exhibe el original del acuse de recibo de doce de los actuales donde solicitó dichos documentos a la autoridad referida. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, se agrega a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales procedentes. En ese contexto, con fundamento en los artículos 75 y 121 de la Ley de Amparo, se requiere al Archivo General Agrario del Registro Agrario Nacional, para que dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la legislación en comento, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de los siguientes documentos: 1. Plano catastral 1:50,000 del Catastro Rural Histórico, de la Poligonal de Bienes Comunales de San Juan Coapanoaya, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México. 2. Del acuerdo del Cuerpo Consultivo Agrario de seis de julio de mil novecientos sesenta y dos, donde fue excluido de la superficie Comunal confirmada y Titulada a los Poblados de San Juan Coapanoaya, San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepezoyuca, del Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, con una superficie de 350-93-80 hectáreas del predio rustico denominado "El Portezuelo" del mismo Municipio y Estado. 3. De la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil tres, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Noveno Distrito en los autos del expediente 64/2002, la que se encuentra inscrita bajo el número 4053, foja 4053, volumen XVII, libro I-B, de veintitrés de junio de dos mil siete. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento en los términos indicados, se le impondrá la multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en el artículo, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Lo anterior, con apoyo en la tesis I.3o.C.70 K (10a.), con número de registro 2009043, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2150 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Materia Constitucional, Décima Época, que establece: "COPIAS CERTIFICADAS OFRECIDAS COMO PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. OBLIGACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE EXPEDIRLAS. De conformidad con el artículo 121 de la Ley de Amparo vigente, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad copias o documentos a las partes que lo soliciten para rendir sus pruebas. De ser omisos, la parte interesada podrá solicitar al órgano jurisdiccional su expedición, una vez que acredite haberlo hecho con anterioridad, que requerirá se le envíen directamente en un plazo que no exceda de diez días. Para efecto de lo anterior, no es necesario que haya transcurrido un plazo prudente entre la solicitud a los servidores públicos por parte del interesado y la hecha al órgano jurisdiccional, ni que se acredite la negativa de las mismas por dichos servidores, para que el órgano lleve a cabo dicha petición. Lo anterior es así, ya que de la interpretación del citado artículo se concluye que la intención del legislador fue regular el procedimiento a seguir para la obtención de copias certificadas que se ofrezcan como pruebas en el juicio de amparo indirecto, con la finalidad de lograr la economía procesal que hace más ágil el trámite del juicio y reduce el tiempo para su tramitación, así como para garantizar a los solicitantes del amparo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que consiste en otorgar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, lo que implica que los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales, deben dilucidarse en definitiva y en el menor tiempo, por lo que su solución no debe apoyarse en tecnicismos legales ni en obstáculos que la impidan." Finalmente, respecto a su solicitud de diferir la audiencia constitucional, se hace la precisión que se acordará lo conducente en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con Nicolás de Luna González, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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